19 de octubre de 2010

A manera de editorial

Es la primera vez y esperamos que la última que Adida carece de servicio de internet y de base de datos institucional, elementos indispensables para una comunicacion oportuna y rápida con sus afiliados. Lamentamos que concepciones autonombradas como clasistas, que tienen presencia y pelechan al interior de las organizaciones sindicales, entraben el relevo en las direcciones sindicales y al mejor estilo Furibista, se niegen a abandonar el poder ante el dictamen de las urnas que los sancionó por los hechos discutibles en torno al manejo de Adida y que fueron ventilados en la ultima asamblea de delegados.

Debiera ser un capitulo cerrado, pero se empeñan en oxigenarlo, causandole daño a la organización y causandose daño a si mismos. Son angeles caídos, todavía soberbios, que no han querido asumir la lección, y que seguramente aprovecharan todo resquicio y oportunidad que dé la nueva correlación mayoritaria de la junta o sus amigos, para denostar, sin proponer, para enlodar, y para dividir.

Ante esta situación Renovación Sindical Antioquia con presencia en Adida, y que participó en la justa electoral con la plancha N. 16 encabezada por la dirigente ROSA AMERICA PEÑALOZA BARRERA, toma la decisión de facilitar su medio de comunicación, para enviar a traves de él la informacion Institucional de Adida y plantea a la Junta Directiva la solucion inmediata de esta carencia, y lo hacemos con respeto, con responsabilidad y compromiso con Adida.

Así mismo reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública estatal y los derechos de los educadores y nuestra independencia frente a la actual junta directiva en una actitud expectante, de colaboración y compromiso en las tareas encaminadas a estos fines pero crítica frente a hechos que no sean rigurosamente encaminados a fortalecer la organización sindical democrática pluralista y consecuente como necesita el magisterio, para afrontar con exito las tareas que se avecinan.
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Informe de gestión de la nueva Junta Directiva de ADIDA

Acerca de los intentos (y el método) para impedir que se corrija el rumbo de ADIDA


Yony Zea López, Tarsicio Córdoba Cuesta, Rosalba Vasco Marulanda, Jaime Montoya Restrepo, León Vallejo Osorio, Hanzz Marriaga Cruz, Fernando Ospina Yepes, Viviano Romaña Sánchez, miembros de la actual Junta directiva de ADIDA, ante el bombardeo permanente de provocaciones, mentiras, patrañas, engaños e infundios que el equipo dirigido por un reconocido caudillo difunde por todos los medios, incluidos los de la radio y televisión de ADIDA, a los cuales han tenido pleno (e irresponsable) acceso; nos permitimos hacer las siguientes puntualizaciones, al informar al magisterio sobre nuestras acciones en estos dos primeros meses.

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Seminario: ¿Qué hacer con el decreto 1290?

LA JUNTA DIRECTIVA DE ADIDA, su Secretaría de Asuntos Pedagógicos y Formación Sindical, el CEID ADIDA y la Escuela Sindical de ADIDA (ESA), acogiendo la orientación de nuestra XXXIII Asamblea de delegados, programa este Seminario. Al hacerlo, unifica recursos y esfuerzos con FECODE, en el marco de la agenda de los seminarios regionales 2010, del CEID FECODE.

FECHA: OCTUBRE 21, 22 Y 23 DE 2010

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12 de octubre de 2010

Magisterio a estudiar y debatir fraternalmente el proyecto de Estatuto Único propuesto por FECODE!!!

Por Rosa América Peñaloza
Delegada Asamblea de ADIDA

En la última Junta Nacional de Fecode realizada a finales del mes de septiembre se presenta a la discusión pública la última versión del proyecto de Estatuto Único de la Profesión Docente EUPD, después de ser revisado por el equipo jurídico de nuestra Federación.

Renovacion Sindical Antioquia, hace un fervoroso y fraternal llamado a todo el Magisterio y la Comunidad Educativa, a apropiarse, estudiar y debatir este proyecto, que se constituye en el pilar de lucha en este período, pero también nos permitimos hacer las siguientes consideraciones preliminares:

1.La FECODE y los sindicatos filiales deben promover el más amplio debate de este proyecto entre los educadores, gestionando espacios de discusión e implementando mecanismos ágiles para recoger las observaciones y aportes e introducir los que sean oportunos en el texto del proyecto, sin que se repita que los apuntes de las regiones caigan en el olvido o se ignoren como ha pasado.

2. Debe partirse para este debate, de un conocimiento preciso de la normatividad que nos rige especialmente el 2277 y el 1278, y sus decretos reglamentarios, para esto sugerimos elaborar un cuadernillo que contenga estos documentos y el proyecto de EUPD y que se reparta de manera suficiente para todo el magisterio.

3. La base del EUPD debe ser el 2277 que consideramos la conquista mas importante del magisterio, y que debe actualizarse y recuperar lo que ha sido desgranado por la embestida estatal.

4. El magisterio debe tener en cuenta las dificultades para colocar en discusion un proyecto de EUPD con un Congreso mayoritariamente del Uribismo y del PIN, y los demás coptados por la política de Prosperidad democrática, y aunque defendemos la táctica de la movilización como principal medio para lograr las reivindicaciones laborales, también es cierto que tenemos la responsabilidad de analizar y sopesar los factores favorables y en contra de esta tarea, que necesariamente debe discutirse en el Congreso, hacer lobby y recordar que la oposición está reducida solo al Polo Democrático y que no supera el 10% del total de senadores.

5. La discusion debe Unificar a todos los educadores independientemente que sean del 1278 0 2277. Fecode y los sindicatos filiales deben tomar medidas para evitar que quienes hacen oportunismo dividiendo los maestros obstaculicen una discusión enriquecedora, además debe vincularse a los directivos docentes y sus organizaciones gremiales y a los sindicatos de maestros municipales como Asdem en Medellín.

Renovación Sindical Antioquia y Renovación Magisterial abordaremos entusiastas esta tarea y dedicaremos un número especial a este tema.

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La CUT Antioquia se movilizó por Trabajo Decente el 7 de octubre (Fotos)

Con diversos actos académicos y políticos promovidos por organizaciones sociales y sindicales, y con una gran movilización la Cut Antioquia participo de la JORNADA MUNDIAL POR TRABAJO DECENTE el pasado 7 de octubre.





La movilización partió de la sede de ADIDA y conto con la participación de más de 50 organizaciones sindicales entre las que se contaron Adida, Asdem, Sintralimenticia, Usdidea, Sintraminergetica, Unime, Sintraiss, Sintraong, Sintracihobi, Sintt, Sintrainduleche, organizaciones de la CGT como Sintrasolla, sindicato del sector Estatal como Fenaltrase.



En la Avenido Oriental se sumo la Movilización Nacional por la Defensa de la Salud como un Derecho Fundamental, encabezada por Asmedas y las organizaciones del intersectorial de salud en el cual participan Sintrahospital General, Sintra clínica Medellín, que denunciaban la reforma de la salud como un atentado contra la nación Colombiana y un gran negocio para las EPS.



En Las horas de la tarde se realizo el foro “Trabajo Decente en la planeación de Medellín y del área Metropolitana”, en el museo de Antioquia, en la cual participó la Escuela Nacional Sindical y la Cut Antioquia como ponentes.





















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Segunda Caravana por la denuncia de las políticas laborales de las multinacionales (comunicado y fotos)

¡Se realizó la Segunda Caravana de Denuncia de las políticas laborales de las multinacionales que generan hambre, miseria, desempleo y agresión militar, el pasado 1 de octubre en Medellín!

Fotos Daniel Hawkins (ENS)

Con la política de favorecer la inversión extranjera a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC), principalmente los firmados entre Colombia con la Unión Europea, EEUU y Canadá, como insignia principal de la política económica del Uribismo y la base para el continuismo del gobierno de Santos, las multinacionales han arrasado la mediana y pequeña industria al igual que el empleo decente; fomentando la informalidad laboral, la tercerización con las Cooperativas de Trabajo Asociado, Órdenes de Prestación de Servicios -O.P.S-, Contratos Unipersonales y Ventas por Catálogo, el Subempleo y los salarios irrisorios, generando grandes ganancias a los inversionistas extranjeros y a los grupos económicos nacionales capitales que son exportados y que solo producen sobre explotación de los trabajadores y la destrucción de la naturaleza.



La política anti sindical de estos inversionistas extranjeros sindical se manifiesta despidos arbitrarios, liquidación de empresas, persecución e injerencia indebida contra las organizaciones de trabajadores y el exterminio físico inocultable con el asesinato de 48 sindicalistas solo 2009, llegando incluso al caso de financiar grupos paramilitares que exterminan, despojan y desplazan a trabajadores, dirigentes sindicales, líderes comunitarios y comunidades enteras, campesinos y comunidades indígenas, raizales y étnicas . Todavía reina la más grande impunidad, ocultando la verdad sobre los actores materiales e intelectuales de éstos crímenes y sin una política de devolución de tierras y retorno sostenible de las comunidades, justicia, verdad y reparación integral para estas y no repetición.



En Antioquia, se vive esto, con el caso de Segovia, donde la multinacional canadiense, MEDORO RESOURCES, “negociò” la FRONTINO GOLD MINES, que dejara sin trabajo decente y el derecho a sus pensiones a los mineros de la región; esta ha generado prácticas violentas en contra de dirigentes sindicales, sociales y comunitarios que denuncian estos hechos. De igual forma, en el municipio de Amaga, la tragedia minera donde murieron 73 trabajadores de la empresa Carbones San Fernando, asociada de GENERCAUCA Compañía de Generación del Cauca S.A., el pasado 17 de junio de 2010.



Se denuncio ante la comunidad la necesidad de proteger los derechos laborales de los trabajadores y el pueblo colombiano, verdaderos generadores de la riqueza. Tenemos que luchar por una política económica para que haya: empleo decente con contratación directa, con derechos laborales y sindicales, protección del ambiente, protección de las comunidades y el pueblo colombiano.



Estos son los motivos por los cuales el Comité Sindical de Empresas Multinacionales (COSEM) realizó la caravana de protesta contra las multinacionales. El COSEM integrado por sindicatos adscritos a la CUT. Unos 350 sindicalistas, a bordo de 5 chivas, un planchón con altoparlantes, y un buen número de motos y carros particulares, recorrieron el Valle de Aburrá e hicieron paradas en algunas empresas emblemáticas, como Philip Morris, Coca Cola, Meodoro, Global de Pinturas (Pintuco), Parmalat, Noel, Holasa, entre otras.



Rosa América Peñalosa, coordinadora de la Caravana, dio cuenta del éxito de esta actividad y señaló que se hizo para denunciar la renuencia de las multinacionales a respetar el derecho de asociación y precarizar las condiciones laborales. “Han arrasado con la mediana y pequeña industria y el empleo decente, fomentan la tercerización a través de cooperativas de trabajo asociado, órdenes de prestación de servicio, contratos unipersonales y ventas por catálogo; pagan salarios irrisorio y en algunos casos destruyen el medio ambiente”, señaló.




¡NO MÁS PRIVILEGIOS PARA LOS GRANDES EMPRESARIOS Y MULTINACIONALES A COSTO DEL ATROPELLO A LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO COLOMBIANO!


POR SOBERANÍA, DEMOCRACIA, PAZ, BIENESTAR E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. FUERA MULTINACIONALES DE LATINOAMERICA.
























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Por injustificados, sindicatos de la DIAN rechazan el despido de más de mil supernumerarios

Por Agencia de Información
Escuela Nacional Sindical (ENS)

El miércoles 5 de octubre la Dirección General de la DIAN anunció la desvinculación de más de mil supernumerarios de la entidad, argumentó falta presupuesto para cubrir la nómina de estos trabajadores; argumento que de inmediato fue rechazado por Sintradian y Sindian, las dos organizaciones sindicales de este ente oficial, que desde ese mismo momento han venido realizando asambleas informativas, mítines, marchas y eventos pacíficos en las diferentes seccionales de Bogotá y el resto del país, con el fin de tratar de reversar la medida.

Sostienen los sindicatos que el argumento presupuestal es “flojo”, o por lo menos cuestionable, por cuanto recientemente la entidad logró una adición presupuestal. Sin embargo, el director de la entidad, Juan Ricardo Ortega, insiste en la desvinculación de estos supernumerarios, todos de reciente vinculación: del 2008 en adelante. En todo caso, le exigen al gobierno aportar los recursos que hacen falta, si es que en verdad el problema tiene origen en el desajuste presupuestal de la entidad.

Al respecto Pedro Caro Estupiñán, presidente de Sinedian, señaló: “Las declaraciones del director generan incertidumbre sobre la institución. La necesidad presupuestal era de $34 mil millones, que fue lo que se consiguió, pero ahora dice que no es suficiente. De todas maneras no hay una información confiable, que permita identificar cuánto es realmente el faltante”.

Otro punto importante que señalan los dos sindicatos de la DIAN, a los cuales está afiliado cerca del 10% de los supernumerarios que serán despedidos, es que la ausencia de éstos no le permitirá a la entidad cumplir con las metas del recaudo de los ingresos corrientes de la nación, pues los supernumerarios cumplen tareas en todos los procesos de la institución: desde la documentación y correspondencia, hasta auditoría, cobranzas, cobro de impuestos, funciones aduaneras, etc.

Y otro aspecto no menos grave, es que con la decisión del recorte masivo del personal el nuevo director está incumpliendo los acuerdos de buena fe a los que el año pasado llegaron los sindicatos y el anterior director de la institución, los cuales tienen que ver con la ampliación de la planta (personal vinculado formalmente) y un pago de bonificaciones. Pero lo que hace ahora el nuevo director es todo lo contrario.

Caro Estupiñán afirma que incluso no hay claridad sobre el número exacto de supernumerarios que serán retirados del servicio, porque ni la misma dirección ha dado bien el dato. Según su información, saldrán 1.012 en todo el país; funcionarios que, insistió, son necesarios para el buen desempeño de la entidad.

“El año pasado cumplimos resultados por debajo de la meta prevista, este año se vincularon supernumerarios y estamos cumpliendo la meta. Pero ahora con este recorte esa meta no se va a poder cumplir; con el agravante de que a los funcionarios que quedan se le va a aumentar y recargar el trabajo, que es el otro temor”, señaló. Además, agregó, hay problemas estructurales asociados a la carrera administrativa, porque los funcionarios de carrera no pueden desempeñar como es debido algunas funciones que cumplen los supernumerarios.

Es más, Caro Estupiñán no descartan que esta vez ocurra lo mismo que ocurrió en el 2002 bajo la dirección de Mario Aranguren, cuando, argumentando dificultades estructurales, desvinculó de la entidad un número grande de funcionarios que no eran de carrera, para luego volverlos a vincular, incluso en mayor número. Es decir: cambiar unos supernumerarios por otros, en un acto de puro y simple clientelismo.

Actualmente, entre funcionarios de carrera y supernumerarios, la DIAN tiene en todo el país un total de 9.774 trabajadores y trabajadoras.


Descontento por declaraciones del director

Otra arista del problema interno que ahora tiene la DIAN, tiene que ver con las declaraciones que el miércoles pasado hizo su nuevo director Juan Ricardo Ortega ante la Comisión Tercera de la Cámara, donde tuvo lugar un debate sobre el funcionamiento de la entidad. Allí éste hizo cuestionamientos sobre el funcionamiento de la DIAN que encontró, y señaló fallas internas en el desempeño de la entidad.

Según Luis Ramiro Torres, Presidente Sintradian, sindicato mayoritario en la DIAN, con 1.540 afiliados, estas declaraciones del director han generado desconcierto y rechazo al interior de la entidad. “Él es el representante legal, nombrado para defender la entidad y resolver los problemas que pueda tener, pero se ha dedicado es a enlodarla ante la opinión pública, la ha dejado mal parada, para justificar sus decisiones”, dijo, y agregó que tales declaraciones han generado disgusto entre los directivos y subalternos inmediatos del director, que en privado las han rechazado. “Esperamos que ese descontento y ese rechazo se hagan públicos, porque pública fue la enlodada”, puntualizó el directivo sindical.


El gobierno se contradice

Por su parte José Luciano Sanín Vásquez, director de la ENS, llamó la atención sobre lo contradictorio que resulta que el Gobierno Santos esté hablando de fomentar el empleo formal, cuando en las entidades del Estado, como la DIAN, persiste un alto componente de empleo informal, pues los supernumerarios no son otra cosa que eso: trabajadores informales. Son funcionarios sin estabilidad laboral, discriminados laboral y salarialmente, precarizados. En la actualidad quedan unos 2.500 funcionarios en tal condición en la DIAN, según cálculos de los sindicatos, unos 300 de ellos con más de de 15 años como supernumerarios.

Como también está en contravía —agregó el director de la ENS— de la Sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, que ordena que las entidades del Estado no pueden seguir vinculando por contratos temporales o como supernumerarios a trabajadores que cumplen labores misionales. O sea que lo que la DIAN debe hacer, según esta sentencia, es vincular a su planta de cargos a todos sus supernumerarios, y en ese sentido se había avanzado en los acuerdos logrados con los sindicatos y la administración anterior.
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Alcaldia del municipio de Caldas Antioquia solicita levantamiento de fuero a dirigente sindical

Atención, levantamiento de fuero a dirigente sindical.

El Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios y Entes Descentralizados de Colombia. SINTRASEMA CENTRAL. Filial de la CUT, UTRAMMICOL.

Denuncia a la opinión pública nacional e internacional:


Que mediante demanda instaurada por el Alcalde Municipal de Caldas, Antioquia, ha solicitado el levantamiento del fuero sindical, del compañero HUMBERTO COLORADO BERMUDEZ, quien se desempeña como Secretario General de nuestro sindicato.

Que el compañero Colorado, es un dirigente sindical, cuyo vida laboral de mas de 30 años, ha estado acompañada a la lucha por la defensa de los trabajadores colombianos, situación ésta última que ha surgido como elemento primordial para que la administración municipal de Caldas, Antioquia encabezada por su Alcalde LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ, atente contra la figura de fuero sindical, para los trabajadores representantes.

En el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas, reposa una demanda para levantamiento del fuero del compañero Bermudez, en una intensión de que éste, sin el cumplimiento de los requisitos de Ley, se desplace a la atención de su Jubilación, por ello, el compañero se niega a presentar su renuncia a su empresa, pues ni ha solicitado su pensión ni cumple las condiciones para ello, y hasta tanto no haya el derecho, esté no ira en contra de las normas; por esto último la administración se empeña a pedir con argumentos ilegales, que el compañero Colorado, debe irse y quedar a la deriva.

Rechazamos este ataque a la voluntad y autonomía sindical, que busca que el compañero, no continúe prestado sus invaluables servicios a nuestra organización sindical, y así dejar al garete a los trabajadores representados en su cabeza.

Por lo antes dicho, solicitamos el rechazo general de las fuerzas vivas, sindicales y sociales, a la actitud antisindical, que viene presentando el alcalde Municipal, quien primero intento atacar el permiso sindical de los compañeros del Municipio de Caldas, y segundo ahora con este ataque al fuero sindical para proceder a su despido sin justa causa.

Sus oficios de Rechazo deben ser dirigidos al Alcalde Municipal LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ, al Fax:  o la Carrera 49 N° 129 Sur 84 en Caldas, Antioquia, Fax 338 80 81. correo electrónico caldasalcaldia@une.net.co

Copia a SINTRASEMA CENTRAL, al correo electrónico sintrasemac@une.net.co fax 278 25 43, o Carrera 49 N° 129 sur 46 oficina 216 Caldas Antioquia, Fax 278 25 43.

Fraternalmente.

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL.
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7 de octubre de 2010

Elementos para el análisis de la situación política actual, la agenda y los escenarios en materia laboral y sindical

Por Carlos Julio Diaz
Presidente CUT Antioquia

I. LAS HERENCIAS DE URIBE
A. En los temas políticos, económicos y sociales podríamos decir que la era Uribe nos deja al menos 15 grandes problemas:
B. En los temas laborales y sindicales se profundizó la exclusión sistemática de los trabajadores y sus organizaciones.

II. ¿URIBE III O SANTOS I?
A. Continuidades
B. Posibles diferencias

III. EN MATERIA LABORAL Y SINDICAL QUE SE PUEDE ESPERAR
A. La agenda que se puede esperar
B. Los retos inmediatos para II Semestre de 2010
C. Los criterios de actuación

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6 de octubre de 2010

Boletín del sindicalismo democrático N° 5: La CUT no debe aislarse

El pasado 30 de septiembre sin mediar explicación varios miembros del Sindicalismo Democrático fueron notificados de que la reunión del Comité Ejecutivo convocada oficialmente para ese día no se realizaría muy a pesar de que existía quórum.

Dicha reunión se había citado para definir la posición de la CUT en la Comisión Nacional de Concertación convocada para el día lunes 4 de octubre por el Gobierno Nacional, sobre los proyectos de ley de “Formalización y primer empleo” y “Creación del Ministerio del Trabajo”.

Posteriormente se conoció que la CUT a través de su presidente y secretario solicitaron al Viceministro de Relaciones Laborales el aplazamiento de la reunión de la Comisión de Concertación. Adicionalmente los compañeros de las otras centrales sindicales y la Confederación de Pensionados fueron notificados de que la reunión acordada entre ellos para el día 1 de octubre con el fin de preparar la sesión de la Comisión del 4 de octubre quedaba suspendida. Ninguna de estas decisiones fue tomada en ningún organismo estatutario de la central y menos aun fue consultada con nadie del Sindicalismo Democrático.

Frente a esta serie de hechos el Sindicalismo Democrático manifiesta su total desaprobación. Con esta manera errónea de proceder por parte de la actual mayoría de la CUT se acentúa el aislamiento de la central.

Ya varias organizaciones sindicales filiales de la CUT se han venido reuniendo con el gobierno nacional a través del Vicepresidente la República Angelino Garzón, como ha sido el caso de Fecode entre muchas (USO, Sintratelefonos, Sintraemcali, Funtramienergetica), que el pasado 29 de septiembre con la presencia de todo su Comité Ejecutivo acordó diversos asuntos relativos a las demandas de su gremio.

Esta es una de las múltiples consecuencias a las que ya empezamos a vernos abocados por las decisiones equivocadas en la CUT tanto por las derivadas de la excluyente declaración política de la Junta Nacional de septiembre de 2010, como de las señaladas arriba en este texto.

Es evidente por tanto, que si la CUT se niega o es indecisa en la participación en los escenarios del diálogo social o en el trámite de la agenda laboral y sindical frente al gobierno, seguirá perdiendo protagonismo y se aislará aun más de poder incidir tanto política como socialmente.

Por su parte, el Sindicalismo Democrático entendiendo que a las organizaciones sindicales como la CUT, les es propio buscar la interlocución con el gobierno y los empresarios a objeto de tramitar los diversos reclamos y derechos laborales y sindicales de los trabajadores, y en razón del mandato del V Congreso de la CUT, considera que es conveniente la participación de la CUT en la reunión de la Comisión de Concertación al igual que lo harán las otras confederaciones, llevando a este escenario las propuestas que sirviéndoles a los trabajadores logre concitar frente a ellas, por la razón y la movilización a la mayor opinión pública que logre un articulado que propicie una verdadera formalización laboral, eliminando la tercerización de las CTA y los contratos de prestación de servicios, así como también se definan criterios y políticas para generar empleo.

Toda vez que ha sido aplazada la reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Sindicalismo Democrático pone a consideración al menos 10 propuestas, para ser llevadas a dicha reunión, por parte de la CUT, frente al proyecto de ley de formalización y primer empleo, tales como:1. Una definición de trabajo formal que involucre la recomendación de la OIT sobre la Relación Laboral. 2. Protección de seguridad social de parte del Estado para los trabajadores independientes. 3. Formalización del empleo en el Estado cumpliendo con la sentencia C-614 de la Corte Constitucional. 4. Formalización laboral en grandes empresas (multinacionales) y pequeñas empresas eliminando toda intermediación laboral. 5. Prohibición de las CTA, para la intermediación laboral. 6. Fortalecer en el nuevo Ministerio de Trabajo la inspección laboral. 7. Realizar información y seguimiento sobre trabajo decente. 8. Crear un Fondo de formalización y empleo con los recursos de las exenciones tributarias que se eliminen. 9. Retirar los contratos de aprendizaje ilimitados. Y 10. Los contratos de aprendizaje serán reales contratos de trabajo. Así mismo acompañará toda propuesta que especialmente proviniendo de los compañeros de las otras Confederaciones estén encaminadas a defender y ampliar los derechos y garantías de los trabajadores.

Por último, en razón de la aplicación del Plan de Acción consensuado en la Junta Nacional de septiembre de 2010, nos debemos vincular a las acciones de movilización en solidaridad con los sectores en conflicto (salud, educación, corteros, defensa de la parafiscalidad, Dian, provisionales, etc), y muy especialmente a la III Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada por la CSI para el 7 de octubre.

Bogotá, D.C. octubre de 2010

Boris Montedeoca Anaya
Francisco Maltes
Ligia Inés Alzate
Witney Chávez
Hernán Trujillo
Jaime Goyes Luna
Jorge Albin Anaya
Fabio Arias Giraldo
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Denuncia Pública

La Estrella, octubre 01 de 2010

La Ciudad:
A QUIEN INTERESE

Asunto: DENUNCIA PÚBLICA

“SINTRAVIDRICOL” Seccional la Estrella, denuncia públicamente las políticas y conductas represivas protagonizadas por los representantes de la MULTINACIONAL ROSS contra la organización sindical y sus afiliados, en cabeza del Doctor CARLOS DANIEL POSADA DUQUE; quien, en la actualidad ejerce unas directrices anti sindicales tendientes a la liquidación del sindicato en las empresas ANDES CAST METALS FOUNDRY LTDA y ANDES INTERNACIONAL TOOLING LTDA.

De manera arbitraria la empresa viene despidiendo trabajadores sindicalizados sin justa causa, empleando con esto un lenguaje de injusticia, persecución y terror contra los trabajadores sindicalizados; a la vez que está limitando la actuación de la organización en éstas compañías.

Las políticas anti sindicales de la MULTINACIONAL ROSS, son ampliamente conocidas por algunas Entidades que supuestamente protegen al trabajador y las organizaciones sindicales, y que paradójicamente no actúan frente al abuso del poder y las arbitrariedades patronistas implementadas por los representantes de éstas compañías. El MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, ha hecho caso omiso a la cantidad de quejas y denuncias que la Seccional la Estrella ha interpuesto desde su creación, dejando vulnerable desde todo punto de vista a los trabajadores sindicalizados de dichas empresas.

Por otra parte, el empleador ha aprovechado la pasividad de ésta Entidad para perseguir y acosar laboral y sindicalmente a los trabajadores afiliados, y ha impuesto su ley violando constantemente los derechos fundamentales de los trabajadores, derechos constituidos en la CARTA POLÍTICA DE COLOMBIA, EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y LOS DERECHOS LABORALES INTERNACIONALES.

Es de anotar que en la actualidad reposan varias denuncias en juzgados laborales contra las compañías mencionadas, pues sus atropellos son cada vez más frecuentes y radicales. Además es clara la vehemencia y la imperiosa necesidad del empresario por diezmar y aminorar a la organización sindical teniendo en cuenta que se aproxima una futura negociación colectiva y en la que querrán que lleguemos debilitados y sumisos.

La Seccional la Estrella rechaza una vez más, los ataques reiterados del empresario y los hechos ocurridos el día 30 de septiembre del año en curso, dónde actuando de mala fe, despidió a varios trabajadores de ACMF, con el trillado argumento de una baja en la producción; dos de los compañeros eran sindicalizados y llevaban más de cuatro años de antigüedad en la compañía; además, ninguno ostentaba algún tipo de sanción.

Consideramos que el empresario ha incurrido en otro desacato a las leyes y normas que rigen los derechos colombianos, pues, sus decisiones obedecen más a una errónea interpretación y aplicación de la facultad legal que le ha otorgado el legislador, que a una real necesidad empresarial; en este caso el despido constituye una anomalía jurídica por cuanto atenta contra el principio de estabilidad en el empleo, principio que es clave en el derecho individual del trabajo, toda vez que la tendencia natural de la actividad profesional es precisamente su continuidad y permanencia en el tiempo hasta los límites de la propia capacidad profesional.

Por otra parte Artículo 25. De la Carta Política de Colombia, dicta: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. El Artículo 7º del CST., dice: “El trabajo es socialmente obligatorio”. Uno de los principios, sino el principal, es la estabilidad, la posibilidad y la seguridad de todos los trabajadores de conservar sus empleos. Y máxime como este caso en especial, si se trata de una persecución netamente sindical y no laboral, ni de connotaciones de fuerza mayor.

Esta denuncia la hacemos pública, conscientes de nuestra responsabilidad social. Así mismo, pedimos la SOLIDADRIDAD de los sindicatos nacionales e internacionales, de los entes encargados de vigilar y administrar justicia social, como: EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, LA PROCURADURIA, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, de los medios de comunicación, (radio prensa y televisión), y de todos organismos que trabajan incansablemente para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, como: LA CUT, LA ENS, LA NEPO, ETC.

Cordialmente,

BAIRON RIVERA OCHOA
PRESIDENTE SINTRAVIDRICOL SECCIONAL LA ESTRELLA.

“POR UNA COLOMBIA MÁS JUSTA”
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Soberanía alimentaria: ¿Qué comemos?

Cada día nos llevamos a la boca decenas de alimentos. Confiamos en marcas como Kraft, Coca Cola, Nestlé, Danone. Pensamos que los nuevos alimentos funcionales, a los que se les atribuye cualidades terapéuticas, como huevos enriquecidos con ácidos grasos omega 3, leche y yogures fermentados con cultivos probióticos y cereales con ácido fólico nos permitirán vivir más y mejor. Pero hay un lado oscuro de aquello que comemos.

El uso de colorantes, edulcorantes, emulsionantes y saborizantes es una práctica habitual a la hora de procesar los alimentos que consumimos. En Estados Unidos, y a través de la ingesta de comida, se calcula que cada ciudadano toma anualmente 52 kilos de aditivos, hecho que genera crecientes dosis de intolerancia y alergias a los mismos.

El ingrediente artificial que más problemas genera es la sacarina, el más extendido de todos, junto con la cola y la cafeína.

Según una investigación realizada en la Universidad de Southampton, en el 2007, por encargo de la Agencia de Estándares Alimentarios del Reino Unido, la mezcla de colorantes artificiales alimentarios con el benzoato de sodio, un conservante utilizado en helados y repostería, produciría un aumento de la hiperactividad en niños. Cómo señalaba el profesor Ruperto Bermejo, experto en colorantes alimentarios de la Universidad de Jaén, la solución pasa por sustituir los colorantes artificiales por otros de naturales, sin embargo "para la industria, el coste de los colorantes naturales es mucho más elevado que el de los sintéticos". Una vez más los intereses económicos prevalecen por encima las necesidades y el bienestar de las personas.

Y es que unas pocas empresas monopolizan cada uno de los tramos de la cadena agroalimentaria, desde las semillas, pasando por los fertilizantes hasta la distribución de los alimentos. La distancia entre el campesino y el consumidor se ha ido alargando en los últimos años, con la consecuente pérdida de autonomía por parte del productor y la creciente mercantilización de la comida.

Unas pocas empresas acaban determinando aquello que comemos: qué, cómo, cuándo y dónde se elaboran los alimentos y qué precio se paga por los mismos tanto en el origen, al campesino, como en destino, en el supermercado.

El derecho a decidir en las políticas agrícolas y alimentarias no está hoy garantizado. Hay que reivindicar el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, el acceso del campesinado al agua, a la tierra y a las semillas, a poder escoger alimentos libres de transgénicos. Sólo así nuestra seguridad alimentaria será una realidad.

Esther Vivas
Tomado de Rel-UITA
España, septiembre de 2010
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¿Se diferenciará Santos de Uribe?

Por Marcelo Torres.

El artículo de Marcelo Torres que reproducimos en esta edición fue publicado el pasado 19 de julio. No obstante que su circulación por Internet se dio casi un mes antes de la posesión del actual Presidente de la República, y que desde entonces varios y muy importantes acontecimientos han empezado a dar respuesta positiva al interrogante que sirve de título del artículo, los planteamientos básicos del mismo mantienen una candente actualidad, a saber: las bases reales a partir de las cuales podría explicarse la diferenciación entre el gobierno Santos y el régimen uribista; en qué aspectos, nada adjetivos sino esenciales, puede preverse que se concrete esa diferenciación; las razones por las cuales es de prever que tal diferenciación implica enfrentamiento; los obstáculos a los cuáles debe enfrentarse la política del gobierno Santos y, en ese contexto, el gran acierto que constituye la propuesta planteada por el ex candidato presidencial Gustavo Petro alrededor de los temas del despojo de tierras, el agua y las víctimas de la violencia. Por estas razones ofrecemos en esta edición dicho artículo a nuestros lectores.

Como una aguda expectación optimista, podría denominarse el estado de ánimo que prevalece hoy en Colombia en el grueso de la opinión pública. Podría atribuirse a que no sólo los individuos, sino también los grandes conglomerados sociales, piensan con el deseo en determinadas circunstancias. En efecto, una vez electo Juan Manuel Santos como el nuevo presidente de la República, es esto lo que parece estar operándose: ante algunos indicios, percibidos como muestras de que su gobierno puede ser diferente al de Álvaro Uribe, los medios de comunicación y sus analistas se han entregado a una especie de euforia, descubriendo en cada palabra o acto de Santos un nuevo motivo de confirmación de la anunciada diferenciación. Lo cual nos estaría indicando que la mayoría de los llamados hacedores de opinión alimentan, por lo menos, una inocultable aspiración porque así sea. Un signo positivo en medio del asfixiante uribismo que ha sobresaturado a Colombia por dos cuatrienios. Pero que tales deseos puedan llegar a realizarse cabalmente, considerando los factores reales de los cuales depende tal giro, eso ya es otra cosa.

Los síntomas aludidos han sido, hasta ahora, los anuncios de Santos sobre nombramientos del nuevo gabinete en Relaciones Exteriores, Agricultura, y Hacienda (que recaen en personajes que han tenido fricciones, incidentes problemáticos con Uribe o que han sido francos contradictores suyos, como Juan Camilo Restrepo), acerca de la resurrección de ministerios suprimidos (Trabajo, Vivienda y Justicia), o relativos al planteamiento de una “tercera vía”, como el llamado a la “unidad nacional” al que pareció darle pábulo el respaldo liberal y, según opiniones interesadas, la reunión con Petro.

Mención especial merece el nuevo incidente con Venezuela, a raíz de las acusaciones públicas del ministro de Defensa Gabriel Silva al gobierno del país vecino, de permitir la presencia de campamentos de las Farc y de columnas del Eln en su territorio y de servir de refugio a dirigentes de ambas agrupaciones guerrilleras. Lo que derivó en la decisión del gobierno Uribe de llevar la denuncia a la OEA, y en el de Chávez cancelando su asistencia a la posesión de Santos. Sobre el episodio se ha dicho, con razón, que divulgar en vísperas de la posesión del nuevo presidente, informaciones que el ministro de Defensa ha revelado estaban en poder del gobierno colombiano desde 2004, no puede obedecer a otra cosa que a lanzarle un torpedo, o “una carga de profundidad”[1], a la normalización de relaciones entre los dos países. Días antes el presidente Uribe se había referido a la inconveniencia de que Colombia adoptara una diplomacia “babosa” y “meliflua”, un rechazo directo al proyecto del presidente electo Santos de buscar por la vía diplomática el mejoramiento de las relaciones colombo-venezolanas.

Diferenciación… ¿en qué?

Lo primero que cabría precisar respecto de la mencionada diferenciación es en cuál o cuáles aspectos se manifestaría la misma. No parece tener mayor fundamento esperar que tuviera lugar en el terreno de las políticas económicas y sociales. La trayectoria de Santos como ministro de Hacienda, de Comercio Exterior, de delegado de la Federación de Cafeteros en Londres, no sólo le da muy poco piso a esa expectativa sino que, por el contrario, tales desempeños mostraron un Santos apegado a pie juntillas al modelo neoliberal. Sobre todo, resulta cuesta arriba creer que Santos no seguirá apegado al modelo cuasicolonial, de país minero-exportador, que para Colombia constituye un indudable retroceso, propio de las fases más tempranas del imperialismo mundial, resultante de los veinte años de modelo neoliberal. Acaso, para apreciar si hay base o no para esperar una diferenciación, se puedan sopesar más bien algunos elementos de juicio en otro terreno, en relación con ese elemento esencial y fuertemente característico de lo que puede llamarse en propiedad el régimen uribista: la influencia paramilitar y mafiosa en la dirección del Estado.

Es cierto que Uribe, poco después de declarado inconstitucional el referendo reeleccionista, se sinceró públicamente respecto de cuál era el candidato de su predilección. Como es sabido, la escogencia del personaje que, a su juicio, debía llevar adelante la continuidad de su régimen no recayó originalmente sobre Juan Manuel Santos sino que designó claramente a Felipe Arias, Uribito, su descaecido ex ministro de Agricultura. Mientras que Uribe puede considerarse el exponente máximo de esa hornada social emergente cuyas raíces se hunden en el turbión de violencia y narcotráfico que azotó a Colombia en las últimas tres décadas, Juan Manuel Santos pertenece a la más encumbrada plutocracia bogotana de los negocios y la política, cuyo influjo ha resultado decisivo en los asuntos del Estado en los últimos setenta u ochenta años. Era natural que Uribe pretendiera señalar su sucesor de entre sus fieles y subordinados; debía causarle aprensión que el encargo recayese en el vástago de un linajudo clan familiar circundado del halo de la historia y la tradición –la oficial, por supuesto−, afincado en un emporio de las comunicaciones y con un presidente entre sus predecesores. Y aunque segmentos de la añeja élite capitalina hubiesen tenido tratos con los jefes de las huestes de la pólvora y la motosierra, y estas a su vez hubieran aprovechado a aquella para trepar hacia el poder, nadie negará dichas diferencias, históricas y sociales, entre el delfín del santismo y el agreste caudillo de El Ubérrimo.

También es verdad que las pérdidas económicas que ya pasaron los cuatro mil millones de dólares por los problemas con Venezuela –el segundo mercado exterior del país −, la postergación indefinida de la aprobación del TLC con Estados Unidos por el Congreso norteamericano, debido al persistente asesinato de sindicalistas, como la evidente mirada crítica de la actual administración estadounidense sobre el gobierno Uribe, al igual que las embarazosas revelaciones sobre conexiones del uribismo con paramilitares, terminaron por generar malestar con el régimen en considerables sectores del empresariado y aun de la cúpula económica. Por estos días, voceros de los empresarios de Norte de Santander, debido a la aguda crisis económica derivada de las restricciones del comercio con Venezuela, anunciaron una carta dirigida al presidente Uribe, de la cual se hizo vocero el gobernador de ese departamento, demandando “un marco legal de excepción” para esa región[2].

A una eventual voluntad de diferenciación de Santos respecto del gobierno Uribe, ¿a qué le tocaría enfrentarse? Al régimen político, económico y social, que durante los ocho años de sus dos gobiernos, erigió Álvaro Uribe, una mezcla de neoliberalismo a ultranza con fuerte influencia paramilitar y mafiosa en la dirección del Estado. Los desarrollos neoliberales se plasmaron en una legislación regresiva, en privatizaciones a granel y en reformas del aparato estatal, todo ello lesivo del interés nacional y de sus mayorías[3]. No sólo hubo una nutrida presencia de parapolíticos en la bancada parlamentaria del partido del Presidente –de donde provino buena parte de los efectivos de la coalición de gobierno−, sino que fue innegable la influencia paramilitar y mafiosa con poder decisorio, o por lo menos con una infiltración extendida, en la dirección de entidades e instituciones clave del gobierno y del Estado (DAS, Fiscalía, ministerio de Agricultura, Comunicaciones, Ejército, Policía, universidades y representaciones diplomáticas), aupada o consentida por el primer mandatario[4].

En consecuencia, el país padeció el favorecimiento desde el Estado de parapolíticos y paramilitares en materia de apropiación, posesión y legalización de tierras y de recursos públicos, junto a la tentativa, llamada de Justicia y Paz, –felizmente frustrada− de restablecerles derechos políticos, permitirles el disfrute de sus fortunas y garantizarles completa impunidad. Colombia experimentó los gajes de un verdadero Estado policíaco durante largo tiempo con la “guerra política” a cargo de la agencia de seguridad estatal manejada desde la Casa de Nariño que, hoy se sabe, comprendió espionaje de magistrados y líderes de la oposición, interceptaciones telefónicas ilegales, desinformación, actos de terrorismo, asesinatos y acciones hostiles contra embajadas de otros países. Finalmente trascendió que en la ocurrencia de muchos de los llamados “falsos positivos” los efectivos militares que los perpetraron contaron con la colaboración de agrupaciones paramilitares[5]. Hasta hoy, otra de las realidades incontrovertibles del país uribista es el mantenimiento del poder paramilitar y mafioso en varios departamentos y numerosos municipios. Como telón de fondo, proliferó una economía subterránea, mafiosa, que aunque de vieja data, ahora robustecida bajo la sombra del régimen, generó la conmoción social del derrumbe de las “pirámides”, el control de numerosos sectores económicos informales y/o ilegales, y, en particular, el inmisericorde agio extrabancario.

A Uribe, no obstante, le faltaron cosas por completar y consolidar. La lista, aun resumida, no es breve: someter a las altas cortes y al resto de jueces; lograr una eficacia, hasta hoy problemática, en la defensa legal de sus amigos y, eventualmente, en la suya propia; echar tierra a varias investigaciones judiciales enojosas, de reciente y de más antigua data; facultad presidencial para nombrar el Fiscal; una prensa y unos medios de comunicación más colaboradores, imbuídos de temor reverencial por el Ejecutivo; una policía política que lleve a cabo las faenas que le fueron encomendadas al DAS pero sin tanto obstáculo institucional; integración de organismos de control decorativos; consolidar el statu quo en la situación de la propiedad de las tierras despojadas a campesinos desplazados; lograr la aprobación del TLC por Estados Unidos y, en fin, llevar a cabo las reformas constitucionales y legales que priven del todo a los colombianos comunes y corrientes de los derechos cuyo ejercicio entraba la aplicación de las regresivas medidas políticas, económicas y sociales concernientes al plano laboral y al conjunto de la economía. Desde luego, tales realizaciones deberían permanecer en el marco institucional adecuado a la “confianza inversionista”, hoy existente, que requiere de la gran liberalidad de que gozan las multinacionales para hacer negocios en Colombia, suma obediencia a Washington y a las instituciones internacionales que aseguran su predominio, respeto a los convenios bilaterales –como el de las bases militares, así se aparten de la Constitución−, y estricta observancia de la política antinarcóticos gringa. Es decir, que las cosas que a Uribe le faltaron para completar su régimen terminarían por apuntalar, aunque fuese con las formalidades “democráticas” de fachada, el andamiaje fascistoide que se ha propuesto echarle encima al país. Y habida cuenta de que por el hundimiento del referendo reeleccionista no le fue dado llevar a cabo dicho proyecto por sí mismo, se explica que a la postre, luego de que el escándalo de Agro Ingreso Seguro desportillara la candidatura de su valido Uribito, tuviera que terminar otorgando su apoyo pleno y público a la candidatura de Juan Manuel Santos. Sin lugar a dudas, con el propósito de que el respaldo de Uribe a Santos conduzca a que el nuevo gobierno realice por lo menos buena parte de las metas faltantes.


La diferenciación implica enfrentamiento

Debe darse por descontado que Uribe hará cuanto esté a su alcance en pos de sus objetivos. Y no parece que Uribe haya de ser un ex presidente “común y corriente”; podría ser erróneo que, una vez salga de la Casa de Nariño, se le equiparara automáticamente a la habitual condición de otros ex presidentes. No mientras Colombia siga bajo el castigo de la violencia y el narcotráfico, y ahora del resurgimiento de las llamadas bandas emergentes. En esa perspectiva no puede perderse de vista uno de los principales nubarrones: la innegable influencia del paramilitarismo y de las mafias del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, extendida y de vieja data, de la que no escapan las filas de los escalones superiores del mando. Ni la inquietante interpelación de los generales en retiro hecha durante la campaña eleccionaria a los candidatos presidenciales, reclamando respeto al fuero militar, demanda que Uribe se apresuró a respaldar[6]. Ni las mayorías parlamentarias uribistas, con su nutrida bancada de suplentes o reemplazos de los parapolíticos, de los cuales no hay que preguntarse mucho si coadyuvarían proyectos legislativos o medidas de gobierno distintas o en contravía de las que instauró el régimen, al cual deben las posiciones de influencia política alcanzadas en sus regiones. Como tampoco cabe ignorar la actitud que asumirían ante igual situación las camarillas regionales de todo el país que emergieron con el ascenso paramilitar y mafioso y que tienen en su poder numerosas alcaldías y gobernaciones.

De otra parte, Juan Manuel Santos fue protagonista de primera fila del régimen uribista y partícipe como tal, o con responsabilidad insoslayable, en esenciales acciones del mismo, como el bombardeo al campamento de las Farc en territorio ecuatoriano y los falsos positivos. De tales acontecimientos hay hechos conocidos, y, eventualmente, pueden salir a flote otros no conocidos; luego, no pueden descartarse a la ligera los ulteriores efectos que todo ello pudiera llegar a tener en las posiciones del nuevo gobierno. Aún está sobre la mesa la afirmación de Mancuso en el sentido de que Francisco Santos le propuso la creación del llamado Bloque Capital para Bogotá[7].


Los hechos indicarán el camino

A la luz de las concretas circunstancias nacionales, ¿hay base para esperar una diferenciación del gobierno de Santos del de Uribe en el fundamental aspecto señalado? Paréceme que si se coincide en que buena parte de la alta burguesía que comanda los grupos económicos del país −a la cual el presidente electo está ligado por historia y tradición− viene moviéndose en esa dirección, puede ser aventurado descartar de entrada una voluntad política de Santos en tal sentido. Lo propio cabe observar de una conclusión de apresurado optimismo, que dé por hecho no únicamente el propósito de diferenciación en el nuevo presidente sino las condiciones para llevarlo a efecto. El próximo gobierno tendrá lugar en un complejo cuadro de intrincadas circunstancias políticas y económicas. Ni ese rígido apriorismo que pretende pasar como una concepción revolucionaria y que sólo impide ver la fluidez del mundo real, el inveterado simplismo distintivo de ciertos sectores de izquierda, ni el dejarse llevar por las primeras apariencias, serán buenos consejeros en la dinámica que se avecina.

Comoquiera que se mire, lo que quiere ponerse de relieve aquí es que, aún en el evento de que Santos tuviera la voluntad política de diferenciar su gobierno o de tomar distancia respecto del aspecto clave del régimen de Uribe, consistente en la fuerte influencia paramilitar y mafiosa en el Estado –voluntad que hoy es poco menos que imposible de establecer a simple vista−, debería enfrentar o superar obstáculos, como los que se han mencionado, que con seguridad se interpondrían en ese camino. Por consiguiente, lo que indica el sentido común es atenerse a los hechos y actuar en consecuencia con ellos. En la dinámica en marcha en la sociedad colombiana de hoy, hacia la conformación o consolidación de agrupamientos básicos del país[8], no puede descartarse que Juan Manuel Santos se alindere en el que corresponde a la presidida por la cúspide de los grandes negocios con su cortejo de neoliberales que no desean ya más junturas con el paramilitarismo y las mafias. En las condiciones de Colombia, esa separación y eventual enfrentamiento sería beneficioso para las fuerzas de la democracia en la medida en que permitiría sofrenar el peligro principal, los bastiones de la muerte que se expresan en el uribismo, o enfrentarlos en mejores condiciones. Una de las tareas del avance del proceso democrático en Colombia, la más importante en la hora actual. El quid del asunto para las fuerzas democráticas reside en mantener su independencia, adelantar una oposición consecuente, y aprovechar cualquier resquicio del momento para proseguir la lucha por la transformación a fondo del país.


La audaz propuesta de Petro

Un recurso del momento consiste precisamente en aprovechar la inclusión de temas de fondo en la ofrecida “unidad nacional” de Juan Manuel Santos, cualquiera que fuere el propósito que la anime. Es el rol de la propuesta hecha por Gustavo Petro, respondiendo a lo planteado por el presidente electo, de modo que la proposición concrete lo que Petro ha llamado un diálogo nacional. Los candentes temas de la tierra, las víctimas y el agua, tienen la virtud de que permiten deslindar campos con los intereses de las legiones ilegales armadas y tomar partido por los de las mayorías y del país. La discusión pública de tales asuntos puede ampliar el conocimiento de los colombianos y permitir vislumbrar el fondo de las neurálgicas cuestiones; además, por esta vía la oposición podría llegar con sus puntos de vista al gran público al que no ha podido influir. Es el gobierno de Santos el que debe demostrar su interés real por lasolución de tales problemas. Si no lo hace o incumple su anuncio en tal sentido, podrá cobrársele con fundamento. Y se habrá jugado el genuino papel que corresponde a la izquierda en estos tiempos.


Bogotá, julio de 2010

[1] “Uribe está lanzando cargas de profundidad contra Santos: Samper”, entrevista de Yamid Amat a Ernesto Samper www.eltiempo.com, 18 de julio de 2010.

[2] “Empresarios de Norte de Santander pidieron al gobierno declarar la crisis económica”, www.eltiempo.com, 17 de julio de 2010.

[3] Si nos limitáramos sólo a política de privatizaciones, durante los ocho años de la administración del presidente Uribe, entre liquidaciones, ventas, y reestructuración de nóminas, la poda fue del orden de 464 entidades del Estado. Fueron liquidadas casi 50 entidades, entre las que se destacan el Banco Cafetero, la Fundación Ciudad de Cali, la Caja Nación de Previsión Social, el Incora, el Inat, el Instituto de Fomento Institucional IFI, el Instituto para el desarrollo de la democracia Luis Carlos Galán Sarmiento, las tradicionales residencias femeninas en Bogotá, Carbocol y Minercol, entre otras. Por la sola venta de Bancafé, el 51 por ciento de las acciones de Telecom, Ecogas, Granahorrar, y las electrificadoras de Norte de Santander, Cundinamarca y Santander, el Gobierno recibió no menos de 8 billones de pesos. A esto se le suma la venta del 10 por ciento más una acción de Ecopetrol por un valor de 5.7 billones de pesos. También se adelantó la división del Instituto de los Seguros Sociales. Hay que agregar el cierre de varios hospitales entre los que se destacan las empresas sociales del Estado Rafael Uribe Uribe, Policarpa Salavarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, José Prudencio Padilla, la Caja Nacional de Previsión Social y la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander. También se implementó un agresivo programa de modificación de la planta de personal en 93 organismos y entidades del Estado, por ejemplo, en Corpoica, Hotel Tequendama, Findeter, Fondo Rotatorio de la Armada, Fuerza Aérea y del Ejército. El gobierno Uribe, además, procedió a liquidar electrificadoras de Córdoba, Guajira, Sucre, Atlántico, César, Magdalena, Chocó y varias empresas de servicios públicos. Cfr.www. “Casi 50 entidades fueron liquidadas durante el Gobierno Uribe”, www.caracol.com.co, 5 de junio de 2010.

[4] Rafael García, el ex jefe de Informática del DAS cuenta que luego de aprobado por el presidente Uribe su nombramiento como jefe del DAS, Jorge Noguera le dio instrucciones en el sentido de que lo que necesitaban las AUC de él era “información y plena colaboración” del DAS, acceso a la Fiscalía y a Medicina Legal. De la segunda se encargo el propio Noguera, aseguró García, porque estableció una relación cercana con el Fiscal Luis Camilo Osorio. En la segunda no hubo nada pero en remplazo de ello, agregó Rafael García, se tuvo acceso a la Registraduria a través del gerente de Informática de la misma, José Morillo, llevado a ese cargo en el gobierno Pastrana por los Araújo Castro. El alcance de la influencia paramilitar llegó, según García, no sólo al DAS: además de la Fiscalía y la Registraduría, incluyó también a los ministerios del Interior, de Agricultura y de Comunicaciones. Cfr. Entrevista a Rafael García, www.noticiasuno.com, 15 de mayo 2010.

[5] “Una supuesta alianza entre las Auc del Meta y las Fuerzas Militares en esa región, para conseguir 'positivos', ha sido el eje de las últimas versiones en Justicia y Paz del narcoparamilitar Daniel Rendón, 'don Mario', y sus hombres. Ante una fiscal, 'Chatarro' y 'Julián', dos ex comandantes paramilitares que operaban en los Llanos Orientales, dijeron que los bloques 'Centauros' y 'Héroes de los Llanos', al mando de Miguel Arroyave, entregaron al Ejército decenas de ex 'paras' y civiles muertos, que posteriormente habrían sido presentados por los uniformados como bajas en combate. Señalaron que esto hacía parte de una alianza que habrían pactado oficiales de la Fuerza Pública en el Meta, en especial del batallón 21Vargas, para realizar ejecuciones de civiles fuera de combate y operaciones conjuntas contra la guerrilla.” Y más adelante: “En otras diligencias, 'don Mario' ha dicho que entre el 2002 y el 2004 ocurrieron en el Meta más de 100 casos de muertes extrajudiciales que el Ejército, dijo, presentó como muertos en combate.” Cfr. “Paras liderados por 'don Mario' confiesan alianza con militares para realizar 'falsos positivos'”, www.eltiempo.com, 10 de abril de 2010.

[6] Preguntado por las dificultades que ve en el panorama actual del país, el ex presidente Samper respondió:“me preocupa la forma cómo se están politizando en el país los temas que tienen que ver con los militares, como el fuero, el juicio de responsabilidades por el palacio de Justicia, el tema del general Freddy Padilla; eso no puede ser materia de debate político para enfrentar a los colombianos. Es como si se tratara de la conformación de una especie de "partido militar" que estaría politizando causas afectas a las fuerzas armadas, para convertir en banderas políticas lo que antes se tramitaba por los canales institucionales.” Cfr.“ ‘El Partido Liberal está en la olla. Viene en retroceso desde hace años’: Ernesto Samper” www.eltiempo.com, 18 de julio de 2010.

[7] “El ex jefe paramilitar [Salvatore Mancuso] volvió a decir que el hoy candidato presidencial Juan Manuel Santos le propuso a Carlos Castaño dar un golpe de estado al Presidente Samper. También que Francisco Santos les sugirió crear el Bloque Capital”. Cfr. “El testimonio de Mancuso ante la Corte Suprema”, www.semana.com, 21 de abril de 2010.

[8] “Las presidenciales del 2010 incidieron en los fundamentales procesos de agrupamiento político y social que, con distinto grado de desarrollo y fuerza, están en marcha en el país. Tales agrupamientos son: 1) el uribismo más retrógrado, fuertemente enraizado en la gran propiedad latifundista y el capitalismo salvaje en el agro, vinculado a la gran corrupción estatal, a la parapolítica y a la economía subterránea, que hizo suyos los métodos más siniestros e ilegales y que sin duda alguna se dispone, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, a consolidar y profundizar el régimen que durante los ocho años precedentes instauró la administración Uribe; 2) el neoliberalismo criollo, cuya base social principal la constituye buena parte de los principales grupos económicos del país y su tecnocracia, que −no obstante haberse lucrado del régimen y colaborado con este− se ha distanciado de Uribe y su séquito por sus prácticas y sus nexos con las mafias; 3) la multiplicidad de fuerzas democráticas de Colombia que se debaten entre las tendencias a la dispersión y a la concentración, que expresan a las clases sociales básicas de nuestro pueblo, los obreros, los campesinos y las capas medias y su intelectualidad, y de cuyo devenir, unificado o fragmentado, depende el de la nación misma; y 4) las fuerzas de los grupos guerrilleros, que han retrocedido como consecuencia de los severos golpes recibidos, pero que subsisten.” Cfr. Marcelo Torres, “Conclusiones preliminares sobre los resultados de las presidenciales del 2010”, 22 de junio de 2010.
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3 de octubre de 2010

Comunicado público del Claustro de profesores Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Los profesores de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia a quienes nos dieron el permiso de acceder a la ciudad Universitaria el día 20 de septiembre del presente, después de reunirnos con el Consejo de la Facultad, acordamos hacer el siguiente pronunciamiento público:

El hecho de que la Universidad de Antioquia se haya visto abocada a la decisión de suspender el ingreso de los estudiantes durante varios días es un síntoma evidente del especial momento que la acongoja y sobre ello, por lo menos, no parecería haber una cuota importante de disenso. Sin embargo, y allí estaría el punto inicial de tantos desacuerdos, sería demasiado irresponsable y sesgado creer que la crisis radica en la reacción de algunos grupos por el establecimiento de la Tarjeta de Identificación Personal, pues esa puede resultar una anécdota relativamente intrascendente y posiblemente trivial frente a la grave dimensión de los problemas de la Universidad. Quizá la querella por razón de la TIP vendría a ser el pretexto de tantos manipuladores al servicio de cierta indecencia política y cultural que se manifiesta en la absoluta incapacidad de consultar el fondo de los pr0blemas, esos sí muy serios y que podrían dar al traste con la misma subsistencia de la institución.

Ya el Consejo Académico en su comunicado del día 16 de septiembre ha puesto en evidencia algunos de ellos como la falta de financiación adecuada por parte del Estado, la privatización de muchas de sus actividades por ciertos grupos, pero el listado es indudablemente mayor.

Por lo tanto, creemos que hay muchas deficiencias en el diagnóstico y especialmente es preocupante la falta de un análisis específico de ciertos problemas, de tal manera que se facilite encarar con mayor claridad las soluciones.

Ha hecho carrera la afirmación de que la Universidad se ha vuelto “una olla”. Esto no es sólo denigrante para la mayoría de los universitarios que asistimos a la institución a desarrollar nuestras tareas con apego a las más estrictas normas legales, éticas e institucionales, sino que ofusca el entendimiento de los problemas y permite soluciones aparentemente fáciles pero inútiles.

No puede confundirse, por ejemplo, la protesta estudiantil, así a veces no compartamos sus propósitos como en el caso de la TIP, con actividades ilegales como la venta de narcóticos y tampoco parece útil, para encarar una solución a los problemas, hacer un continuum de la venta de narcóticos, las ventas ambulantes y el dibujo de graffittis en las paredes y monumentos de la Universidad. Pensamos que entre ellos hay diferencias tan grandes que no dudamos en calificar a algunos como verdaderos obstáculos para la marcha normal de la institución, otros son apenas molestias que a lo mejor debemos entender como parte de una comunidad tan numerosa y otros, como los graffitis y las prote stas estudiantiles, profesorales o de los empleados, que son propios de cualquier institución que pretenda ser democrática.

También es preciso afinar el lenguaje con el tratamiento de la violencia. La Universidad no es un espacio para ningún tipo de violencia, y en ella no puede tener cabida, cualquiera sea la justificación que se le dé o la procedencia que tenga.

Pero tampoco podemos admitir algunas formas de violencia como necesarias y, al mismo tiempo, asimilar la mala educación, la descortesía y los malos modales, sin más, a formas de violencia.
Es indudable que la presencia permanente de los ESMAD en las porterías de la Universidad y su amenaza, cada día reactivada por las autoridades departamentales, de su uso “cuando sea necesario”, es una provocación perturbadora para la buena marcha de la institución. Los acontecimientos del pasado miércoles 15 de septiembre, nos relevan de entrar en detalles. Si la aparente justificación de la presencia de esta fuerza de choque en la Universidad es la existencia de ciertos individuos que realizan actividades delictivas como la venta de estupefacientes, su utilidad para tales propósitos es ninguna. Ese es un aparato de la fuerza del Estado, destinado a controlar actividades violentas y que opera como fuerza de choque. Por lo tanto, en la práctica no opera sino contra el movimiento estudiantil, obviamente cuando se malentiende, como lo hacen algunos en la Universidad y por fuera de ella, que su mera existencia, es ya violenta. Pero para un fenómeno como la venta de alucinógenos, es completamente inoperante. Seguramente la investigación rigurosa y el seguimiento legal, son mucho más eficaces, que una fuerza de choque asediando constantemente las instalaciones universitarias, dando la imagen a la sociedad de que aquí estamos unos delincuentes violentos que es necesario mantener a raya.

Entendemos que para algunos sectores mantener esta fuerza de choque permanente en la Universidad, puede ser rentable en términos políticos. Esta opción represiva expresa el empobrecimiento político de la vida universitaria. Su presencia en los predios de la Universidad, da el mensaje perverso de que los universitarios somos unos delincuentes violentos, como decíamos más arriba y, por otra, pretenden mostrar que las autoridades universitarias y los universitarios, somos incapaces de resolver los problemas universitarios, previamente reducidos a problemas de delincuencia y cuya única solución es el uso de la fuerza dispuesta desde afuera.
No pretendemos entrar en detalle de algunos problemas serios de la Universidad, como el modelo de educación que se ha acogido de la mano de las políticas oficiales, el déficit financiero y de democracia que existen, algunas posiciones políticas mesiánicas de lado y lado, pero si queremos señalar algunos puntos críticos que percibimos en esta difícil situación.

En primer lugar, a pesar de los aparentes apoyos que la administración departamental ha expresado a las directivas de la Universidad, sus actitudes parecen más bien encaminadas a desestabilizarla, al apostarle a una solución de fuerza que, reduciendo los problemas a la delincuencia, silencia otros problemas probablemente más graves y en todo caso ofrece una seudo respuesta contraproducente para la marcha normal de la institución.

En segundo lugar, creemos que la fragilidad de la Universidad, ante tantos problemas y tantos enemigos, requiere de respuestas disti ntas al uso de la violencia. Invitamos al movimiento estudiantil a que examine con serenidad esta gran fragilidad de la institución y evite por todos los medios responder a esta provocación, pues producirá un enfrentamiento que sólo agravará los problemas, eventualmente ocasionará lamentables tragedias y finalmente, sólo servirá estratégicamente a los enemigos de la Universidad.

Finalmente, creemos que a la comunidad universitaria no sólo se le debe convocar, a participar con sus opiniones y propuestas, en los momentos más difíciles, cuando la Universidad está asediada por todos los lados, sino que debe ser una política permanente que evite, precisamente tales asedios; convocatoria que no puede excluir, como se ha hecho, a un sector tan importante como el profesorado de cátedra.

Expresado en otros términos, este escrito convoca a que la Universidad recupere el lenguaje de la política y abandone el recurso de la represión y el punitivismo.

Por lo tanto, solicitamos a la administración de la Universidad abrirla y a sus estamentos a desarrollar las actividades normales, sin caer en las provocaciones que desde afuera y de algunos sectores desde adentro, se vienen ejecutando y que podrían dar al traste con las posibilidades del desarrollo de sus actividades misionales.

Medellín, septiembre 20 de 2010.
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Informe sobre conferencia de la ISP para las Américas en Cartagena

El tema de los servicios públicos y los derechos de los y las trabajadoras de las empresas prestadoras de los mismos, fue ampliamente debatido en Cartagena la semana anterior, en el marco de la Conferencia Interamericana de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP).

Con el slogan: “los derechos de los trabajadores/as están en el centro de la calidad de los servicios públicos”, la conferencia reunió durante 5 días en Cartagena a 420 delegados de 134 sindicatos de empresas prestadoras de servicios (públicas y privadas) de 32 países de toda América, incluida las Antillas. El caso de Colombia fue especialmente considerado.

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La CTC 75 años de lucha sindical

Con un balance positivo terminó en Cartagena el XXVI Congreso de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, que desde el martes 14 y hasta el jueves 16 de septiembre en la noche reunió en esta ciudad caribeña a 452 delegados plenos de todas las regiones del país, y a un nutrido grupo de delegados y observadores internacionales. Como motivo adicional celebró su aniversario número 75, lo que le confiere el grado de decana del sindicalismo colombiano.

  • Conclusiones XXVI Congreso CTC

  • Historia de la CTC entre 1935 y 1980

  • Historia de la CTC entre 1980 y 2010
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