17 de febrero de 2010

ATENCIÓN MAGISTERIO

Sobre la solicitud de Pensión Gracia: Buen Futuro patrimonio Autónomo informa: AMIGO USUARIO RECUERDE QUE PARA ADELANTAR CUALQUIER TRAMITE CON EL PATRIMONIO AUTONOMO BUENFUTURO USTED NO NECESITA INTERMEDIARIOS. Si usted reside fuera de Bogotá D.C. y desea presentar una solicitud de trámite pensional deberá remitirla por correo a nuestro Centro de Atención al Usuario. En los siguientes números telefónicos usted recibirá atención personalizada de lunes a viernes de 8 am a 8 pm, y los sábados de 8 am a 12 m...

Vea más información aquí.

Atención magisterio de Turbo: Por ser de interes general se publica la carta que la compañera Rosa América Peñaloza radicó en Adida el día 13 de febrero, a fin que nuestra organización aboque la orientación jurídica de los compañeros que les fue invalidado el examen general de competencias presentado parea el concurso docente el pasado 5 de julio del 2009, y que se les conoce de manera cariñosa como los compañeros del asterisco.

Ver documento completo aquí.
Leer más...

CUATRO REFLEXIONES INICIALES SOBRE LOS DECRETOS DE LA EMERGENCIA SOCIAL EN SALUD

Por Saul Franco, Demopaz

Los diez decretos promulgados por el gobierno nacional al amparo de la declaratoria de emergencia social en salud constituyen la mayor ofensiva gubernamental por radicalizar y salvar el modelo implementado por la ley 100 de 1993. Ante la gravedad de las medidas que se pretenden tomar, la diversidad de los temas tratados, y la magnitud de los intereses en juego, resulta imposible en la práctica que alguien pretenda abordar la totalidad del problema y de sus implicaciones.
Es posible en cambio que de la progresiva sedimentación de los múltiples estudios y debates que se venían dando, y que se han agudizado con la promulgación del paquete de decretos, hasta configurar un verdadero “estado de opinión en salud”, resulte finalmente una comprensión inteligente del problema real de la salud y la seguridad social en Colombia, una valoración madura del modelo vigente y de las sucesivas reformas y ajustes que se le han hecho y, sobre todo, algunos lineamientos claros de lo que puede y debe ser un sistema de salud y seguridad social equitativo, universal, de calidad, financiable y en el que la salud y el bienestar individual y colectivos estén por encima de los imperativos del mercado y el consiguiente lucro de algunos a expensas del dolor, la enfermedad y la muerte de otros. Las reflexiones siguientes pretenden contribuir a reconocer algunos de los núcleos del problema y a estimular el debate y la búsqueda de alternativas.

1. La justificación de la emergencia y los decretos.

Hace rato que el país vive en emergencia social. Los informes de la Defensoría del Pueblo en 2006, de la Procuraduría General de la Nación en mayo de 2008 y de la Contraloría el año pasado, documentaron la gravedad de la situación del país en salud y seguridad social y advirtieron sobre lo que podría seguir. Y la sentencia T-760 de la Corte Constitucional en julio de 2008 ordenó correctivos y trató de salvaguardar el derecho a la atención en salud hasta el límite permitido por el modelo.

Los incrementos en las tasas de desempleo y de la informalidad laboral; las múltiples investigaciones e informes sobre la persistencia de la pobreza, el crecimiento de la indigencia y la profundización de las iniquidades económicas, culturales y de género; las complejas formas de las violencias urbanas, con tasas alarmantes de homicidio en algunas de las principales ciudades del país; los 13.5 millones de colombianos y colombianas que se estima siguen por fuera del sistema de salud, dieciséis años después de la implementación de un modelo justificado en buena parte por la urgencia de la universalización del aseguramiento y el acceso a los servicios; las 328.191 tutelas reconocidas por la Corte Constitucional como interpuestas para proteger el derecho a la salud sólo entre 1999 y 2005, y el alto grado de corrupción que se ha ido generando en los distintos niveles tanto del sector público como del privado configuran, quién lo duda, una verdadera emergencia social en general y en salud en particular y demandan soluciones y medidas de fondo.

Pero, cuándo, por qué motivos y para qué la declaró el gobierno? La declaró el 23 de diciembre, la misma fecha en que hace dieciséis años se expidió la Ley 100. Con una vigencia de un mes, justo el período de vacaciones. Y motivada por tres razones fundamentales: las dificultades y los riesgos financieros del sistema; los altos niveles de corrupción y el exceso de abusos; y, en consecuencia, el riesgo del colapso económico del sistema. El tipo de tratamiento ofrecido a esta especie de paciente en estado crítico y las finalidades reales de la declaratoria de emergencia aparecerán con claridad en los diez decretos – del 126 al 135 de 2010 – cuyo sentido y contenido se esboza a continuación. Baste por ahora plantear como hipótesis que el tratamiento ha sido sintomático, que será peor el remedio que la enfermedad y que si bien el gobierno puede ganar este asalto si logra que el Congreso y la Corte Constitucional lo secunden, la salud y el bienestar de los colombianos han sufrido el golpe más fuerte y dañino después de la expedición de la ley 100 de 1993.

2. La radicalización mercantil del modelo.


Siete de los diez decretos mencionados se dedican en su totalidad a la cuestión de la asignación, la distribución, el flujo y el control de los recursos del sistema. Los tres restantes – el 126, el 128 y el 131 – cumplen el papel de acomodar la concepción y la racionalidad científica, ética, jurídica penal y operativa del sistema a los imperativos de los dos intereses económicos que motivan el ajuste: los del Estado, para seguir reduciendo su gasto en salud, aliviar el déficit fiscal y reforzar la confianza inversionista, y los privados, expresados en la garantía del equilibrio financiero del sistema, es decir: la certeza de los márgenes de ganancia y el triunfo de la lógica del mercado. En adelante, por tanto, el criterio esencial de cualquier decisión médica o del andamiaje técnico-científico y burocrático del modelo no será el bienestar o la recuperación de la salud de los enfermos -ahora usuarios- sino que será dual: tendrá que ceñirse además a estándares obligatorios de manejo para poder garantizar el costo beneficio, el obsesivo equilibrio financiero del sistema, y caber dentro del estrecho paquete de eventos e intervenciones autorizadas –POS- y del limitado y finito techo presupuestal del sector. Lo demás quedará ahora como “prestaciones excepcionales en salud”, cuya sigla puede ser por tanto PES. Conviene aclarar de paso que es aun muy oscuro e incierto qué incluirá finalmente el POS. Todo indica que se nivelará por lo bajo, y los decretos, en especial el capítulo II del 131, dan pistas claras cuando advierten que se centrará en acciones de prevención, en intervenciones de baja complejidad y en atenciones de medicina y odontología generales. Sin duda el PES será mucho mayor que el POS.

Y quién pagará las PES? Al terminar de leer los decretos quedan pocas dudas de que el peso de las PES caerá definitivamente sobre el bolsillo de los usuarios. Con dos agravantes. El primero: que para lograr algún aporte del sistema será necesaria una tal tramitología ante los propuestos Comité Técnico de Prestaciones Excepcionales en Salud y Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, FONPRES, - decreto 128, capítulos I y II - que es muy posible que la muerte y el pago directo terminen siendo anteriores al fallo del Comité y al aporte del Fondo. Y, segundo, que previa la indagación que se hará sobre los ingresos, ahorros, saldos bancarios o sin comprometer en cesantías y pensiones personales, se hurgará también, óigase bien, la capacidad de pago del grupo familiar –decreto 128, artículo 15 –, el usuario y su familia terminarán pagando en su totalidad o en buena parte las PES. Esto es contrario a cualquier enfoque de protección social. Por suerte el decreto es generoso y en su artículo 16 ofrece facilidades de pago mediante créditos bancarios respaldados por el patrimonio personal y familiar del usuario. Además, el capítulo III del decreto 131 se dedica a promover la compra de planes voluntarios de salud para evitar las penosas eventualidades anteriormente enunciadas.

Con el doble mecanismo de reducir en la práctica el POS y ampliar las PES, obligando a los usuarios a asumir casi en su totalidad su financiamiento, el gobierno busca suturar una de las que él considera venas rotas del sistema, tranquilizar a los empresarios del sector y, de paso, volver las tutelas un bumerán. Quién se arriesgará ahora a poner una tutela si sabe de antemano que, aun fallada a su favor le implicará necesariamente, por fuerza de los ajustes del sistema, una alta erogación adicional de su bolsillo y el de su familia? Pero, como se planteó en la hipótesis inicial el tratamiento, aunque agresivo, es sintomático.

En su propia lógica el sistema no funciona en buena medida porque fue concebido para una sociedad con pleno empleo. Dieciséis años después de haberse implementado hay dos fenómenos concretos en el mundo del empleo que imposibilitan su funcionamiento : que el desempleo, con altibajos, tiende a crecer, y que la informalidad laboral se ha incrementado a niveles insospechables en 1993. Para el modelo esto se traduce en que el denominado régimen contributivo en lugar de haberse expandido se vaya reduciendo progresivamente y, en consecuencia, que el régimen subsidiado siga en expansión. Hoy, según las cifras del propio ministerio de la Protección Social, de la población cubierta por el Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS- el 54% pertenece al régimen subsidiado, 6% a los llamados regimenes especiales y 40% al contributivo. Más grave aun: de los 17 millones de afiliados que tiene el régimen contributivo, sólo 6 tienen empleo formal. Pero lo peor es que en la realidad un número estimado en 13.5 millones de colombianos y colombianas siguen todavía sin acceso real al SGSSS, evidenciando así el fracaso de un modelo justificado en su momento con el argumento de que antes de empezar este milenio lograría la universalización del aseguramiento.

Ni el desempleo ni la iniquidad creciente en Colombia, traducida en concreto en que cada vez más pocos ganan más mientras cada vez más ganan menos o no ganan nada, figuran en el mapa explicativo de la crisis del modelo. No se mira lo estructural. Se miran sólo las causas internas o los defectos y las deficiencias en el funcionamiento y claro, las soluciones propuestas son puntuales, formales y giradas a la cuenta de los que tienen poco o muy poco. Defecto de visión? La respuesta es un no categórico. Es que hay intereses que no sólo no se quieren afectar sino que se quieren mantener y cultivar. En el fondo es un juego de poderes, expresado en intereses, armado de una lógica y de argumentos aparentemente sólidos y orquestado por sectores académicos, tecno-burocráticos y medios de comunicación afines. Mientras esta lógica persista, los análisis y las propuestas seguirán en la misma dirección y con resultados cada vez peores. Lo que hay que transformar es el orden de poderes y de valores. Si la salud es una mercancía, todos a pagar por ella, el Estado a organizar y garantizar su mercadeo y algunos a enriquecerse cada vez más con ella. Pero si es un derecho humano fundamental – lo que implica entre otras cosas que no se puede supeditar el acceso a la capacidad de pago - y el Estado se asume y actúa como su principal garante para la sociedad en su conjunto, otra lógica y otros modelos son posibles y, aún con cierta limitación de recursos, se puede prestar servicios de calidad y mayor bienestar a todos. De hecho varios países, con muy distintas estructuras económicas y tendencias políticas tienen funcionando sistemas de salud que merecen tenerse en cuenta. Tal es el caso de Brasil, Canadá y Cuba, por ejemplo. Aquí mismo varios sectores han pensado y formulado propuestas diferentes. Ya habrá tiempo de discutirlas, mejorarlas y ojalá, de ponerlas a prueba.

3. El asalto a la ciencia y a la ética profesional.

El intento de crear el Sistema Técnico-Científico en Salud –STCS-, decreto 131 de 2010, rebasa en mi opinión las expectativas de los partidarios del modelo y los topes razonables del sentido común y de las competencias científicas. La ambiciosa propuesta parece basarse en dos premisas. La primera: que un determinado enfoque y conjunto de normas y procedimientos en un campo específico del saber y del hacer humanos, forjadas a la medida de unos intereses particulares, puede convertirse en un modelo científico. Y la segunda: que un gobierno transitorio puede convertir dicho modelo, presuntamente científico, en verdad única y norma inviolable para ser aplicada a rajatabla en toda su jurisdicción. Se trata, en pocas palabras, del intento de dar legitimidad científica a la conversión mercantil de la salud. A más de definir los 6 principios del presunto STCS, de crear y definir la conformación del respectivo Organismo Técnico Científico para la Salud cuyas 10 funciones enuncia, el decreto se arriesga –artículos 15 y 16 – a señalar los criterios de verdad del nuevo sistema científico-técnico: la doctrina médica y los referentes basados en la evidencia, los cuales deben expresarse en guías para procurar “que la atención para una condición de salud sea de calidad, segura y efectiva y que procure el equilibrio financiero del sistema”. Pues bien, la ciencia es una realidad muy compleja, cambiante y diversa. Las distintas ciencias que aportan al conocimiento en salud – entre otras la química, la física, la economía, la genética, la inmunología, la historia y las matemáticas – aclaran, orientan, apoyan e interrogan, pero se resisten a convertirse en fórmulas utilitarias y en camisas de fuerza para el quehacer médico. Por su parte la medicina, que sin ser una ciencia sí ha logrado acumular con qué ser un campo científico, por trabajar con seres humanos diversos y problemas y enfermedades también diversas y cambiantes, es mucho menos dogmática, rígida e instrumental de lo que parecen entender los autores de esta propuesta. Y la evidencia, que parece ser el nuevo dios de la ciencia, cuya existencia es tan dudosa y que merece una discusión que trasciende el espacio de este material, es especialmente débil e incierta – es decir: casi inexistente – en el complejísimo campo de las enfermedades y del bienestar humano. Otra cosa es que se pretenda convertir en evidencia las verdades que más convienen, las más aceptadas en los centros de poder, o las que mejor desfilan en las pasarelas de las modas científicas. Por descontado que toda práctica, incluida la médica, requiere un mínimo de normatividad y de reglas del juego, sin las cuales se pierde identidad y se expone a la anarquía. De hecho siempre las ha habido en las distintas escuelas médicas. Pero de ahí a reducir las necesidades en salud a un estrechísimo listado de eventos y conductas y al dogmatismo en ciernes tras la estandarización y la elaboración de unas cuantas guías con los que se pretende configurar el STCS, con cierto olor a totalitarismo sanitario, hay una distancia abismal y muy riesgosa.

Como el proyecto que se perfila en los 10 decretos, como maximización de la ley 100 del 93, pretende ser compacto, no puede dejar de lado la espinosa cuestión de la ética profesional. Y lógico, busca ajustarla a sus medidas, a sus referentes ideológicos y a sus intereses estratégicos. Ya está claro que en el modelo que se trata de imponer las decisiones del acto médico u odontológico o de enfermería deben tomarse supeditando la necesidad y mejor conveniencia del paciente a las pautas de manejo institucional y a los recursos disponibles del sistema en el momento. Obviamente el modelo premiará a quien mejor se ciña a sus preceptos y hará pagos por resultados, abriéndose también aquí la puerta para falsos positivos. Pero el proyecto es más osado. Llega sin temores hasta el núcleo ético elemental de la autonomía profesional. Evidenciando poco rigor y coherencia, define la autonomía como uno de los principios del STCS. ”Autonomía: el conocimiento generado en el STCS se desarrollará en condiciones de independencia intelectual” –ley 131, artículo 2 -. Y poco más adelante, contrariando y negando lo anterior, ordena redefinir la autonomía en los siguientes términos textuales. “Entiéndase por autonomía de las profesiones médicas y odontológicas la prerrogativa que la sociedad les confiere para autorregularse, de acuerdo con lo establecido en este artículo, mediante estándares que una vez adoptados, son de obligatorio cumplimiento”- ley 131, artículo 23, parágrafo 1 -. Es algo así como decir que la autonomía es la atribución que tenemos para optar por no ser autónomos y aceptar acríticamente y por siempre una imposición ajena. Las consecuencias de esto serían nefastas sobre la relación médico-paciente, odontólogo- paciente, enfermera-paciente. La primera baja sería la confianza, condición fundamental para que tales relaciones funcionen y sean exitosas y curativas.

Y como el proyecto es de mano dura, buena parte de uno de los decretos, el 126, se dedica a las sanciones disciplinarias, económicas e inclusive a la eventual penalización de quienes se aparten del orden establecido. En el nuevo orden parece que será más grave y más severamente castigado apartarse de las guías de manejo y atentar contra la estabilidad económica del sistema – vale repetir: la plena garantía del margen de ganancia -, que poner en riesgo la vida del paciente por ignorancia o desidia.

Una última anotación acerca de las implicaciones potenciales del modelo ajustado propuesto sobre la formación y la actualización de los profesionales de la salud. Puede hacerse en forma de preguntas simples. ¿Cuál será el papel real de las escuelas de formación en salud – y en especial las del sector público - dentro del modelo ajustado? ¿Qué tipo de valores, conocimientos y tecnologías deberán enseñarse a l@s estudiantes que trabajarán bajo el imperio de estos decretos? ¿Se justifica gastar cinco, seis o hasta diez años formando gente cuyas tareas van a ser mucho más mecánicas y autómatas que creativas y autónomas? ¿No será más realista reemplazar las viejas, costosas y cuestionadotas facultades del área de la salud por politécnicos funcionales, económicos y más eficientes? Es claro además que la investigación científica no está entre las prioridades del modelo en cuestión y que a la entidad rectora de esa área en el país la convocan a jugar un papel instrumental. Por tanto la importante aunque todavía incipiente investigación científica - es decir: de verdad – en salud y en salud pública, sufrirá un golpe de características letales, siendo previsible, en consecuencia, el auge de los estudios funcionales, pragmáticos e inmediatistas.


4. Ganadores, perdedores y posibles beneficios colaterales.


Si no hubiera posibles o seguros ganadores, sólo los 14 firmantes habrían salido a defender el paquete de reformas en discusión. Pero no. Ya se advirtió que esto es un juego de poderes, enfoques e intereses. Y en todo juego hay ganadores y perdedores. A riesgo de exclusiones involuntarias, se enuncian apenas algunos de los posibles ganadores y de los seguros perdedores, terminando con el reconocimiento de algunos posibles beneficios colaterales.

- Posibles ganadores: las empresas encargadas de la afiliación, el recaudo y el manejo de las cotizaciones de los afiliados – mal pero legalmente llamadas Empresas Promotoras de Salud - y todos los empresarios nacionales y trasnacionales de las distintas ramas del sector salud y de algunos sectores afines; las finanzas del Estado, que reemplaza su deber de garantizar efectivamente el derecho a la salud de la población, por aportes puntuales y por actuar como garante de las ganancias del sistema, y que se beneficia con jugosos rendimientos y ágiles operaciones financieras con el dinero aportado por los afiliados cotizantes al SGSSS; la tecno-burocracia institucional nacional e internacional; y los afortunados, limitados y finitos pacientes que logren ganar antes de la muerte la carrera de obstáculos para que alguno de los Fondos del sistema los asista reconociéndoles por fin como derecho contractual aquello que les correspondía desde siempre como seres humanos.

- Seguros perdedores: todo aquel que tenga la desgracia de padecer o llegar a padecer una enfermedad de mediana o alta complejidad y gravedad; las familias del mismo grupo anterior, en especial las de los estratos medio y medio-alto; los profesionales de la salud: médicos, enfermeras, odontólogos, auxiliares de enfermería, no sólo por sus condiciones salariales sino – y quizá principalmente - por la inminente degradación de su ejercicio profesional y de sus condiciones de trabajo; la red pública hospitalaria, ya maltrecha y que tendrá mayores recortes en sus posibilidades y presupuestos, menos contratos y un ordenamiento que niega su naturaleza y menosprecia su misión; las escuelas de formación en salud, en especial las del sector público, que tendrán una inevitable crisis de identidad y objetivos, y que recibirán las mayores presiones por amoldarse o desaparecer; la tutela, que de recurso se convertirá en riesgo para los pacientes; y la salud pública, que ya había sido víctima de la ley 100, a quien no le alcanzó el respirador artificial que se le instaló con el decreto 3039 de 2007 y a la que le corresponderá ahora nadar contra corriente para volver a decir y a hacer valer que la salud no es un negocio, que el bienestar humano es la razón de ser de las sociedades y de los Estados, y que éstos deben ser garantes y no negociantes con la salud del pueblo.

- Posibles beneficios colaterales: incremento de los mecanismos de vigilancia y control en el sector; que por fin se preste el cuidado debido en la atención “inicial” de urgencias - este inicial es el origen del “paseo de la muerte”, ha sido y seguirá siendo fatal (final) para muchos, y seguirá también legitimando muchas omisiones-; y el mayor y más deseable beneficio colateral: que ojalá por fin este duro golpe provoque una reacción colectiva que permita no sólo impedir que este paquete de decretos se legalice y aplique, sino también avanzar organizada, democrática e inteligentemente en la construcción y aplicación de un ordenamiento social y un modelo de salud y seguridad social basado en la equidad, la universalidad, la dignidad humana y el reconocimiento de la salud como derecho humano fundamental.

El Congreso de la República y la Corte Constitucional tienen la primera oportunidad y responsabilidad para frenar el avance del paquete. Pero es a todos los seguros perdedores ya enunciados, a las organizaciones sociales, populares y políticas, a los sectores gremiales y sindicales de la salud y de áreas afines, a las instituciones académicas, universitarias y de investigación y a la intelectualidad que perciba la magnitud de lo que está en juego, a quienes corresponde pasar del lamento y la crítica al enriquecimiento del debate público sobre la salud, a la formulación de análisis rigurosos y de propuestas alternativas sólidas y viables, y a la necesaria movilización social por el derecho en serio y de verdad a la vida y a la salud en Colombia. Se impediría así el paso de la emergencia en salud a la hecatombe social.


Saúl Franco.
Director Ejecutivo
Fundación Educación para la Democracia y la Paz –DEMOPAZ-.
Bogotá, 28 de enero de 2010.
Leer más...

16 de febrero de 2010

Emergencia Social en Salud. Sálvense las finanzas; muéranse los enfermos.



Por: Joaquín Romero Calle.

Es presunción generalizada, de que en el Sistema de Salud, se privilegia al factor económico, para garantizar rendimientos lucrativos a los inversionistas privados, en contra de la salud misma. Esta percepción del común, no desvirtuada, ahora, en la práctica, es confirmada tácitamente, dentro del marco de la tal Emergencia Social, con los impedimentos y amonestaciones que se decretan contra los médicos que se salgan del marco restrictivo del Plan Obligatorio de Salud.

Sin la dificultad de enfrentar una “encrucijada del alma”, el Presidente Uribe, ha soltado un decreto, en el cual, prohíbe a los galenos que trabajan para EPS e IPS, curar a los pacientes. No otra cosa puede interpretarse, al establecerse sanciones para quienes receten tratamientos y medicamentos que no estén incluidos en el POS.

Bién se sabe, el Sistema está edificado, en materia de servicios ofrecidos, en el catalogo de patologías, procedimientos y sustancias curativas, denominado Plan Obligatorio de Salud -POS- el cual es limitado y excluyente de otros procedimientos y medicamentos, que, cuando resultan necesarios o insustituibles para la vida humana, como ya se ha explicado, sentencias de tutela, ordenan que se presten y se suministren.

La Corte Constitucional, para conceder el amparo en salud, en ese aspecto, tiene sentado como regla -entre otras- que el tratamiento o el medicamento NO POS, deben ser certificados por el médico tratante. Y corren rumores, igualmente no desmentidos, de que las EPS., exigen a sus profesionales -dependientes o contratados como independientes- que se abstengan de formular lo NO POS., so pena de perder el empleo o el contrato. Sin embargo, médicos honestos, conscientes de su responsabilidad social y que hacen honor al juramento hipocrático, se le revelan a esa coerción y colocan al enfermo en la ruta de los beneficios del NO POS., los cuales, las EPS., obviamente, se resisten a reconocer. Y entonces, aparece la Corte Constitucional, que ningún rol tiene asignado en el Sistema, como un actor más, decisivo y a favor de la parte débil.

El decreto de Uribe, busca frenar la avalancha de fallos de tutela, so pretexto de salvar las finanzas del Sistema, quitándole a los médicos, la autonomía de atender al paciente, según los requerimientos de la patología detectada. Lo que las EPS., no han logrado enteramente, porque médicos hay, que se pliegan al querer de ellas, por carencia de personalidad o por conservar el puesto o el contrato, lo trata de conseguir el Gobierno Nacional, por conducto de la aterradora conminación de nada de NO POS.

Para exhibir como floritura demagógica, crean, las llamadas “prestaciones excepcionales en salud” que así se denominarán las formulaciones y prescripciones NO POS, las cuales se otorgarán, cuando las dictamine el médico tratante, se pruebe la incapacidad económica del afiliado y las autorice el Comité Técnico de Prestaciones Excepcionales y el enfermo o sus parientes o amigos, obtengan crédito blando bancario, para cofinanciar total o parcialmente, los costos de dichas prestaciones excepcionales. Primero lo burocrático y la plata. Mientras tanto, como dirían las abuelas: “Mi Cristo padeciendo”.

Lógico, que el Gobierno Nacional, en trance de reelección presidencial, para mostrarse preocupado por la salud de los colombianos y como gran gestor de las soluciones para ella, anuncie a los cuatro vientos, un aumento de cobertura en Régimen Subsidiado, para alcanzar la universalidad que tanto se anhela y la igualación de los POS contributivo y subsidiado. Cantos de sirena para endulzar oídos de incautos.

Esa Universalidad, se desnaturaliza con la no realización de los principios complementarios de oportunidad y pertinencia, relativos a la prestación integral del servicio de salud, en el momento preciso de la enfermedad y con la atención efectiva para erradicarla. Principios incumplidos, porque no todo colombiano está resguardado por el Sistema; no todos están afiliados; el NO POS, traduce NO PROTECCION, aún para los afiliados y por las fallas operacionales del Sistema, como la tardía fijación de citas y la no entrega de medicamentos.

Ninguna mejoría denota el Sistema y el mismo sigue su derrotero dentro de un modelo económico neoliberal en donde todo es más: más riqueza para los ricos, más pobreza para los pobres. Acuérdense del Ministro, siempre habla de mucho más. Y es inocultable el propósito de la emergencia social: sanear las finanzas, a expensas de los pacientes, quienes en buen lenguaje del Sistema, ya no son eso, pacientes, sino clientes o usuarios. Vocablos éstos, que entrañan un profundo significado monetario.

Parte II


Definitivamente, Don Uribe y su círculo de privilegiados, están sollados por el poder; en declaración publicada por El Heraldo de Barranquilla, el Presidente expresó que “ocho años es poco tiempo para recuperar la seguridad”. En carta blanca, léase ésto, como: “… tienen que reelegirme por otros cuatro (4) años.” Y muy a pesar de que el refrendo reeleccionista, está ahogado por el tiempo y preliminarmente, ha sido espoleado con puntillazo procesal de morcillera, el interesado y los adeptos de su régimen, se aferran a las probabilidades de decisión favorable y espacio temporal para realizar los comicios pertinentes.

O a lo que es más significativo, la candidatura inscrita. El visto bueno judicial es factible -no es descartable, que Magistrados sucumban al tráfico de influencias desatado desde Palacio- pero el espacio temporal no dá. ¿Cómo lo tendrán?

Embriagado del Estado de Opinión -favorabilidad en las encuestas del 84%, las cuales nadie sabe quien las contesta- el Gobierno Nacional no tuvo escrúpulos para soltarle al pueblo, los horrores de una emergencia social, que atenta alevosamente contra los derechos de los colombianos, a la asistencia médica y a medicamentos para preservar su salud.

Como la reforma laboral, aquella que acabó con el recargo nocturno entre seis de la tarde y diez de la noche, la remuneración triple en domingos y festivos y cuyo salario mínimo recibe incremento del 3%, fue prácticamente inadvertida y recibida con resignación, Uribe pensó, que la misma suerte tendría la de Salud, pero se equivocó. El pueblo reviró y contundentemente.
Y confiado en que ese Estado de Opinión, le sublimiza todo, descaradamente se ha dado a la tarea de engranar un bien montado laberinto de explicaciones, para atacar sus propios decretos, criticar a quienes los redactaron, pero a la vez defenderlos y pregonar sus bondades excelsas, que sólo en la Casa de Nari, las ven y sienten.

Censura implícitamente al Ministro de la Protección Social, pero no le pide la renuncia ni lo declara insubsistente, tampoco este funcionario, dimite. Queda en la sensación del conglomerado pensante, que se trata de una comedia cómplice y complaciente, entre Presidente y Ministro. A última hora, se anunció la revocatoria de uno de esos decretos.

Y Germán Vargas Lleras, el principal afectado con la pretensión reeleccionista de Uribe, tratando de sacudirse de esa especie de limbo político, en el cual se autosumió, con su intrascendente postura de uribista, no reeleccionista ni antiuribista, ha denunciado el gasto de dos mil millones ($2.000.000.000.) de pesos, realizado por el Ministerio de la Protección Social, en Asesoría para los actos de la emergencia social y la adecuación material de la sentencia 760 del 2.008, de la Corte Constitucional.

La Corte, en sí, es verdaderamente, la reformadora del Sistema de Salud, ya que en tal providencia, de una vez por todas, la Corporación deja sentado, que la salud es un derecho fundamental y que al mismo le es inoponible, el escudo evasivo del NO POS., figura del Sistema, tan querida y consentida por las EPSs. Y defendida y protegida por el ejecutivo.

Lo aberrante del gasto en asesoría, es que la contratación se hizo con personas representativas y vinculadas a EPSs. –divulgado por Vargas Lleras- es decir, que la reforma a la salud, la preparó el sector empeñado en joder al otro, al de los pacientes, ahora, usuarios o clientes. Y el Ministro, rasgándose las vestiduras, llenándose la boca con burbujas falaces, vociferando que se está legislando extraordinariamente, para mejorar el Sistema de Salud, invocando como muestra de ello, la igualación de los Pos, cuando éstos, hace rato están nivelados por vía constitucional, en fallos de tutela.

Y lo que buscan Presidente y Ministro, es que esa igualación, mediante tutelas, no se haga realidad, prohibiéndole a los médicos tratantes, que formulen lo NO POS. No importa la vida del paciente. Interesa el costo del tratamiento y ese egreso, hay que evitarselo a la EPS. Esa es la verdadera intención de la tal reforma. Otro cuento chino, es el de las “prestaciones excepcionales en salud”, para lo de más allá del POS. La Corte Constitucional, también tumbó la barrera del No Pos. Cuando el paciente requiere procedimientos y medicamentos NO POS., hay que aplicarlos y suministrarlos, lo impone, la lógica de la vida, gústele o nó, a Uribe y a EPSs.
Leer más...

Tareas de la CUT Antioquia

Felicitamos a todas las organizaciones sindicales que asistieron a la Junta Departamental y hacemos un llamado muy fraternal a los que no se hicieron presentes para que en próximas convocatorias lo hagan.

La junta Departamental y el Ejecutivo los convocan a participar activamente de las siguientes actividades:

1. Viernes 5 de febrero a las 3 p.m.: Mitin en la portería de Coltabaco. Salen buses a las 2:30 p.m. en el lugar de constumbre.

2. Sábado 6 de febrero: Marcha desde el Hospital San Vicente de Paúl contra los decretos de emergencia social.

3. Domingo 14 de febrero en Buriticá: Primer Foro Regional en el auditorio del Concejo Municipal de Buriticá, convocato por la seccional de FUNTRAENERGÉTICA en este municipio. La temática será sobre regalías, inversión social y empleo, recursos naturales y medio ambiente, conflicto de los trabajadores de la Continental Gold Lid y Solidaridad con los compañeros que estos momentos sufren un conflicto laboral.

Llamamos a los sindicatos a que participen de este foro y aprueben una solidaridad económica con los compañeros. Los que no puedan ir, favor mandar la solidaridad a la CUT, que nosotros se las haremos llegar a los compañeros.

4. Martes 16 de febrero: Comando Departamental Unitario para concretar lo de la marcha del 18 de febrero que posiblemente saldría de ADIDA a las 5 p.m.

Objetivos de la marcha: - Contra los decretos de emergencia social, contra la intención del gobierno de poner estudiantes informantes, contra el pírrico aumento del salario mínimo y a los trabajadores estatales, contra la reelección y las políticas del gobierno.

5. Jueves 18 de febrero: TODOS A LA CALLE.

6. Marzo 2,3 y 4: foros académicos sobre los 90 años de la primera huelga de las mujeres tejedoras de Bello, lideradas por BETSABÉ ESPINAL.

Marzo 7(domingo) Marcha desde el Parque de Bello hasta la antigua fábrica de los tejedoras, ubicada en el barrio Bellavista por Playa Rica (Bello).

7. Conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Estamos a la espera de las actividades que se programen.

Recordamos también que todos los miércoles a las 3 p.m. se realizan reuniones educativas y de informes de conflictos programadas por el Comité de Solidaridad de la CUT, en diferentes sindicatos. Favor llamar a la CUT para saber el lugar de cada miércoles.

También este año vamos a realizar actividades relacionadas con el Bicentenario Alternativo, diferente a la propuesta gubernamental. A partir del mes de abril empezaremos con las conferencias.

Cualquier información, favor llamar a nuestros teléfonos.

CARLOS JULIO DÍAZ L
Presidente

ROSA AMÉRICA PEÑALOZA B
Secretaria General

GERMÁN MARÍN HENAO
Dpto Organización
Leer más...

SE REALIZO JUNTA DEPARTAMENTAL DE LA CUT ANTIOQUIA

Durante los dias 1 y 2 de febrero se realizó en la sedede Comfenalco Guayabalenla ciudad de Medellin la XVI junta departamental de la Cut Antioquia con la asietncia de mas de 50 organizaciones filiales y la asistencia de cerca de 100 delegados de todo el departamento.

Se destacó la presencia de candidatos al congreso de la republica que expusieron sus propuestas, así como el debate respetuoso y la construccion de un plan de trabajo para el 2010 que tiene como ejes centrales la conmemoracion de los 90 años de la primera huelga de mujeres, así como el dia de los derechos de la mujer, la protesta contra los decretos de la emergencia social en salud, que niega este derecho fundamental a las clases menos favorecidas, la celebracion del bicentenario alternativo de la Independencia, y la participacion en la contienda electoral apoyando a candidatos de la opocision al gobierno de la seguridad democrática, asi como el desarrollo de la agenda propia de cada departamento de la subdirectiva.

Por ser de interés general reproducimos la declaracion politica aprobada por unanimidad.


DECLARACION POLITICA DE LA XI JUNTA DEPARTAMENTAL DE LA CUT ANTIOQUIA. 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2.010.


A siete años de la primera elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia la situación del país no puede ser peor: en la miseria absoluta se haya casi la mitad de la población, el desempleo creciente, la informalidad raya en el 60%, la quiebra del campo, las tierras cultivables concentrada en pocas manos y dedicadas al cultivo para biodiesel, y la industria nacional acabada, no solo como efecto de la política aperturista sino además por la crisis económica mundial y la influencia que tienen las relaciones deterioradas con Venezuela y Ecuador, hasta hace poco eran los principales socios comerciales de Colombia. La extensión de la miseria y la concentración de riqueza es el signo económico del estado comunitario, mientras la mayor parte del presupuesto nacional se orienta a la guerra que no ha resuelto el conflicto interno.

El neoliberalismo condujo a la desnacionalización de las empresas emblemáticas; a la entrega a las multinacionales de nuestros recursos naturales; al montaje de los denominados mega proyectos, deteriorando el medio ambiente, lesionando el hábitat de comunidades campesinas, minorías étnicas y raciales; a la privatización de los servicios públicos domiciliarios, a la ruina de la producción agropecuaria y a la pérdida de la soberanía alimentaria; a la negación del derecho fundamental a la salud y a la creciente privatización de la educación; al aniquilamiento de los derechos sindicales de asociación y contratación colectiva; a la persecución de las organizaciones sindicales; a la semi esclavitud laboral con la tercerización del trabajo fomentada por las Cooperativas de Trabajo Asociado y contrato a destajo, los continuos intentos de recorte a los parafiscales que liquidaría el Sena, bienestar familiar y el sistema de compensación así como la conversión de nuestro país en una zona franca con todas las prebendas tributarias, arancelarias y cambiarias que lo convierten en un paraíso para las multinacionales y en un infierno para el pueblo y los trabajadores.

El autoritarismo, el irrespeto a las competencias de la administración pública en los consejos comunitarios, la agresión continua a la independencia de la rama judicial, el manejo de mayorías en el congreso a través de la entrega de notarías, subsidios no reembolsables como agro ingreso seguro, embajadas consulados y demás beneficios que dispensa de manera generosa el ministro del interior, la coptación de la mayoría de los organismos de control y la persecución a veces abierta a veces soterrada contra la corte suprema, por no someterse a unanimismo Uribista se combina con las chuzadas del Das, los falsos positivos, que van camino a la impunidad, las desapariciones forzadas, el asesinato de dirigentes políticos y sindicales, el tratamiento de guerra a la protesta popular, la agresión a las comunidades indígenas que reclaman las tierras ancestrales, se ocultan a través de una bien orquestada publicidad que hace parecer democrático lo que constituye una aberración de la misma, porque pretende acallar a los contradictores y crear forzosamente un unanimismo que riñe con el necesario debate y disentimiento que entraña la democracia.

La fallida política de justicia y paz Uribista se condensa en el acallamiento de la reforma agraria que por la vía armada efectuaron las autodefensas con la excusa de responder así a los excesos de la insurgencia, del enriquecimiento delirante a través del narcotráfico, de la negación a toda la verdad a través de la extradición de los principales implicados en el genocidio de miles de campesinos, y en el trato blando a la parapolitica que permite que sigan dirigiendo sus huestes políticas desde la cárcel o cambiando de nombre a los partidos implicados en ella, o a través del voltearepismo patrocinado por el régimen a fin de consolidar sus mayorías en el congreso.

El panorama económico laboral se sigue expresando en el descenso vertical de las exportaciones, el derrumbe de precios de materias primas, minerales y bienes agrícolas, la revaluación del dólar, la caída del índice de producción industrial a menos del 3%, la caída de las remesas provocada por la precarización laboral de cuatro millones de compatriotas que viven en el extranjero; los despidos de trabajadores y el aumento del desempleo, la pérdida de más de 600 mil puestos de trabajo, la recesión en el consumo, el aumento de la pobreza, la precarización laboral y el crecimiento de la economía informal, todo lo anterior demuestra que para el mandato de la seguridad democrática el aumento de la miseria y del trabajo informal constituye su plan económico, mientras provee de toda clase de garantías a los grandes conglomerados económicos nacionales y extranjeros y fomenta la mendicidad a través de subsidios que no resuelven de fondo la grave crisis social y económica, pero que a través de familias en acción y de familias guardabosques, aceitan la maquinaria clientelista para la segunda reelección.

En nuestro departamento, la arremetida contra los trabajadores y el movimiento sindical se agudiza, se sigue atentando contra dirigentes sindicales como Alirio Salazar del comité ejecutivo de la Cut, se persigue y estigmatiza el derecho a sindicalizarse, se restringe el derecho a la negociación colectiva, que reduce el número de Convenciones Colectivas, eliminando derechos logrados con grandes luchas y esfuerzos; se generalizan los despidos masivos, aumentan los “planes de retiros voluntarios” que enmascara el despido, los empresarios fomentan los Pactos Colectivos como una forma de debilitar las organizaciones sindicales; el Contrato Laboral es reemplazado por contratos civiles y por toda forma de intermediación que flexibiliza la relación laboral y que abarata la mano de obra y precariza la calidad de vida de los trabajadores.

Con relación a los empleados públicos, el Estado no se queda atrás, pues con la imposición de los Actos Legislativos 01 del 2005, obstruye de manera grave el derecho a la negociación colectiva, violando convenios de la OIT, al negar la posibilidad de acordar condiciones prestacionales superiores a la de ley en Convención Colectiva; la inexequibilidad del Acto Legislativo del 2008 deja las puertas abiertas para que se despidan los trabajadores provisionales, algunos con 20 años de vinculación y se implemente el clientelismo y el tráfico de influencias y la inestabilidad laboral como criterio de vinculación de los empleados del estado, aplicando políticas salariales que reducen de manera drástica la capacidad adquisitiva y que constituyen una burla al derecho constitucional de salario vital y móvil.

Dentro de los principales conflictos en Antioquia destacamos los de Atlas Trasvalores, Global de Pinturas, Noel, Leonisa, Sintraminergetica, Cereales Coro, Phillips Morris, Erecos, Hospital General, SENA, Papelsa, Extra S.A., Bonem, Sintrasema (Sonsón), los educadores, los despidos lentos y continuos en el Municipio de Medellín y en la nómina departamental, la negativa del alcalde Alonso Salazar de acoger una política de trabajo decente en la municipalidad que implique la negociación de los pliegos presentados por las organizaciones sindicales , el cese de los convenios de la policía de tránsito que reemplaza a los agentes de carrera por estudiantes sin ninguna garantía laboral, que exija a los proveedores de bienes y servicios de la vinculación de los trabajadores con prestaciones de ley y que se contrate directamente los trabajadores para las obras de mantenimiento y obras publicas hoy en manos de miles de contratos flexibilizados.

La Subdirectiva CUT Antioquia hace un llamado a nuestras organizaciones filiales, a las centrales sindicales, a las personalidades y partidos políticos, a las organizaciones indígenas, campesinas, comunales, estudiantiles, no gubernamentales, empresariales, y demás sectores de la sociedad colombiana, a contribuir en la conformación de un amplio frente patriótico que unifique unos propósitos mínimos para enfrentar las políticas antinacionales y anti populares del régimen fascista del actual gobierno; que rechace la instalación de las bases militares y la persistencia en la aprobación de tratados comerciales lesivos para la soberanía y la economía nacional; que rechace la emergencia social en salud que liquida la red pública hospitalaria, privatiza el derecho a la salud y limita seriamente la autonomía medica y científica en los tratamientos y enriquece a las EPS y que además pretende vincular a los jóvenes y menores en el conflicto armado, lo que agravaría el conflicto en las comunas y vincularía a padres de familia, menores educadores y demás población civil al conflicto que ha sido incapaz de solucionar desde su fracasada política de seguridad democrática, convirtiéndolos en carne de cañón, y que a cambio de inversión social y creación de trabajos decentes aumentan el pie de fuerza, lo que ha sido ineficaz como solución al conflicto.

Llamamos desde la Cut Antioquia a oponernos a la reelección con la abstención activa, si pasa el referendo, y a comprometernos con el mas decidido apoyo a los candidatos democráticos y alternativos al congreso de la república que encarnen la oposición al régimen Uribista y al estado comunitario, y que desarrollen propuestas democráticas participativas con énfasis social que permitan el desarrollo humano y las trasformaciones sociales que Colombia necesita. Reclamamos la solución política al conflicto interno, garantías para la oposición política y verdad y reparación para las víctimas.

Así mismo hacemos un llamado a las organizaciones sindicales a reemprender la tarea de fortalecimiento de los sindicatos y desarrollo de las conclusiones del V congreso de la Cut y a participar activamente en la jornada de movilización del 26 de febrero programada por la CUT y demás centrales obreras, a participar de manera masiva en la conmemoración de los 90 años de la primera huelga de mujeres el 7 de marzo y en la celebración del 1 de mayo y demás tareas programadas por la Cut.


Fraternalmente:


XI JUNTA DEPARTAMENTAL DE LA CUT ANTIOQUIA.


Febrero 1 y 2 de 2010.

Leer más...

Caricaturas sobre los decrétos de emergencia social


Ver/descargar archivo PDF Leer más...

Entrevista de la Silla Vacia Marcelo Torres: el último marxista

El lema de Marcelo Torres, candidato del Polo al Senado, es "girar a la izquierda". Una propuesta arriesgada cuando todas las encuestas y los estudios demuestran que el país ha girado precisamente en la dirección contraria. Pero Torres sigue convencido que la salida para Colombia está más cerca del marxismo que del uribismo.

Torres es un candidato paradójico e interesante porque a la vez que aboga por políticas radicales de izquierda como reversar las privatizaciones y la apertura económica es un defensor acérrimo de que el Polo haga coaliciones interpartidistas para llegar al poder. Defiende el modelo de los países de izquierda de la región y crítica el Acuerdo de las Bases con Estados Unidos pero también es muy crítico de la cercanía entre Chávez y las Farc.

Marcelo Torres fue uno de los fundadores del Moir y una de las voces que más tempranamente rechazó la combinación de las formas de lucha desde la izquierda. Y que sigue dando esa pelea en el Polo.

El año pasado volvió a su pueblo, Magangué, en Bolívar, a enfrentarse al candidato que contaba con el apoyo de la polémica y temida empresaria de chance 'la Gata'. Perdió, a pesar de ser el candidato de una coalición de nueve partidos, incluyendo los uribistas. Ya fue congresista y ahora aspira a volver al Senado.

En esta entrevista, reflexiona sobre el presente y futuro de la izquierda colombiana.

Usted propone un giro a la izquierda cuando gran parte del país ha dado un giro a la derecha. ¿Por qué?

Porque el giro a la izquierda significa elevar sustancialmente el nivel de vida de la gente común y corriente. Para que eso se pueda dar se requiere un nuevo punto de vista sobre el desarrollo económico, sobre el Estado y la democracia, sobre las relaciones internacionales.

¿Cuál sería ese giro en el desarrollo económico?

Los países no se pueden desarrollar sino sobre la base de su mercado interno. En ninguna nación, con algunas excepciones por el tamaño del país como Inglaterra, el comercio exterior jugó un papel preponderante en el desarrollo. En Estados Unidos no fue así.

¿Cómo sería ese desarrollo sobre la base del mercado interno?

Sería un proceso de acomodación de riquezas que transforme esencialmente la agricultura, y que genere unos encadenamientos productivos del cual arranca la industrialización. Si un país se quiere desarrollar tiene que proteger su mercado interno, particularmente su agricultura. Ni siquiera hoy cuando los países del Norte llegaron a su super madurez dejaron de hacerlo. En el mundo hay un conflicto no resuelto entre Estados Unidos, Europea y Japón sobre los subsidios agrícolas y no se va a resolver porque nadie quiere renunciar a la seguridad alimentaria. No solo es un interés económico sino estratégico. Eso no se puede hacer con la apertura y el esquema económico que nos impusieron en los últimos 20 años y que ya se ha ido abandonando en el continente. Colombia es una especie de ínsula que está en rezago.

¿Recomendaría usted seguir el camino de los países vecinos de izquierda?

Lo que está pasando en América Latina es que los gobiernos de los últimos diez años pusieron el énfasis en lo social y replantearon sus relaciones con Estados Unidos. El hito de este proceso es el hundimiento del Alca. Brasil le dijo NO a la prohibición de subsidiar su producción agrícola. Fue una excepción notable que empezó otro proceso en America Latina. A partir de allí se han dado procesos de distanciamiento político: por primera vez se reúne la OEA sin Estados Unidos; surge una alianza militar sin Estados Unidos.

¿Ve un debilitamiento de Estados Unidos en la región?

El poder de Estados Unidos no se ha desvanecido, ni muchísimo menos. Hay una política de contraofensiva que empezó con Bush y que Obama, a pesar de todos los cambios de la política exterior, sigue en los mismo. La política de los Estados Unidos se basa en aprovechar un punto de apoyo muy firme que le queda, que es Colombia, para desplegar una especie de contraataque para recuperar el terreno que ha venido perdiendo en estos países. El convenio para usar las ocho bases militares lo indica de manera supremamente clara.

¿Le gusta el modelo de Chávez?

Chávez está en la misma onda de países latinoamericanos, en cuanto la inversión del Estado se dirige a lo social y el replanteamiento de las relaciones frente a Estados Unidos. Venezuela, siendo un país petrolero, tiene una política de rescate de su principal riqueza nacional. Y ha reorientado el gasto de Venezuela de manera sustancial hacia lo social. Pero Chávez tiene dos puntos de su política que son erráticos. Uno, es su amistad con las Farc, para decirlo de alguna manera. El hecho de que el estado venezolano tenga como política auspiciar, generar una buena imagen, o difundir la posición de las Farc, como lo hizo recientemente en este foro que justificadamente fue registrado con repudio, es una evidencia que no necesita más pruebas. Hay un nexo oficial entre el Estado de Venezuela y las Farc. Para procesos como el de Colombia, y para las fuerzas de Colombia que son similares a las que vienen haciendo un proceso de cambio en el continente, esto no es un efecto ventajoso, sino lo contrario. Esto confirma una imagen de la izquierda que ha sido muy perjudicial en Colombia.

¿Cuál es el segundo punto que no le gusta de Chávez?

El segundo es que hay cierta improvisación, superficialidad, fragilidad en la argumentación del Presidente de Venezuela, impropia de un jefe de Estado. Sus declaraciones caen a menudo en un terrreno de falta de fundamentación, de precipitud que no es en absoluto conveniente en las relaciones internacionales, y menos en momentos de una crisis como la que se vive entre Colombia y Venezuela. Venezuela tiene razón en el tema de las bases. En ese sentido, el recelo generalizado de los países no hace que Venezuela sea una excepción sino que confirma la regla. Esto no es un alarmismo infundado. Cualquiera que revise la historia de América Latina se da cuenta que está plagada de golpes de Estado, de desembarcos de Estados Unidos, especialente en el area del Caribe.

¿Girar a la izquierda no lo pone peligrosamente cerca de la guerrilla?

Tiene ese riesgo, pero es un riesgo inherente a una necesidad. La única manera que se pueda elevar sustancialmente el nivel de vida de la población -Colombia es uno de los países más desiguales del mundo- es con un enfoque básicamente de izquierda, aunque no significa que lo haga exclusivamente con la izquierda. Esto tiene que realizarse a través de una política de coalicion que cubra todo el espectro político, no solo el centro, incluso sectores que podrían llamarse la derecha civilista.

¿La guerrilla acabó las opciones de la izquierda en Colombia?

Soy confundador de una corriente que fue la que más tempranamente planteó dos cosas: que si la izquierda no se desvinculaba de manera inequívoca de las aventuras armadas, no tendría jamás opciones de gobierno. Con el Moir nos distinguimos del conjunto de la izquiera desde los 70.

Y la segunda apreciación básica, es que el cambio democrático no se puede hacer por una sola clase social, por un solo partido, un solo sector. No puede ser sino el resultado de una conjunción multiclasista, pluripartidista, una gran coalición de fuerzas muy heterogéneas. Lo hemos planteado antes del Polo.

En el Polo Democrático Alternativo (PDA) no parece tan unánime la distancia frente a la guerrilla

En el seno del PDA se da una vieja querella que se viene desarrollando en la izquierda desde tiempo atrás aunque no con tanta audiencia pública como ahora. Una tendencia que es renuente a condenar de manera explícita, abierta y categórica la insurgencia armada como vía para llegar al poder. Y que por consiguiente, es responsable de que cuando hay acontecimientos que ameritan ese deslinde pleno, inequívoco, entre el Polo y las fuerzas insurgentes, verbigracia, el asesinato de los diputados del Valle, verbigracia la manifestación del 4 de febrero del 2008 contra el secuestro y las Farc, se deje una impresión confusa, equívoca en la percepción nacional sobre la posición del Polo. Una percepción que por supuesto es sumamente aprovechada por Uribe para salir con su vieja tesis de que toda posición de izquierda en el fondo le hace el juego a la guerrilla y el terrorismo.

Increíble que todavía discutan si apoyar o no la lucha armada.

Si, eso hace un tanto bizantina la discusión, en el sentido que puede ser un anacronismo. Pero en esa discusión se le va la vida al Polo y le puede ir la suerte al país, según sea la tendencia que prevalezca.

¿Cómo se ubica Petro en este paisaje de la izquierda?

El vocero más valiente, más claro, y representativo de la primera posición ha sido Gustavo Petro, que señala que la izquierda tiene que apartarse de la violencia, de la insurgencia armada, que debe hacer pronunciamientos muy diáfanos y definidos contra el secuestro y la guerrilla.

Petro pareciera irle muy bien afuera del Polo y por el contrario, ejercer poco liderazgo hacia dentro del Partido. ¿Es correcta esa percepción?

El gran avance es que la política de deslinde con la lucha armada y el planteamiento de una coalición pluripartidista ganó en la consulta del Polo. Cuando se creía todo lo contrario, adentro y afuera. La victoria de Petro es inesperada, es una sorpresa, indicativa de que hay un vigor en esta tendencia democrática.

¿Pero sí tiene Petro suficiente liderazgo en el Polo? Ver a Jaime Dussán de presidente del partido confunde.

El Polo es una colectividad muy democrática. Lo que esto refleja es que hay un proceso deliberativo, muy fluido, pero cuya línea básica es ascendente. Lo de Dussán es un vestigio, es un rezago, pero no es lo principal.

¿Cree que Petro podrá superar el techo del 10 por ciento que le dan los analistas?

Si uno ve los últimos meses, lo que se constata es que el único liderazgo que ha crecido con gran velocidad es el de Petro. Petro gana la consulta el 27 de septiembre, y hay una especie de salto, pasa al segundo lugar con Uribe, desde luego con una diferencia grande. Y sin Uribe, en una encuesta simultánea queda en el primer lugar, empatado con Juan Manuel Santos. Esto revela una cosa: que el liderazgo de Petro no es únicamente atrayente para sectores de izquierda, que hay sectores del centro, sectores conservadores, sectores uribistas que se pueden clasificar civilistas, que están contra la reelección y que no descartan un acercamiento con Petro. Desde luego, no se ha consolidado esa tendencia, pero es una tendencia presente.

Cambiando un poco de tema, usted se enfrentó en las elecciones para la Alcaldía de Magangué con el candidato de ‘La Gata’. ¿Cómo ve ahora en estas elecciones el poder de las mafias?

En Magangué en esas elecciones se puso en práctica a nivel micro la política de coalición. Allí se constituyó una coalición de nueve partidos contra el candidato de ‘La Gata’, con un candidato que proviene del Polo y con solo dos partidos de oposición. Las demás fuerzas son partidos que están con el gobierno a nivel nacional como Cambio Radical, el Partido Conservador, Convergencia Ciudadana e incluso el segmento local de la U. A pesar de esa coalición, ganó el candidato de ‘la Gata’. Hicieron una alteración del censo electoral, hubo un informe de la OEA, de la MOE, hubo mil evidencias. Pero es evidente que esta señora tiene una protección, hay una laxitud del gobierno central. La ponen en libertad en la época de elecciones, a pesar de que tiene tres procesos: por homicidio agravado, lavado de activos, y concierto para delinquir. Con libertad provisional, ella dirige la campaña en el terreno. Esto lo ordena un fiscal nacional.

¿Cree que ese esquema se repetirá a nivel nacional?

Es evidente que hay un pulso entre esa alianza que representa Uribe, integrada por el paramilitarismo, el narcotráfico y un buen segmento de la política tradicional, de un lado, y del otro, el paisano, la fuerzas democráticas, no de izquierda, sino de un amplio espectro, que incluye sectores de la derecha, que incluye un gran centro y por supuesto, la izquierda. Ese pulso se está librando. Desafortunadamente, el uribismo es más consciente y está más organizado, y además tiene poder del Estado.

¿Por qué dice que el paramilitarismo y el narcotráfico forman parte de la alianza uribista? Al fin y al cabo, el Presidente extraditó a todos los jefes paramilitares y a decenas de capos del narcotráfico.

Si se ven en su conjunto, se ven las diferencias. Lo primero de Uribe es querer darles la posibilidad de hacer política, eso es lo que anticipa la llegada de Mancuso al Congreso. La política inicial que Uribe propone es de impunidad completa, de restitución de los derechos políticos a los paras, de ninguna reparación a las víctimas, ese es el proyecto inicial. Encontró unos escollos que no pudo superar completamente, de carácter institucional, de carácter político, público. En Colombia se generó una opinión pública nueva que no acabó con la laxitud, con la permisividad frente al paramilitarismo, pero que si lo cuestionó. Por eso, tuvo que adecuarse el proceso a eso.

En estas elecciones no se percibe que haya la misma intimidación armada de años anteriores

Hay una recomposición del paramilitarismo, de manera que estos nexos entre alcaldes, gobernadores, Fuerzas Armadas, Ejército y Policía están lejos de haberse acabado. Lo que uno puede ver es que de los 80 parapolíticos involucrados, la influencia es muy evidente, muy acusada, y muy efectiva a través de una parentela larga y de una cadena de testaferros muy actuante. Se ha atenuado, eso sí, la intimidación directa. Pero eso está latente, eso se puede poner en movimiento en cualquier momento. Además, hay ríos de dinero en esta campaña, de parte de estos sectores que van a jugar un papel determinante en la composición del Congreso.

¿Y qué es exactamente lo que usted ofrece cambiar si llega al Congreso?

Un punto de vista, una manera de hacer política, cierta experiencia de los gobiernos de Bogotá que tienen realización en materia de educación, de lucha contra el hambre.

¿Va a mostrar a Samuel Moreno como ejemplo?

Ahí hay elementos complejos, heterogéneos. Pero a pesar de todo, lo de educación en Bogotá sigue siendo de mostrar. La proporción de la inversión, la continuación de la política de los megacolegios, la restauración de más de 200 colegios, la gratuidad de la educación de grado 0 a grado 11, el esfuerzo actual de la politica educativa de elevar la calidad, son logros, señalan un camino a seguir.

Díganos un logro que espera conseguir en el Congreso si sale elegido.

Una de las cosas más importates que hay que hacer en Colombia es reversar las privatizaciones.

¿Todas?

Las que se puedan. El colapso de la salud pública tiene su origen en la ley 100. El problema de las altas tarifas de los servicios públicos, de la reestratificación de la gente. Si se lograra tumbar algunas de estas leyes, se habría avanzado. Derogar la ley 100, los decretos de emergencia social que lo que hacen es apuntalar la ley 100. Si se echa abajo la ley 100 y se reemplaza por un estatuto nuevo, cuya característica sea que no esté regida por el mercado, eso sería un gran logro.
Leer más...

Metrallo

Por: Alfredo Molano Bravo

QUIZÁ FUE LA CERCANÍA DE LOS JUEgos Suramericanos que se realizarán en la ciudad en marzo próximo, quizá la cercanía de las elecciones legislativas y las presidenciales, quizás un mero afán evangélico, las razones escondidas que llevaron a un grupo de ciudadanos notables —la palabrita es peligrosa— a tratar de acordar una tregua con las 2.000 bandas que, se dice, oficialmente existen en Medellín.

Las empresas que harán buenos negocios alrededor de los juegos —construcción, turismo, transporte, bares, tiendas de moda— hicieron cuentas y se unieron a la iniciativa: una ciudad donde en un solo mes hubo 1.800 muertos no tiene —como dirían— presentación. Con tal imagen pública los cálculos se van al suelo. Razones de economía simple. Las elecciones también cuentan. Sergio Fajardo es candidato a la Presidencia —con serias opciones— y su nombre está asociado a obras vistosas y útiles de servicio público. Las cifras rojas le mueven la silla a su heredero, Alonso Salazar, y de paso arrastran la imagen de buen muchacho que tiene Sergio. Dirán en el alto Gobierno: ¡A Fajardo hay que pararlo! No sólo agitando las cifras de muertos, robos, extorsiones, sino metiendo la mano en la pelea de unas bandas contra otras al ofrecer recompensas a estudiantes por delación. Así, la imagen de un Medallo ensangrentado jugará contra Fajardo. La Iglesia, sin duda, ha visto la tragedia. Conozco a monseñor Giraldo y sé de su fe, y de su buena fe, y creo que nunca ha dejado de buscar la paz porque sabe cómo se alimenta la guerra y quién lo hace.

El gobierno de Uribe se comprometió con los esfuerzos del grupo de notables. Después sacó la mano cuando estrategas electorales de Gobierno advirtieron el error. Frank Pearl es, como algunas mujeres, un hombre “fácil”. Uribe desautorizó la comisión de notables, que ya había logrado una tregua y un acuerdo de distensión entre los jefes principales de las bandolas de las comunas. A Uribe le han funcionado la guerra y la sangre como estrategia electoral. Así que, ordenó, los 20.000 muchachos armados que controlan Medellín deben ser reducidos a bala. El esquema es el mismo que usó contra las guerrillas desde 2002 y que, con astuta paciencia, arma contra Venezuela. Como se sabe hoy, los Héroes de Don Berna y los Héroes de la Oficina de Envigado fueron grupos de las Auc que entregaron los uniformes que estrenaban para la ceremonia, y claro —¡cómo no!—, unas pocas armas a cambio de plata contante y sonante pagada mes a mes. También les dieron otras gabelas: un par de talleres de relaciones públicas y la transformación de sus combos en ONG. El engatuse duró mientras duró la plata. Entonces, el plan cambió: soltaron los combos a hacer su ley. Y la impusieron. Muchachos acostumbrados a “tirar pinta”, comer bien, ayudarle a la mamá y beber fino —y, para ajustar, desempleados—, pues a la de siempre: al rebusque con la pala, con la pistola, con la metra.

Los combos son jerárquicos, los mandos se ganan matando y se alimentan cobrando impuestos, vacunas, extorsiones —o como se llamen—, y para hacerlo hay que controlar territorios calle por calle, casa por casa, comuna por comuna. Sin duda, parte de la red es de estupefacientes al detal, pero la gran estructura es la de la extorsión sobre todo negocio, desde la chaza hasta el supermercado —una forma de seguridad, digamos, plebeya—. Más allá, cobran a los contratistas de obras públicas, y no pocos son contratistas. Así se constituyen en autoridad e imponen su ley. El Gobierno las sindica de ser organizaciones de la mafia y sin duda tienen negocios con ella. Una vez definidas como narcotraficantes, a los muchachos se les puede aplicar todo: ley de fuga, falsos positivos, extradiciones. Y sobre todo, administrar el orden público —que no es controlarlo— en función de los intereses políticos y electorales del Gobierno. Razón por la cual se esconden las raíces sociales del problema, que son las que, sin duda, el grupo de notables ve. Una cosa es tratar de resolver el problema, y otra, utilizarlo. Dos modos distintos de gobernabilidad.
Leer más...

Entrevista sobre la Educación Superior con Marcelo Torres candidato al Senado por el Polo

Usted fue uno de los más caracterizados dirigentes de las gestas revolucionarias del histórico movimiento estudiantil de 1971 en defensa de una educación científica al servicio de los más amplios sectores de la población colombiana. ¿Persiste hoy en sostener la misma reivindicación?

He persistido incesantemente en ella. Y hoy presento argumentación aun más contundente para sostener que la grandeza cultural, la fortaleza económica y la democracia de la nación colombiana no podrán construirse, particularmente, sin una educación superior con los más altos estándares de calidad, cimentada en el rigor científico y en la democracia en el acceso.

En muchos escenarios usted ha sido asociado con la defensa del carácter público de la educación superior, ¿esto significa que la universidad pública es buena y la privada es mala?

El carácter público o privado en sí mismo no determina el prestigio o la calidad de una institución de educación superior. Insisto, hablo solamente del prestigio. Lo que sí puedo afirmar es que ninguna universidad de carácter privado deriva su prestigio de la simple financiación proveniente de sus matrículas; véanse, por ejemplo, los casos de Harvard o Stanford en Estados Unidos. Los recursos de origen público son determinantes en la calidad de la educación superior de una nación y, sobre todo, son imprescindibles para evitar la exclusión de los jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos, quienes carecen de recursos para sufragar el valor de matrículas, que les son prohibitivas.

Más allá de la equidad en el acceso a la educación superior, ¿cuáles serían los efectos deseables de la financiación pública de la educación superior en materia de calidad?

El concepto misional de la educación superior abarca la educación, la investigación y la proyección social. Independientemente del énfasis que se haga en cualquiera de estos componentes, su cabal cumplimiento dependede una infraestructura física, un talento humano profesoral, y unas condiciones de servicios de bienestar de las más altas calidades que no se pueden asegurar sin asignaciones presupuestales sustanciales, oportunas y suficientes. El carácter público de esas asignaciones es garantía fundamental del cumplimiento de estos requisitos de calidad.

Su insistencia en la financiación pública de la educación superior indicaría que es la sociedad, a través de sus tributos, la que tendría que costear esencialmente la educación superior. Esto parece presuponer que usted anticipa que la educación superior sólo produciría beneficios públicos para la sociedad. ¿Es así?

La educación superior produce beneficios tanto privados como públicos. Los resultados de la investigación básica de la academia son utilizados para la innovación tecnológica de los propietarios del capital de la industria y los servicios; estos utilizan talento o capital humano, profesionales y científicos formados por las instituciones de educación superior. A su vez, los egresados de estas instituciones mejoran sus ingresos salariales. Indudablemente, estos son beneficios privados. Pero los beneficios públicos de orden económico, cultural y social son inestimables, inconmensurables.

Su afirmación sobre los beneficios públicos me parece un tanto genérica. ¿Cuáles serían esos beneficios públicos que ameritarían que los costos de la educación superior deban ser socializados, a pesar de que usted reconoce que existen evidentes beneficios privados?

Los beneficios públicos, en ocasiones denominados externalidades positivas por algunos economistas, son reconocidos como verdaderos valores estratégicos del conjunto de la sociedad. Entre estos valores se pueden citar la generación de diversidad y capacidad para responder a grandes desafíos, el logro de mayores niveles de productividad, el incremento en la captación de impuestos, la formación de ciudadanos con mayores compromisos cívicos y de participación democrática, poseedores de elevados sentimientos de comunidad y solidaridad, respeto por los valores éticos y los derechos humanos, entre otros. Estos beneficios sobrepasan de lejos los beneficios privados concedidos por la educación superior.

Pareciera que usted comparte que la educación superior debe satisfacer el interés del sector productivo privado; ¿no es esto algo poco común o contradictorio con la posición de la izquierda tradicional de concebir la universidad esencialmente para la crítica?

La universidad del mundo desarrollado comúnmente sirve a dos propósitos: 1. Producir conocimiento básico y talento humano útil para la innovación tecnológica, comúnmente en manos del capital privado, y 2. Nutrir, con conocimiento derivado de la investigación, a las organizaciones sociales que confrontan y critican el orden económico, social y político imperante. Aunque hoy a menudo se difunde la retórica de la interdependencia de las naciones, no se puede soslayar que la dependencia económica, política y cultural de las naciones en desarrollo se debe, entre otros factores, a la debilidad de la relación entre las instituciones que generan conocimiento básico y los actores inmersos en la vida material representada por la esfera económica. Sin embargo, hay que insistir en la importancia de la educación pública en la generación de conocimiento y riqueza, sobre bases justas, y en provecho de toda la población, estos son aspectos de los que depende la autonomía de una nación.

Excúseme que insista. ¿La izquierda democrática que usted representa sí está dispuesta sinceramente a promover una educación superior con las características del mundo desarrollado?

No hay nada más revolucionario que dotar a la nación colombiana de una auténtica plataforma de producción de conocimiento científico y tecnológico, una educación superior ligada al desarrollo material e intelectual de la sociedad como un todo. El conocimiento, no de ahora sino de siempre, ha sido el fundamento del desarrollo de la humanidad. Su producción, su crecimiento exponencial y su asimilación imponen la necesidad de contar con prestigiosas universidades que den soporte a la intensificación en conocimiento de los diversos segmentos de los bienes, servicios y procesos. Una auténtica izquierda democrática no puede dejar por fuera de su agenda este transcendental propósito nacional.

Según esta tesis, ¿la universidad produce conocimiento y el sector productivo lo aplica exitosamente?

La traducción de la investigación en invención, en innovación y éxito en el mercado no es automática ni directa. Factores de orden económico, político y cultural inciden en este deseable tránsito, lo cual se explica por el éxito diferencial de los países que realizan importantes inversiones en investigación y desarrollo. Pero lo incontrovertible reside en que no existe país desarrollado alguno que no posea prestigiosas universidades ubicadas en destacados lugares de la clasificación de las mejores universidades del mundo. Además, se debe contar con un sector productivo dispuesto a intensificar en conocimiento sus actividades, a incrementar el valor agregado de sus bienes, servicios y procesos. El talante de mercader pre-capitalista no contribuye al desarrollo económico moderno.

Muchos lo reconocen a usted como contradictor incansable del neoliberalismo. ¿Cuál es su evaluación de las políticas neoliberales en educación superior?

Responsabilidades sociales como la educación y la salud no pueden ser dejadas al libre juego de las fuerzas del mercado. Se debe reconocer que la lógica neoliberal de mercado ha tenido poca aplicación en los países desarrollados, no obstante algunos embates particulares. Esto es debido a que atenta contra la producción de conocimiento básico, que es fundamental para la innovación tecnológica. En esos países, en una alta proporción, la producción de conocimiento básico tiene lugar en la academia, y esta no ha sido confiada a las fuerzas del mercado sino que ha sido asegurada a través de una fuerte inversión de recursos públicos. El sector privado sólo invierte en aquello que le asegure un retorno a la inversión en el muy corto plazo, y ese no es precisamente el caso del conocimiento básico.

Pero, en concreto, en nuestro país, ¿en qué se ejemplifica la política neoliberal en educación?

Hace más de cuatro décadas, organismos supranacionales “aconsejaron” al país dejar de invertir recursos públicos en educación superior y a cambio promover la universidad privada. Estos organismos multilaterales, controlados por países desarrollados, prescriben para los países en desarrollo las políticas más neoliberales y el abandono de las responsabilidades sociales del Estado. Sin embargo, ellos no han cesado de invertir recursos públicos en educación superior, un factor decisivo que hoy explica gran parte de su desarrollo. Hasta hace pocos años, llegamos a tener en Colombia el 70% de la matrícula universitaria en instituciones privadas, pero hoy ese porcentaje ha decrecido a cerca de 52% por efecto de la crisis económica y algún incremento de la matrícula en universidades públicas. Es decir, en Colombia la educación superior ya se había mercantilizado mucho antes de la ola neoliberal reciente.

Hasta el momento usted ha descrito, explicado y hasta criticado aspectos centrales de la educación superior. Al llegar al Senado para el período 2010-2014, ¿cuál será su propuesta al respecto?

Mi labor legislativa abarcará la instauración de un marco legal que fortalezca la autonomía universitaria e incremente efectivamente la financiación pública con el fin de formar, sin exclusiones, ciudadanos libres, democráticos y críticos, comprometidos con la generación y asimilación de conocimiento y con el desarrollo económico, social y cultural de la nación colombiana.

Pero más allá de los principios, ¿qué aspectos concretos caracterizarán sus iniciativas legislativas en educación superior?

Se hace inaplazable el incremento de la financiación pública. Desde 1992, el presupuesto de las universidades públicas se encuentra congelado, al establecerse en la Ley 30 de ese año, que este se incrementaría al menos con el índice de precios al consumidor (IPC) causado. Tramitaré que el presupuesto base se incremente anualmente en al menos 2 a 3 veces el IPC causado; y aportes adicionales equivalentes por lo menos al porcentaje del incremento real del producto interno bruto, con el fin de estimular la calidad en la docencia, la investigación y la proyección social. Presentaré la iniciativa adicional del incremento de la infraestructura física y profesoral para duplicar en cuatro años, con calidad y sin hacinamientos, la cobertura en la matrícula, la cual hoy se encuentra en apenas el 30%.

¿No le parece que tales incrementos presupuestales suenan irrisorios para atender la investigación?

Los montos antes señalados se refieren al componente misional de educación, es decir de formación. Sobre la investigación, debo mencionar que recientemente se expidió una ley sobre ciencia y tecnología, que más allá de reconocer varios principios y la importancia de la investigación, no asumió un compromiso financiero distinto a lo de siempre. Aunque se reporta de manera laxa que la inversión de Colombia en Investigación y Desarrollo (ID) es de alrededor de 0,48% del producto interno bruto (PIB), la asignación en investigación propiamente dicha a través de Colciencias no llega a 0,1% del PIB. En cambio, los países desarrollados invierten en ID de manera efectiva entre el 2 y el 3,5% del PIB. Mi iniciativa en el Congreso apuntará al trámite de una ley que comprometa de manera inmediata recursos públicos para investigación no inferiores al 1% del PIB.

En resumen, ¿cuáles son los aspectos específicos de la situación actual de la educación superior sobre los que usted trabajará y por los cuales considera que el elector debe votar por usted?

Trabajaría porla democratización en el acceso.Ningún joven colombiano puede ser excluido del derecho a la educación terciaria (técnica, tecnológica o profesional). La formación doctoral de nuestros profesores universitarios, hoy solo del 4%, debe ser financiada por el Estado. Se le debe poner fin a la incoherencia en las políticas, los fines y las metas nacionales. El fortalecimiento de la internacionalización y la investigación son necesidades impostergables. La actividad académica necesita una urgente dignificación mediante mejoras salariales y mayores incentivos a la producción intelectual y la calidad de la docencia. Se requiere la incorporación de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones, y fortalecer las relaciones del aparato educativo en su conjunto y con el sector productivo nacional. El comienzo de la solución a estos males reclama la urgente asignación de recursos públicos y un patriótico compromiso con la suerte de la nación colombiana. Este es mi compromiso.
Esta propuesta sobre la financiación de la universidad pública que usted presenta como parte de la acción legislativa de la izquierda democrática, es una crítica contundente al gobierno uribista y obviamente constituye un llamado para elegir Presidente a Gustavo Petro...

Indudablemente. Ocho años de gobierno uribista han sido más que suficientes para constatar que este gobierno no ha tenido el más mínimo compromiso en incorporar nuestra educación superior a los estándares internacionales de calidad académica ni al desarrollo científico y tecnológico. La ampliamente publicitada consigna del gobierno de Uribe se ha reducido a “hacer más con lo mismo o con menos”; es decir, la perpetuación del atraso de nuestra plataforma de generación de conocimiento científico y tecnológico. La presidencia de Gustavo Petro representará la más segura garantía de la implementación de las reformas estructurales y urgentes que la educación superior colombiana está reclamando.

No sobra anotar que, las consecuencias de la continuidad de Uribe o del uribismo en el Ejecutivo se pueden desde ya anticipar al observar la actual iniciativa de reforma de la Ley 30 de 1992, dirigida al desmonte de su artículo 86, lo que permitiría asignar el presupuesto de la educación superior con fundamento en indicadores neoliberales, como el costo por estudiante. De esta manera se eludiría cualquier compromiso con el incremento real de la financiación pública de este nivel educativo.
Leer más...

Los bio-combustibles y el bio-paramilitarismo: La culebra de dos cabezas

En la Finca Palo Alto afiliarse a un sindicato es el pasaporte para que a uno le llenen el cuerpo de plomo. De los 200 trabajadores y trabajadoras que hay en la finca, 185 decidieron sindicalizarse y por esa razón fueron reprimidos a balazos por un grupo de matones al servicio de la empresa. Entre ellos hay tres mujeres embarazadas.

“¡Salgan que venimos a matarlos! ¡No se escondan!”, vociferaron los mercenarios de la Palma, y luego comenzaron a tirar. Dispararon a cara descubierta, desafiantes, desde la arrogancia de quien sabe que en Colombia la impunidad alimenta las armas y la cacería de sindicalistas está abierta todo el año.  
 
Cuando los trabajadores decidieron afiliarse al Sindicato, el pasado 23 de diciembre, los sindicalistas asesinados en Colombia en 2009 sumaban 37, y de ellos 16 eran dirigentes. Siete de cada diez sindicalistas asesinados en el mundo, en ese año, eran colombianos.
 
Para los sectores oligarcas el que entra a un sindicato: “se jodió”. Es un hereje en la tierra santa del neoliberalismo, un terrorista para el fundamentalismo de mercado, y esto explica por qué en los últimos 23 años han sido asesinados en Colombia 2.708 sindicalistas.

 
Plantación adentro, Estado afuera
La República de la Palma

Cuanto más avanzan las plantaciones, más profundo y solitario se contempla el socavón verde de la palma, donde el Estado se paraliza y desvanece. Un vértigo extraño le impide aproximarse y mirar. Sin embargo, hay veces que tras un enorme sacrificio, el Estado logra acercarse al borde de ese abismo, pero el pobre no puede abrir sus ojos.
 
Los mayorales de la Palma saben que al Estado y al gobierno se le aflojan las piernas en la plantación, por eso la gente allí podrá encontrar un trabajo, pero de seguro no encontrará un solo derecho.
 
No es casualidad que los trabajadores que ocupan la finca de Palo Alto estén reclamando el pago de salarios, primas, cesantías, los intereses de esas cesantías, el subsidio familiar y siete años de cotización al seguro social.
 
Estos esclavos modernos ganan en promedio 230 dólares, unos 30 dólares por debajo del salario mínimo. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en Colombia se necesitan dos salarios mínimos para que una familia no se muera de hambre.  
 
Es muy difícil entender cómo en esas condiciones feudales de trabajo y de extrema violencia, el desarrollo de la Palma Africana favorecerá el progreso de la gente y de su calidad de vida, como lo afirma el presidente Álvaro Uribe.
 
La Palma Africana, en Colombia y el resto del mundo, lo único que reparte, hacia abajo, es violencia y pobreza.


 
Las bio-cooperativas
Los cuervos al acecho

A un mes de la ocupación de la finca, el Ministerio de Protección Social envió a la doctora Luz Stella Veira para encontrar una solución al conflicto. La incursión de la representante del gobierno en la República de la Palma duró apenas unas horitas.
 
“¡Venga, y conocerá lo que es el camino de la muerte!”, le hicieron llegar como mensaje de bienvenida. De ahí en adelante, el Ministerio entró en pánico y hasta ahora se muestra absolutamente incapaz de hacer cumplir la ley para el reconocimiento del Sindicato y el inicio de las negociaciones del Convenio Colectivo.
 
Por su parte, el alcalde del municipio de Pueblo Viejo en coordinación con la Policía Nacional, muestran el lado obsecuente y servil de las autoridades locales, autorizando el ingreso a la finca en conflicto de un grupo de nuevos trabajadores.
 
En río revuelto, agazapadas, aguardan turno las cooperativas de trabajo asociado, un eufemismo que esconde un escandaloso sistema de tercerización, donde la gente debe trabajar innumerables horas extras, domingos y festivos sin que se les pague un solo peso adicional, y muchas no pagan seguridad social.
 
La Finca Palo Alto pretende deshacerse de sus trabajadores directos, y contratar mano de obra por intermedio de estas “cooperativas”.  
 
No hay cultivo que haya desplazado más campesinos en Colombia que la Palma Africana. Es el “napalm” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo derecho.
 
Desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas.  
 
El presidente Álvaro Uribe quiere que Colombia sea en 2020 “la Arabia Saudita del biodiesel”. Nos lo imaginamos: un gran desierto, una monarquía oligárquica y un marketing millonario llamando a utilizar los “bio-combustibles” colombianos para salvar al planeta.

Por Gerardo Iglesias
Rel-UITA
Leer más...

Los docentes provisionales víctimas de otro tipo de violencia

Por Yesid Quiroga.

Los maestros que se desempeñan en calidad de provisionales no tienen garantías laborales de ningún tipo, viven angustiados y a la espera de la resolución que los deja sin puesto o los reubica en cualquier parte.

Los provisionales parecen gitanos, deambulan de región en región y de institución en institución porque no tienen plaza asignada. Esa inestabilidad no sólo afecta sus vidas sino la de sus estudiantes porque cuando el proceso comienza a dar resultados llega la resolución que los traslada o lo que es peor les cancela el contrato.

Para María Antonieta Cano, docente provisional, esta situación conlleva a que la estabilidad de los mismos estudiantes se vea afectada en el proceso académico que se lleva, porque ya sea por condiciones políticas, financieras o simplemente porque llegó alguien que requería la plaza los docentes son trasladados dejando inconcluso el proceso formativo.

Pero la inestabilidad no es el único lastre, el no ser profesores nombradosen propiedad les prohíbe participar en las evaluaciones de competencias para ascender en el escalafón y mejorar el salario y los vuelve vulnerables ante los rectores porque cuestionar una orden puede acarrear su salida de la institución.

María Antonieta Cano manifestó que cuando un docente provisional, como ella, se ve interesado en participar de movilizaciones, asambleas o en general de las actividades a las que convocan los sindicatos como la ADE y FECODE los rectores inmediatamente ven en esos maestros un peligro para la estabilidad de sus instituciones educativas que conlleva a una persecución laboral y hasta el despido del colegio como le ocurrió a ella.

Lo que si no es provisional es la sensación de incertidumbre, ansiedad y no futuro, porque permanentemente piensan en que pueden engrosar las filas de desempleados y poner en riesgo sus vidas y las de sus familias.

Jorge Lozano, docente provisional, comentó que todos los que se encuentran en su misma condición están en un limbo laboral que afecta su quehacer educativo, pues no pueden trabajar tranquilos por estar pensando todos diariamente si hoy será el día en que los saquen, por ello hizo un llamado a las directivas, a los compañeros de FECODE, la ADE, la CUT y a todos los sindicatos para que le colaboren a los maestros que están en condición de provisionalidad.

En el último concurso que hizo la Comisión Nacional del Servicio Civil, María Antonieta obtuvo el puntaje necesario para ser nombrada en la planta del Distrito, Jorge lamentablemente no contó con la misma suerte y aunque en tutelo el ICFES nunca le contestó cuales fueron sus falencias.

“El Gobierno Uribe no ha hecho nada en procura del bienestar de nosotros” aseguró Jorge Lozano, docente provisional, es más nos quiere sacar y el resultado de eso fue el último concurso que realizó donde más de cuatro mil docentes provisionales quedarán sin empleo.

Ellos y los miles en su condición piden que se acabe la provisionalidad, que las 32 mil plazas de educación física y artes que se suprimieron con el recorte a las transferencias vuelvan a suplirse y que los faltantes de docentes en cada institución se cubran definitivamente con quienes hoy son provisionales, porque sólo así tendrán estabilidad laboral, salarial y sicológica.

Tomado Fecode.org.co
Leer más...

Conflicto en Finca Palo Alto





















02/02/2010
Fotos: SINTRAINAGRO

La empresa Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa se niega a reconocer al Sindicato
Leer más...