26 de agosto de 2009

Es necesaria la convergencia política para derrotar el proyecto uribista

Por Fabio Arias Giraldo
FISCAL CUT NACIONAL

Nota: El siguiente artículo fue vetado por el compañero Raúl Arroyave para ser publicado en el Informativo nacional de la CUT No. 53 del mes de agosto de 2009. Este hecho se constituye en un funesto precedente en nuestras publicaciones, lo cual va en contravía del carácter pluralista de la Central y desdice del ejercicio amplio y democrático de las diversas posiciones sindicales y políticas que le han servido a la CUT para avanzar y crecer. Por ello recurro a otras instancias y otros mecanismos para su publicación. FAG.

En este segundo semestre del año se ha venido calentando el tema relacionado con la Presidencia de la República para el período 2010-2014. Las diversas agrupaciones políticas, tanto del gobierno como de la oposición e independientes, vienen estudiando las mejores estrategias para dicha eventualidad. En esta oportunidad, la discusión ha adquirido un mayor realce que en el período anterior por lo complejo, pero así mismo oportuno, del contexto nacional e internacional en que se desenvuelve.

El cuadro que contempla el Gobierno está lleno de grandes nubarrones. De un lado, los escándalos del gobierno de Uribe como la parapolítica, las chuzadas del DAS, la yidispolítica, las ejecuciones extrajudiciales, el enriquecimiento de la familia presidencial, la entrega de notarías a congresistas a cambio del respaldo a la primera reelección, entre otros, que desinstitucionalizan el país y violan la democracia. Por otro lado, las graves consecuencias de la crisis económica y social, de la cual el Gobierno vociferó que estábamos blindados, pero que la realidad, igual que en múltiples oportunidades, se encargó de refutar y dejar en claro el cinismo y la falta de seriedad de este gobierno.

Así lo evidencia la recesión ya inocultable, reflejada en el decrecimiento del PIB, el aumento de la tasa de desempleo y de la informalidad, el sinnúmero de despidos, que conllevan el incremento de pobreza y miseria, todo ello en el marco de descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo. Así mismo se presenta la crisis diplomática internacional que hoy se vive con el vecindario, derivada de la rechazable y condenable autorización de siete bases militares de Estados Unidos en nuestro territorio, realizada por el Gobierno de espaldas a la nación, lo que deshonra nuestra soberanía y atemoriza a los países de Suramérica.

Todo ello configura una situación política que muestra, a todas luces, la inconveniencia para el país de que el mayor responsable de esta situación, como lo es el proyecto político uribista, pretenda reelegirse en cualquiera de sus dos modalidades: el referendo reeleccionista para que Uribe continúe hacia un tercer período, o el “plan B” que prepara la coalición uribista con cualquiera de los ex ministros Juan Manuel Santos o Andrés Felipe Arias.

Múltiples han sido las opiniones de diversos sectores que consideran inconveniente una segunda reelección. Así lo han expresado los ex presidentes de la República, varios congresistas de la coalición uribista, la Iglesia católica encabezada por monseñor Rubiano, el partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo, los llamados quíntuples, las Centrales Sindicales, la Confederación de Pensionados, organizaciones sociales y de derechos humanos. Hasta el Presidente de los Estados Unidos le afirmó que dos períodos eran suficientes.

Esta situación ha generado un marco de dificultades en la aprobación, hasta hoy, del referendo. Lo que muestra cómo esos nubarrones logran desorganizar la coalición de gobierno, tal como quedó demostrado en las elecciones de las nuevas directivas del Congreso, donde fueron derrotados los candidatos del oficialismo.

Sin embargo, no basta con el “desorden” uribista si a renglón seguido no logra conformarse una amplia convergencia política, que a más de presentarse como alternativa democrática y progresista, se vea frente al país y los electores como una opción real de ser gobierno.

En los dos períodos anteriores, la coalición uribista ha logrado la Presidencia en la primera vuelta aprovechándose, entre otras cosas, de que sus contendores se presentaron cada uno por aparte, lo que generó dispersión y falta de confianza.

En esta oportunidad el reto mayor consiste, desde el punto de vista táctico, en cómo lograr que quienes tienen cualquier tipo de reclamo frente a este gobierno logren consensuar un mínimo programa y un único candidato a la Presidencia en la primera vuelta; que aprovechando la dificultades de este gobierno, armen la más amplia convergencia social y política que logre un gobierno de transición, que separe el Estado, la política y la tierra, de la mafia y, así mismo la inversión social del mercado. Con ello, Colombia daría un gran salto y lograría ponerse a tono con la mayoría de los gobiernos alternativos de América Latina y en la corriente mundial de gobiernos que, frente al fracaso neoliberal, aplicarían políticas sociales y de intervencionismo de Estado.

En este momento entonces habría que anunciar y adelantar gestiones para esa convergencia política en al menos tres proyectos: el Partido Liberal, el Polo y los llamados “quíntuples” hoy “cuádruples”. Por el bien del país, a ello deberían aplicarse los mejores esfuerzos de las organizaciones mencionadas y también de las organizaciones sociales que, como la CUT, le apuestan a derrotar a Uribe, y no en el dos mil y tantos sino en el 2010.
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Conclusiones Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas

Bogotá, Agosto 20,21 y 22 de 2009.

Al Pueblo Colombiano.


Convocatoria a la acción política y movilización social

Esta Cumbre Social y Política, realizada exitosamente en Bogotá del 20 al 22 de agosto con la participación de 1030 delegados de todo el país, marca un punto alto en los pasos que debemos dar para la construcción de la unidad de las fuerzas sociales y políticas, tal como se expresa en los acuerdos alcanzados:

I. Colombia ha sido afectada por la crisis económica mundial, pero, además, como lo expresamos en la convocatoria a esta Cumbre, sufre cuatro tragedias:

1) La económica, signada por los efectos perversos de la aplicación del neoliberalismo, la inequidad económica y la excesiva concentración de la riqueza y de la tierra, lo que nos ha llevado a ser uno de los países en el mundo con mayor desigualdad y exclusión económica y social.

2) La social, marcada por el aumento atroz de la pobreza, la miseria y la exclusión que afecta a gran parte de la población colombiana, y más intensamente a mujeres, jóvenes, afro-descendientes e indígenas; marcada también por el crecimiento del desempleo, la pauperización del trabajador colombiano ante la pérdida de garantías laborales, el desmonte sistemático de los derechos pensionales, el paquete legislativo del gobierno y una criminal política agroindustrial destinada a liquidar al campesinado, desplazarlo por la violencia o a empujarlo a aumentar los cordones de miseria de las grandes ciudades.

3) La humanitaria, con la guerra y las violaciones crónicas a las normas del Derecho Internacional Humanitario, que se contabiliza en la última década en más de cuatro millones de personas víctimas del desplazamiento forzado, miles de crímenes de Estado (mal llamados falsos positivos), miles de homicidios entre la población civil, desaparecidos y secuestrados, asesinatos masivos y sistemáticos contra poblaciones indígenas, afro-colombianos, campesinos y pobladores del campo y millares de detenciones masivas y arbitrarias; violaciones aberrantes contra los derechos de las mujeres, niñas y niños en medio del conflicto, persecución y homicidios de líderes sindicales, políticos, comunales, campesinos y defensores de derechos humanos, violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad y confianza inversionista.

4) La tragedia política, atravesada por la toma del Estado y los partidos por mafias del narcotráfico y paramilitares, hoy llamadas bandas criminales, que han llevado hasta ahora a involucrar a 81 parlamentarios en el proceso de la parapolítica, a tener municipios e incluso departamentos enteros bajo el dominio militar y criminal de las mafias y a infiltrar organismos como el DAS y la fiscalía y ponerlos al servicio del hampa en detrimento de los derechos de los ciudadanos que deberían proteger.

Hemos constatado el incremento de la pobreza y la exclusión que se han extendido con las nefastas políticas neoliberales, y el autoritarismo que condensa el proyecto de Estado Comunitario y su seguridad antidemocrática.

La magnitud de las luchas sociales de los pobladores de todos los rincones de Colombia evidencian que éstas siguen su curso ascendente, como lo ilustran la resistencia de los corteros de caña del Valle del Cauca, la amplia movilización de la juventud y de la sociedad en contra de la guerra, la Minga Indígena y Popular, las luchas de Asonal Judicial, de trabajadores del carbón, campesinos, afro descendientes, educadores, organizaciones de víctimas y muchas otras. Luchas que expresan el alto grado de inconformidad con la situación actual y disposición para transformar condiciones de trabajo y vida, al mismo tiempo que para lograr los cambios estructurales que necesita el país.

Este ambiente social va en contravía de las encuestas, denota un acelerado desprestigio del gobierno y el mayor conocimiento de las reformas y los cambios estructurales que requiere Colombia, con visión de lo social al servicio de las mayorías y del desarrollo sostenible y equitativo del país.

La crisis económica ha puesto de manifiesto con crudeza los factores esenciales que entraban el desarrollo y generan pobreza. Llamamos desde esta Cumbre a sumar esfuerzos para plantear iniciativas y acciones que pongan a pagar la crisis a sus causantes y a impedir que sus costos se descarguen sobre los sectores populares.


II- Nos ponemos de acuerdo y asumimos compromisos para:
  • Construir y aclimatar la paz con justicia social por la vía de la democracia y la equidad. Promover acciones y acuerdos humanitarios y escenarios hacia la solución política del conflicto armado interno y los conflictos sociales y políticos. Apoyar iniciativas como las de Colombianos y Colombianas por la Paz y otras que propenden por el diálogo por la paz y la democracia, y la búsqueda inmediata de un cese de hostilidades bilateral o simultáneo.
  • Asumir con más fuerzas la defensa del medio ambiente y persistir en la búsqueda de la soberanía alimentaria para defender la calidad de vida de todos los colombianos. Apoyar las exigencias de reparación integral a las víctimas, y en particular el reclamo por más de 8 millones de hectáreas despojadas mediante la violencia por narcotraficantes, paramilitares y promotores de negocios legales e ilegales.
  • Rechazar la presencia de bases extranjeras y la entrega de las bases de las Fuerzas Armadas para operaciones del Comando Sur, que es un camino que escala el conflicto, lo internacionaliza, lesiona la soberanía y la necesidad de la unidad latinoamericana y de una nueva política concertada y multilateral de seguridad en la región.
  • Apoyar una agenda de lucha contra el narcotráfico que se aparte de la fracasada “guerra contra el narcotráfico”, y privilegie un enfoque de salud y contra los carteles internacionales del tráfico y lavado, rechace la criminalización de los campesinos o de los adictos y consumidores, suspenda la erradicación forzada, las fumigaciones y la utilización de la estrategia antidroga como instrumento de seguridad continental.
  • Lucharemos por la generación de empleo digno, por el respeto a las libertades políticas y los derechos humanos, defendiendo un plan económico y social de desarrollo democrático que no descargue los costos de la crisis en el pueblo.
  • Estos objetivos inaplazables nos llevan a pensar y actuar para fortalecer la unidad de acción social, popular y política, a fortalecer el tejido formado por todos los hilos sociales y políticos que surgen del esfuerzo histórico por el progreso y la democracia, por la libertad y la autodeterminación de nuestros pueblos.
  • Alzamos nuestra voz diciendo que estamos contra el referendo reeleccionista, contra la perpetuación del Presidente Uribe en el gobierno, y ratificamos la urgencia de una gran convergencia progresista y democrática que permita elegir en el 2010 un gobierno de carácter democrático y popular, con un programa político, para los cambios de fondo que necesita el país.

III- Para el logro de los propósitos que nos unifican, nos comprometemos a sacar adelante las siguientes acciones políticas y de movilización social:
  1. Organizar y preparar acciones de protesta y paros cívicos regionales y locales en defensa de los intereses económicos y sociales de todos los sectores del pueblo. Respaldar las movilizaciones convocadas para los próximos meses por el movimiento sindical, indígena y popular, en particular la Jornada Nacional de Lucha convocada por FECODE y la CPC el 26 de agosto; la Movilización Nacional contra las bases norteamericanas el 9 de septiembre, y la Jornada Mundial, Continental y Nacional por el Trabajo Decente el 7 de octubre. La Cumbre compromete su respaldo y solidaridad con las luchas sociales que se libran en el país.
  2. Respaldar el llamado de la Gran Coalición Democrática formulado en su Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas del 17 de abril en Bogotá, para preparar un paro cívico nacional.
  3. Unir esfuerzos para producir un vuelco en la política con una candidatura presidencial que proyecte soluciones de fondo a las angustias crecientes en las mayorías populares.
  4. Sumar energías para lograr que el tratado sobre las bases militares norteamericanas en Colombia sea echado atrás, y para ello realizar una jornada nacional de lucha el próximo 9 de septiembre.
  5. Trabajar por afianzar y fortalecer la unidad de todos los pueblos de nuestra América que hoy siguen levantándose contra la tiranía y la opresión, para triunfar como lo hicieron hace 200 años ante el imperio español.
  6. Vamos con entusiasmo a realizar en todos los departamentos cumbres o encuentros de organizaciones sociales y políticas, para informar del desarrollo y decisiones de esta Cumbre Nacional y asumir los compromisos con la movilización social y política.
  7. Las conclusiones consensuadas a las que llegaron las mesas temáticas de trabajo en esta Cumbre forman parte de este pronunciamiento y nos comprometen en su desarrollo y ejecución. Ellas sintetizan los acuerdos y el ambiente unitario de esta Cumbre Nacional.
  8. Las conclusiones de la Cumbre Social y Política y su materialización honran la memoria del compañero Apecides Alvis Fernández quien murió en medio de nuestras deliberaciones, cumpliendo con su compromiso unitario. Igualmente honramos la memoria de los dirigentes sindicales, sociales y políticos asesinados y desaparecidos por el autoritarismo del régimen colombiano.

También debemos contarles que el compañero Apecides Alvis Fernández, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), falleció en el acto de instalación de la Cumbre.

Ahora el sentir de la sociedad civil y el conjunto de sus propuestas se irán ventilando a lo largo y ancho del país en los próximos meses. Ya se tiene un acuerdo estratégico con 20 universidades, en las cuales se realizarán debates políticos y académicos de cara a las elecciones presidenciales del mes de mayo de 2010.

De está manera se reflejó la unidad del país, donde la democracia debe y puede ser real y el beneficio será para todos.

Contacto:
E-mail: cumbresocialypolitica@gmail.com
Blog: cumbresocialypolitica.blogspot.com
Facebook: Gran Cumbre


Organizaciones convocantes:

  1. Central Unitaria de Trabajadores – CUT,
  2. Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC,
  3. Confederación General de Trabajadores – CGT,
  4. Confederación de Pensionados de Colombia,
  5. Corporación Viva la Ciudadanía,
  6. Gran Coalición Democrática,
  7. Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC,
  8. MINGA Social y Comunitaria,
  9. Federación Colombiana de Educadores – FECODE,
  10. Facultad de Economía, Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID,
  11. Universidad Nacional de Colombia;
  12. CIJUS,
  13. Justicia Global, Congreso Visible, Universidad de Los Andes,
  14. Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario;
  15. Facultad de Economía, Universidad de La Salle;
  16. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,
  17. Instituto de Paz, Universidad Distrital Francisco José de Caldas;
  18. Facultad de Sociología, Universidad Santo Tomas;
  19. Asociación MINGA,
  20. Universidad de Manizales,
  21. Universidad de Caldas,
  22. Universidad Simón Bolívar,
  23. Universidad del Atlántico,
  24. Colegio Mayor del Cauca,
  25. las universidades de Barranquilla: Libre, Corporación Universitaria CUC, Universidad Reformada,
  26. Polo Democrático Alternativo,
  27. Partido Liberal Colombiano,
  28. Red Ciudadana por la Democracia,
  29. Red de Periodistas del Caribe,
  30. Asociación de Juntas Comunales del Departamento y el Distrito,
  31. Fundación Bacanería Planetaria,
  32. Iglesia Presbiteriana,
  33. ASOCONTROL,
  34. Infancia Feliz,
  35. Fundación IANUS,
  36. Fundación Casa Caribe,
  37. Universidad Autónoma de Manizales,
  38. Universidad Visión y Gestión,
  39. Fundación Derechos Ciudadanos,
  40. Universidad Católica y Popular de Risaralda,
  41. Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Manizales,
  42. Asociación de Personeros y Líderes Estudiantiles del Municipio de Chinchiná,
  43. Confluencia por la Democracia,
  44. Foro Social Colombia,
  45. Mesa Nacional de Víctimas,
  46. Alianza de Organizaciones Sociales y Afines,
  47. Corporación Región,
  48. Misión de Observación Electoral – MOE;
  49. Red Contra el Hambre y la pobreza,
  50. CCEUSA,
  51. Multiestamentaria Nacional Universitaria,
  52. Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios,
  53. Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria,
  54. Campaña Comercio Con Justicia Mis Derechos no se Negocian,
  55. ASODEMUC,
  56. Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU;
  57. Mesa Mujer y Economía, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo – ISCOD;
  58. Mesa de Unidad Agraria, A.C.C. – ARAUCA,
  59. ACC,
  60. ACVC,
  61. ADUC,
  62. ANUC-UR,
  63. ANMUCIC,
  64. ASOGRAS,
  65. CAHUCOPANA,
  66. CICC,
  67. FANAL,
  68. FENACOA,
  69. FENSUAGRO,
  70. Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas – ASODEMUC;
  71. FEDEMUC, MMM – COLOMBIA,
  72. SINTRAINCODER,
  73. ACVC,
  74. Unión General de Trabajadores – UGT;
  75. Confederación Nacional Comunal,
  76. Área de Servicios Públicos, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ;
  77. Fundación Foro Nacional por Colombia,
  78. Fundación Foro Nacional por Colombia – Capítulo Valle;
  79. Fundación Foro Nacional por Colombia – Capítulo Costa Atlántica;
  80. Conciudadanía,
  81. Corporación Podion,
  82. CODHES,
  83. ECOFONDO,
  84. Referendo por el Agua y organizaciones del Referendo por el Agua,
  85. Escuela Nacional Sindical – ENS;
  86. Escuela Municipal de Ciudadanía de Manizales,
  87. Corporación de Investigación y Acción Social y Económica –CIASE;
  88. Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz – ASAPAZ;
  89. Plataforma Colombiana de Democracia,
  90. Desarrollo y Derechos Humanos,
  91. ASOMUJER y Trabajo,
  92. Red de Educación Popular entre Mujeres -REPEM- Colombia,
  93. Red Nacional de Mujeres y Campaña Comercio con Justicia: Mis derechos no se negocian,
  94. Red Ecuménica,
  95. Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz – REDEPAZ,
  96. Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas – CORFAS;
  97. Casa de la Mujer,
  98. Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP.
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Reseña Histórica y Cronológica de la Crisis de Emcali y el Comportamiento de los Actores

Presentación: Con motivo del debate público que se adelanta sobre la crisis de Emcali y las posibles soluciones, que tiene como escenario fundamental el Concejo de Santiago de Cali, desde la Unidad de Apoyo del concejal Fabio Alonso Arroyave, el asesor Jorge Gamboa L. elaboró el presente documento, que una vez estudiado por la Bancada del Polo Democrático en el Concejo, lo consideró de gran utilidad para la comprensión de la crisis de Emcali, por lo qué, la Bancada decidió respaldarlo con las firmas. La posición final frente a los dos Proyectos de Acuerdo, que sobre el mismo tema se discuten en el Concejo, la daremos a conocer oportunamente.
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La Hora del Biodiesel

Amylkar D. Acosta M[1]

A mediados del mes pasado fue noticia el paso por Colombia de un Volkswagen Golf modelo 87 piloteado por el argentino Rodolfo Rada, gestor de la Fundación Ríos Libres, que venía de Vancouver rumbo a su natal Punta Arenas en la Patagonia. ¿Qué tenía de particular este suceso? Se trataba de un vehículo con motor diesel 1.600, el cual bautizaron con el sugestivo nombre de Laura y con más de 446 mil kilómetros recorridos, que “anda con aceite vegetal” en vez de diesel como combustible[2].

Para ver/descargar el documento completo haga click aquí.
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Los jóvenes colombianos: sin derecho al trabajo

Por: Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical (ENS).

El 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud, bajo el lema “Jóvenes aportan al desarrollo”, y con un llamado urgente a los gobiernos, empleadores y trabajadores del mundo para construir un modelo de desarrollo que promueva el trabajo decente.

En Colombia la situación de la población joven es dramática: en el trimestre marzo-mayo de este año teníamos que 4 de cada 10 nuevos desempleados eran jóvenes, y el total de jóvenes desempleados suman 1´162.284, que representan el 47% de los 2´487.610 desocupados colombianos.

Juventud excluida del mercado laboral

El mercado laboral colombiano no ha permitido a la juventud ejercer plenamente su derecho al trabajo, ni siquiera en el 2007, el año más productivos de la economía nacional, pues junto al mayor crecimiento del Producto Interno Bruto –PIB– (7.5%), la tasa de desempleo juvenil se ubicó en 20.3%, 10 puntos por encima de la tasa de la población total nacional. Más grave aún fue el caso de las mujeres jóvenes, cuya tasa de desempleo llegó al 26.3%.

Lo otro es que, según un estudio contratado por el Ministerio de la Protección Social, el desempleo es mayor en jóvenes de escasos recursos (28,9% en 2006), en contraste con el 18,1% correspondiente a los jóvenes más ricos del país.

Con la crisis económica mundial la situación empeoró más. La tasa de desempleo juvenil entre 2008-2009 pasó de 20.9% a 21.7%, porcentaje que casi duplica el 11.9% correspondiente a la tasa de desempleo para el total de la población durante el trimestre marzo-mayo de 2009.

Informalidad, desprotección social y legislación antisindical

Según el Ministerio de la Protección Social, el 87% de la juventud trabajadora se encuentra por fuera del sistema de seguridad social en salud –contributivo o subsidiado–, pensiones y riesgos profesionales, y no tiene un contrato laboral formal. Esto coincide con un aumento continuo del porcentaje de jóvenes que trabajan por cuenta propia, que pasó del 24,7% en el 2007 al 31,09% durante el 2008; con el detalle de que en el 75% de los casos el trabajo por cuenta propia se da bajo relaciones informales, sin acceso a la seguridad social, sin un “colchón” económico mínimo para enfrentar momentos de bajos ingresos y, sobre todo, como última alternativa antes que caer en la indigencia o la criminalidad.

Por otro lado, los empleos asociados a niveles menos precarios de protección social se desplomaron en el 2008, con una expulsión de 227.000 jóvenes trabajadores. Así, mientras que en 2007 el 51,2% de la población joven trabajaba como empleada particular, en el 2008 la cifra bajó a un 46,38%.

Adicionalmente, la legislación laboral colombiana impide a miles de jóvenes gozar de derechos de asociación y libertad sindical contemplados en el Convenio 87 de la OIT, pues el Código Sustantivo del Trabajo no considera como trabajadores a los miles de jóvenes aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ni a los afiliados a cooperativas de trabajo asociado. De ahí que sólo 5 de cada 100 trabajadores pertenecen a un sindicato, y sólo uno de esos 5, es joven.

Inequidad de género, trabajo doméstico y conflicto armado

Entre 2007 y 2008 disminuyó en un 0.5% la Tasa Global de Participación –TGP– juvenil, hecho vinculado al aumento de población inactiva, correspondiente a 94.700 jóvenes que dejaron de trabajar o de buscar trabajo. Para el trimestre octubre-diciembre de 2008, dentro del total de jóvenes inactivos (2’024.482), los hombres entre 18 y 24 años sumaron 632.432, es decir, sólo el 31%; y las mujeres más del doble: 1’392.050 (69%) de los inactivos. De estas mujeres, un 60% se dedicó a oficios del hogar, y sólo el 35.2% a estudiar. Mientras que un 73.1% de los hombres se encontraba estudiando, y sólo el 4% se dedicaba a oficios del hogar.

Sería ingenuo pensar que quienes dejaron de trabajar, o de buscar trabajo, ahora se dedican a estudiar. En el caso de las jóvenes, entre octubre y diciembre de 2008, 835.230 se retiraron del mercado laboral para dedicarse al trabajo doméstico no remunerado. Cifra que rebasa ampliamente al número de jóvenes hombres que dejaron de trabajar o de buscar trabajo para dedicarse a estudiar (632.432). Se expresa así una evidente inequidad de género en la concentración de mujeres en el trabajo doméstico no remunerado, que limita el desarrollo de los potenciales educativos y laborales de esta población, y lejos está de indicar una mejoría en sus condiciones de vida.

Tras el incremento de la inactividad juvenil puede esconderse el desánimo generalizado ante la falta de oportunidades, y lo que es peor: la posible vinculación a la ilegalidad mediante la delincuencia común, el narcotráfico o los grupos armados –en especial en los hombres del sector rural–, como última alternativa de subsistencia. Así lo sugiere el análisis de la senadora Cecilia López de Montaño, basada en información estadística del CID y en el testimonio del Alan Jara, ex gobernador del Meta liberado por las FARC, quien dijo: “La guerrilla no está derrotada, en parte porque se nutre permanentemente de jóvenes [campesinos] que, ante la inexistencia de oportunidades reales, ven en la guerrilla su única posibilidad de vida” .

Propuestas para promover el trabajo decente en la juventud

Los últimos dos gobiernos han orientado la política laboral juvenil con énfasis en la empleabilidad, que contempla la capacitación y el emprendimiento como base para cualificar y vincular a la población joven al mercado laboral. Dentro de este esquema se incluye el programa de Aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–, el Fondo Emprender y el Programa Jóvenes en Acción. Adicionalmente el gobierno ha propuesto un esquema de retención escolar mediante la formación de 250.000 jóvenes desempleados en el SENA.

Aunque la capacitación y el emprendimiento son importantes, la persistencia del desempleo juvenil muestra la insuficiencia de estas estrategias. En primer lugar, es necesario contar con un programa integral, que considere no sólo la demanda de empleo juvenil sino también la oferta. En cuanto a la demanda, un factor alarmante es la escasa cobertura de los programas mencionados. Por ejemplo, según la evaluación del programa Jóvenes en Acción contratada por el DNP en 2008, la población objeto de este programa eran jóvenes de 7 áreas metropolitanas del país de niveles de SISBEN 1 y 2, que suman 440.206 personas. Sin embargo, hasta la cuarta convocatoria del programa sólo se había formado un 18.5% de esa población (cerca de 81.623 jóvenes).

Pero incluso suponiendo que el programa pudiera extender su cobertura al total de la población objeto, la focalización de los recursos en esta fracción sigue siendo reducida en comparación con la cifra de 1´162.284 jóvenes desempleados a mayo de 2009. Además, deja en riesgo a las clases medias que hoy tienden a la extinción ante la polarización creciente de la sociedad entre ricos y pobres. Lo mismo sucede con la propuesta de “choque” contra el desempleo juvenil generado por la crisis, limitada a la escasa cifra de 250.000 cupos en el SENA.

Pero lo más grave es que el impacto de los programas de capacitación en la empleabilidad es bastante precario. En el caso de Jóvenes en Acción, la evaluación mencionada informa que tras la vinculación a este programa el aumento de la empleabilidad apenas alcanzó un 28% para las mujeres y 9% para los hombres.

Y en cuanto a la oferta, el gobierno nacional no cuenta con una estrategia de vinculación laboral juvenil que garantice el trabajo decente. Su principal programa de enganche, el de aprendices del SENA, no sólo impide la afiliación sindical sino que ofrece una compensación del 75% del salario mínimo, insuficiente para cubrir los gastos de personas que, a pesar de ser jóvenes, asumen responsabilidades adultas a edad temprana, especialmente en el caso de las mujeres. Según el Ministerio de la Protección Social, “dos de cada tres mujeres entre 19 y 22 años con un nivel muy bajo de riqueza, han tenido por lo menos un hijo”.

Lo mismo ocurre con la oferta de empleo juvenil en el sector privado. Es el caso de las cooperativas de trabajo asociado que desde 1997 vinculan a jóvenes entre 14 y 26 años como empacadores de supermercados. Estas cooperativas no sólo evaden el Código Sustantivo del Trabajo al considerar las propinas como salario, sino también al impedir la sindicalización. Además, vincula jóvenes que ya se encuentran estudiando, quienes representan sólo 3 de cada 10 jóvenes entre 18 y 25 años. O sea que excluye precisamente a la juventud que está por fuera del sistema educativo, la más vulnerable. En ambos casos, la oferta de empleo termina siendo un medio para disminuir costos de personal por la vía de la vinculación de jóvenes, a quienes se les considera más “baratos” por su falta de experiencia, especialmente cuando tienen bajo nivel educativo.

Frente a estas dificultades en la oferta de empleo juvenil, es necesaria una intervención estructural que incluya el trabajo decente como eje del desarrollo. Gobierno y empleadores deben asumir el trabajo bien remunerado, con cobertura de seguridad social y ejercicio de derechos sindicales, no como un gasto a reducir, sino como un instrumento para reactivar la economía. Un trabajador bien remunerado aumenta su consumo y al hacerlo dinamiza todos los sectores productivos. Si jóvenes como los aprendices del SENA o empacadores de supermercados contaran con salarios justos y contratos estables, se aumentaría su nivel de consumo y con ello la demanda que potencia el sector productivo.

También sería posible vincular a jóvenes excluidos del sistema educativo, para que a partir de sus ingresos pudieran estudiar y proyectar un ascenso laboral a mediano plazo. Esto supone cambiar la forma como se piensa el sujeto joven, pasando del enfoque reducido a la capacitación para el futuro, a un enfoque abierto que también contemple el trabajo decente como medio para lograr la educación, el desarrollo y la construcción de una sociedad más equitativa.
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8 de agosto de 2009

Análisis del proyecto de estatuto único de la profesión docente de julio 8 de 2.009.

El 30 y 31 de julio se llevo a cabo en el Hotel Tequendama de Bogotá el II ENCUENTRO NACIONAL POR EL ESTATUTO UNICO DE LA PROFESION DOCENTE, evento al que asistieron más de 500 educadores al servicio del estado en representación de los sindicatos filiales de Fecode y de sindicatos que siguiendo las orientaciones de la Federación representan a los educadores de Medellín y de la ciudad de Barranquilla.


El trabajo de examen del proyecto de Estatuto Único de la Profesión Docente se realizo en cinco comisiones, en cada una de las cuales se hicieron aportes para mejorar el proyecto. Entre las principales conclusiones podemos mencionar : LUCHAR POR LA DEROGATORIA DEL DECRETO 1278, LO QUE INCORPORARIA A TODOS LOS EDUCADORES AL 2277, DEFENSA DEL REGIMEN ESPECIAL DE LEY 91 Y SU APLICACIÓN PARA TODOS LOS EDUCADORES; se recomendó mayor difusión entre los educadores, integrar el trabajo de los docentes del régimen 2277 y los del 1278 propiciando encuentros conjuntos que integren y que animen la defensa del régimen especial como piso de la lucha por mejores condiciones de trabajo para TODOS los educadores. Antioquia participó con una muy buena delegación de Adida y de Asdem.

Por ser de interés para todos los educadores reproducimos la ponencia que la educadora ROSA AMÉRICA PEÑALOZA PRESENTÓ EN LA COMISION SALARIAL Y DE PRESTACIONES SOCIALES, que fue bien acogida y que aporta elementos importantes al necesario debate de un Estatuto Único que sea otro paso adelante para la calidad de la educación y de vida de los educadores como lo fue el 2277. También incluimos las conclusiones de Junta Nacional de Fecode del 1 de septiembre en la cual se programan actividades para el magisterio.




Análisis del proyecto de estatuto único de la profesión docente de julio 8 de 2.009.


ELABORADO POR: Rosa América Peñaloza Barrera.
Delegada de Adida y secretaria general de la subdirectiva Cut Antioquia.
Julio 25 de 2.009.

Análisis de carácter general:

Es esencial para que el magisterio pueda abordar una discusión incluyente que los proyectos de estatuto único que se producen en la federación, se cuelguen en la página web de la Fecode aun sean temporales o estén sometidos a continua elaboración, solo así el magisterio de manera democrática podrá apropiarse del proyecto y contribuir de manera eficaz a su construcción, análisis y corrección.

Incluir en las comisiones para el 30 y 31 una comisión sobre problemas de los compañeros del 1278 es propiciar o seguir propiciando la fractura interna en Fecode y los sindicatos filiales que algunas fuerzas políticas están impulsando con motivo electoral al interior de los sindicatos filiales. EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS DE LOS DEL 1278 ES EL MISMO 1278 Y SI NO LEVANTAMOS PROPUESTAS COMUNES Y unificamos tareas no va a ser posible el estatuto único esto ya esta avizorado en Antioquia donde hay una fuerte campaña en pro de los votos del 1278 marginando, estigmatizando y culpabilizando a los educadores del régimen del 2277, lo pero es que ni unos ni otros están preparados para la pelea.

Las convocatorias de Fecode deben incluir a todos los sindicatos de educadores de cada región sean filiales o no, y debe incluir a los educadores retirados y propiciar su organización pues estos últimos están unidos a la suerte del magisterio activo por lo menos , por dos aspectos esenciales la salud y las mesadas pensionales.

Debe orientarse desde Fecode una política incluyente de los sindicatos filiales hacia los no filiales con frecuencia se observa prepotencia de los primeros lo que obstaculiza la preparación de la lucha.

Revisando la versión del 8 de julio no se incluyen recomendaciones hechas ya en anteriores eventos algunas de las cuales hice personalmente: Ejemplo de definición de salario profesional sigue siendo la misma pobre definición que acepta la pérdida de poder adquisitivo que tenemos por las razones ya conocidas y que además se limita solo a ese aspecto que no soluciona el mejoramiento de nivel de vida de los educadores, y la dedicación exclusiva, además desconoce estudios de los mismos educadores sobre este aspecto de nuestros salarios ES LO MISMO NO HAN MODIFICADO NADA ESTE POBRE CONCEPTO.

No hay claridad si el proyecto es una recopilación normativa o elaboración del magisterio o las dos cosas, que es lo más deseable, así nos evitamos debates estériles, y tomar del 2277 lo más avanzado y favorable (el mayor logro de la lucha magisterial) actualizarlo, agregarle las aspiraciones del magisterio colombiano y construir un estatuto que represente otro gran avance. Por ejemplo terminamos aceptando el concurso como forma de vinculación, pero algunos compañeros en las regiones y hasta nacionalmente siguen con sus postura de rechazarlo y dejar en manos de la politiquería la vinculación de los maestros, personalmente creo que es un avance que arrebata al clientelismo el nombramiento de maestros y que además debe reivindicarse porque el estado contrata directamente a los educadores y eso SIGNIFICA LA POSIBILIDAD REAL Y CERCANA DE APORTAR GENTE A LOS SINDICATOS. OJALA SE ESTE APROVECHANDO ESTE ASPECTO.

En el proyecto hay desorden los derechos están REGADOS por todo el texto, no hay claridad frente al proceso disciplinario no se establecen cuantos son, no se establece si hay o no proceso disciplinario especial para los educadores indígenas y no se tiene ejes por ejemplo que contemple la pluriculturalidad, la diversidad sexual, eje de género ni pluriracial. Hay copia textual el 2277 y del 734. Y aparecen capítulos con títulos pomposos que no desarrollan el tema por ejemplo el de prestaciones sociales capitulo quinto.

Si el objetivo primordial del estatuto único de la profesión docente que presenta la Fecode al gobierno es REGULAR LA RELACION LABORAL ENTRE EL ESTADO Y LOS EDUCADORES , esta relación tiene dos aspectos:

El aspecto profesional o sea el servicio que presta el educador y por el cual recibe una remuneración.

El aspecto remunerativo o sea las contraprestaciones que percibe por el servicio prestado.

De tal manera que es necesario que en el proyecto de aboque este aspecto primordial para los docentes en general y no solamente quede circunscrito a la defensa del régimen especial consagrado de manera general en la ley 91 del 92, que si bien es cierto solucionó el problema del reconocimiento y pago de pensión y cesantía ( hoy casi igual) significó PERDIDAS PAR LOS EDUCADORES por ejemplo aumento de la edad de pensión, perdida de la doble pensión y de la retroactividad en las cesantías, amén que por ejemplo en Antioquia nos implicó la cotización para salud que no hacíamos.

No hay explicación distinta a la campaña política en algunos sindicatos que los impulsa a hablar tanto de lo que NO LE SIRVE AL MAGISTERIO COMO EL 1278 Y a proponer tan poquito a estos mismos compañeros.

Análisis del texto del 8 de julio.

El Estatuto debe tener cuatro títulos:

(1) Principios fines y campos de aplicación. Régimen laboral: ingreso, permanencia, retiro, situaciones administrativas, formación y capacitación, carrera docente, retiro, evaluación,
Régimen salarial y prestacional.

(2) Prestaciones en dinero: como salario profesional, pensiones, cesantías, primas con carácter salarial, auxilios monetarios, estímulos económicos, prestamos indemnizaciones, subsidio familiar, etc

(3) Prestaciones en especie: como salud, formación y capacitación, planes de vivienda, recreación vacaciones, licencias, incapacidades, comisiones, permisos remunerados, vestido de labor, estímulos diferentes a dinero, años sabáticos etc.

(4) Régimen disciplinario: propongo por lo menos un proceso ordinario y tres especiales: ineficiencia profesional, mala conducta y especial de procuraduría. Determinando para cada uno competencia, doble instancia, derecho a la defensa, calificación de las faltas, atenuantes, agravantes, recursos etc.

Art 3 falta régimen prestacional y salarial.

Art 4 falta incluir los directivos docentes.

Parágrafo transitorio: aplaza para los profesionales la inscripción en el escalafón por 5 años.

Art 7 radica en el directivo docente la responsabilidad que le concierne al estado de que funcione la organización escolar. (gerencia?)

Art 9 falta el escalafón como idoneidad profesional.

Art 9 se inventa la idoneidad ética cuando al momento de posesionarse se le solicita antecedentes judiciales y disciplinarios es innecesario y además discutible y relativa esa idoneidad ética.

Art 10 Los sindicatos no pueden dedicarse a los negocios así estos sean en relación con los educadores esta capacitación debe ser realizada por facultades de educación de la universidades estatales como una manera de defender al educación pública y además con calidad.

Art 11 otorgar el derecho a la profesionalización es aceptar que profesionales de otras áreas se puedan vincular como educadores o sea la desprofesionalización. Faltan los requisitos de ascenso. Como requisito para el puntaje falta la capacitación.

En el escalafón un maestro que ingrese en el nivel 1 , tarda 40 años en llegar al grado más alto. El sistema de puntaje no garantiza protección de la capacidad adquisitiva del salario, y además el escalafón del 2277 es ms sencillo más directo. DEBE SER LA BASE DEL NUEVO ESCALAFON DOCENTE. ACTUALIZARSE, DISMINUIR EL TIEMPO ENTRE GRADOS, AUMENTAR LA DIFERENCIA SALARIAL ENTRE GRADOS, QUE EMPIEZE EN EL GRADO 1 VAYA HASTA EL 20 Y QUE DESPUES DE ESTE GRADO HAYA INCENTIVO MONETARIO QUE SEA FACTOR SALARIAL POR CADA 2 AÑOS ADICIONALES DE SERVICIO.

Art 18 no se puede excluir otras organizaciones sindicales de la representación. Hay jurisprudencia en contra.

Art 20 y 21 debe haber correspondencia entre las comisiones nacional y de cada ente territorial, además en la descripción del art 11 de carrera docente no está la competencia de fallar procesos disciplinarios además de que clase?

Art 25 se acepta el concurso como forma de ingreso a la carrera docente y requisito para ser nombrado, al mencionar los demás requisitos de ley se puede presumir que se acepta el periodo de prueba. no figura los concursos internos de promoción por ejemplo de la base docente al nivel directivo.

Art 26 incluye fuera de contexto un tipo de traslado debe haber un capitulo dedicado exclusivamente a este tema.

Art 27 no establece diferencia entre permiso y licencia esto esta claro en el 2277 y además establece competente para otorgarlo. Falta incluir comisión de estudios y comisión o permiso permanente sindical.

Art 28 La licencia no es prorrogable y renunciable por el beneficiario porque implica acto administrativo hay que formularlo A SOLICITUD DEL BENEFICIARIO.

Art 29 debe establecerse las consecuencias de dada una de las modalidades de separación del servicio. Hay que diferenciar licencia, de incapacidad laboral. Establecer efectos de la licencia deportiva.

Art 32 La suspensión en el cargo debe proceder dentro de un proceso disciplinario o judicial, y debe hacer parte del titulo de régimen disciplinario.

Art 33 Al formular como causa del retiro del servicio “por las demás causales que determine la Constitución y la ley” se puede estar aceptando el retiro compensado y la reestructuración de las plantas de personal o la liquidación o la sustitución patronal OJO CON ESTA FORMULACIÓN.

Capítulo IV o régimen disciplinario. Debe ser un titulo y debe comprender derechos, deberes, que no estén en el bloque de constitucionalidad, la Constitución y la ley que por definición toca cumplirlos como empleados del estado, debe aprovecharse para formular derechos políticos y sindicales plenos, prohibiciones, inhabilidades, impedimentos, tipos de procesos etc. etc.

Parágrafo del art 40 establece el abandono de cargo “CUANDO DEJARE DE CONCURRIR AL TRABAJO POR TRES DIAS CONSECUTIVOS” no establece que se puede hacer con permiso o en caso de licencia por luto, o con justificación etc etc. ES UN ERROR GRAVISIMO ESTA FORMULACIÓN.

Art 42 no tienen en cuenta que la prescripción obra en el caso de los antecedentes.

Art 50 No establece la dirección u orientación de grupo ni las horas dedicadas a esta actividad que deben ser diferentes a las 20 de asignación de clase. En secundaria.

Art 52 Acepta el traslado discrecional en NOMBRE DEL CUAL SE TRASLADA ARBITRARUAMENTE LOS EDUCADORES.

Art 55 acepta la reestructuración de planta para ENTREGAR PLAZAS MEDIANTE EL TRASLADO.
En el numeral 6 limita el derecho al traslado al establecerlo solo al final y comienzo del año lectivo.

Art 56 Se limita el derecho al traslado cuando se acepta el lapso de 3 años a partir del último para solicitarlo de nuevo.

Art 57 Castiga la estabilidad y da elemento para traslado discrecional al aceptar que los primeros traslados deben ser los educadores con ms permanencia en el mismo establecimiento educativo.
Otorga a Los consejos directivos competencias disciplinarias al poder solicitar el traslado a un educador.

Art 59 Limita el derecho a la permuta al negarse si le faltan 5 años para retiro forzoso.

Art 63 debe reglamentarse la veeduría a los traslados para que no se convierta en clientelismo de la dirigencia sindical como en el caso de salud.

Art 71 en el numeral p se sanciona al educador por falla del estado debe ser reformulado para PROTEGER AL EDUCADOR.

Art 74 numeral d se acepta la evaluación sanción, pues se premia al mejor con año sabático, debe hallarse otra fórmula de redacción.

Art 75 numeral i por decreto se establecen enfermedades profesionales, no es idóneo este medio.
Aspiro a que estas consideraciones sean por lo menos revisadas.

Rosa América Peñaloza Barrera.
Delegada de Adida.
Secretaria General de la Cut Antioquia.
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Conclusiones de la Junta Nacional de Fecode, Plan de trabajo y otros informes al magisterio


Maestros y maestras ¡Ni un derecho menos!.
Avanza la preparación del Paro Nacional del Magisterio

FECODE y las Filiales en cada uno de los Departamentos; ratifican el compromiso por parte de dicho organismo en LA PREPARACIÓN DEL PARO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL DEL MAGISTERIO COLOMBIANO.



Nueva consulta del Gobierno al Consejo de Estado sobre régimen pensional del magisterio: Consulta aclaratoria sobre vigencia del régimen especial de pensiones para docentes vinculados antes del 27 de junio del 2003.

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Atención educadores 1278

Decreto por el cual se reglamenta la evaluación de competencias de los docentes y directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones.

Ver/Descargar decreto PDF


Capacitación para ejercer la veeuduria ante las entidades médicas.

Objetivo: Lograr altos niveles de calidad de los servicios de salud para los afiliados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Ver presentación powerpoint.


Informe de los representantes ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Queremos anotar que el gobierno atenta contra el Fondo y por eso debemos estar en estado de ¡alerta!. Hemos venido buscando solución a los numerosos problemas que afectan al magisterio colombiano y para ello se ha realizado varias acciones entre ellas las siguientes:

Ver informe completo.
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Declaración del Polo Democrático Alternativo sobre las bases militares de Estados Unidos en Colombia

"Además de la indigna condición a la que queda sometida la soberanía nacional, es evidente que tal decisión hace de Colombia una punta de lanza de las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados para agredir a los estados latinoamericanos que no le son afines o que podrían debilitar su hegemonía continental"

1. El Gobierno de Álvaro Uribe, ha anunciado la determinación, de otorgar a los Estados Unidos el uso de bases militares en el territorio nacional a través de un acuerdo que pondría a su disposición toda la geografía colombiana para todo tipo de operaciones dentro y fuera del país. Con las primeras, se involucra a un ejército extranjero en el conflicto interno, se atiza la confrontación y se aleja la paz. Con las segundas, Colombia se convierte en una plataforma para el asentamiento y la expansión bélica de esta potencia, que afecta no solo la estabilidad de los gobierno democráticos y progresistas, sino también los importantes proyectos de integración Latinoamericana y caribeña.

2. Además de la indigna condición a la que queda sometida la soberanía nacional, es evidente que tal decisión hace de Colombia una punta de lanza de las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados para agredir a los estados latinoamericanos que no le son afines o que podrían debilitar su hegemonía continental, y se suma a la ofensiva de fuerzas reaccionarias y del imperio que como en Honduras, provocaron el Golpe de Estado contra el Presidente legítimo de ese país, José Manuel Zelaya.

3. Esta aberrante concesión es contraria a la Constitución. Ni los artículos concernientes a estos asuntos, ni las instancias a las cuales deberían consultarse, han sido respetados. Es una de las más flagrantes violaciones que ha cometido este gobierno al Estado Social de Derecho.

4. La guerra es negocio de un reducido grupo de empresas multinacionales que dependen de los contratos de seguridad y defensa del Departamento de Estado y del Pentágono. Tras el sofisma de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, existen jugosos negocios del complejo militar industrial estadounidense, que abarca desde las fábricas de armas y municiones hasta las firmas contratistas de mercenarios a escala global.

5. La profundización del sometimiento militar de Colombia es la continuación de la fracasada política antidrogas enmarada en el Plan Colombia. Con ello se amplificaran los daños económicos, sociales y ambientales que se han padecido por más de una década, y se agravará aún más, la crisis humanitaria y de derechos humanos.

6. Un hecho aún más inadmisible es la expedición de la inmunidad jurídica dada a los militares y mercenarios norteamericanos para toda clase de delitos cometidos en Colombia, quienes tendrán el estatus diplomático. Los antecedentes de las conductas delictuosas de los efectivos del ejército de Estado Unidos - aquí y en otros países - hacen concluir que esta inmunidad es una abierta impunidad.


Por estas consideraciones, el Polo Democrático Alternativo – PDA – convoca a:

a). Invitar a las Fuerzas Política y Sociales, a los demócratas, Intelectuales y Defensores de Derechos Humanos de Colombia y el Continente, a reunirnos prontamente para acordar una AGENDA COMUN y un PRONUNCIAMIENTO contra este Acuerdo que vulnera la soberanía Nacional y afecta la estabilidad democrática y pacífica de la región.

b). Convocar la JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACION Y PROTESTA contra la Guerra, las Bases Militares en Colombia, por la Soberanía Nacional y la Paz en la Región.

c). Impulsar una CAMPAÑA NACIONAL Y CONTINENTAL contra la militarización y la intervención de Estados Unidos en América Latina, a la que esperamos se sumen las Fuerzas Progresistas y Democráticas del mundo.

d). Expresar nuestros sentimientos de fraternidad, solidaridad y apoyo a todos los países latinoamericanos, a sus pueblos y a los gobiernos que legítimamente los representan.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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6 de agosto de 2009

Propuestas para la generación de empleo en Medellín

El director de la ENS, José Luciano Sanín V., hace una propuesta sobre una política pública de empleo que el alcalde Alonso Salazar podría impulsar en Medellín, en asocio con los empresarios y los sindicatos, tal como lo acordó la pasada 98ª Conferencia de la OIT.



Para enfrentar la crisis:
Políticas públicas de Trabajo Decente


José Luciano Sanín V.
Director Escuela Nacional Sindical

Al parecer existen varios acuerdos sobre la situación del empleo en Medellín y su área metropolitana, el primero de ellos, que el empleo es precario, tenemos cerca de un millón y medio de personas trabajando, 28 mil son niños, más de la mitad en la informalidad, las dos terceras partes sin protección social integral, el 90% con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, apenas 81 mil están afiliados a una organización sindical, 263.000 están desempleados. Con la crisis económica y las dificultades con Venezuela y Ecuador estamos además sufriendo una gran pérdida en la dinámica económica y en la cantidad y calidad del empleo. Igualmente es claro para la ciudadanía que el desempleo es el principal problema de la ciudad, así lo señalan varias encuestas.

Estos puntos serían suficientes para buscar un redireccionamiento de la política económica y de empleo, sin embargo, no parece que se tengan acuerdos en algunos puntos cruciales para hacer posible esto.

En primer lugar, no hay acuerdo en señalar que, las medidas que se vienen impulsando para promover el empleo, son mínimas, en muchos casos ineficaces y no responden a la gravedad de la situación del empleo y en particular en Medellín no es suficiente anticipar la ejecución de unas cuantas obras públicas y desarrollar unos muy parciales y aun no evaluados programas de generación de empresas como Cultura E.

Tampoco hay acuerdo sobre qué hacer para enfrentar la actual crisis económica, muchos defienden mantener las mismas políticas que nos llevaron a la crisis y otros proponen una perspectiva según la cual la reactivación de la economía se logra con políticas de trabajo decente.

Las cifras y análisis sobre la dinámica económica y laboral no son suficientes para diseñar y evaluar políticas, muchos señalan la necesidad de una institución pública municipal o metropolitana dedicada al tema.

Pero tal vez lo más importante, es que no hay un acuerdo sobre el papel que debe cumplir la administración municipal en el desarrollo económico y el empleo, algunos pensamos que los municipios tienen un papel importante y no secundario en este campo, y que no solamente la dinámica del mercado y las políticas macroeconómicas son impulsoras del empleo y su calidad. Los alcaldes pueden hacer mucho y mucho más en un municipio como Medellín con una importante capacidad financiera, institucional y política para redireccionar las actuales tendencias.

El municipio de Medellín podría, por ejemplo redireccionar su presupuesto de inversiones con el criterio de la reactivación económica y la generación y conservación del empleo, para ello el alcalde tendría que promover una revisión al actual plan de desarrollo, la crisis actual así lo exige.

Podría también el Alcalde promover normas que estimulen la conservación de los empleos y la protección de los desempleados, un subsidio municipal para los desempleados sería, además de una política redistributiva, importante para incentivar la demanda interna; igualmente podría crear un servicio de información para el empleo que mejore y amplíe el actual que desarrolla el SENA y reforzar los programas de formación para el empleo. Y sobretodo podría dar ejemplo, generando trabajos decentes y eliminando las formas precarias de contratación existentes en la administración municipal.

Las últimas dos administraciones han demostrado que con decisión y liderazgo se pueden producir grandes transformaciones en la ciudad en corto tiempo. Por ello la “Medellín solidaria y competitiva” del alcalde Salazar requiere asumir este tema con seriedad y prioridad, es necesario y urgente enfrentar la crisis económica y de empleo mediante políticas de trabajo decente.

El Alcalde Salazar debería impulsar en Medellín un “Pacto para el Empleo” con los empresarios y los sindicatos, tal como lo acordó la pasada 98ª Conferencia de la OIT. Pacto que podría sentar las bases para formular una política pública de trabajo decente que estimule a las empresas para que generen y conserven empleos productivos y de calidad y contemple además la creación de una institución pública especializada en el desarrollo económico y el empleo.
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Acuerdo laboral en Alcaldía de Bogotá

Terminó la negociación entre las centrales sindicales y la Administración Distrital de Bogotá, con un importante acuerdo que, en términos salariales y de nivelación, beneficiará a los más de 20 mil empleados públicos que tiene el Distrito Capital. Pero también a los miles de empleados (se calcula unos 40 mil) que actualmente están vinculados al Distrito por cooperativas de trabajo asociado y otras formas de tercerización, pues el acuerdo establece una reducción gradual de la tercerización laboral en los próximos años. Un ejemplo que deberían seguir las demás ciudades colombianas.


Informa de la ENS:

En la madrugada de ayer domingo se terminó el proceso de negociación laboral para los empleados públicos de la Administración Distrital de Bogotá, con un importante acuerdo entre las tres Centrales Sindicales (CUT, CTC y CGT) y el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno; acuerdo que beneficiará a más de 20 mil empleados y que tiene entre los puntos a destacar el aumento y la nivelación salarial, y la eliminación gradual de la tercerización laboral en el Distrito Capital.

El porcentaje de incremento salarial concertado es de 8.05% ponderado. Éste es diferencial y se establece por cada intervalo de SMMLV de 2009, de conformidad con el número de funcionarios ubicados en cada rango, para las asignaciones básicas mensuales a 31 de diciembre de 2008, con retroactividad al 1 de enero de 2009. En consecuencia, el incremento salarial quedó dividido así: para los trabajadores que ganan hasta $3´229.850, el aumento será del 8,07%; para los que ganan entre $3´229.851 y $3´795.200, será del 7,77%; y para los que ganan más de $3´975.201, subirá el 7,67%.

El punto de la nivelación salarial será concertado en el mes de agosto, bajo el precepto constitucional de que “a trabajo igual, salario igual”; nivelación que se comenzará a aplicar desde el 1 de enero de 2010 hasta el año 2012.


Terminación gradual de las CTA

En la Administración Distrital hay actualmente unas 40 mil personas vinculadas por Cooperativas de Trabajo Asociado y otras formas de tercerización laboral (nada más en el sector salud hay 18 mil), por lo cual el acuerdo logrado en la negociaciones terminadas ayer es de suma importancia, pues contempla la reducción gradual de estas formas de contratación.

Según el acuerdo, se conformará una comisión bipartita (Alcaldía Mayor y Centrales Sindicales) que tendrá un plazo de dos meses (hasta el próximo 30 de septiembre) para definir las estrategias y los criterios para lograr la reducción de la tercerización laboral en el Distrito Capital. Para avanzar en la discusión de este tema, la Administración Distrital se comprometió a presentar el próximo 15 de agosto un estudio técnico sobre impactos, fortalezas, debilidades y acciones a seguir en torno a las actividades contratadas por medio de Cooperativas de Trabajo Asociado o bajo cualquier otra modalidad, esto bajo la óptica de la política pública del gobierno distrital y en desarrollo de los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales.

Pero mientras se dan estos estudios y negociaciones, se acordó que no se suprimirán las vacantes, ni se ampliarán los contratos mediante formas de intermediación como cooperativas de trabajo asociado y contratos de prestación de servicios, y los nuevos requerimientos en materia de personal se reemplazarán por la figura de supernumerarios.


Un paso muy positivo

Francisco Maltes, miembro de la Dirección Nacional de la CUT, y quien representó a esta central sindical en la mesa de negociaciones, calificó esta negociación colectiva como un paso muy positivo de la Administración del alcalde Moreno. Recordó que el acuerdo se firmó en desarrollo de las leyes 411de 1997 y 524 de 1999, las cuales incorporan los convenios 151 y 154 de la OIT, lo que, en su opinión, demuestra que cuando hay voluntad política sí es posible cumplir los convenios de la OIT e incrementar los salarios por encima de la inflación causada.

“Sí es posible cumplir la Constitución Política y sí es posible dar pasos concretos para disminuir y eliminar la intermediación laboral”, señaló el dirigente sindical, aludiendo a otros procesos de negociación de entidades públicas con sus empleados; en especial en el caso el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Protección Social, donde el proceso de negociación quedó en nada ante la falta de voluntad del Gobierno Nacional.

El acuerdo entre el Distrito Capital y las centrales sindícales también incluye puntos que tienen que ver con la aprobación de una prima secretarial, permisos para capacitación de los empleados, la adecuación de la infraestructura física en las distintas dependencias, la inclusión de las mujeres empleadas en planes y programas desarrollados en la Política de Mujer y Género, entre otros.
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Denuncia pública por persecución política y sindical en el municipio de Bello

El Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado “SINTRAESTATALES” denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, ante el Congreso de la República de Colombia, así como ante las autoridades civiles y judiciales del orden nacional e internacional, la persecución política y sindical de que son actualmente objeto los trabajadores y empleados al servicio de la Administración Municipal de Bello, Departamento de Antioquia.

Hechos:

La Administración Municipal de Bello, en un claro y evidente intento de chantaje a los líderes sindicales les exigió que renunciaran al fuero sindical con el compromiso de que, una vez lo hicieran, procedería a suprimirles los cargo de Carrera Administrativa de los cuales eran titulares, los indemnizaría de conformidad con las normas de Carrera Administrativa y posteriormente los volvería a vincular a la Administración Municipal pero obviamente ya en calidad de provisionales. A este grosero y descarado chantaje solamente accedió uno de los empleados sindicalizados, por lo que el 23 de junio pasado fue retirado de la planta de cargos de la Administración Municipal por supresión del cargo del nivel Técnico del cual era titular, se le liquidaron sesenta y nueve millones ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y un mil pesos ($69.849.581) por concepto de indemnización, más las respectivas prestaciones sociales para un gran total de ciento siete millones seiscientos noventa y ocho mil trecientos cuarenta y cuatro pesos ($107.698.344). Posteriormente, el 1º de julio, sólo cinco días hábiles después, dicho empleado fue vinculado nuevamente a la Administración Municipal en calidad de Provisional pero ya ascendido pues se le nombró en el cargo de Profesional Universitario.

Este comportamiento abiertamente ilegal de la Administración Municipal de Bello que se convierte en un premio a dicho empleado, se debe a su militancia o pertenencia al mismo partido político “Alas Equipo Colombia” del cual hace parte el actual alcalde municipal de Bello, doctor Oscar Andrés Pérez Muñoz. Por su parte, a los demás empleados sindicalizados, quienes no hacen parte de dicho partido político, y quienes no cedieron al chantaje arriba señalado, la Administración Municipal de Bello por el contrario, en una clara represalia y persecución política y sindical, procedió a solicitar al Juez Laboral del Circuito del Municipio de Bello el levantamiento de la garantía foral con el fin de poder desvincular de la administración a 12 trabajadores oficiales y a 5 empleados públicos, éstos últimos líderes y dirigentes de nuestra organización sindical.

En 96 años de vida institucional del Municipio de Bello y en 18 años de actividad sindical en este ente territorial es primera vez que una Administración Municipal incurre en una persecución política y sindical de ésta índole, lo que se convierte en un precedente gravísimo de violación a los Derechos Humanos y Laborales de los trabajadores de este ente territorial, en tanto coarta el derecho a la libre asociación sindical.

Nuestras Peticiones:

Le solicitamos a los diferentes organismos y redes internacionales de defensa de los Derechos Humanos, el seguimiento inmediato y permanente a las eventuales políticas y acciones de la Administración Municipal de Bello, sobre estos hechos, con el fin de propender por una acción estatal concordante y coherente con las normas y recomendaciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos en materia de prevención y protección a líderes sociales y sindicales, a fin igualmente de contar con garantías reales para el ejercicio constitucional y legal de la libre asociación y organización sindical y para que cese la persecución contra nuestras organizaciones.

Hacemos esta denuncia pública directamente ante el Congreso de la República ya que la responsabilidad primaria de protección de los Derechos Humanos y Laborales recae, de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales, sobre el Estado Colombiano, al ser este el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en dicha materia ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos hechos se sigan presentando.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos la solidaridad nacional e internacional para exigirle al Alcalde Municipal de Bello y a los órganos de control de la justicia colombiana -Procuraduría y Fiscalía– para que cese la situación que se presenta actualmente en el Municipio de Bello.

¡QUE CESE YA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y SINDICAL EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO!

JUNTA DIRECTIVA, SUBDIRECTIVA BELLO
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
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A Sidelpa la liquidaron para acabar con el sindicato y la convención colectiva, dice Sintrametal

En el caso del cierre y liquidación de la Siderúrgica del Pacífico S.A. (Sidelpa), ocurrido el pasado 23 de junio, tanto la empresa como el sindicato tienen versiones encontradas. En todo caso no están claras las razones que llevaron a los accionistas de la empresa a tomar la decisión de liquidarla.

En efecto, mientras para los accionistas la razón fue la inviabilidad económica y ambiental de la empresa, para los dirigentes del sindicato se trató de una hábil maniobra de ésta para acabar la organización sindical y los derechos adquiridos por los trabajadores, porque no tienen duda de que en pocos meses la empresa se volverá a abrir con otra razón social pero ya sin sindicato y sin convención colectiva.

Sidelpa S.A., ubicada en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, es la única empresa siderúrgica del país que produce aceros especiales. Pertenece a Gerdau, multinacional de origen brasilero, uno de los monopolios del acero más poderosos del mundo, con una producción que supera las 25 millones de toneladas de acero anual. Llegó a Colombia en el 2004 para tomar control de todas las empresas siderúrgicas del país, con excepción de Acerías Paz del Rió, donde su participación aun es minoritaria.

El cierre de Sidelpa S.A. fue decidido intempestivamente por la asamblea de accionistas el martes de la semana pasada, y anunciado por el gerente de la empresa, el brasilero Jorge Armando Gómez Galvao. Con esta decisión se quedaron sin empleo los cerca de 400 trabajadores que allí laboraban, 260 con contrato directo y el resto como contratistas. Se suman a la larga lista de despidos de trabajadores que, según la CUT Valle, se han registrado en esta sección del país: 18 mil en lo que va de 2009, adicionales a los 183.000 registrados desde el 2008; despidos en los cuales se encuentran directamente comprometidos tanto el gobierno nacional y departamental, como un puñado de multinacionales que ejercen control sobre la economía de la región.

Feria de indemnizaciones

El cierre de Sidelpa y la cuestión con los trabajadores se solucionó con dinero. En el transcurso de la semana pasada la gran mayoría de éstos “arregló” su situación con la empresa mediante el cobro de indemnizaciones cuyos montos son muy superiores a los que estipula le ley para empresas en liquidación, así: 60% más de lo de ley para los trabajadores con menos de 10 años de antigüedad; 80% más para los que tienen entre 10 y 20 años, y el 100% más para los antigüedad superior a los 20 años. Además 20% de indemnización adicional para quienes presenten problemas de salud por causas laborales, que no son pocos. Así las cosas, el monto de estas indemnizaciones oscila entre $40 millones (los más nuevos) y $300 millones (los más antiguos).

Los únicos que hasta el día de hoy no han aceptado el arreglo son los 15 miembros de la Junta Directiva de Sintrametal sucursal Valle, sindicato de industria que lleva 43 años defendiendo los intereses de los trabajadores de Sidelpa, quienes se mantienen firmes en su posición amparados en su fuero sindical, pese a que la empresa les ofrece 50% más de indemnización que al resto de los trabajadores. Sin embargo, según Álvaro José Vega, vicepresidente del sindicato, lo más probable es que también ellos terminen aceptando el arreglo, debido a las enormes presiones que están recibiendo y el hecho de que se quedaron solos en la lucha.

El cierre de Sidelpa también ha afectado el engranaje productivo de otras empresas, como Diaco de Cali (filial de la misma Sidelpa), lo mismo que los intereses de clientes, proveedores, sector mecánico, sector metalmecánica y del comercio en general. Se calcula que son más de 2.000 familias las que directamente se ven afectadas por el cierre de la empresa, pues es la única productora de aceros especiales en Colombia y de su producción dependen aquellos empresarios que deben consumir este producto debido a que su capacidad económica no permite competir con los altos precios del mercado internacional.

El Grupo Gerdau y las razones del cierre

El Grupo Gerdau es el 14º mayor productor de acero del mundo, y el líder en aceros largos en Latinoamérica. Con 110.00 accionistas y 36.000 empleados, está presente con plantas siderúrgicas en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, India, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Se trata de una multinacional de fuerte expansión y alta rentabilidad, que en 2007 ganó unos 2.450 millones de dólares, resultado similar al del 2006. El beneficio líquido del segundo trimestre de 2008 fue 85% superior al del mismo período del 2007. El 35,9% de sus ventas las realizó en Brasil, un 34,7% en Norteamérica y 10% en los otros países de Latinoamérica.
Para proceder a cerrar la planta de Yumbo, los directivos de esta multinacional en Colombia adujeron dos razones. La primera es el enfrentamiento que tiene con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, C.V.C., sobre si existe contaminación en la planta o no. Pero el sindicato desestima esta razón porque C.V.C. ha ofrecido a Sidelpa realizar nuevamente los estudios ambientales con participación de la empresa y el sindicato, y, en caso de que fueran negativos sobre contaminación, permitir la reapertura de la planta. Gerdau usa este argumento como excusa, pues con solo permitir una nueva toma de pruebas el problema sería solucionado.

La segunda razón es la reducción en la demanda de producción por causa de la crisis económica global. Pero según el sindicato esto tampoco es cierto, pues en los mismos comunicados públicos la empresa misma se desmiente: el 7 de mayo de 2009 Gerdau informó textualmente:

“A pesar de la significativa reducción de la demanda mundial de acero, Gerdau registra señales de mejora de los mercados en los que actúa, con ventas físicas en el mes de marzo del 20,7%, superior a los volúmenes comercializados en diciembre de 2008… en marzo la empresa verificó señales de mejora de los mercados, con una ampliación del 20,7% de sus ventas físicas en comparación con diciembre de 2008. Como resultado de dicho escenario, Gerdau cerró el trimestre con una facturación de R$ 7,7 mil millones y un beneficio neto de R$ 35 millones… En Latinoamérica (excepto Brasil), la producción de acero de las unidades Gerdau alcanzó las 316 mil toneladas en los tres primeros meses del año, el 41,1% superior al cuarto trimestre de 2008. Las ventas físicas, de 487 mil toneladas, también mostraron una expansión del 9,7%.

Los datos anteriores, según Sintrametal, muestran la falacia de las excusas presentadas por la multinacional para cerrar la planta de Yumbo. Además, resulta difícil creer que una empresa como Sidelpa S.A no sea económicamente viable, cuando en los tres últimos años registró utilidades operacionales que superan los $40.000 millones. Por otra parte, el sindicato tiene información de que a algunos de sus clientes, como Andina de Herramientas, no se les despachó pedidos durante el primer semestre de este año, como también se dejaron de cumplir pedidos al exterior (Sidelpa exportaba el 45% de su producción), lo que da indicios de que el supuesto bajón en su producción fue adrede, para poder presentar un cuadro de quiebra.

Asimismo, a algunos de los trabajadores que quedaron cesantes, que son operarios muy calificados en el manejo de maquinaria especializada, les notificaron la posibilidad de volverlos a enganchar, a ellos o a sus hijos mayores, y que esa información la mantuvieran en reserva. Por eso el sindicato está convencido de la verdadera razón para el cierre de Sidelpa es deshacerse del sindicato y la convención colectiva, y que en poco tiempo la multinacional Gerdau volverá a operar la planta de Yumbo, pero ya bajo la divisa de una empresa nueva, sin sindicato ni convención colectiva.

Sintrametal es un sindicato que a través de sus luchas ha logrado buenos salarios y conquistas laborales significativamente superior a otros trabajadores de la misma compañía en Colombia. Aparte de eso, desde su origen ha sido beligerante y comprometido con la defensa de los trabajadores, al punto que varios líderes sindicales destacados de la región son trabajadores de Sidelpa S.A. De la Subdirectiva de la CUT Valle hacen parte Edward Gustavo Portilla y Álvaro José Vega Caicedo, quien actualmente es su presidente.

“Gerdau no quiere que cunda el ejemplo y los trabajadores de otras plantas también luchen por mejores condiciones de vida y de trabajo; no quiere sindicatos en Colombia, quiere trabajadores sumisos y pagar salarios de hambre. Esa es la verdadera razón del cierre de Sidelpa. Y también busca debilitar al movimiento sindical del Valle del Cauca, que se ha constituido en una voz permanente de denuncia contra la política de tercerización y precarización del empleo y la liquidación de empresas, lo cual ha llevado a que la CUT Valle se encuentre en la mira de muchas empresas y entes gubernamentales”, afirma el directivo Álvaro José Vega.
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Despido colectivo en Global de Pinturas (Pintuco)

44 familias antioqueñas viven desde el pasado viernes la angustia del desempleo por cuenta del despido masivo del que fueron objeto en Global de Pinturas (antes Pintuco), hecho que la CUT Antioquia calificó como un atentado contra la libertad sindical, no sólo porque con tal decisión la empresa violentó la convención colectiva, sino porque 33 de los despedidos eran veteranos activistas de los dos sindicatos de industria que funcionan en esta empresa, con antigüedades entre 18 y 26 años. Los otros 11 despedidos eran empleados de la planta administrativa.


Estos despidos se produjeron tres meses después de firmada la convención colectiva de Global de Pinturas, en la cual ésta se comprometió a no hacer despidos ni a tomar represalias contra los trabajadores del sindicato.

Esta es una empresa del Grupo Mundial, también propietario de las marcas Terinsa, Ico y Graniplas, y tiene plantas de producción fuera de Colombia (Bahamas y Estados Unidos). Su sede está ubicada en el municipio de Rionegro, donde laboran más de mil personas, 250 de ellos obreros afiliados a Sintrainquigas y Sintraquim, ambos sindicatos de industria filiales de la CUT. El primero es el mayoritario y a él pertenecían 27 de los despedidos.

Para Carlos Julio Díaz, presidente de la CUT Antioquia, este despido colectivo se puede interpretar como una retaliación de la empresa contra la organización sindical, debido a que en la negociación de la convención colectiva ésta no pudo imponer la reducción de algunas garantías de los trabajadores. Y también confirma una tendencia que está haciendo carrera en esta época de crisis económica, cual es el aprovechamiento que de la misma están haciendo los empresarios para despedir trabajadores sindicalizados.

En efecto, el argumento que presentó Global de Pinturas para justificar el despido colectivo fue la crisis económica global y la consiguiente rebaja en su producción. “Pero eso no es cierto”, afirmó categórico Víctor Manuel Serna, presidente de Sintrainquigas, recordando que hace apenas tres semanas los directivos de la empresa, en reunión con la junta directiva del sindicato, reconocieron que ésta estaba sólida y que la crisis económica no la estaba afectando. Además, su actividad es muy rentable, tanto, que en la pasada negociación colectiva se reveló que el pliego de peticiones presentado por los trabajadores equivalía apenas al 1.7% de las ganancias de la compañía.

“Fue una baja de la producción provocada, ficticia, porque sabemos que otras empresas del grupo están supliendo lo que Global de Pinturas deja de producir. Rebajaron la producción para poder mostrar un panorama gris para la empresa y justificar los despidos”, añadió el señor Serna.

Pero aparte del sesgo antisindical, este directivo también denunció la manera atrabiliaria como se produjeron los despedidos, que calificó como una especie de “secuestro”, toda vez que la dirección de la empresa, con ayuda de 10 guardias de vigilancia privada, encerró y mantuvo incomunicados por cerca de dos hora a los 33 obreros que iban a despedir, y los obligó a firmar la carta de despido antes de despacharlos en taxi hasta su residencia.

Ante estos hechos, el presidente de la CUT Antioquia informó que se va a entablar una querella al Ministerio de la Protección Social por persecución sindical y violación del derecho de asociación. También se prepara una queja formal ante la OIT y ya se le solicitó al Ministerio una reunión con la empresa para que ésta explique lo sucedido. Recordó que este hecho se suma al reciente despido de 11 trabajadores de Atlas Trasvalores (que debieron ser reintegrados tras ganar una acción de tutela); a lo ocurrido en Lindalana, empresa que impuso un pacto colectivo para frenar la acción del sindicato; y a la pérdida de unos 10 mil puestos de trabajo en el sector textil en lo que va del año, tanto por despidos como por cierre de empresas. En el sector automotriz se perdieron unos 2.000 empleos, en la floricultura entre 4 y 5 mil, y 1.200 en Cerromatoso, Montelíbano.

Se calcula que en lo que va corrido del año se han perdido en Antioquia entre 40 y 50 mil empleos. Según la medición del Dane, el desempleo en Medellín en el último trimestre marcó 15%, muy superior al promedio nacional, que fue de 11.7%, aunque menor que en el trimestre anterior, que fue del 18%.

Angustia en las familias

Víctor Manuel Serna, presidente de Sintrainquigas, llamó la atención sobre la angustiosa situación en la que quedaron los trabajadores despedidos. “Hay crisis económica y emocional en sus hogares, porque quedaron afectados los ingresos familiares, el estudio de los hijos, y con el futuro en veremos. Y lo más grave es que significa la muerte social para ellos, pues la mayoría tiene entre 45 y 57 años, edades en las que es muy difícil conseguir otro empleo y asegurar una pensión. Y además son sindicalistas, lo cual es un marca que pesa mucho porque los empresarios tienen en listas negra a los activistas sindicales”, precisó.

Cada trabajador despedido fue indemnizado de acuerdo con las tablas que establece la ley según la antigüedad, ni un peso más. De tal suerte que los trabajadores con mayor antigüedad: más de 25 años de servicios, salieron con apenas $70 millones de indemnización; eso sin considerar los descuentos por deudas pendientes con la empresa. “Hubo trabajadores indemnizados con $60 millones que por deudas por créditos de vivienda y otras deudas apenas recibieron $5 millones netos”.

En los 60 años que lleva la empresa es la primera vez que recurre a un despido masivo, señaló el presidente de Sintrainquigas, y eso en parte por la fortaleza que siempre ha tenido la organización sindical. “El temor ahora es para quienes quedaron laborando, porque la empresa ha amenazado con seguir con los despidos hasta completar una suma cercana a 100 trabajadores, que es el número límite para no configurar despido colectivo ante la ley, porque de superarlo requeriría permiso del Ministerio de Protección Social.
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ICEM realizó en Colombia importante jornada contra la tercerización

Por Carlos Bustos Patiño
Tal como lo planeamos los días 26, 27 y 28 de julio del año en curso, fue para los trabajadores Colombianos una importante jornada contra la tercerización, en el marco de la orientación que la ICEM nos diera en la reunión del comité Ejecutivo Regional realizado en Bogotá el día 27 de abril de 2009, para cumplimiento de sus afiliadas en América Latina y el Caribe.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA QUÍMICA, ENERGÍA, MINAS E INDUSTRIAS DIVERSAS (ICEM) /

Respondiendo a la orientación del Comité Ejecutivo Regional de la ICEM realizamos en Colombia importante jornada contra la tercerización.

Por Carlos Bustos Patiño, Coordinador de la ICEM-Colombia

Artículos de Carlos Bustos Patiño editados en Rebanadas:
Rebanadas de Realidad - ICEM-Bogotá, 29/07/09.-

Tal como lo planeamos los días 26, 27 y 28 de julio del año en curso, fue para los trabajadores Colombianos una importante jornada contra la tercerización, en el marco de la orientación que la ICEM nos diera en la reunión del comité Ejecutivo Regional realizado en Bogotá el día 27 de abril de 2009, para cumplimiento de sus afiliadas en América Latina y el Caribe.

El domingo 26, más de 150 dirigentes Sindicales, de organizaciones afiliadas y amigas de ICEM, en una caravana histórica, nos desplazamos al sitio del accidente que nos llevó a escoger la fecha que motiva la acción Internacional contra la tercerización, allí celebramos una misa campal, rendimos tributo a los más de 200 trabajadores tercerizados muertos, depositamos en nombre de los trabajadores de América Latina y el Caribe una ofrenda floral y en la tarde regresamos a Bogotá.

El lunes 27 con la participación de 77 dirigentes, 11 mujeres y 66 hombres , escuchamos de viva voz de quienes fueron tercerizados en las Empresas ROSS INTERNACIONAL del municipio de la Estrella Antioquia, José Aníbal Ángel Ibarra y de VICAL S.A. en Pereira Risaralda, José Livaniel Giraldo Ríos, los pormenores de una historia exitosa en la primerización de contratos de trabajo de un importante grupo de trabajadores que hoy constituyen las sub-directivas de Sintravidricol la Estrella y Sintravidricol Pereira, gozando del libre derecho de asociación y de la contratación colectiva. De la misma manera los relatos de los trabajadores tercerizados de SOTRANS, Omar Olea en el Cerrejón Guajira organizados por Sintracarbon y de PQP en Tocancipá, Juan Jaramillo, organizados por Sintraquim, cuyos procesos de asociación y primerizacion están en trámite. Los Doctores Jairo luna García y Humberto Mejía Alfaro, nos hablaron sobre La Salud V/S la tercerización y sobre opciones y dificultades del proceso de calificación de Invalidez en Colombia, respectivamente.

El martes 28, los mismo dirigentes Sindicales, con la participación del Comando Nacional Unitario, integrado por la CUT, Fabio Arias y Tarsicio Mora, la CGT Percy Oyola y CTC Nohora Tovar, realizamos una mesa redonda en la que las Centrales Sindicales señalaron sus posiciones frente al fenómeno de la tercerización y los planes de acción que vienen adelantando con sus afiladas para en enfrentar este flagelo, que responde a una estrategia del gran capital para acabar con la estabilidad laboral y con el libre derecho de asociación. Finalmente los participantes tomaron el listado de los trabajadores muertos en el accidente hace ya 26 años, 28 de julio de 1983 y gritando uno a uno sus nombres le dijeron con emocionada voz presentes a todos, haciendo de esta manera un gran homenaje con el compromiso de seguir luchando para que la precariedad en el empleo se acabe y predomine el empleo digno con salario digno. Estos debates fueron trasmitidos por la WEB www.icemcolombia.com a través de la radio el día.com.co, en enlace con 13 páginas WEB de organizaciones sindicales. Algunas de las cuales nos reportaron sintonía.

Conclusiones:

Los participantes después de un trabajo en grupos, definieron la tercerización como una nueva forma de explotación y esclavitud moderna, con capacidad de transformar las relaciones y condiciones laborales, en detrimento y negación de los derechos de los trabajadores.

Plan de acción:

1. A partir de la Campaña internacional sobre trabajo decente y vida digna, impulsada por la ICEM, las Federaciones Internacionales, la CSI y la CSA, establecer procesos de sindicalización en cada uno de las organizaciones sindicales que representamos.

2. Establecer Normas Convencionales para beneficio de los tercerizados, flexibilizando las CCT y fortaleciendo la organización.

3. Conformación de grandes sindicatos únicos por rama de industria que cobije a los tercerizados.
4. Crear Sindicatos Globales por multinacionales, para establecer Acuerdos Marco-Globales.

5. Legalizar la negociación marco por actividad económica, para erradicar la tercerización.

6. Movilización y lucha constante.

7. Participacion e incidencia de los sindicatos en lo social y en lo político, con independencia y acompañados de los familiares y movimientos sociales, incluidos los jóvenes.

8. Campañas locales, regionales, nacionales e internacionales, acompañadas de movilizaciones y denuncias.

9. Procesos de sensibilización, socialización y concientización al interior de las organizaciones, dirigidas a los trabajadores de base resaltando la importancia de estos procesos.

10. Establecimiento de redes sociales que involucren a la comunidad, a los tercerizados y a todas sus organizaciones.

11. Articular las directrices o planes por medio de las redes establecidas.

12. Utilización adecuada de los medios y herramientas telemáticas.

13. Procesos de comunicación e información efectivas.

14. Compromisos reales y por convicción.

15. Presentación de resultados por medio de indicadores, que nos permitan ir midiendo el proceso y los compromisos adquiridos por parte de cada una de las organizaciones.

16. Establecer en los planes estratégicos de cada organización, los recursos económicos en su presupuesto, para ser viable este proceso.

17. Crear conciencia Colectiva.

18. Fortalecimiento de la credibilidad en los Sindicatos.

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