Miembros del sector democrático del Polo en Antioquia e independientes deciden apoyar a Antanas Mockus el próximo 20 de junio

En reunión sostenida el día jueves 17 del presente mes, en la sede de la campaña de Antanas Presidente, los abajo firmantes, líderes sindicales, comunitarios, estudiantiles, afiliados al PDA y personajes independientes de la academia y del sindicalismo, expresaron a los representantes en Antioquia de la mencionada campaña, su decisión de acompañar e invitar a sus amigos a votar en contra del continuismo uribista, representado por Juan Manuel Santos, respaldando la fórmula Antanas-Fajardo.

Los criterios que sustentan esta decisión tienen que ver con tres aspectos importantísimos para el futuro de Colombia: el rechazo por parte del candidato del partido verde de la parapolítica, cáncer que ha venido carcomiendo a la sociedad colombiana y que Gustavo Petro valientemente ha denunciado. Lo segundo tiene que ver con la expresión sin ambigüedades del respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas del país, las cuales están asediadas y han sido irrespetadas por el actual gobierno. La democracia es una “frágil dama” que corre grandes riesgos en nuestro país y por lo tanto, ningún demócrata puede ser indiferente a la tendencia reinante de la concentración del poder.

Finalmente, registramos como otro antecedente central en esta decisión política, la pulcritud en el manejo de los recursos públicos por parte del candidato Mockus y de los otros ex alcaldes que lo acompañan, cuando tuvieron la responsabilidad de administrar las ciudades de Bogotá y Medellín, es decir, valoramos profundamente el rescate que se hará de las rentas públicas con la presencia del Dr. Mockus en la casa de Nariño, las cuales tendrán que contribuir a paliar la grave crisis social que flagela a un altísimo porcentaje de la población colombiana.

Medellin, junio 18/2010

Carlos Julio Diaz. Presidente sub directiva CUT –Antioquia.

Pedro Barbosa. Fiscal sub directiva CUT Antioquia y Vicepresidente subdirectiva Sintrainagro- Turbo.

Rosamerica Peñaloza. Secretaria Subdirectiva CUT Antioquia.

Valerio Maza. Presidente subdirectiva Sintrainagro-Apartadó.

Angel Machado. Presidente Sintraexpoban-Turbo. Independiente.

Victor Marquez. Sindebracol - Turbo. Independiente.

Dagoberto Rivas. Presidente Sub directiva ADIDA – Apartado.

Alfonso Pérez. Dirigente político Apartado.

Karen Ramirez. Jóvenes con Petro-Antioquia.

Pedro Luis González. Jóvenes con Petro – Antioquia.

Eliseo Arango. Presidente Asociación de Pensionados de las Telecomunicaciones APETELECOM y Secretario en Antioquia de Nueva Democracia.

Ricardo Torres Ch. Secretario PTC Antioquia.

César Yepes. Pensionado U de A. Independiente.

Jaime Vargas. Presidente Fundación por los Derechos Ciudadanos.

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Nuevo proyecto de Estatuto Único Docente de Fecode

Última versión del Proyecto de Estatuto Docente redactado por la Dirección de FECODE y que se pone a consideración del magisterio.

Invitamos a los compañeros y compañeras docentes a leer el texto y dejar sus comentarios.

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La lucha contra la candidatura uribista no es la abstención

Declaración del PTC, integrante del Polo Democrático Alternativo

A manera de fraternal llamado a la reflexión a la Dirección del Polo

De modo infortunado para el país, la reciente decisión de la dirección nacional del Polo llamó a los colombianos a no votar por ninguno de los candidatos presidenciales que van a la segunda vuelta. Infortunado, porque, según se ha conocido, en dicha vuelta final la candidatura del continuismo uribista contará con nuevos respaldos. Porque, de ganar esta, la de Juan Manuel Santos, estaríamos ad portas no solo del mantenimiento del injusto régimen económico y social imperante, sino del completo desmantelamiento del Estado de derecho, con todas sus consecuencias. Y porque, ante tal desenlace, el Polo tendría que cargar nada menos que con la responsabilidad de haber negado su concurso para intentar impedir tan nefanda victoria.

En la Colombia de hoy, la abstención –o el voto en blanco, que políticamente viene a ser lo mismo- significa el marginamiento de la lucha política. E implicaría que la candidatura del continuismo del régimen uribista, a la cual identificó el sentimiento de la Colombia progresista como su blanco de ataque, ya no lo es y que da lo mismo un gobierno de Santos que uno de Mockus. En la actualidad, la abstención no sólo no cuenta con condiciones para boicotear las elecciones presidenciales o para generar siquiera consecuencias positivas de importancia, sino que, ante el crecimiento de las fuerzas democráticas y el despertar a la vida política de un considerable sector de la población –especialmente de jóvenes y adolescentes−, no es justo que la fuerza más avanzada de la democracia colombiana, el Polo, sea la que llame al estéril camino de la abstención.

En cuanto permitió al país vislumbrar la posibilidad de un cambio, la candidatura verde se constituyó en un elemento clave de la actual campaña presidencial. Mockus no representa el continuismo uribista. Su acento en la legalidad es un elemento progresivo determinante en la Colombia de hoy. Va en contravía de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de la cultura mafiosa, de la política de sometimiento de los poderes distintos al Ejecutivo y de los procederes ilegales e intimidantes de este contra la oposición, los jueces, los periodistas independientes y los líderes sociales. La democracia política y el Estado de derecho son esenciales para que los trabajadores y el resto del pueblo puedan proseguir, en mejores condiciones, y en el campo de la contienda política legal, su lucha por un régimen democrático y un nuevo modelo de bienestar y progreso, en contra del Estado neoliberal sometido a las multinacionales y del Estado corrupto y clientelista. Por consiguiente, el Polo debería haber mantenido el propósito de respaldar la candidatura verde, incluso sin condicionantes programáticos. Ni entrega ni cheque en blanco alguno significaría tal actitud. Simplemente, porque con ese apoyo apuntaríamos a suprimir el principal problema del país de hoy, que es el poder de la mafia y del paramilitarismo en la dirección del Estado. Puesto que vale más un buen paso en la acción que cien programas (¡Y vaya paso!).

Es evidente que la responsabilidad de que no haya podido concretarse el esperado acuerdo entre el Polo y la campaña de Mockus es de la dirección de los verdes. También, que profesan y practican una concepción que obstruye la necesaria coalición de las fuerzas democráticas y populares. Asimismo, que una parte sustancial de sus planteamientos, como algunos actos suyos muy significativos, que no compartimos, los identifican con el nefasto esquema que ha generado un acentuamiento de la desigualdad social y de la miseria, al igual que de la opresión extranjera norteamericana sobre el país. Planteamientos que, convertidos en políticas de gobierno en la eventualidad de una presidencia verde, enfrentaríamos sin falta. Con todo, es la candidatura que logró reunir la mayor fuerza en pro de que Colombia doblara la página de la tiranía uribista, y aunque solo fuese por ello, merece el respaldo de los demócratas de la nación.

Un nuevo reagrupamiento de las fuerzas democráticas del país viene poniéndose en marcha. Sus efectivos se cuentan en las filas del Polo, de los verdes, del liberalismo, del conservatismo y de la gente sin partido. De su plena conformación dependen las batallas por un porvenir venturoso de Colombia. Y el gran impulso al mismo consistiría en el cumplimiento de la política propuesta por Gustavo Petro y ganadora en la consulta con la cual el Polo lo escogió como su candidato presidencial: la promesa de respaldar al candidato que, enfrentando la candidatura del continuismo uribista, lograra la mayor ascendencia pública.

Comité Ejecutivo Central del PTC

Partido del Trabajo de Colombia, integrante de PDA

Marcelo Torres

Secretario General

Bogotá, 10 de junio de 2010

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La CSI responde al comunicado de prensa emitido por el Ministerio del Interior de Colombia en relación con su Informe

11 de junio de 2010: El Informe mundial de la CSI sobre derechos humanos y sindicales tiene por objeto presentar un panorama de las violaciones más significativas en 140 países del mundo, y en ningún caso busca desprestigiar a gobierno alguno, por el contrario buscamos llamar la atención, para que las situaciones en que se vulneran las libertades sindicales, los Estados y las organizaciones sindicales puedan buscar alternativas para superarlas.

La CSI y las centrales sindicales afiliadas, CUT, CTC y CGT, esperan que el gobierno Colombiano, en relación con la grave y persistente situación de violencia contra personas afiliadas a organizaciones sindicales reconozca la situación y no busque ocultarla con cifras y pronunciamientos que niegan la realidad.

La CSI recuerda al gobierno colombiano que según nuestras cifras Colombia es el lugar del mundo más peligroso para el ejercicio de la libertad de asociación, en Colombia se presentó el 63,12% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo durante la última década. Entre 1 de enero de 1986 y el 30 de abril de 2010, se han cometido al menos 10.887 hechos de violencia contra sindicalistas, de estos 2.832 han sido homicidios. Durante el período de Gobierno del Presidente Uribe han asesinado 557 sindicalistas. En el año 2009 se cometieron al menos 48 homicidios y en lo que va de 2010 se han asesinado 29 sindicalistas.

La CSI no desconoce de la existencia del programa de protección y de la unidad especial de fiscales, sin embargo, manifiesta su preocupación porque a pesar de estas medidas, se siguen asesinando sindicalistas y la impunidad se mantiene en el 97%.

La CSI espera que el Gobierno de Colombia cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Normas que en el año 2009 subrayó “que un movimiento sindical sólo puede existir en un clima exento de violencia, y urgió al Gobierno a que ponga término a la actual situación de violencia e impunidad a través de medidas y políticas innovadoras y eficaces aplicadas de manera continua.”

Si bien es cierto que Colombia no figuró en la lista de los 25 países a examinar en la Comisión de Aplicación de Normas, el Gobierno ha debido aceptar una misión tripartita de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo. “La OIT no envía una misión de esta envergadura a un país donde no hay violaciones de los derechos sindicales”, subrayó Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

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Agradecimiento de Gustavo Petro

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Carta abierta al Comité Ejecutivo del Polo

Bogotá D.C., 10 de junio de 2010

Apreciados compañeros del Comité Ejecutivo PDA:

La convocatoria de la Dirección del PDA para realizar hasta el 20 de junio una campaña denominada de “abstención activa” frente a las elecciones presidenciales me obliga a hacerles unas breves reflexiones, unas ya planteadas en las discusiones del Ejecutivo, y otras fruto del desarrollo de los acontecimientos políticos.

Es evidente que la responsabilidad de que no se haya llegado a un acuerdo programático entre el Partido Verde y el PDA corresponde a los primeros, que después de aceptarlo como consta en el documento redactado por el propio candidato presidencial de los verdes en reunión del jueves 3 de junio, ante la presión pública de Enrique Peñalosa, viraron ciento ochenta grados y descartaron cualquier posibilidad de acuerdo con otros partidos políticos. Lo más grave de esta decisión es que no corresponde a la necesidad principal de Colombia de unir todo lo susceptible de ser unido contra el continuismo uribista encarnado en la candidatura de Juan Manuel Santos.

Pero las erróneas decisiones verdes no pueden ser los argumentos principales para la toma de posiciones del PDA. No son los verdes quienes definen la táctica del PDA. La táctica del PDA, como Partido llamado a liderar la resistencia y la oposición al uribismo, la debe definir la defensa de los intereses de la nación y del pueblo colombiano. En ese sentido quiero expresarles mi desacuerdo con la decisión tomada porque ella coloca en el mismo nivel al candidato de la reacción con el del Partido Verde.

No desconozco, y lo expresé con claridad que suscitó “preocupación” de algunos compañeros del Ejecutivo, que las diferencias entre Mockus y el PDA son grandes, que en la campaña verde hay defensa de rasgos claves del nefasto modelo neoliberal, que es una posición atrasada y absurda no propiciar la unidad, por lo menos electoral, de los demócratas de Colombia. Pero ninguna observación crítica puede desconocer que la “legalidad” de Mockus y su apego a la Constitución, a las normas fundamentales del Estado de derecho y al respeto a las decisiones de cada rama del poder público deben calificarse como aspectos progresistas en la Colombia de hoy que observa atónita y atemorizada cómo el presidente de la República fustiga y amenaza Cortes y jueces que fallán en derecho y no se asustan con los mandobles de la Casa de Nariño.

Por ello creo, y es mi obligación planteárselo al Comité Ejecutivo, que el PDA debe respaldar la candidatura presidencial de Mockus de manera unilateral, sin la existencia de acuerdos, como una forma concreta de decirle a los colombianos que pese a nuestras grandes diferencias con los verdes colocamos en primer plano la lucha contra la candidatura continuista de Santos.

¡Que la victoria electoral de Santos, que muchos dan por segura, no cuente con la indiferencia del Polo!


Fraternalmente,


Yezid García A.

Miembro Comité Ejecutivo PDA

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La cuadratura del círculo

Por: Rodolfo Arango

El Acuerdo de Unidad Nacional propuesto por Santos es un imposible ético y político. Es como buscar la cuadratura del círculo.

En el acuerdo se prometen empleo, educación, salud, vivienda y justicia social, las banderas de una propuesta socialista o socialdemócrata. Pero quien las enarbola defiende a un gobierno desastroso para la democracia y los derechos humanos. No se trata, como quieren hacerlo ver algunos, de un asunto de malos perdedores. Nunca antes una reforma constitucional había sido aprobada a punta de puestos y notarías. Nada en nuestra historia se acerca a la vergüenza de ochenta miembros del Congreso, aliados políticos del Gobierno, procesados por concierto para delinquir y paramilitarismo. Los acusados y condenados, reencauchados en el PIN, apoyan ahora la campaña de Juan Manuel Santos. Nunca antes se había asesinado sistemáticamente a jóvenes inocentes para ganar beneficios o permisos en el Ejército. También era inédito en el país el asedio a la administración de justicia desde la Casa de Nariño. Fue el gobierno Uribe, defendido orgullosamente por Santos, el responsable de una persecución ilegal, abierta y soterrada contra jueces, fiscales, magistrados, dirigentes de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, indígenas y sindicalistas. ¿Es acaso compatible la defensa del cuestionado gobierno Uribe con las promesas de “buen gobierno” y “transparencia”?

La propuesta de unidad nacional es la fachada electoral de Santos para evadir su responsabilidad política por haber pertenecido a un gobierno indefendible. La aceptación popular no torna legítimos los medios ilegales empleados para alcanzar los frutos de la publicitada “seguridad democrática”. Santos cree que adoptando el discurso ético en su campaña puede ocultar que él mismo ha sido quien ha elogiado la doctrina del mal menor, según la cual en ocasiones es necesario sacrificar la virtud y “untarse las manos” para alcanzar un objetivo supremo.

Juanita León, desde Lasillavacía.com, ha mostrado con hechos contundentes cómo en la Costa Atlántica se utilizaron los subsidios gubernamentales para aceitar la maquinaria de La U y lograr el apoyo electoral al candidato del gobierno. Millones de “familias en acción” —en “acción electoral”— no son tontas. Prefieren votar por quien promete continuar con la entrega de los cheques que por candidatos que condicionan las ayudas sociales a los principios constitucionales y democráticos. Se ha institucionalizado el clientelismo por lo alto. El peronismo con su asistencialismo tiene efectos disolventes sobre la democracia constitucional. Colombia camina, como han advertido otros columnistas, hacia un sistema de partido único, como fue el caso del PRI en México, donde quien no está con el partido de la “Unidad” carece de oportunidades para acceder al ejercicio del poder público.

Es probable que las huestes tricolores tengan una arrasadora victoria en las elecciones presidenciales del 20 de junio. No basta la buena voluntad para evitarlo. Según algunos, el acuerdo de unidad nacional no aceita la elección de Santos, sino su reelección. Es hora que una oposición inteligente y madura empiece a preparar una efectiva refutación de la cuadratura del círculo que supone el acuerdo de unidad nacional. Éste conduce a la débil democracia constitucional colombiana hacia el despeñadero de la democracia popular, tan apetecida por mentalidades mesiánicas o personalidades megalómanas.

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Declaración de principios de los aspirantes de la plancha #16 a Junta Directiva de Adida. 2.010 - 2.013

No ofrecemos dinero, prebendas, traslados, bebas, fiestas o favores a cambio de su voto. Nos comprometemos a trabajar intensamente por el fortalecimiento de Adida, con dedicación responsabilidad, respeto, democracia y coherencia; no patrocinaremos ni incurriremos en actos de corrupción o entrega de derechos, asesoraremos oportunamente y con responsabilidad, lucharemos por la materialización de nuestras propuestas e impulsaremos de manera decidida las tareas de Fecode y de Adida por la defensa de le educación publica y los derechos de los trabajadores.

Apóyenos con su voto… no lo defraudaremos!!! Leer más...

Nuestras propuestas para la Junta Directiva de Adida

Por una dirección sindical honesta, capaz, responsable, consecuente y estudiosa. Vote 16 - Rosa América Peñaloza a la Junta Directiva de ADIDA.

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Conoce nuestras propuestas, haz clíc en "leer más".

NUESTRA PROPUESTA.

EN EL PLANO NACIONAL.

· Reivindicamos las garantías para la carrera docente contenidas en el decreto-ley 2277 como base para un nuevo Estatuto Docente que unifique los educadores y los provea de estabilidad, mejoramiento salarial y profesional, actualizándolo con el derecho a la negociación colectiva y demás derechos laborales contenidas en los convenios ratificados de OIT y el bloque de constitucionalidad, que contemple la gratuidad y obligatoriedad de la educación para todas las personas; la vinculación por concurso que reconozca la experiencia en provisionalidad; este estatuto debe incluir una regulación pedagógica especifica en torno a libertad de cátedra y metodología, plan de estudios, órganos de dirección democráticos y participativos, formas evaluativas, plan de inversión en planta física y dotación y de expansión de servicios de bienestar para alumnos y educadores, incluyendo para estos últimos el salario profesional que mejore las condiciones materiales de vida y permita la dedicación exclusiva, y un régimen prestacional nivelado por lo alto que mejore las condiciones de vida de los educadores.

· Impulsaremos la lucha por la REFINANCIACION DEL FOMAG, hoy en graves dificultades por el no pago de aportes especialmente por parte de las entidades territoriales. Proponemos que el gobierno nacional asuma esta deuda por una vez y establezca mecanismos de pago directo y automático de estos dineros vitales para el pago de mesadas pensiónales, de prestaciones económicas y del servicio de salud.

EN EL PLANO REGIONAL - GESTION SINDICAL.

· Registro de proveedores de bienes y servicios para Adida, convocada por invitación publica, por un año y sosteniendo precios, calidad y oportunidad en la entrega. Sobre todo sin ofrecer o dar comisiones, dadivas o regalos a los directivos del sindicato o a sus familiares. Es una forma de combatir la corrupción que se ha tomado nuestro sindicato.

· Registro de proponentes de servicios jurídicos para los educadores con tarifas preferenciales, y veeduría del sindicato.

· Manejo de los fondos de ADIDA con TRES FIRMAS

· Retorno del aporte sindical al magisterio mediante la descentralización de la fiesta del magisterio, estímulos para los educadores que estudian, para los hijos de los educadores, convenios con distribuidores de electrodomésticos a bajos precios y con condiciones favorables para el magisterio.

· Manejo de la finca la Juliana con criterio de rentabilidad social y no de rentabilidad política.

. Materialización del centro recreativo del magisterio en Urabá aprobado por asamblea de delegados hace 5 años.

· En Salud: movilización del magisterio para exigir el cumplimiento irrestricto de los términos de referencia, Veeduría sindical desligada del clientelismo, conformación de un COMITE TECNICO CIENTIFICO DE ADIDA, que asesore a los usuarios en cuanto a pertinencia de los tratamientos, monitoree la calidad de la consulta y hospitalización y demás eventos médicos. Fomentar veedurías de salud por enfermedades. Asesoría jurídica a los usuarios en casos de fallas en el servicio.

· Comisión de ética y veeduría elegidos del listado que en orden descendente sigan al ultimo candidato elegido a Junta de Adida siempre y cuando no tenga copartidario entre los directivos elegidos. Tal como se elige actualmente la comisión de ética y veeduría se convierte necesariamente en un apéndice de la junta lo que le impide cumplir su función. Por estas razones no presentamos candidato a veeduría y no apoyamos a ninguno.

· Construcción de redes de intercambio de experiencias pedagógicas, y difusión de las innovaciones hechas por docentes y alumnos como manera de construir y reconstruir el quehacer del educador.

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Adhesiones al heredero de los “huevitos”

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Invitación a contribuir a que el magisterio afiliado a Adida realice unas elecciones sindicales trasparentes y democráticas.

Carta abierta al gobernador de Antioquia, a Seduca, al alcalde de Medellín, a Edúcame , a la Fundación Medico-Preventiva, a la Procuraduria General de la Nación, a las personerías municipales, a la Registraduria Departamental, a los proveedores de bienes y servicios de Adida y al magisterio antioqueño en general.


Preocupados por hechos internos especialmente ocurridos en la última asamblea de delegados de Adida celebrada a finales de febrero pasado, los abajo firmantes candidatos a la junta directiva que aspiramos de manera legitima a ocupar uno de los 11puestos a ser elegidos el próximo 30 de julio por votación directa de los afiliados a Adida, hacemos pública nuestra preocupación, de posible injerencia de personas y entidades externas y ajenas al proceso a fin de alterar la voluntad de los afiliados y directos interesados en las elecciones mediante apoyos indebidos, traslados, favores, prebendas o como ha sucedido, amenazas veladas a integrantes de planchas que no compartimos el desgreño y detrimento en el manejo de la organización sindical y sus recursos.

Creemos firmemente, que la organización sindical es una expresión de la más genuina democracia y civilismo y que como tal es una herramienta insustituible de participación laboral, política y democrática, y de mejoramiento de las condiciones educativas y de trabajo, y como tal debe estar orientado al beneficio general y ser referente de trasparencia y pulcritud en sus procesos internos.

Por las anteriores consideraciones los invitamos a contribuir a que en las elecciones internas de Adida , estén ausentes los favores, traslados, comisiones, auxilios económicos o de otra clase, que pueda interferir o alterar los resultados de la libertad de elegir y ser elegido. Hacemos un llamado vehemente a los compañeros afiliados a Adida a escuchar y reflexionar en torno a las propuestas de los candidatos a votar en conciencia y a ejercer dentro del respeto una veeduría constante que impida que se empañen con actos indebidos este necesario ejercicio democrático que pretendemos depure nuestra organización de vicios que la tienen en crisis.

A los compañeros afiliados de organizaciones hermanas Asdem, Adnea, Usdidea a conservar la distancia y neutralidad necesaria que contribuya a fortalecer las relaciones y el respeto mutuo y a los organismos de control a ser cercanos observadores y monitores de este proceso.

Con respeto

(Siguen firmas)

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Cinco aclaraciones muy necesarias sobre “informe desde la presidencia de adida”.

Por Rosa América Peñaloza B. Delegada de Adida. Candidata a Junta directiva de Adida con el #16 en el tarjetón y Secretaria General de la Cut Antioquia.

No es buena consejera la precipitud y la falta de información para escribir o para dirigir un gremio tan importante como el afiliado a Adida, eso lo demuestra el email titulado “informe desde la presidencia de Adida” de fecha 6 de junio de presente año, en el cual además y de lamentable manera se utiliza el justo reclamo de dos trabajadores de la asociación, para la deshonrosa tarea de cobrar cuentas políticas a uno de los Directivos.

En otro episodio de ese desagradable estilo de usar abusivamente los recursos de los organización, para desquitarse de peleas personales que pretende distraer el verdadero fondo de las divergencias al interior de la organización, EL CONTROL SOBRE ADIDA PARA CONSOLIDARLO COMO UN NEGOCIO DE BENEFICIO PARTICULAR, EN DETRIMENTO DEL CARÁCTER GREMIAL Y DE BENEFICIO GENERAL QUE DEBE TENER TODA ORGANIZACIÓN SINDICAL.

Leamos algunas “ligerezas” en conceptos, que demuestran la necesidad de una dirección sindical capaz, informada y estudiosa tal como lo proponemos en esta campaña.

1. “El aumento del 8% adicional para los compañeros educadores vinculados bajo el decreto 1278, La tabla salarial de los docentes contratados bajo el Decreto 1278/02 ha generado un espejismo en cuanto alcanzar rápidamente una mejor condición salarial. Hoy después de conocer los resultados de la evaluación de competencias, se hace realidad el carácter arbitrario y tendencioso de este sistema de “ascenso y/o reubicación salarial”, pues además de ignorar los estudios realizados, el tiempo laborado, la investigación y producción pedagógica, nos aterriza a una cruel verdad: no solo impide el ascenso en el escalafón si no que niega el derecho a recibir un salario profesional”.(textual del comunicado de Adida de fecha 2 de junio 2010).

Estamos de acuerdo que el salario de los educadores ha perdido históricamente poder adquisitivo, no solo por la política oficial de reducir los costos laborales y el presupuesto destinado a servicios personales sino además porque los datos del Dane se saben amañados y amarrados a la política fiscalista del gobierno. LO QUE NO COMPARTIMOS ES QUE SE ASUMA QUE SALARIO PROFESIONAL ES SOLO AUMENTO DE SALARIO, porque abandona una lucha histórica supremamente importante para los educadores que es UN REGIMEN PRESTACIONAL UNICO QUE MEJORE LAS CONDICIONES DE VIDA Y LABORALES DE TODO MAGISTERIO ESTATAL Y QUE NIVELE POR LO ALTO LASPRESTACIONES, CON UN FONDO VIABLE Y6 REFINANCIADO Y UN SERVICIO DE SALUD DIGNO. PERO ADEMAS UN SALARIO QUE PERMITA LA DEDICACION EXCLUSIVA A LA TAREA DOCENTE, CON CAPACITACION Y ESTIMULOS PARA QUE EL MAGISTERIO DIGNIFIQUE SU PROFESION. Esto es la esencia del salario profesional, y un aspecto crucial de nuestra lucha en lo económico.

2. Consigna del afiche por la segunda independencia “LIBERAR A COLOMBIA DE LA DEUDA EXTERNA….ALZANDO LA BANDERA POR LA SEGUNDA INDEPENDENCIA”. Por supuesto que LAS CONDICIONES QUE IMPONEN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE SALVAGUARDAN LOS INTERESES DEL CAPITAL FINANCIERO son las causantes del grave desangre de la economía nacional lo que redunda en un efecto dominó en toda la vida del país, PERO SON LAS CONDICIONES ONEROSAS Y LOS ACUERDOS DE ESTABILIDAD JURIDICA etc.. reivindicar “la segunda independencia” como se formula en una referencia al bicentenario de uno de los fallidos intentos de soberanía no es más que reducir el concepto de SOBERANIA NACIONAL al mero criterio de la deuda externa, desconociendo, los efectos que la dependencia económica, política, tecnológica cultural y de todos los órdenes sujetan el desarrollo y nos convierte en un apéndice de ligas menores en la economía globalizada. NI ES SEGUNDA INDEPENDENCIA, NI ES SOLO LA DEUDA EXTERNA.

3.Orientaciones sobre la participación de los candidatos en los medios de comunicación de Adida……..¿? Nos alegra que se recuerden los estatutos de la organización tan manoseados para justificar y para desconocerlos especialmente en la última asamblea de delegados por el compañero Presiente de Adida, y nos alegra que se INVITE A HACERLO RESPETUOSAMENTE, tal como deducimos del texto adjunto entre comillas LÁSTIMA QUE ESA RECOMENDACIÓN O REGLAMENTO NO SEA LA CONDUCTA SEGUIDA POR ALGUNOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA EN ESPECIAL QUIENES FORMAN ESA MAYORÍA QUE AGRAVIA, DESCALIFICA AL CONTRADICTOR MANEJA COMO PROPIOS LOS MEDIOS DE ADIDA Y ABUSAN DE ESA PEQUEÑISIMA PORCION DE PODER QUE CREEN DETENTAR, PARA USARLA A TRAVES DE LOS MEDIOS HABLADOS ESCRITOS Y TELEVISIVOS DE ADIDA, NO EN LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS TANTAS VECES DESCONOCIDOS, SINO PARA ATACAR AL QUE CREEN, COLOCA EN PELIGRO SU PEQUEÑA PORCION DE PODER EN UNA MEZQUINDAD Y POBREZA QUE HA ALEJADO A MAS DE UN AFILIADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN. . OJALÁ SE APLIQUEN A SI MISMOS LO QUE FORMULAN PARA OTROS ¡!!!!!!

“Lo siguiente rige tanto para los candidatos a Junta como para los aspirantes a la Comisión de Ética y Veeduría:

- De acuerdo con las consideraciones de la primera parte de esta Circular, las intervenciones girarán en torno a propuestas de dirección y trabajo para ADIDA, y en ningún momento se permitirán ataques a la institucionalidad de nuestra Organización, ni a personas. Se prohíben las imputaciones, injurias y calumnias, por atentar contra los principios de la elección de Junta Directiva de ADIDA, y contra los principios mismos de la Organización Sindical.” Textual como aparece en la declaración de Adida.

- Oportunamente formularemos a la junta algunas consideraciones que sobre GARANTIAS ELECTORALES ESTA OBLIGADA A BRINDAR A TODOS LOS CANDIDATOS, Y SOBRE MANEJO DE MEDIOS para que no suceda que candidatos avivatos, como sucedió hoy domingo 6 de junio en el programa de radio, aprovechen su calidad de directivos para TOMAR VENTAJA ABUSIVA sobre los otros candidatos a través de los medios de los afiliados.

4. CASO DE SINTRAONG. Como secretaria de la CUT, he sido testigo de excepción de las dificultades de esta organización sindical con quienes fungen como empleadores o sea ALGUNOS (POCOS PERO MUY RADICALES) dirigentes sindicales que son rabiosos contra sus patrones y contra los empleados que nos prestan sus servicios en nuestros sindicatos; POR SUPUESTO QUE SIEMPRE APOYARE A LOS TRABAJADORES Y A SINTRAONG no me ataca la fiebre de creerme PATRON de quienes son mis compañeros de lucha y de trabajo. Y así lo he expresado en público y lo ratifico desde esta artículo, Pero no solo es la negación de viáticos, permisos los malos tratos verbales, las amenazas de despidos……. también los despidos con indemnización como el caso de doña Beatriz y la mora de dos años en el pago de las prestaciones de una empleada fallecida estando al servicio del sindicato más numeroso del país y cuyo presidente nos REGALA DISCURSOS RADICALES EXIGIENDO AL GOBIERNO EL PAGO OPORTUNO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, pero que SE OLVIDA CUANDO SE TRATA DE LA FAMILIA DE UNA EMPLEADA FALLECIDA DE SU SINDICATO!!!!! Y LOS COMPAÑEROS DE SINTRAONG DEBIAN HABERSE PRONUNCIADO TAMBIEN CONTRA ESTE ATROPELLO, PORQUE DE NO HACERLO SE CONVIERTEN EN FICHAS DEL MAS ODIOSO JUEGO DE PELEAS Y CONTRAPELEAS POR EL CONTROL DE LOS RECURSOS DE ADIDA, DESLEGITIMAN SU RAZON Y PIERDEN EL APOYO QUE TIENEN ENTRE QUIENES CREEMOS EN EL SINDICALISMO CON PRINCIPIOS.

Esa es mi recomendación a los compañeros Henao y Pulgarín, y por supuesto como secretaria general de la Cut Antioquia, propondré en el próximo ejecutivo del mes de junio, se convoque a los presidentes de los sindicatos filiales para informarlos de los derechos que le asisten a los afiliados a Sintraong y solicitar el respeto por el derecho de asociación de estos compañeros trabajadores. Y A LOS COMPAÑEROS DIRIGENTES SINDICALES EL FRATERNAL LLAMADO A SER COHERENTES Y CONSECUENTES CON NUESTROS DERECHOS Y CON LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS DE NUESTROS SINDICATOS!!!!!!!

5. AFICHE INFORMATIVO DE LA FUNDACION MEDICO PREVENTIVA Y URGENCIAS MEDICAS.

Me inquieta que ADIDA de forma tan ligera reproduzca un afiche que ignora y violenta los términos de referencia del contrato médico y que TOLERE que la Fundación siga tan campante haciendo con la salud del magisterio lo que quiere, pero siempre desconociendo los términos de referencia que dicen claramente que LAS URGENCIAS VITALES PUEDEN SER ATENDIDAS EN CUALQUIER CENTRO HOSPITALARIO, Y SE PAGARA A PRECIOS DEL SOAT EL SERVICIO, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DOCUMENTACIÓN PORQUE ESTA DE POR MEDIO LA VIDA DEL PACIENTE.!!!!!!! ¿Qué PASA CON NUESTROS VEEDORES DE SALUD? DESCONOCEN LOS TERMINOS DEL CONTRATO MÉDICO? QUIEN ADMITE REPRODUCIR ESTA INFORMACION QUE PUEDE PONER EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS?... Y QUIEN DE ADIDA RECLAMARÁ QUE SE AJUSTE Y SE CUMPLAN LOS TERMINOS DE REFERENCIA? HE AHÍ LA NECESIDAD DE RENOVAR NUESTRA DIRECCIÓN SINDICAL EL PRÓXIMO 30 DE JULIO!!!!! COMPAÑERO EDUCADOR USTED TIENE LA PALABRA Y EL PODER DEL VOTO!!!!

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Solicitud de garantias electorales a la Junta Directiva de Adida

Solicitud de garantias electorales a la Junta Directiva de Adida.
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Manual de usuario de la Fiduprevisora

Manual de usuario de la Fiduprevisora
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Los derechos de la naturaleza

En la reciente Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, celebrada en Cochabamba (Bolivia), se habló ampliamente de una comunidad muy agredida y maltrecha, y se mostraron hacia ella constantes referencias de solidaridad y mensajes de apoyo. Hablaban, claro, del planeta Tierra, la madre naturaleza o la Pachamama, sinónimos todos de la más grande comunidad de vida conocida.

Lo sabemos pero lo ignoramos. La Tierra es un ser vivo, ahora malherido. Sufre una fiebre constante que, si continúa progresando, puede generarle algunas patologías irreversibles. El aire que respira es cada vez más pobre en oxígeno y así, mal alimentada, envejece precozmente. Sus arterias –los ríos, el mar– están contaminadas e infestadas, lo que le resta energías. Las células que la conforman –especies vegetales y animales– corren el riesgo de desaparecer. Y el ritmo que le exige una de estas especies, la humana, es tan acelerado que –dicen los expertos– en menos de 20 años necesitaría una hermana gemela, un segundo planeta, para ser capaz de seguir ofreciendo y regalando todo lo que hoy le exigimos a golpe de perforadora, arrastrando redes sobre su lecho marino y envenenando su fina capa de piel –la tierra fértil– con químicos muy agresivos.

Conscientes de esta realidad, las más de 35.000 personas reunidas en Cochabamba (mayoritariamente campesinas, indígenas, pescadoras, miembros de organizaciones ambientalistas, de mujeres, de movimientos sociales, etc.) supieron ponerse de acuerdo y sentar las bases de una estrategia común frente al cambio climático, a diferencia de lo ocurrido en Copenhague hace unos pocos meses. Y así ha quedado recogido en el llamado Acuerdo de los Pueblos (www.cmpcc.org).

Entre las propuestas sobresale la iniciativa de consensuar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Fíjense. Si somos capaces de construir nuestra concepción antropocéntrica, podremos entender y abrazar un planteamiento biocéntrico (según la terminología que define Eduardo Gudynas), donde añadimos a los derechos individuales y colectivos de los seres humanos –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales– los derechos propios de ese otro ser, la naturaleza.

No son aceptables extracciones de petróleo si atentan contra comunidades originarias, igual que no son aceptables técnicas agrícolas que acaban con ecosistemas de cualquier orden.

Pero, decía, nuestras sociedades occidentales, fundamentalmente, han de hacer un esfuerzo para que se produzca este cambio de registro, pues llevamos muchos siglos considerando la naturaleza como un espacio salvaje que hemos de dominar para, bajo nuestro control, convertirla en una despensa supuestamente inagotable para el disfrute del ser humano. Aquí radica, desde mi punto de vista, una de las virtudes de la declaración: corregir un pensamiento que está en la base de la crisis global actual.

El proyecto de una Declaración de los derechos de la naturaleza ya tiene antecedentes. Para la nueva Constitución de Ecuador, la Pachamama es “donde se reproduce y realiza la vida” y “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo 72). A partir de esas premisas, la naturaleza pasa a ser ella misma objeto de derechos, tiene valor por sí misma, independientemente de la utilidad o usos que le quiera dar el ser humano y “toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. Y de aquí nace otra de las iniciativas surgidas en Cochabamba: el Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental, que podría marcar justicia en aquellas acciones u omisiones que vulneraran los derechos de la naturaleza.

Como dice Alberto Acosta, una constitución (o, en este caso, una declaración) no hace a una sociedad, sino que es un proyecto político de vida en común que debe ser puesto en vigencia con el concurso activo de la sociedad. La elaboración y supuesta aprobación de esta Declaración se erigiría, y esta sería su segunda gran virtud, como eje orientador –como una nueva ética– para propiciar los cambios estructurales e impulsar las transformaciones que necesita nuestra sociedad global.


Sin capacidad para exponerlos todos, resalta la revisión que forzaría al abandono de las políticas extra activistas en las que andan ahogadas muchas economías de los países del Sur como suministradores de los países ricos, incluido también el caso de Ecuador que, a pesar de todo, sigue promoviendo la explotación de petróleo en la región amazónica, la minería sin sentido o una agricultura dependiente de los agroquímicos.

Aunque los seres humanos tenemos derecho a beneficiarnos del ambiente y las riquezas naturales que nos permitan un buen vivir (concepto también indigenista que excluye lujos innecesarios), este derecho debe ser compatible con los conjuntos de vida. No son aceptables extracciones de petróleo si atentan contra comunidades originarias, igual que no son aceptables técnicas agrícolas que acaban con ecosistemas de cualquier orden.

Desde los países andinos surgen propuestas de una capacidad transformadora inmensa, que seguro generarán muchas contradicciones y tensiones frente a la ideología del progreso imperante que asocia desarrollo sólo con crecimiento económico. Incluso puede que parezcan absurdas, como absurdas les parecía a los grupos dominantes la emancipación de los esclavos o la extensión de derechos civiles a los afroamericanos, a las mujeres y a los niños y niñas.

Gustavo Duch Guillot
Rel-UITA

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Derrota anunciada

Por Germán Patiño

Tiene razón la analista de campaña que dijo al aire que el profesor Mockus debiera escribir un libro “sobre cómo dilapidar una presidencia en sólo quince días”.

La señora lo dijo herida, pues hasta entonces había sido una leal partidaria de Mockus. Ella sintió, como muchos más, que todos los esfuerzos hechos por miles de personas para abrirle campo al excéntrico profesor habían sido dilapidados por el propio beneficiario de ellos.

Hay mucho de razonable en esta opinión, que Luis Guillermo Restrepo resumió diciendo que Mockus es el peor enemigo de él mismo. La verdad es que el profesor creyó que ya había ganado con una estrategia que consistía en responder a todo interrogante con una declaración de principios. Lo que le funcionó bien durante algún tiempo y le dio el marco general de su mensaje, limpio, transparente y honesto. Con eso ganó millones de adeptos.

Pero llega un momento, en toda campaña, en que las declaraciones de principios no bastan, pues el elector comienza a pedir respuestas concretas para problemas concretos. Ahí fue la debacle, pues los verdes, que no se habían preparado para acceder a la Presidencia, no tenían ningún programa de gobierno debidamente pensado y estudiado. Mockus hizo lo único que podía hacer: seguir con sus declaraciones de principio, que ya comenzaban a sonar vagas y a falta de preparación para asumir el Gobierno.

Pero Mockus y los verdes se sentían ungidos –y lo estaban, por las encuestas-, por lo que no se preocuparon de hacer la primera tarea de la política: sumar fuerzas. En vez de atraer para su cauda al Polo Democrático y al Partido Liberal, se dedicaron más bien a acentuar las diferencias con estos movimientos, en especial con los partidarios de Petro. Pocas veces se ha visto una actuación tan torpe, verdes, PD y liberales, que hubieran podido dar un golpe mayúsculo en la primera vuelta electoral, cuando la coalición uribista se encontraba dividida, se dedicaron a marcar diferencias entre ellos, perdiendo así toda opción de poder.

Claro que el Polo también hizo lo suyo. Olvidando la idea inicial de conformar la más amplia coalición antiuribista, se empeñó en ir "hasta el final" con Petro en la primera vuelta, con plena conciencia de que no tenían posibilidad alguna de pasar a la segunda. Más interesados en sus propios planteamientos que en la sensibilidad de la opinión pública, los personajes más sectarios del Polo -léase Robledo- se dedicaron a acentuar las críticas a los planteamientos de Mockus, llegando al exabrupto de considerar la ética un asunto "formal", antes que a buscar caminos de entendimiento que permitieran detener al principal candidato uribista.

Están peor ahora, cuando los verdes, con un triunfalismo que no les queda bien, rechazan un acuerdo con el Polo, por supuestas diferencias en materia de relaciones internacionales, cuando todo el mundo sabe que se debe a los prejuicios antiizquierdistas de Enrique Peñalosa, a quien sólo le gusta lo que sea de estrato 6.

Así las cosas, la suerte está echada y Mockus ha quedado pendiente de un milagro. Desde luego, todo el que depende de un milagro está irremediablemente perdido.

Pero aquí la historia dirá que la derrota fue causada por el propio perdedor, porque no supo, no pudo o no quiso hacer lo que estaba a su alcance para ganar, sin traicionar principio alguno.

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Colombia: coyuntura y futuro político

Fernando Dorado
Activista social

Lo ocurrido en esta campaña electoral ha evidenciado los nuevos comportamientos políticos de los ciudadanos. Colombia avanza, paulatinamente, como sociedad y como pueblo. Los científicos sociales tienen allí un material invaluable. Me atrevo a estimular esos estudios presentando un punto de vista sobre lo inmediato y lo que puede ocurrir en el mediano plazo.

Los partidos políticos en la coyuntura

El Partido de la “U” y Uribe-Santos han agrupado a casi la totalidad de la clase política tradicional colombiana. Aparentan gran fuerza pero es en verdad, un síntoma de su enorme debilidad. Sus 6’758.539 de votos sólo representan el 22,54% del potencial electoral.

“La metieron toda” para ganar en primera vuelta y no lo lograron. Eso los hace vulnerables. Saben que no están “ganados”. Presiones a beneficiarios de Familias en Acción, campañas de miedo en los departamentos de frontera, intervenciones diarias del presidente Uribe, compra de votos, fraudes, y quien sabe qué cosas más, y… ¡no les alcanzó! El costo de ése esfuerzo es muy alto y no es fácil de repetir.

Ello explica la desesperación de “Uribito” que al día siguiente a las elecciones salió a presionar a los “jefes” conservadores. Los mayores “lagartos” liberales ya tenían listas las adhesiones. Se debe reconocer que algunos parlamentarios liberales y de Cambio Radical han mantenido cierta coherencia.

Las personas que se mantuvieron fieles a Noemí, Pardo y Vargas Lleras (3’000.324) encarnan dignidad y criterio propio. Es gente valiosa que rechaza la corrupción. Observar el espectáculo de sus dirigentes entregándose incondicionalmente a Uribe-Santos, les debe provocar asco y rechazo. En el caso de los conservadores, sólo un día les bastó para entregar la cabeza de su candidata.

Quienes después de tantas persecuciones y vilipendios apoyaron a Petro, no sólo son valiosos sino valientes. Después de algunos enredos y vacilaciones, el conjunto del partido apoyó a su candidato. Es un gran avance. Muchos recién lo escucharon y lo reconocen de verdad. Fueron finalmente 1’329.512 electores, que son la base real y consistente de la izquierda. Éste acumulado puede malograrse si no se acierta con una actitud generosa en la 2ª vuelta. El sectarismo puede hacer perder el enorme esfuerzo hecho por Petro, la militancia del Polo y demás colaboradores.

La ola verde

La “ola verde” es un fenómeno digno de analizar. La “legalidad democrática” fue el combustible que casi la convierte en “tsunami”. En su ascenso juntó de todas las vertientes políticas y sociales, pero no logró conformar un programa mínimo, que respondiera en forma concreta a los múltiples problemas que afectan a la población.

Es claro que en el último mes la ola verde se detuvo. Errores conceptuales, falta de tacto político, y falencias en la comunicación, mermaron el impulso; pero la causa principal a nuestro parecer fue, que al hacerse evidente que iba a haber 2ª vuelta, muchos electores se concentraron en “su candidato” aplazando el voto por los verdes.

Para retomar el impulso se deberá recoger de aguas amarillas, rojas, azules y de todos los colores, así como llegar a playas diversas (trabajadores, sectores populares, desplazados, etc.).

Los 3’120.716 votantes por Mockus, están conformados por 1’300.000 personas que hace 4 años votaron por Carlos Gaviria y que en esta ocasión se deslizaron hacia los “verdes”. A ellos se suman más de 1’800.000 ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, que hasta hace poco creían en Uribe o no se preocupaban por la política. Son demócratas en formación. Y se pueden sumar muchos más.

El reto inmediato

En total quienes no votaron por Santos fueron algo más de 7’450.000. ¿Podrían ser la representación viva de “las fuerzas sanas de la Nación? (Petro). Con gran parte de ellos se puede y debe derrotar a la mafia que nos gobierna.

Si se observan detenidamente esas cifras se entiende por qué la dirigencia “verde” no puede firmar acuerdos con cúpulas partidarias. Debe enviar buenas señales, mensajes incluyentes, atractivos, de respeto por su esfuerzo y dignidad. “Alianzas ciudadanas construidas en diálogo constructivo”, ha dicho Mockus.

Insistir en acuerdos – sean programáticos o burocráticos – es debilitar la posibilidad de sumar de todos los sectores y poder derrotar a la alianza criminal uribista.

La clave a responder es: ¿Cuántos de ellos se van a abstener? ¿Cuántos se irán con Santos? Y, ¿cuántos apoyarán a Mockus? Además, el otro reto está en movilizar a los abstencionistas, sobre todo de sectores medios y la juventud. No es fácil, hay poco tiempo, pero es posible.

Una mirada hacia adelante

Lo sucedido en estas elecciones nos da pistas sobre la evolución de la sociedad colombiana y la conformación de los nuevos agrupamientos políticos hacia el futuro. Creemos que se están configurando los siguientes bloques:

a) La clase política tradicional se ha agrupado en el partido de la “U”, junto con los rezagos de los partidos Liberal y Conservador. Allí se van a ir refugiando los políticos más corruptos, mafiosos, y parásitos del patrimonio estatal. Representa a los antiguos terratenientes aliados de los grupos monopólicos serviles del imperio. Se arrimarán a este bloque los burócratas sindicales más redomados1. Mantendrán el plan de “re-primarizar” la economía nacional (agro-minería exportadora), utilizando el conflicto armado y la economía del narcotráfico como herramienta de intervención territorial.

b) La clase política emergente, representante de la burguesía moderna. La encabeza el Sindicato Antioqueño y el Grupo Santodomingo. Ellos saben de la decadencia de los EE.UU. y proyectan su porvenir al lado de Mercosur, y otros bloques económicos. Actúan con visión multi-polar. Van a ser “nacionalistas” a su manera. A este bloque van a llegar los tecnócratas de los partidos liberal, conservador, verdes y uno que otro del Polo. También, representantes del empresariado medio, intelectualidad burguesa y nuevos burócratas del “sindicalismo propositivo”. Si predomina la tendencia neoliberal en los “verdes”, éste partido y Cambio Radical, se disputarán su representación política. Quieren salir de la guerra y buscar salidas al problema del narcotráfico - no por cuestiones morales o humanitarias -, sino por necesidad económica.

c) Los sectores socialdemócratas que aspiran representar a las clases medias, a un sector de los trabajadores del Estado e intelectualidad progresista. Este sector va a estar luchando durante un tiempo al interior de los “verdes”, y también del Polo. Después de su eventual derrota en ambos escenarios, es posible que se congreguen en un partido aparte. Son proclives a aliarse con el bloque burgués “moderno”.

d) La izquierda tradicional, heredera de los partidos comunistas, con su programa “estatista” y “nacionalista”, va a quedarse con la titularidad del PDA. Este sector se irá reduciendo a los trabajadores del Estado (maestros, trabajadores de empresas de servicios públicos, monopolios estatales), medianos empresarios rurales y algunos sectores populares. Los sindicalistas de “izquierda” serán allí predominantes.

e) La izquierda revolucionaria. Tendrá que ir apareciendo como lo ha hecho en el resto de Latinoamérica. Interpreta los intereses del proletariado, trabajadores “precarizados” y la gran masa de desempleados y “rebuscadores de la vida”. Como lo ha hecho en Venezuela y Bolivia, impulsará procesos de cambio que unifiquen los intereses del conjunto de la población, materializando los sueños de Gaitán y Bateman. Bajo su liderazgo se concretará la revolución “nacional” pero con proyección universal e internacionalista (hacia el socialismo).

f) También deberán consolidarse pequeños partidos que representan los intereses de los pueblos indígenas y afro-descendientes, que se alinearán en los bloques que recojan en determinadas coyunturas sus intereses étnico-sociales y culturales.

Estos bloques y partidos existen en forma germinal. Ya actúan en la política colombiana. Hacen alianzas, a veces se refunden y combinan, pero allí están, tratando de liderar o de aprovechar los movimientos democráticos y populares que surjan o de hegemonizar el poder del Estado.

A nivel de América Latina también se expresan estos mismos bloques. En algunos países el surgimiento de movimientos nacionalistas de carácter democrático (MAS, MVR, Mi País, Frente Amplio) parecieran difuminar los intereses de las diferentes clases y sectores de clase. Pero no, siguen allí. En los momentos de crisis o de re-cambio, se expresarán política y organizativamente.

Lo que determina el futuro de esos procesos será el tipo de Hegemonía Social y Política que predomine. La dinámica de la lucha de clases y las influencias internacionales tendrán allí su fogón social y político.

Popayán, junio de 2010.

Notas:

1 Ya lo hizo Angelino Garzón y detrás de él van a llegar los Julios Robertos Gómez y Cía.

Tomado del Semanario Virtual Caja de Herramientas No. 209

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Comer es un derecho, no un privilegio

Hacer efectivo el derecho a la alimentación responde a voluntades políticas, no a imaginadas fatalidades de supuestos pueblos condenados a morir de hambre.


Los mercados no solucionan el hambre que padecen 1.100 millones de personas, a pesar de que la producción agrícola ha crecido más rápido que la población mundial desde 1960. Así lo afirma Olivier de Schutter, relator de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación. La pérdida de soberanía de los Estados, controlados y dirigidos por esos “mercados”, explica que millones de personas mueran por no poder comer y que no exista una necesaria soberanía alimentaria de los pueblos.

“Muchos gobiernos siguen pensando que la prioridad es aumentar la producción con grandes plantaciones que producen los mercados internacionales”, comentaba de Schutter a Andrés Pérez, de Diario Público. Como relator de un derecho que está en la base de casi todos los demás, intenta cambiar el enfoque alimentario mundial.

Como la agricultura local que busca potenciar “no sería competitiva en los mercados”, no interesa a quienes los controlan: transportistas, intermediarios y grandes superficies que, con el control de la oferta y de los precios, manipulan la demanda. Queda así distorsionado el libre comercio del que alardean los creyentes del neoliberalismo, una doctrina comparable a una religión porque sus postulados no se cuestionan, como sostiene Susan George.

La pasividad y el debilitamiento de los Estados, encargados de promover, cumplir y hacer respetar los derechos humanos, plantea grandes obstáculos a la alimentación como derecho y la soberanía alimentaria de los pueblos.

Este debilitamiento obedece a las directrices que imponen los organismos financieros internacionales, controlados por los grandes capitales y por grupo de países, que subvencionan a sus agricultores y sus exportaciones. También presionan a los gobiernos de otros países para que promuevan leyes favorables a las inversiones extranjeras en grandes extensiones de tierra. Combinado con la imposición de reducciones del déficit para no “espantar a los mercados” por medio de recortes sociales, estas recetas dejan expuestas a las instituciones públicas. Resultado: el empequeñecimiento del Estado para que “no se interponga” en el camino del “libre mercado”, a costa de renunciar a la defensa del bien común. Es decir, la política.

Los gobiernos ceden por miedo a que el capital huya en bandadas y a que quiebren. Esta desregulación desemboca en un creciente poder de los grandes proveedores, que imponen las condiciones del mercado. Los pequeños proveedores y productores se alejan cada vez más del consumidor y encuentran cada vez menos posibles compradores. Un fenómeno conocido como Walmartización en países como México.

Se ha llegado a argumentar que el consumidor se beneficia de estos modelos de superproducción, pues los precios finales bajan como resultado del abaratamiento de los costes de producción. Entre esos costes están la quiebra de medianas y pequeñas empresas, la ruina de millones de campesinos, forzados a emigrar, así como la reducción del sueldo real y del poder adquisitivo de las personas. El lema “precios bajos, siempre” o “ahorre dinero, viva mejor” lo pueden asumir las clases privilegiadas. Pero algunas empresas minoristas han creado sus propios bancos para que la gente con menos recursos y sus empleados (sin tener reconocido el derecho a formar sindicatos) puedan pagar sus alimentos con tarjetas de crédito que no podrán terminar de pagar. No podrán ahorrar ni vivir mejor.

Los modelos de superproducción alimentaria a costa de los más débiles encuentran su base “filosófica” en la ley negativa que inspira el neoliberalismo. Como la función de la ley es “determinar lo que está prohibido”, la libertad se reduce a una simple ausencia de restricciones, no en un quehacer de responsabilidad y ética. Aquí no tienen cabida el bien común, el interés general y la justicia social. De ahí que algunos sostengan que si uno puede comer, los demás también, pues nada lo prohíbe. La otra cara de la moneda está en la libertad de morirse de hambre. Para poder comer, se necesita poder adquisitivo y, sobre todo, alimentos.

El derecho a una alimentación adecuada que reconoce Naciones Unidas en varios instrumentos no obedece a ningún capricho. Forma parte de un sistema de derechos para evitar conflictos sociales como los que provocaron el flagelo de grandes guerras el siglo pasado. Los Estados se comprometieron a salvaguardar esos derechos y aún están a tiempo de asumir esa responsabilidad.

Carlos Miguélez Monroy
Centro de Colaboraciones Solidarias, España

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Evolución de la población urbana y rural

En los dos últimos siglos se ha acentuado el crecimiento de la población mundial. Su número, que se calculó en mil millones a principios del siglo XIX, pasa ya los 7 mil millones.

La toma de conciencia de la “explosión demográfica” ha permitido construir un modelo llamado de “la transición demográfica”, que se caracteriza por el descenso progresivo de los índices de mortalidad y de natalidad.

La transición comienza –según el Atlas de Le Monde Diplomatique- con un período de reducción de las tasas de mortalidad, en el que las tasas de natalidad siguen siendo elevadas. En esa primera fase la población aumenta a medida que se profundiza la distancia entre ambas tasas.

Luego, las tasas de natalidad y el ritmo de crecimiento de la población se desaceleran. Esta segunda fase termina cuando ambas tasas se acercan y la población se estabiliza.

Se considera que hoy, en casi todos los países, la amplitud de la brecha entre las tasas de natalidad y mortalidad desembocará en crecimientos cada vez menos importantes.

La transición permitió que en Francia la población se duplicara en dos siglos, y en Suecia se multiplicara por 3,5 en un siglo y medio.

Facilitados por los progresos técnicos, en contextos diferentes, esos procesos van a ser más rápidos: en México la multiplicación será por 7 u 8 y en Kenia por 13 o 15.

En el ritmo de crecimiento de una población incide directamente la estructura etaria de los habitantes. Los países europeos o los mayoritariamente poblados por descendientes de europeos (como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda,) que fueron los primeros en comenzar con el proceso, tienen una población que envejece: la edad promedio se sitúa entre los 35 y 41 años.

En Asia Oriental, el proceso de transición que comenzó en la década de 1970 está terminando, y la edad promedio, que gira en torno a los 35 años, aumenta rápidamente. En el resto de Asia, en la mayoría de los países de América Latina, de Medio Oriente y en el Magrheb, regiones donde se está desarrollando la segunda fase de la transformación, las edades promedio evolucionan entre 23 y 28 años.

Por último, la mayoría de los países de África subsahariana se encuentra aún en el umbral de la segunda fase de la transición. En las últimas décadas vivieron el crecimiento más rápido de su historia, pero a fines del siglo XX iniciaron la desaceleración. La juventud de su población refleja esa historia reciente, con edades promedio comprendidas entre 16 y 18 años. Pero en estos países jóvenes se está desarrollando un proceso de envejecimiento.

Se estima que en este siglo, al fin de la transición demográfica, se producirá una estabilización del número de habitantes del planeta en un nivel que en forma verosímil se puede prever entre los 10 y 11 mil millones.

También será el siglo de la desaceleración del envejecimiento. A pesar de las diferencias internas, América del Norte y Europa ya no garantizan la renovación de la población y deben apelar cada vez más a la inmigración.

A lo largo de todo el siglo XX los desfases cronológicos del desarrollo de la transición provocaron variaciones en la distribución espacial de la población. En 1950, el 29 por ciento de los habitantes de la Tierra vivía en los “países nuevos” (Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia) que habían atraído a muchos europeos.

Esta proporción cayó actualmente al 17 por ciento y seguirá disminuyendo hasta un 12 por ciento en 2050, según las previsiones de los demógrafos de la Organización de las Naciones Unidas que no se aventuran a tomar en cuenta las migraciones.

En cambio, África, que sólo abrigaba el 9 por ciento de la población mundial en 1950, deberá sumar el 22 por ciento de los habitantes del planeta, exceptuando las migraciones.

En todos los continentes, una parte cada vez mayor de las poblaciones vive en las ciudades. En 1950 eran cuatro de cada diez de las 200 aglomeraciones que superaban los 10 millones de habitantes, 15 se situaban en los países en vías de desarrollo: diez en Asia, tres en América Latina y dos en África.

Este año 2010 el número de habitantes urbanos supera al de los rurales. La mayoría de los citadinos -2.700 millones, es decir, siete de cada diez moradores en centros poblados- vive en un país en vías de desarrollo. En apenas seis décadas esa relación se invirtió.

A medida que la tierra y sus actividades productivas van siendo acaparadas por las corporaciones de la agroindustria, el vaciamiento del campo se acelera y se extiende.

La humanidad enfrentará pronto una carencia crónica de trabajadores y trabajadoras para el campo, de familias agricultoras, y apenas existirán las actividades productivas que decidan desarrollar las corporaciones transnacionales.

En Montevideo, Guillermo Chifflet
Rel-UITA

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Gobierno demoró 8 años para tomar decisión que nos hubiera ahorrado US$ 200 millones anuales en compra de medicamentos

Por Héctor Vásquez Fernández

La caída de la “emergencia social” obligó al Gobierno a hacer uso de un mecanismo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la compra de medicamentos que le ahorran al país y a los consumidores 200 millones de dólares anuales. El cálculo lo ha hecho el propio Gobierno que enfrenta un grave problema de financiación del sistema de salud, que lo obliga a tomar medidas que contradicen su propio enfoque en esta materia.

Medidas como ésta se pudieron haber adoptado desde el principio, sin necesidad de acudir a la figura de la “emergencia social”, lo que indica que la política de salud ha sido una combinación de indolencia e improvisación, orientada a garantizar intereses económicos de algunos de los actores del sistema.

"Por primera vez, Colombia está haciendo uso de ese mecanismo flexible, a través del cual se van a importar medio centenar de medicamentos, algunos de los cuales son para el tratamiento de cáncer, artritis y otras enfermedades de alto costo, mecanismo que también se extenderá a los dispositivos médicos, la importación de medicamentos vitales no disponibles para tratar las llamadas enfermedades huérfanas y, excepcionalmente, para productos incluidos en el POS, como Kaletra, que registran precios muy elevados”, dijo el ministro de la protección social .

El mecanismo ha estado vigente desde 1995 y habilita a los países a importar medicamentos sin tener que pedirle permiso al fabricante , y por su no aplicación los colombianos hemos estado pagando dos, tres y hasta más veces el precio de medicamentos que en los países vecinos se compran por valores muy inferiores, y que nos hubieran ahorrado entre 150 y 200 millones de dólares anuales, según cálculos del MPS, suma que hasta ahora se la han estado embolsillando las multinacionales farmacéuticas.

La medida rompe con el enfoque que en materia económica ha impuesto este gobierno durante 8 años, que ha consistido básicamente en favorecer los intereses del gran capital en detrimento de los derechos de la mayoría de la población. Este hecho quedó demostrado con la aprobación del decreto 2085 de 2002, a través del cual el gobierno introdujo un régimen que reforzó los derechos de propiedad intelectual de las multinacionales farmacéuticas, incorporando estándares más exigentes que los establecidos por la OMC, con el fin de satisfacer las exigencias que en ese momento le hacía el gobierno norteamericano como condición para prorrogar el APTDEA, decreto que alargó los períodos que impedían la producción de genéricos en el país, obligando a la población a pagar más caro sus medicamentos.

El otro factor que encarece el precio de los medicamentos, que en este caso lo paga toda la población a través del FOSYGA, es el del recobro por los medicamentos no POS, que sumaron 1,8 billones de pesos el año pasado, suma que el Estado pagó a intermediarios como los laboratorios farmacéuticos, que le venden a las EPS medicamentos a precios que, cuando llegan los recobros al FOSYGA, aparecen multiplicados por dos, tres y hasta siete veces, como lo reconoce un representante de la industria farmacéutica nacional , una industria que en el 2008 se ganó más de 350 mil millones de pesos.

Lo que llama la atención es que hayan tenido que pasar tantos años para tomar una medida como ésta, tan elemental cuando se piensa en el interés general, que se pudo haber tomado desde el principio, pues el mecanismo estaba ahí para permitir la importación de medicamentos baratos y salvar miles de vidas. Pero el enfoque de la política pública en salud y de la Ley 100 no era este, ni el del interés general, sino el del negocio, que ha favorecido a unos pocos, como las multinacionales farmacéuticas y los intermediarios que pelechan alrededor de las EPS.

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Carta abierta al Partido Verde y a Antanas Mockus

El Polo Democrático Alternativo propone al Partido Verde iniciar un proceso de diálogo público y transparente, con el fin de construir un Acuerdo Programático frente a las elecciones del 20 de junio sobre los siguientes puntos: (...) Declaramos explícitamente que no aceptamos conversaciones o pactos sobre cuotas burocráticas, ni participaremos en un eventual gobierno del Partido Verde dadas nuestras profundas diferencias en las concepciones sobre el modelo económico y social... (...)

Doctores:

ANTANAS MOCKUS SIVICKAS
Candidato Presidencial

CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
Presidente
Partido Verde
Ciudad.

El Polo Democrático Alternativo propone al Partido Verde iniciar un proceso de diálogo público y transparente, con el fin de construir un Acuerdo Programático frente a las elecciones del 20 de junio sobre los siguientes puntos:

1. La superación de la influencia de la mafia sobre el Estado Colombiano.

2. La verdad, justicia y reparación sobre los crímenes de lesa humanidad y el cese del hostigamiento al poder judicial, a los partidos de oposición y a los movimientos sociales.

3. La aplicación de una política para extinguir la propiedad de la tierra en manos del narcotráfico y las mafias, y su entrega a los campesinos, a las víctimas y a los desplazados.

4. En la perspectiva del mejoramiento de las relaciones con los países vecinos, lo invitamos a acordar una nueva política de relaciones internacionales de Colombia basada en la soberanía política, económica y militar y fundada en el respeto a los principios del derecho internacional.

5. De acuerdo con su afirmación de que la vida y los recursos del erario son sagrados, proponemos la creación de sistemas públicos en los que la salud y educación sean derechos humanos fundamentales.

El diálogo que planteamos para la construcción de un Acuerdo, parte de la premisa de que no será posible hacer coincidir en su totalidad los dos proyectos políticos, que son naturalmente diferentes.

Declaramos explícitamente que no aceptamos conversaciones o pactos sobre cuotas burocráticas, ni participaremos en un eventual gobierno del Partido Verde dadas nuestras profundas diferencias en las concepciones sobre el modelo económico y social.

El Polo Democrático ha defendido en circunstancias adversas los pactos ciudadanos, su Ideario parte del reconocimiento del carácter del ciudadano como sujeto político y considera que una democracia moderna implica una cultura de relaciones dignas y respetuosas entre los partidos políticos.

Por el Comité Ejecutivo Nacional


CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Presidente

GUSTAVO PETRO URREGO
Ex Candidato


Comité Ejecutivo Nacional Polo Democrático Alternativo, Bogotá, junio 1 de 2010

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Fisco regala $8 billones a los más acaudalados

Mientras el Gobierno radica en el Congreso un paquete de medidas para gravar desaforadamente bienes de consumo popular, el fisco le regala a los más acaudalados del país 8 billones de pesos a través de gabelas tributarias.

La denuncia fue hecha por la exministra y senadora Cecilia López y el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quienes afirmaron que resulta insostenible en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país el otorgamiento de gabelas tributarias a los más ricos mediante exenciones por la reinversión de utilidades, zonas francas y contratos de estabilidad jurídica.

"Si el Gobierno quisiera buscar la equidad en las cargas tributarias debería proceder de inmediato a recortar la frondosa enredadera de gabelas y exenciones que ha otorgado en los impuestos directos de los acaudalados", precisó el ex ministro Restrepo.

Por su parte la senadora Cecilia López, explicó que las gabelas las reciben unas 7.300 empresas, cuyos accionistas nacionales y extranjeros se beneficiaron el año pasado con un poco más de 7 billones de pesos.

En su opinión estos dineros se pueden usar en un plan de empleo de emergencia para unos 600 mil colombianos que están siendo empujados a la miseria por la ola de desocupación que golpea al país, la más elevada de América Latina.

La senadora López y el ex ministro Juan Camilo Restrepo hicieron estos planteamientos en el foro ¿Qué le pasó al país durante el Gobierno Uribe?, organizado por la Universidad San Martín.

Explicaron que los estímulos tributarios se han concentrado en el gran capital y la compra de maquinaria conspirando contra el empleo normal.

Así mismo indicaron que se debe reactivar la modernización industrial para facilitar la generación de empleos decentes y que garanticen un crecimiento más equitativo tanto del aparato productivo como de la población.

"Los contratos de estabilidad jurídica se han convertido en una peligrosa inestabilidad tributaria y la evidencia es el enorme déficit fiscal que registra el país, por encima de 4 puntos del PIB", esto es 20 billones de pesos, alertó el ex ministro Restrepo.

"No es fácil entender cómo con un crecimiento económico de 7% promedio en años anteriores no se haya logrado reducir el desempleo y la pobreza. Por el contrario se concentro la riqueza y aumento la inequidad social", añadió.

El actual régimen laboral, advirtieron, no sólo está causando estragos en los hogares por la caída del ingreso y la informalidad sino que ha contribuido a rezagar la competitividad del país en el entorno mundial.

No resulta presentable en pleno proceso de globalización y modernización de la economía que entre cinco y siete millones de colombianos tengan que vivir por cuenta propia, es decir vendiendo minutos de celular en una esquina o profesionales que debe autofinanciar su salud y pensión para poder acceder a un contrato de trabajo temporal.

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El ovillo del Polo: Unas presidenciales para separar la mafia del Estado

Parte II : Descargar PDF
Parte I : Descargar PDF

En cuanto a la posición a tomar en esta segunda vuelta, si se adopta el punto de vista de que el objetivo más importante del país hoy es librarse del uribismo en el poder, sacudírselo definitivamente, para que pueda proseguirse, en mejores condiciones políticas, la batalla por las transformaciones de fondo de la sociedad colombiana, entonces puede concluirse que el buen desenlace del debate presidencial en curso, trascendente para la suerte de esta esquina norte de Sur América, clama porque, si no la totalidad, la mayor parte de las fuerzas democráticas, se ubiquen del lado que puede inclinar la balanza contra la candidatura de Juan Manuel Santos, el personero del continuismo uribista. Y ese lado es el que representa la candidatura de Antanas Mockus. Leer más...

Propuesta de modificaciones a la propuesta de reforma de la Ley 30

Ponencia para primer debate del proyecto de ley no. 238/10 senado, no. 277/10 camara, “por la cual se modifica el esquema de finanaciacion de la educacion superior, definido en la ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.

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Propuesta de reforma a la Ley 30

Proyecto de reforma a la ley 30 presentado por el gobierno para la aprovación del Senado y la cámara.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 238/10 SENADO, No. 277/10 CÁMARA,

POR LA CUAL SE MODIFICA EL ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, DEFINIDO EN LA LEY 30 DE 1992 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1. Adicionar el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, con el siguiente parágrafo:

Parágrafo: Las entidades territoriales que tengan deudas por concepto de aportes a las universidades estatales, deberán proceder a su presupuestación y pago. El valor de esta deuda resulta de la diferencia entre el valor presente de todos los aportes que la entidad territorial haya realizado otendría que haber efectuado y mantenido anualmente en pesos constantes desde 1993 y los aportes efectivamente realizados, siempre teniendo en cuenta el valor de las partidas aprobadas en el año inmediatamente anterior, excluyendo el valor recibido por estampilla.

Las entidades territoriales contarán con seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley para la suscripción de los acuerdos de pago a que haya lugar.


Vencido este término sin que se haya suscrito el acuerdo de pago, cada universidad procederá a realizar la liquidación de tal deuda. Dicha liquidación constituirá título ejecutivo.

Artículo 2. Modificar el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, el cual queda así:

La Nación incrementará sus aportes para el sistema de universidades estatales – SUE, en un porcentaje que dependerá del crecimiento real del Producto Interno Bruto así: si el crecimiento real del PIB es mayor al 0% y menor del 5%, el incremento será del 30% de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o mayor al 5% y menor que el 7.5%, el incremento será del 40% de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o mayor al 7.5%, el incremento será del 50% de dicho crecimiento. Estos incrementos se realizarán a partir de la vigencia de la presente Ley.

Los recursos a que hace referencia este artículo serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Ministerio de Educación Nacional y el Sistema de Universidades Estatales, en razón del mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran.”

Artículo 3. A partir del año 2011 la Nación asignará recursos adicionales al Ministerio de Educación Nacional para que sean distribuidos entre las universidades del Sistema de Universidades del Estado, SUE, según el grado de complejidad de las instituciones.

Estos recursos estarán destinados a financiar:

1. La generación de nuevos cupos teniendo en cuenta el área del conocimiento, el nivel y la metodología del programa respectivo.
   
2. La ampliación de la cobertura con base en programas de regionalización y presencia en zonas de frontera.


3. El reconocimiento de la productividad académica de los docentes.
   
4. La formación del recurso docente.
   
5. La promoción de la investigación y la innovación.

En el año 2011 la asignación adicional a que hace referencia este artículo será equivalente a un punto real respecto a los aportes de la Nación a las universidades estatales en el año 2010; en el año 2012, dicha asignación será equivalente a dos puntos reales respecto al año anterior y desde el año 2013 y hasta el año 2019 será de tres puntos reales respecto al año inmediatamente anterior.

Los recursos a distribuir de conformidad con los literales a), b) y c) incrementarán la base presupuestal de las universidades a que se refiere el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. El mecanismo para la asignación de estos recursos será definido por el Ministerio de Educación Nacional y el Sistema de Universidades del Estado – SUE. Los recursos a los que se refiere el literal d) serán distribuidos mediante convocatorias dirigidas a fortalecer los planes y programas de investigación y de innovación de las universidades estatales y serán tenidos en cuenta para el cálculo del valor de la asignación adicional en el año siguiente a ser distribuido por el Ministerio de Educación Nacional, pero no incrementarán la base presupuestal de las universidades a que se refiere el artículo 86 de la Ley 30 de 1992.

Parágrafo. Los recursos adicionales que aporten las entidades territoriales a las universidades estatales que ofrezcan y desarrollen programas de educación superior en su jurisdicción, serán destinados y distribuidos por la respectiva universidad concertadamente con la entidad territorial aportante, en los mismos términos y con los mismos efectos presupuestales establecidos en el presente artículo para los aportes que realiza el Gobierno Nacional.

Artículo 4. Los presupuestos para funcionamiento e inversión de las instituciones de educación superior que al entrar en vigencia la presente Ley son establecimientos públicos del orden nacional y a las que se descentralizaron en virtud del artículo 20 de la ley 790 de 2002, estarán constituidos por aportes del Presupuesto General de la Nación, por aportes de los entes territoriales y por recursos y rentas propias de cada institución.

Estas instituciones recibirán anualmente recursos del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales, que signifiquen un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 2010.

Artículo 5: A partir del año 2011 la Nación asignará recursos adicionales al Ministerio de Educación Nacional para su distribución entre las instituciones de educación superior que al entrar en vigencia la presente Ley son establecimientos públicos del orden nacional y a las que se descentralizaron en virtud del articulo 20 de la ley 790 de 2002, los cuales estarán destinados a promover la generación y mantenimiento de nuevos cupos y a contribuir con la cualificación del recurso humano.

En el año 2011 esta asignación será equivalente a un punto real sobre los aportes que la Nación haya asignado a dichos establecimientos públicos en el año 2010; en el 2012, dicha asignación será equivalente a dos puntos reales respecto al año anterior y en el año 2013 y hasta el año 2019 será de tres puntos reales respecto al año inmediatamente anterior.

Parágrafo. Los recursos adicionales que aporten las entidades territoriales a las instituciones de educación superior que al entrar en vigencia la presente Ley son establecimientos públicos del orden nacional y los que se descentralizaron en virtud del articulo 20 de la ley 790 de 2002, que ofrezcan y desarrollen programas de educación superior en su jurisdicción, serán destinados y distribuidos por la respectiva institución de educación superior concertadamente con la entidad territorial aportante, en los mismos términos y con los mismos efectos presupuestales establecidos en el presente artículo para los aportes que realiza el Gobierno Nacional.

Artículo 6. Adicionar el artículo 112 de la Ley 30 de 1992, con los siguientes parágrafos:

Parágrafo primero. El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el Presupuesto General de la Nación un aporte al ICETEX con destino a mantener los subsidios de matrícula que éste otorgue a estudiantes de bajos recursos de acuerdo con el instrumento de focalización que defina el Gobierno Nacional.

Parágrafo segundo. Se crea el Fondo para la Permanencia Estudiantil en la Educación Superior, sin personería jurídica, administrado por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX.Los recursos de este Fondo se asignarán mediante créditos o subsidios y serán destinados al cubrimiento parcial de los gastos de manutención de los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas y privadas del país, de acuerdo con el instrumento de focalización que defina el Gobierno Nacional, priorizando a las poblaciones vulnerables.

Los recursos del Fondo estarán constituidos por:

1. Aportes del Presupuesto General de la Nación.
   
2. Aportes de las Entidades territoriales, departamentos, municipios, distritos y otras entidades de derecho público.
   
3. Aportes y donaciones de particulares, organizaciones no gubernamentales, entidades de derecho público internacional y gobiernos extranjeros.
   

Artículo 7. Autorizar al Gobierno Nacional para adoptar una línea de crédito contingente gradual al ingreso dirigido a estudiantes de programas académicos de educación superior e implementarlo a través del ICETEX y el sistema de recaudo de impuestos nacionales. Los recursos para este esquema de crédito estarán constituidos por aportes del Presupuesto General de la Nación, de los departamentos, municipios, distritos e Instituciones de Educación Superior

Artículo 8. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones en contrario en especial el literal d) del artículo 43 de la Ley 30 de 1992, el artículo 11 de la Ley 1324 de 2009 y parcialmente el inciso 3 del artículo 10 de la misma Ley en lo atinente a la deducción que debía realizar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el Ministerio de Educación Nacional, del 2% del presupuesto de las instituciones de educación superior estatales u oficiales.

Cordialmente,

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA BUENAVENTURA LEON LEON
Representante a la Cámara Representante a la Cámara

JORGE HERNANDO PEDRAZA GUTIERREZ ALEXANDER LOPEZ MAYA
Senador de la República Senador de la República

CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA EDGAR ESPINDOLA NIÑO
Senador de la República Senador de la República

CARLOS R. FERRO SOLANILLA JAIME ERNESTO CANAL ALBAN
Senador de la República Senador de la República

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Los idiotas útiles

Excelentísimo presidente
de la República de Colombia
Don Alvaro Uribe Vélez

Señor Uribe, Perdone la molestia. Me tomo el atrevimiento de hacerle llegar estas líneas atento a la airada reacción que han tenido usted y altos funcionarios de su gobierno ante la difusión pública que ha tenido el testimonio del mayor retirado de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses Quintero (foto). Como usted sabe, el mayor Meneses acusó a su hermano menor, Santiago Uribe Vélez, de armar y dirigir a un grupo paramilitar en los años ‘90. El testimonio también lo salpica a usted, ya que según el testigo usted estaba al tanto y/o apoyó dichas actividades.

Disculpe que me haya dado por aludido el jueves pasado cuando usted tildó de “idiotas útiles” a los activistas por los derechos humanos Adkfo Pérez Ezquivel y Javier Giraldo que facilitaron el testimonio en Buenos Aires y a los periodistas del diario The Washington Post que lo difundieron en Estados Unidos. Es que yo presencié ese testimonio, y ese testimonio salió publicado primero en este diario.

Entonces quería escribirle para darle la tranquilidad de que la entrevista con Meneses y su testimonio se publicaron porque son de un valor periodístico innegable y no por otra razón. Usted dijo que quienes difundimos el testimonio de Meneses fuimos serviciales a los intereses de los narcoterroristas. Pero no fue por el accionar psicológico de los narcos que la noticia tuvo tanta difusión en Colombia. Después de ocho años de Seguridad Democrática no me va a decir que, además de Página y el Post, las FARC manejan también a los medios colombianos, incluyendo el multimedios propiedad de la familia de su excelentísimo señor vicepresidente. Sin embargo, todos se hicieron eco de la noticia.

Es que, señor Uribe, vamos, hay que decirlo, sobre su hermano Santiago pesa un estado de sospecha. El testimonio de Meneses no cayó del cielo. Se inserta en un contexto que es bueno recordar. Su hermano es un importante hacendado de Antioquia, donde prácticamente nacieron las bandas paramilitares, y muy cerca de la finca de su hermano operó un sanguinario escuadrón de la muerte conocido como los Doce Apóstoles. Es bien conocido, usted lo sabrá, que los escuadrones paramilitares fueron creados por hacendados y empresarios para combatir con métodos ilegales la guerrilla y la delincuencia, y que esos grupos se vincularon con fuerzas militares y de seguridad a través de los políticos locales. En los tiempos de los Doce Apóstoles usted fue senador por y luego gobernador de Antioquia. La estrategia de los paramilitares de aliarse, o para usar un término suyo, “penetrar” la clase política colombiana fue muy exitosa. Si lo sabrá usted: cerca de un tercio del Parlamento y varios gobernadores y alcaldes, incluyendo su primo Mario, están presos o bajo proceso por sus vínculos con los paramilitares. Casi todos son o fueron aliados suyos.

Volviendo al estado de sospecha que pesa sobre su hermano, no es que simplemente estaba en el momento justo, en el lugar justo, y en las condiciones ideales como para gestar y financiar una formación paramilitar. Seguramente no todos los hacendados asediados por la guerrilla en los ’90 respondieron a la amenaza con escuadrones de la muerte. Hasta es posible imaginar que los Doce Apóstoles hayan limpiado a los enemigos de Santiago y (de los demás hacendados) de gusto nomás, por iniciativa propia. Pero hay más.

Santiago Uribe ya había sido investigado dos veces como presunto cabecilla de los Doce Apóstoles, por la Fiscalía de Antioquia en 1998 y por Fiscalía General en el 2002. En ambos casos se dictó una falta de mérito o auto inhibitorio, como dicen ustedes allá, porque las fiscalías consideraron que no había suficientes pruebas para procesar o sobreseer a su hermano. El año pasado el dirigente opositor Gustavo Petro intentó abrir una investigación parlamentaria por el mismo tema pero no consiguió suficientes votos. Usted dirá: lo investigaron dos veces porque los fiscales son idiotas útiles del narcoterrorismo, y lo acusaron en el Congreso porque el narcoterrorismo penetró la bancada parlamentaria del Polo Democrático.

De hecho el testimonio de Meneses corrobora los dichos de un testigo de identidad reservada que figuran en el expediente judicial de los crímenes de los Doce Apóstoles. El testigo secreto sería un agente que habría servido de nexo entre la policía local y los paramilitares. Meneses era el jefe directo de este testigo y el responsable de la seguridad de toda la zona, amén de un oficial de alto rango de la institución policial. Dada la situación en que se encontraba, bajo cualquier parámetro de razonabilidad, hay que admitir que se trata de un testigo clave.

Y como bien apuntó el fiscal general de su país, Guillermo Mendoza Diago, al ser consultado sobre la situación de su hermano hace un par de días: “Cuando hay resoluciones inhibitorias y sobreviene una prueba, la obligación del funcionario correspondiente es revocar dicha resolución e iniciar una investigación según lo que amerite esa nueva prueba”. De sus dichos se desprende que Mendoza Diago reabriría la investigación de su hermano, sumándose así a su extensa lista de idiotas útiles al servicio del narcoterrorismo. Le recuerdo que Santiago Uribe nunca ha sido juzgado aún por los crímenes de los Doce Apóstoles, por lo que su derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo cimen está prácticamente garantizado.

Está bien, es cierto, su hermano y su vicepresidente se encargaron de recordar esta semana que Meneses había sido pasado a retiro por problemas legales y/o disciplinarios, dando a entender que es un testigo poco confiable. Yo lo entrevisté y le confieso que no le compraría un auto usado. Pero Meneses cobraba la pensión militar, sus causas judiciales se habían archivado y tenía un negocio informático que andaba bien. Todos sus afectos están en Colombia.

¿Qué necesidad tenía de exiliarse, pasar a la semiclandestinidad y autoincriminarse a riesgo de pasar años en la cárcel? ¿Qué necesidad tenía de confesarle a sus hijos que él es un asesino que mató y mandó a matar por orden de Santiago Uribe? ¿Todo eso por un puñado de dólares de los narcos? ¿Dónde y con quién iba a disfrutar ese dinero?

¿Y cómo hizo Meneses para convencer a los idiotas útiles de Naciones Unidas de que le dieran status de refugiado en Venezuela porque su vida corría peligro en Colombia? ¿Los miembros de los Doce Apóstoles que han muerto en circunstancias poco claras en los últimos años, se hicieron matar a propósito, para que Meneses tuviera una excusa para escaparse del país?

Qué sé yo. Hay que reconocer, señor presidente, que su jefe de Policía, el general Oscar Naranjo, estuvo rápido de reflejos. No bien salió publicado mi artículo citó al coronel Benavídez, ex jefe directo de Meneses, para un interrogatorio. Meneses me había dicho que tiene una grabación secreta de Benavídez donde el coronel avala la denuncia contra su hermano y contra usted. La cosa es que Naranjo salió del interrogatorio del coronel con un hallazgo: el testimonio de Meneses había sido comprado por un grupo narco llamado “los cambas”. El coronel no hizo declaraciones pero no importa: con lo que dijo Naranjo alcanzó para que usted, su hermano, su vice y su candidato en las elecciones de hoy salieran a difundir la idea de que Meneses es un agente del narcoterrorismo.

Lo que no termino de entender es lo que dijo su hermano. Explicó que el testimonio de Meneses fue armado para influir en la campaña electoral. Pero resulta que mientras su candidato se cansó de hablar del tema, el principal candidato de la oposición lo ignoró por completo. Entonces, más que de idiotas útiles habría que hablar de idiotas

inútiles, porque instalamos un tema en la agenda mediática supuestamente para perjudicarlo a usted, señor presidente, pero el tema lo termina capitalizando su candidato, el candidato oficialista.

Ojo que a mí no me molesta. Siempre digo que bastante difícil es hacer periodismo como para querer cambiar el mundo. Si la información vale, lo que se haga con ella o se deje de hacer ya no es mi problema.

No hace falta que diga que considero a su hermano inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso se da por descontado. Tampoco me compro todo lo que dijo Meneses, aunque todo lo que dijo me resulta creíble por el contexto antes mencionado. Pero me parece que no se puede negar que se trata de un testigo clave. Acusa a su hermano de asesino y a usted de cómplice. Dice que estuvo reunido con Santiago Uribe en presencia de otros testigos “unas cinco o seis veces”. Aporta datos sobre hechos, nombres y lugares en minucioso detalle, datos que podrían ser corroborados con inspecciones oculares, careos, documentos y demás diligencias judiciales para saber si dice o no la verdad. Ya verá el fiscal si conviene reabrir la causa.

Si no, hay otras instancias a las que tanto su hermano como los familiares de las víctimas de los Doce Apóstoles pueden acudir en busca de justicia. Usted sabe que tanto la fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica han realizado visitas a Colombia durante su mandato e informado sobre serias deficiencias en el funcionamiento de la Justicia de su país, sobre todo en zonas de conflicto. Es un mandato del derecho internacional que cuando las condiciones no están dadas para llevar a juicio a personajes importantes en un determinado país, las cortes internacionales tienen la obligación de intervenir y juzgar a los acusados.

Convengamos que su decisión de extraditar a Estados Unidos a los principales jefes paramilitares justo cuando empezaban a revelar sus contactos con políticos y militares no dejó muy bien parada a la Justicia colombiana. No es un detalle menor que la Corte Suprema recién se enteró de las extradiciones cuando los paras ya estaban arriba de un avión en vuelo a Florida.

Por todo lo antedicho, señor presidente, permítame la osadía de ofrecerle un consejo. Me parece que en casos como éste no conviene sacar conclusiones precipitadas sobre la salud mental de quienes difunden ciertos testimonios. Es posible que algunos no sean tan idiotas como usted piensa.

Saludos.
sodonnell@pagina12. com.ar
Tomado de Página 12 Domingo 30 de mayo de 2010, Argentina.

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