28 de enero de 2011

La tragedia invernal pudo ser evitada rompamos con el FMI para reconstruir a Colombia

Por Carlos Julio Díaz
Presidente Subdirectiva CUT Antioquia

Colombia es un país que ha sido dotada de recursos naturales que si no se tuvieran seria un problema, pero, para nuestros gobernantes, como los tenemos es un problema mayor. Por años Colombia tuvo una gran preocupación ante la posibilidad de que perdiéramos nuestra autosuficiencia en hidrocarburos, pero cuando se hacen anuncios de posibles descubrimientos de mayores reservas de crudo y gas los neoliberales ponen el grito en el cielo ¡Cuidado con la enfermedad holandesa!

Y ahora estamos en la paradoja de que si no llueve es malo… y si llueve también.

Por años hemos escuchado a algunos alarmistas anunciado que las guerras del futuro serán por el agua, en las regiones mineras de Bolivia se presentaron conflictos geopolíticos por el agua, y en Colombia la Carta Política abrió las puertas a la privatización del suministro de agua, lo que han aprovechado multinacionales españolas, y Álvaro Uribe Vélez como presidente intento entregarles los nacimientos y humedales con la ley de paramos, que afortunadamente declaro inexequible la Corte Constitucional, los movimientos sociales y ambientales por su parte promovieron un referendo que pretendía hacer del agua un derecho fundamental que fue hundido en el Congreso.

El agua es pues fuente de conflictos, para la población es un derecho fundamental, pero es a la vez coto de caza de las multinacionales.

La oferta hídrica de nuestro país es de 58 litros por segundo por kilómetro cuadrado, cuatro veces el promedio suramericano y siete veces el promedio mundial, pero tenemos la paradoja que sectores de la población no tienen acceso al agua y las políticas de privatización de los servicios públicos domiciliarios tienen desconectadas a un considerable número de familias pobres por incapacidad de pago.

Colombia tiene el privilegio de ser uno de los países más ricos del mundo en recursos hídricos y tiene una precipitación media anual de 3000 mm, muy superior al promedio mundial que se encuentra en 900 mm. Esto se debe a su ubicación geográfica y sus condiciones de relieve. Tenemos en Colombia más de 1000 ríos permanentes cuando todo el continente africano no posee ni 100.

Si Colombia hubiera construido las obras de infraestructura, los canales, los embalses y las represas requeridas para regular estos recursos hídricos, no solamente se hubiera asimilado en mejores condiciones la ola invernal, sino que Colombia tendría una mayor producción eléctrica, aguas mas que suficientes para distritos de riego para elevar la producción agrícola de alimentos, suministro de agua potable a toda la población, y la utilización del transporte fluvial para integrar y elevar la productividad de la economía nacional.

Las inversiones en infraestructura energética que se construyeron se financiaron con empréstitos especulativos y desarticulados de la economía nacional. En la década de los 90 ante el crecimiento de la deuda por las altas tasas de interés y la devaluación de nuestras monedas, el FMI y el Banco Mundial le exigieron al país subastar a precio de ganga los activos energéticos con destino al pago de la deuda. De esta manera las multinacionales se apropiaron de la mayor parte de la infraestructura energética saqueando a la población con altas tarifas y sin realizar nuevas inversiones para incrementar la capacidad instalada. No obstante sin esta infraestructura la ola invernal hubiera causado mayores tragedias.

Ante la emergencia el gobierno nacional la ha enfrentado canalizando ayuda humanitaria con aportes de la población, teletones y ayudas internacionales. Y como en tragedias anteriores se repiten los actos de corrupción y de uso clientelista de las ayudas con fines electorales por parte de alcaldes y gobernadores.

La ayuda humanitaria es importante y si se hace sin corrupción sería mucho mejor, pero el país no se va a reconstruir de esta manera. Tenemos que construir muchos municipios en lugares diferentes y reconstruir la mayor parte de estos, se necesitan recuperar muchas vías y construir otras, construir viviendas, hospitales, escuelas, puentes, etc, es una oportunidad también para revivir los proyectos ferroviarios, construir túneles, canales, nuevos embalses, todo ello necesario para crear la infraestructura económica y social para un renovado despegue económico.

Los recursos para estos proyectos deben provenir de diferentes fuentes:

1. Emisión primaria del Banco del Republica
2. Eliminación de las exenciones tributarias al capital
3. La prórroga del desmonte del 4 por mil
4. Aumento del impuesto a la tierra
5. Una suspensión o moratoria en el servicio de la deuda publica

Las personas damnificadas por las inundaciones deberían ser contratadas en condiciones de trabajo decente para participar en la construcción de los proyectos señalados.

El gobierno necesita romper con la ortodoxia neoliberal y enfrentar con realismo la ola invernal que sumo mas de 2.2 millones de personas a los 4.5 millones de desplazados por la violencia paramilitar y de los grupos insurgentes. Solo así saldremos de la crisis.

Primero el pueblo… y la deuda… después
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Ante la desaparición física del compañero y amigo Raúl Arroyave

Lamentamos el fallecimiento de Raúl Arroyave, dirigente del PDA, Ejecutivo de la CUT y en ocasión anterior, Directivo de Fecode. A sus familiares compañeros y amigos nuestras manifestaciones de condolencia.

A continuación reproducimos la carta enviada por Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA), a raíz del fallecimiento del compañero Raúl.


Montevideo, 26 de enero de 2011

Al compañero Tarsicio Mora
Presidente de la CUT
Bogotá
Colombia


Querido Tarsicio:

En nombre de nuestra Internacional extiendo nuestras condolencias ante la desaparición física del compañero y amigo RAUL ARROYAVE, director de Relaciones Internacionales de la CUT.

Quien conoció a Raúl debe reconocer que se trataba de un ser militante, dedicado por entero al mundo sindical y político.

El movimiento obrero sentirá su falta, el énfasis de sus análisis, la contundencia en el debate y su humor oportuno e inteligente.

Seguir trabajando por el fortalecimiento de la CUT y el sindicalismo en Colombia, será nuestro mejor reconocimiento para Raúl y su querida familia.

Solidariamente,



Gerardo Iglesias
Secretario Regional UITA
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El salario mínimo y la política salarial del Gobierno

Por Héctor Vásquez Fernández
Analista de la Escuela Nacional Sindical

Aunque el Gobierno Nacional decretó un incremento del salario mínimo muy diferente al que proponían los gremios patronales, el 4% representó apenas un incremento real de sólo 0.42%, pues la inflación para la población de ingresos bajos terminó en 3.58% para todo el país, y en ciudades como Medellín, Valledupar y Bucaramanga los trabajadores de ingresos bajos ni siquiera alcanzaron a recuperar la pérdida que el costo de vida les causó a su poder adquisitivo, pues la inflación para la población de ingresos bajos de estas ciudades se ubicó en 4.44%, 4.68% y 4.69%, respectivamente.

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El salario mínimo es mucho más que un porcentaje

Por Carlos Julio Díaz
Presidente de la subdirectiva CUT Antioquia

El salario mínimo es una política que tiene fundamentos en el convenio 131 de la OIT y en el artículo 53 de la Carta política. Se justifica su definición en un país cuando la acción colectiva de los sindicatos no logra niveles de cobertura que proteja la mayor parte de los trabajadores frente a los abusos de empleadores que como en Colombia son altamente propensos a la vulneración de derechos, aprovechándose de la debilidad institucional del estado en sus funciones de inspección y vigilancia.

Según el convenio 131 los elementos que se deben tener en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos son los siguientes: “a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; b) los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo”.

En un país como Colombia con una densidad sindical del 4% y una cobertura de la contratación colectiva del 1.3% tiene una alta importancia social la discusión y definición del salario mínimo. Algunos indicadores laborales como los siguientes lo justifican:

1. El 80% de la población ocupada gana menos de dos salarios mínimos

2. El 50% gana menos de un salario mínimo

3. El 70% de la población ocupada está excluida de la seguridad social

4. El 60% de los trabajadores se encuentran en la economía informal

5. El salario mínimo legal representa el 51% del costo de la canasta básica de estratos bajos

6. Para un trabajador salir de la pobreza requiere un ingreso superior a dos salarios mínimos

7. La tasa de desempleo sigue por encima de dos dígitos y es una de las más altas de América Latina

8. El coeficiente Gini (indicador de desigualdad) es de 0.59 uno de los más altos de América Latina

Este deterioro social es consecuencia de años de políticas neoliberales que han promovido un modelo de desarrollo orientado a los mercados externos que basa su competitividad en bajos salarios, reducción de derechos y la precariedad laboral.

Hoy nos encontramos en el peor de los mundos: una crisis mundial que hace insostenible un modelo basado en exportaciones (recordemos la vieja consigna: exportar o morir), y un mercado interno debilitado incapaz de absorber una producción nacional que compite difícilmente con importaciones abaratadas por las políticas neoliberales de libre comercio, y liberación cambiaria y financiera.

La CUT considera que para superar la pobreza, la exclusión y la profunda inequidad en que nos encontramos debemos reorientar el modelo de desarrollo hacia uno basado en una política salarial que de mayor capacidad de compra a los trabajadores para tener un mercado interno de los bienes y servicios que se producen en el país, promoviendo una política industrial y un sector externo diversificado con alto valor agregado.

No es cierto lo que dicen los gremios empresariales y tecnócratas neoliberales de que un incremento real del salario mínimo aumenta el desempleo, la informalidad y la inflación. La experiencia de países vecinos demuestra todo lo contrario.

El incremento salarial debe garantizar en el mediano y largo plazo un acercamiento del mínimo legal al mínimo vital (un poco mas de dos salarios mínimos legales), y para ello se necesitan 3 medidas:

1. Un incremento en un porcentaje que supere la inflación causada.

2. Una política de control de precios (en la canasta de alimentos, en los servicios públicos domiciliarios, en la canasta educativa, en la gasolina, entre otros) para evitar que nuevos incremento rebasen el incremento salarial.

3. Y una política de formalización y laboralizacion de la relación de trabajo (desmonte de las CTA, de los contratos de prestación de servicios, de los contratos sindicales) para que los acuerdos salariales sean incluyentes.

Si esto se complementa con un entorno macroeconómico de regulación financiera, de equidad tributaria, de fomento de la economía real saldremos de la pobreza, y con la economía formalizada es posible avanzar en una seguridad social universal.

El incremento del salario mínimo en un 4%, replanteando el incremento inicial del 3.4%, no llena las expectativas que tenemos los trabajadores, pero es un hecho político inédito que puede abrir las puertas a un gran debate nacional para que el gobierno replantee los esfuerzos que viene haciendo para salir de la crisis con las mismas teorías que la crearon.

La CUT Antioquia llama a su vez a todos los trabajadores y al movimiento social para que preparemos una lucha política organizada por un desarrollo industrial nacional, por trabajos decentes, y por salarios acordes a la canasta familiar.
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Más atún antisindical en SEATECH: Despiden a integrantes de la Directiva de USTRIAL

La empresa SEATECH despidió a varios trabajadores reintegrados por la justicia en octubre pasado, entre ellos a dos miembros de la Directiva de la Unión Sindical de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (USTRIAL). Sirel dialogó al respecto con Pedro Londoño, secretario general del Sindicato, quien además comentó la reciente visita de Guillermo Rivera, presidente de SINTRAINAGRO e integrante del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA.

Por Carlos Amorín
Tomado de Rel-UITA
enero de 2011

-¿Qué ocurrió estas últimas semanas?
-Como regalo de Navidad, el 23 de diciembre SEATECH despidió a diez compañeros. Esta semana pasada continuó despidiendo a otros tres compañeros y ayer, martes 18, licenciaron a dos integrantes de la Directiva del Sindicato, Carmelo Nevado, fiscal, y Amauri Castro, tesorero, que habían sido reintegrados por orden judicial en octubre pasado.

SEATECH confirma su falta de respeto al derecho de sindicalización de los trabajadores. De los 42 reintegrados por orden de la justicia hace tres meses, ya volvieron a despedir a 15 compañeros.

-¿Cómo reaccionaron ustedes?
-Iniciamos ya en diciembre una acción de tutela reclamando el derecho a la asociación, y ahora acudiremos nuevamente a la justicia para exigir que la empresa cumpla y respete efectivamente el mandato judicial de reintegro. También enviamos una nota al Ministerio de Trabajo para que se pronuncie sobre el caso, pero desgraciadamente de poco nos sirve esta entidad a los trabajadores aquí en Colombia.

-Han recibido la visita de Guillermo Rivera…
-Nos ha visitado oportunamente el compañero Rivera, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), quien participó en nuestra Asamblea y posteriormente se reunió con la Directiva en pleno.

Él nos trasmitió la solidaridad de todos los sindicatos del país afiliados a la UITA, y en especial de SINTRAINAGRO, una organización de mucho prestigio entre los trabajadores de nuestro país por todo lo que ha luchado y conseguido.

Los trabajadores bananeros han dejado 700 muertos en la construcción de su herramienta de lucha y en defensa de sus derechos. Para nosotros fue de gran importancia su presencia en nuestra Asamblea, y más aún con su expreso anuncio de la continuación del respaldo permanente de la UITA.

Establecimos con Guillermo Rivera un canal de comunicación abierto en forma permanente y ya le hemos comenzado a mandar información.

-¿Qué resolvieron en esa Asamblea?
-Aprobamos un Pliego de Peticiones que tiene tres objetivos: el primero es terminar con la masacre silenciosa que está provocando esta empresa con el incremento de las enfermedades profesionales, y estamos pidiendo medidas concretas, un plan de salud ocupacional para que la gente no se siga enfermando, y que se reintegre a muchas compañeras enfermas que fueron despedidas y están en una situación económica calamitosa.

La empresa no las quiere ver en el trabajo después de que las explotó, las masacró y las dejó prácticamente inválidas, afectadas por Lesiones por Esfuerzos Repetitivos (LER).

El segundo objetivo es que no nos sigan tratando como trabajadores desechables, ya que hay compañeros y compañeras que tienen más de 20 años de labor y continúan siendo temporales. Hemos visto crecer esa empresa, allí hemos dejado nuestro sudor y nuestra vida, y hoy ni siquiera nos reconocen la antigüedad.

Finalmente, reclamamos estabilidad laboral, reconocimiento al Sindicato y el reintegro de 38 compañeros que fueron despedidos y no fueron aún restituidos por la justicia a sus puestos de trabajo, así como el de los que acaban de ser licenciados en las últimas semanas.

Este Pliego será presentado en el correr de esta semana ante el Ministerio de Trabajo y la empresa SEATECH.
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Informativo de la CUT - No 76

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24 de enero de 2011

Cómo las Cooperativas de Trabajo Asociado precarizan las condiciones laborales

Por Agencia de Información Laboral
Escuela Nacional Sindical

Para comprender mejor el modus operandi de las CTA como intermediarias laborales, publicamos un completo documento preparado por la ENS, en el cual se describe y analizan las formas y los atajos de las CTA para precarizar las condiciones laborales, tanto en razón de su propia naturaleza como por las prácticas ilegales en que muchas incurren.

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A Obama también le va mal

Elecciones de mitaca en Estados Unidos

Por Edmundo Zarate
Tomado del Boletín No. de la Bagatela

El Tea Party y demás partidos de la derecha gringa y mundial están de plácemes con el revés sufrido por Obama en las recientes elecciones de mitaca ocurridas en Estados Unidos, a través de las cuales se renovaban un tercio de los asientos del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes de ese país.

La forma tibia como Obama enfrentó la profunda crisis económica que heredó, fue lo que definió su suerte. Como ha sido señalado por los economistas Krugman y Stiglitz, el gobierno fue excesivamente optimista a la hora de evaluar la situación en que recibía la economía a principios del año 2009. Puede que por la misma razón o porque se dejó amedrentar por la derecha, sus políticas para enfrentar los dos más graves problemas, la parálisis productiva y el desempleo, no fueron todo lo contundentes que pudieran haber sido.

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Atención, información útil para los educadores al servicio del Estado

Cordial saludo. A fin de mantener informados a los educadores al servicio del estado, Renovación Sindical periódico virtual del mundo del trabajo que en Antioquia Coordina Rosa América Peñaloza Secretaria General de la CUT Antioquia y Delegada de ADIDA, se permite orientar a agotar las siguientes reclamaciones:

1. RELIQUIDACION DE LA PENSION DE JUBILACION CON LA INCLUSION DE LOS FACTORES SALARIALES. Pensionados entre el 22 de Diciembre de 2003 al 27 de julio de 2007. Pensión de jubilación pagada por el Fondo de Prestaciones y por Cajanal, para la pensión de gracia.

2. MESADA 14, para los jubilados que se vincularon antes del 27 de junio del 2003, y que se les dejó de pagar esta mesada o que nunca se la han pagado. Tanto para la pensión de ley u ordinaria que paga el Fondo de Prestaciones como la pensión de gracia pagada por Cajanal.

3. MESADA 15 o DE MEDIO AÑO. solo para los docentes que perciben pensión de jubilación pagada por el Fondo de Prestaciones y que NO tienen derecho a la pensión de gracia. Nacionales y nacionalizados.

ORIENTACIONES COMUNES PARA LAS TRES RECLAMACIONES.

- La pueden hacer los educadores nacionales y nacionalizados.

- Recuerde que debe agotar LA VIA GUBERNATIVA y que puede hacerlo directamente, presentando los formatos diligenciados con los anexos.

EN EL CASO DE LOS FACTORES SALARIALES PARA LA PENSION DE JUBILACION Y LA MESADA 14 RECLAMADA AL FONDO DE PRESTACIONES Y LA MESADA 15, se radican en la ENTIDAD TERRITORIAL DONDE USTED LABORA.

- La reclamación de factores salariales para la pensión de gracia y la mesada 14 para la pensión de gracia en CAJANAL EICE EN LIQUIDACION enviándola por correo certificado a la siguiente dirección o llevándola personalmente a

- El agotamiento TOTAL del la vía gubernativa, es muy importante porque permite el acceso a la vía contenciosa esto es que en caso que la respuesta sea negativa Usted puede demandar por medio de abogado. La via Gubernativa consiste en UNO O DOS TIEMPOS a los que se debe prestar atención. Si a la solicitud formulada la respuesta es positiva o sea le reconocen el derecho, ahí termina pues es satisfecha la reclamación. Si la respuesta es negativa, Usted debe presentar reposición y apelación por medio de un escrito donde reitere las razones de hecho y derecho que sustentan su petición, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la respuesta negativa. Este escrito debe radicarlo en la misma oficina donde presento la reclamación.

- Si la respuesta sigue siendo negativa cuenta con 4 meses para demandar por intermedio de abogado.

- Es importante que coloque la dirección donde recibir comunicaciones. Es muy importante estar pendiente que no se agoten los términos para presentar la reposición y apelación y la demanda.

Al momento de contratar abogado, verifique que tenga tarjeta profesional, que conozca el tema educativo y que sea responsable.

Compañero Educador esta explicación solo pretende establecer alguna claridad sobre estas reclamaciones, por eso se hace en términos sencillos que creemos comprensibles para todos los lectores.

Formato reliquidación pensiones

Formato Mesada 14

Formato Mesada 15
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Capsulas informativas para el magisterio Antioqueño

  • ADIDA CONVOCA ASAMBLEA DE DELEGADOS EL 17 Y 18 DE MARZO DE 2011.

  • RECORDEMOS:
    • El decreto 1381 de 1997, establece la prima de vacaciones o Samper como una asignación de medio salario mensual pagadero en el mes de diciembre para los educadores que hayan laborado los diez meses del año escolar.
      Prima de escuela unitaria es devengada por los educadores que siendo vinculados antes de 1990 cumplen los siguientes requisitos: Establecimientos educativos rurales que funcionen con un solo docente, que atiendan del grado cero al 5 de básica primaria y apliquen metodología de escuela nueva. También se aplica a los educadores departamentales nombrados por ley 60 y antes de agosto de 1993.
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    ¿Colombia, y el imperio de los carteles?

    Por Fernando López Molina

    Suspender indefinidamente el Proyecto Porce IV ha sido la mejor decisión tomada por EPM. Contrario a las posiciones sesgadas de algunas ONG’s y la izquierda recalcitrante, en Porce IV no ha habido un desplazamiento de la población sino una invasión al mismo.

    Ha sido la mejor decisión. EPM y su alta dirección tienen la obligación ética y jurídica de preservar el patrimonio público. Así lo exigimos todos. Los dineros públicos son sagrados y no para tirarlos a la jura tal como pretenden los miles de oportunistas de toda laya que llegaron, y siguen llegando, al área del proyecto convencidos que Porce IV es un Baloto, con la diferencia que ellos no han comprado ni siquiera el billete. Es que defender la empresa no sólo es blindarla contra los privatizadores, también lo es cuando la protegemos de toda suerte de sibaritas, de los politiqueros y de aquellos que, agazapados en su posición de servidores públicos sustraen subterráneamente dineros oficiales para alimentar sus arcas personales, y patrocinan su desangre.

    Ya es común en nuestro lenguaje diario utilizar palabra cártel para definir actividades non sanctas y que en economía se traduce en el “acuerdo entre empresas del mismo sector, cuyo fin es eliminar la competencia de un determinado mercado”, es decir, en lenguaje coloquial, se trata de establecer relaciones monopolísticas en el ejercicio de cierta actividad comercial o productiva. Sin embargo, esta palabra se viene acuñando, casi exclusivamente, para identificar aquellos grupos de personas que conforman asociaciones para delinquir. Así se habla, entonces, de los carteles de la droga, de la trata de blancas, del comercio de órganos etc., etc.,

    Últimamente han aparecido otros carteles, igual de perversos que los anteriores, como los de la contratación que monopolizan la contratación pública mediante la artimaña y la coima, los carteles de los damnificados de los desastres naturales conformados para escamotearle a las víctimas las tan necesarias ayudas nacionales e internacionales, y ahora los carteles de los embalses, conformados por todo tipo de advenedizos que van desde gentes llegadas de lejanas regiones, pasando por abogados venales hasta llegar a los grupos armados al margen de la ley. Sin demeritar desde luego otros carteles, como el de fallido cartelito que se quiso conformar entre proveedores y servidores inescrupulosos para traficar con los cursos de instrucción deportiva inglés e informática y que, al parecer, fracasaron en su intento para seguir desfalcando a las EPM.

    Causa repugnancia saber que funcionarios públicos hagan parte de estos carteles como lo denuncia El Colombiano y que en foros con la comunidad en vez de hacer respetar los derechos de la población se sumen a la orgia de los avivatos que quieren hacerse a dineros públicos y enriquecerse de un día para otro sin el menor esfuerzo. Lo deplorable, la complacencia de la sociedad civil, con estos grupos delictivos, tal como lo señala el vicepresidente de la república Angelino Garzón. Frases como “a donde llega EPM hay hambre y miseria” sólo buscan azuzar a la población contra los funcionarios que nos desempeñamos en estas zonas y que venimos, de manera seria y responsable, cumpliendo con los compromisos adquiridos entre la empresa y las familias afectadas por la construcción de estos proyectos.

    Pero hay algo positivo en esto. Y es que la misma población se encarga de reconocerlos. “Algunos son gente de plata que pagan para que labriegos de la zona ubiquen un “cambuche” con el sólo fin de acreditar propiedad o el ejercicio de la actividad minera para cobrar jugosas indemnizaciones”, dicen ellos. Otros aparecen como lideres desinteresados y dan “asesorías jurídicas”, como lo sucedido recientemente cuando EPM procedía a realizar el llenado del embalse de Porce III y se requería el despeje de la zona. Aprovechando la urgencia de la empresa para cumplir con los cronogramas establecidos se puso a las EPM contra la pared: esperar el fallo judicial o ser multada por incumplimiento. Resultado: el pago de $5.500 millones de pesos, de los cuales el abogado le toco $1.500 millones. Esto ha generado la ilusión de que las EPM es una mina a la cual cualquiera puede sustraerle todo el dinero del mundo. Ignoran que esta es una empresa pública que se sostiene de los ingresos por el cobro de servicios públicos, y que el 84% pertenece a los estratos 1, 2 y 3, es decir, que ceder ante este tipo de pretensiones desmedidas es permitir que todos los usuarios paguemos la lujuria de estos ambiciosos.

    El reciente informe aparecido en el diario El Colombiano sobre las causas que generaron la suspensión indefinida del Proyecto Porce IV, es una radiografía nítida de lo que viene sucediendo en esta zona cruzada de punta a punta por la pugna de intereses de diversos agentes que se mueven a su interior y que le dan toda la razón a las EPM de abortar este Proyecto.

    Como decía un mando medio de la subgerencia ambiental: Con la población que tiene derecho nos iremos hasta final para restituir sus condiciones de vida, con los que no tiene derecho, igual, ni un peso para ellos.

    Aquí los perdedores fuimos todos: la población, los trabajadores, los municipios, las EPM y el país.

    PD: A propósito en qué quedó el correo enviado al doctor Federico Restrepo, en mayo 21 de 2008, y que a su vez remitió a Relaciones Externas, y en donde le solicitaba su intervención para buscar que las familias campesinas asentadas en el corredor veredal de El Retiro, la Hondoná, El Roble y el Limón, se les hiciera una reestratificación?... pues es totalmente injusto e insensato que aparezcan clasificadas en estrato 3.

    Buenas tardes.
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    El sindicalismo debe examinar juiciosamente el resultado de los Tribunales de Arbitramento

    La amarga experiencia de la USO con el Tribunal de Arbitramento.

    Tomado de análisis de coyuntura laboral.

    En mayo de 2004, con la firma del acuerdo entre el gobierno y la Unión Sindical Obrera, USO, se dio fin no sólo a la huelga, iniciada el 22 de abril de ese año, sino a un conflicto que se prolongó por 18 meses, desde cuando el sindicato presentó su pliego de peticiones y la empresa un contrapliego orientado a modificar la convención colectiva de trabajo y debilitar ese fortín histórico del sindicalismo colombiano como lo era la USO, medida necesaria para que el gobierno de Uribe Vélez agilizara la privatización de ECOPETROL.

    La USO, sin una correlación de fuerza necesaria, tuvo que aceptar que el gobierno llevara a la mesa el contrapliego; luego, ofreció aceptar algunos puntos planteados en éste, como que los trabajadores nuevos fueran enganchados sin las condiciones de seguridad social vigentes en Ecopetrol y que el capital privado ingresara en “actividades de la industria” que le estaban vedadas por la convención. Con posterioridad aceptó negociar sobre todo el contrapliego.

    Vencidos los términos de la negociación directa, ECOPETROL ordenó la conformación del tribunal de arbitramento que meses después habría de dictar el laudo, que echó por tierra la negociación directa y demolió la convención.

    El descalabro laboral

    El tribunal de arbitramento desmanteló la casi totalidad de la convención: no aumentó los salarios (en el año 2003); eliminó la estabilidad; dejó, según la expresión de la USO, “en el limbo” la normatividad sobre las actividades de la industria
    —pero la empresa la “aterrizó”, mediante el decreto 3164, de febrero de este año, que, con base en el laudo, le abrió las puertas de par en par a la subcontratación en áreas hoy atendidas por ella—; se pronunció incluso sobre aspectos que no fueron presentados en el pliego ni denunciados por Ecopetrol, lo cual es vedado por la ley a este tipo de organismos. Para colmo, la Corte Suprema de Justicia, al responder a la demanda de anulación interpuesta por la USO, no sólo ratificó lo actuado por el tribunal sino que le exigió al Tribunal de Arbitramento pronunciarse sobre algunos temas que mantuvo intactos. El sindicato se limitó a consignar una reserva inocua sobre su derecho a seguir entablando acciones jurídicas contra la declaratoria de ilegalidad de la huelga y el ominoso laudo arbitral.
    En cuanto a los trabajadores temporales, destacamento clave de las luchas de los petroleros, ECOPETROL definirá motu proprio su vinculación, lo que le permitió datar los contratos con posterioridad al laudo, con el fin de negarles las mínimas garantías que aún estaban en pie para los operarios antiguos de planta.

    Además, perdieron el régimen de la convención en seguridad social sino que se les sometió al azote de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Se aceptó también una suerte de plan de retiro voluntario pensionando a quienes ya tenían el derecho, otorgando una pensión anticipada y proporcional a otros e indemnizando a los demás, quedando todo esto sujeto a conciliarse individualmente ante el Ministerio de la Protección Social, para cerrarle la posibilidad a cualquier reclamación futura de estas personas que, durante su vinculación con la empresa, disfrutaban de los beneficios de la convención. Este retiro masivo y “voluntario” se suma al de los 1.000 trabajadores desvinculados por la compañía en los 17 meses anteriores al paro.

    En cuanto a los despedidos por el cese de actividades, entre quienes se hallan los principales directivos del sindicato, se aceptó su retiro de Ecopetrol, ya que la mayoría
    de ellos quedan cubiertos por los requisitos pactados para pensionarse, plena o proporcionalmente. Los que no, serán sometidos a un tribunal ad hoc que definirá si se quedan o no en Ecopetrol.

    Hecho el análisis del los resultados del Tribunal, no quedan sino la amargura de un descalabro, en donde los principales perjudicados fueron los trabajadores.

    Ante lo nefasto del laudo era, sin embargo, indispensable, mantener las siguientes banderas, consignadas al menos en los desacuerdos:
    • La derogatoria del decreto 1760, en vez de pedir que se reglamentara.
    • La condena a las prórrogas de los contratos de asociación con las multinacionales, no ayudar a confeccionarlas.
    • El rechazo a la naturaleza de sociedad pública por acciones que se le dio a Ecopetrol.
    • El repudio al sistema de subcontratar, lo mismo que a la inversión privada en los campos propios de la empresa y en las refinerías.
    • La protesta franca contra el alza de los combustibles.
    • La defensa cerrada de la convención.
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    Lo mejor que pudó hace EPM: suspender el proyecto Porce IV

    Coca, extranjeros y vacunas en Porce IV

    Por Germán Jiménez Morales
    Tomado de El colombiano.com
    Enero de 2011

    La parálisis del proyecto hidroeléctrico Porce IV, en jurisdicción de Anorí, Amalfi y Zaragoza, no solo se debe al hecho de que la población por indemnizar se haya multiplicado más rápido que los conejos, al pasar, en escasos cuatro años, de 2.779 personas a 14.500. La historia de fondo es que la central de generación de energía amenaza el imperio que, a punta de cocaína, armas y extorsiones, disfrutan en la zona el Eln, las bandas criminales y, sobre todo, las Farc.

    Según la Décima Cuarta Brigada del Ejército, dentro de las 15.366 hectáreas declaradas como de utilidad pública para esta obra, hay 1.771 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Eso equivale al 39 por ciento de las 4.553 hectáreas que Antioquia tenía sembradas en coca al final del 2009, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).

    Si el embalse de Porce IV se fuera a llenar hoy, 371 hectáreas de la "mata que mata" quedarían sumergidas, mientras que en la zona de protección de ese espejo de agua permanecerían las restantes 1.400 hectáreas.

    En el cultivo y producción de la pasta de base de coca está el negocio más lucrativo que tienen las agrupaciones al margen de la ley. El poder mayor es de las Farc, con su frente 36, al mando de alias "Anderson". Un organismo estatal de inteligencia estima que este hombre alimenta las finanzas de las Farc con 18.000 millones de pesos mensuales. De ellos, 10.000 millones de pesos están ligados al narcotráfico, 4.000 millones vienen de la extorsión a mineros y los otros 4.000 millones salen de vacunas a ganaderos, comerciantes y demás actividades productivas.

    Tremendo botín. Para probarlo bastaría recordar que en 2010 el accionar del Ejército Nacional redujo en 10.000 millones de pesos las rentas ilegales de los grupos armados que delinquen en Antioquia, según balance oficial de seguridad presentado por el Gobernador (e), Andrés Julián Rendón, el pasado 5 de enero.

    La plata entra a chorros a las organizaciones ilegales que operan en la zona de influencia de Porce IV y por vías que tiene bien monitoreadas el coronel Edgar Ferruccio Correa Coppola, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Puerto Berrío.

    A una estación de gasolina llegan a vacunarla con 20 millones de pesos mensuales. Cada entrada del carrotanque con combustible se cobra a razón de 4 millones de pesos. Cada retroexcavadora dedicada a la minería cancela 20 millones mensuales y de 27 máquinas contabilizadas apenas siete aparecen con registro de sus propietarios. De los 40 a 50 millones de pesos semanales que deja una retroexcavadora, el 10 por ciento se reparte por mitades entre el Eln y las Farc. En localidades como Tenche y Trozos, de Anorí, un kilo de pasta de base de coca se vende en 2,2 millones de pesos, valor que en Medellín sube a 3,2 millones de pesos.

    "Es todo un machete y está a cinco kilómetros de Porce IV", anota el coronel Correa Coppola, quien ante entradas ilegales como estas se explica por qué a la guerrilla le resulta relativamente fácil multiplicar también el número de sus hombres.

    Con la sola extorsión a las retroexcavadoras se obtienen, de lejos, los 60 millones de pesos que, calcula, cuesta montar y sostener una cuadrilla de 10 hombres armados y remunerados con 600.000 ó 700.000 pesos mensuales.


    "Llenen eso"

    La construcción de Porce IV, además, podría convertirse en un obstáculo dentro del estratégico corredor de drogas y armas que conforman el Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, usado para llevar el alcaloide a las zonas costeras y, de allí, a los mercados internacionales.

    Diego Corrales Jiménez, experto en seguridad ciudadana, indica que aquí se mezclan varios objetivos, porque ni a los narcotraficantes, ni a la guerrilla, ni a las bandas criminales les convienen estos proyectos por tres razones: Los desplaza de los lugares de cultivo, porque llega más presencia del Estado; los deja sin mano de obra para el procesamiento de cocaína, y les corta los corredores estratégicos, no solo para cultivo, producción y manufactura, sino para el transporte.

    Siendo así, cobra sentido la orden que altos mandos de las Farc le habrían dado a alias "Pájaro" para que "inunden eso abajo", o sea los terrenos de Porce IV, según interceptaciones de llamadas por parte de organismos de inteligencia estatal.

    Alías "Pájaro" es un guerrillero, menor de 30 años, convertido en el mandamás de Anorí, en donde nada se mueve sin su consentimiento. Es experto en explosivos, patrulla en compañía de alias "Julio Mena" y tiene fama de ser cruel con la fuerza pública, dicen investigadores, quienes añaden que ambos cabecillas y alias "Yuri" hacen reuniones mensuales con pobladores de las veredas de Anorí, en donde analizan el censo de personas que han llegado a la zona, adoctrinan, intimidan con su armamento y dan cátedra de cómo oponerse a la sustitución de cultivos ilícitos.

    Agustín Tobón Gil, representante del Consejo Mayor Comunitario AZA, que lleva la vocería de las familias y empresarios afectados por Porce IV, comenta que tuvo que rendirle cuentas a "Pájaro".

    "Usted está vacunando más que nosotros", le habría dicho el guerrillero, a quien le llegó el rumor de que Tobón Gil y otros dos directivos estaban recogiendo, cada uno, 8 millones de pesos mensuales de sus representados, mediante una cuota de 5.000 pesos. El dirigente sacó el libro de contabilidad, mostró que 3.000 pesos van para los gastos del líder de cada uno de los 80 grupos que manejan y los 2.000 pesos restantes para los gastos de AZA. Y, aclaró, no se cobra sobre las 14.500 personas que, se dice, estarían legal e ilegalmente en terrenos de Porce IV, sino sobre 2.400 que son cabeza de familia. Muchos no pagan y por ello le ha tocado sacar de su propio bolsillo entre 10 y 12 millones de pesos para cubrir gastos varios.

    "Pájaro quedó tranquilo, pero también lo clavé muy feo. Le dije que toda organización que se respeta necesita cómo financiarse, ¿o no? Si no, entonces que no siga cobrando vacunas por aquí a la gente", añadió el líder comunitario.

    Ese evidente control territorial, sumado a las interceptaciones telefónicas, llevó a un organismo estatal de inteligencia a enviar a la zona de Porce IV a un grupo de agentes para constatar si era cierto que las Farc habían traído asesores extranjeros para sabotear el proyecto hidroeléctrico.

    Los investigadores estuvieron, del 12 al 16 de mayo de 2010, en las veredas Limón, La Manguita, Naranjal y El Chispero. En ese recorrido, y custodiados por el Ejército, dieron con cinco extranjeros: tres brasileños, un venezolano y un ecuatoriano. Estos dos últimos, dicen los agentes, encajaban en el perfil de "ideólogos" y expertos en organización de comunidades. El venezolano, en particular, se movía con regularidad entre su nación y Colombia.

    A los presuntos mineros, que habían venido a buscar un mejor futuro en Porce IV, les faltaban papeles, no habían especificado al entrar al país qué venían a hacer o estaban empleados en una actividad distinta. A un brasileño y al venezolano les entregaron el acta de deportación, el 17 de mayo, mientras que al ecuatoriano y a los otros dos brasileños los expulsaron del país entre el 17 y el 18 de mayo.

    A los investigadores les dio mala espina el diálogo que tuvieron con uno de los brasileños:

    "¿Usted a qué vino a la vereda el Chispero?".

    - "A probar suerte en la minería".

    "¿Y en qué tipo de minería?".

    - "En la de cielo abierto".

    "Pero aquí no hay de eso. Aquí la mina es el río... dígame de verdad a qué vino, o lo deporto".

    Descubierto en su mentira, el hombre cerró la boca y se resignó a la deportación.
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    La mujer en Afganistán

    Contribución del educador John Alexander Echeverry de Tamesis.

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    23 de enero de 2011

    Boletín No. 8 del Sindicalismo Democrático

    Boletín No 8 del Sindicalismo Democrático: (1) El nuevo decreto de salario mínimo, (2) Vamos por la formalización laboral.

    BOLETÍN No. 8
    SINDICALISMO DEMOCRÁTICO


    EL NUEVO DECRETO DE SALARIO MÍNIMO

    La expedición por parte del gobierno nacional de un nuevo decreto que incrementa el salario mínimo no en 3,4%, sino un 4%, representan un hecho importante, pero insuficiente para los trabajadores.

    La motivación gubernamental expresada radica en que el salario mínimo decretado 3,4%, está por debajo del Índice de Precios al Consumidor -IPC- de los ingresos bajos, que según el DANE alcanzó el 3,58% para el año 2010.

    Este hecho tiene de positivo que el aumento del salario mínimo puede realizarse no sólo antes del 31 de diciembre de cada año, sino en cualquier otro momento que la situación económica, social y política lo indique o propicien, frente a la posición ultraconservadora de que dicha facultad presidencial es por una sola vez cada año.

    La permanencia de la CGT y la CTC en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, propició que se desnudara ante la opinión pública la intransigencia empresarial y aún después de finalizado los trámites de ley, sirvió para la modificación del decreto.

    Sin embargo, este nuevo decreto entraña al menos dos circunstancias muy negativas: la primera, es que el decreto en forma unilateral es el producto de un nuevo fracaso (por quinto año consecutivo) de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, es decir, es la prueba del inútil diálogo social que persiste hoy en Colombia y que por tal debe motivar modificaciones de los actores al respecto. En especial debe superarse la mezquindad corporativista del empresariado colombiano, que persiste en posiciones inflexibles, intransigentes y egoístas, colocándose de espaldas a la realidad del país.

    La segunda, es que el incremento del 4%, es rápidamente absorbido por la oleada alcista que el propio gobierno viene desarrollando al decretar aumentos muy por encima del 4% en el precio de los combustibles (6,7%); de los peajes (del 5 al 8%); del transporte público (del 6,25% al 8,33%), que sumados al impacto en el valor de los alimentos que viene produciéndose por el invierno, que no cesa, sumado a la errática y fracasada mundialmente política neoliberal, que sigue aplicándose en nuestro país, vienen contribuyendo a la pérdida del ingreso de los trabajadores.

    Esta pérdida de ingresos es la que presiona la informalidad y el desempleo, pues no dinamiza el consumo y por tal la producción de bienes y servicios. Así lo han venido demostrando los estudios de diversos economistas, tales como Alfredo Sarmiento y Luis Jorge Garay, en el plano nacional y en lo internacional los premios Nobel de economía Joseph Stiglitz y Paúl Krugman, que sin embargo sectores del gobierno y el empresariado, representado en el Consejo Gremial, se empecinan en desconocer.

    Todo ello lleva a concluir que es necesario:

    1. Que los ingresos de los trabajadores, empezando por el salario mínimo y pasando por el de los estatales deben tener modificaciones significativas para empezar a recuperar su poder adquisitivo, tal que contribuya a dinamizar la reactivación económica.

    2. Reformular el escenario y los procederes de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, si es que realmente se quiere avanzar en materia de un verdadero diálogo social.

    3. En la táctica que debe adelantar el movimiento sindical para lograr y mantener una lucha política por la opinión pública, debe aplicar una que sea flexible frente al gobierno y los empresarios, así mismo, buscando y propiciando unidad de acción con las otras centrales sindicales, que permita no aislarnos de ser protagonistas del debate nacional y poder incidir en decisiones importantes para los trabajadores y el país, como desafortunadamente no hizo la CUT al retirarse tempranamente de la Comisión de Concertación.






    VAMOS POR LA FORMALIZACIÓN LABORAL

    El 70% de los trabajadores colombianos está por fuera de las normas que establece el contrato de trabajo de naturaleza laboral, es decir, no se les reconoce la seguridad social (pensiones, salud, riesgos profesionales), vacaciones, cesantías, aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación, entre otras, institucionalizándose en el país una discriminación absoluta con relaciones laborales precarias e ilegales (contratos basura) que promueven la pobreza y la informalidad laboral.

    Ello se ha realizado en el país a través de formas de vinculación como las Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, contratos de prestación de servicio, empresas de servicios temporales, out sourcing, entre las más conocidas, disfrazando en todas ellas una verdadera relación contractual de trabajo. Esto ha sucedido en el sector público y privado, con la total complicidad del Estado y aún más con la acción propia de él, como aconteció con las CTA y la promoción que el anterior gobierno dio a dicha modalidad.

    Diversos estudios muestran que en las CTA hay cerca de 1,5 millones de trabajadores y en la modalidad de contratos de prestación de servicios en el sector público cerca de 300.000, sin precisar cuántos en el sector privado.

    Frente a lo anterior, en términos jurídicos, hay al menos dos hechos trascendentales que enfrentan esas formas de tercerización.

    El primero, es la Sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, que en el comunicado de prensa de septiembre de 2009, dijo que ". frente al aumento de contratos de prestación de servicios en la administración, hasta el punto de que se crean "verdaderas nóminas paralelas" y son contratadas por esa vía gran cantidad de personas que trabajan durante largos períodos en las entidades públicas, se acude a cooperativas de trabajadores, empresas de servicios temporales o los denominados out sourcing, la Corte instó a los órganos de control del Estado, para que se exija, dentro de sus competencias, a las autoridades nacionales y territoriales, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2400 de 1968, reportando a la Fiscalía si se llegare a estar en presencia del probables conductas punibles". Dicho artículo expresa que "Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones".

    El segundo, es el artículo 63 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, "Por el cual se expide la Ley de formalización y generación de empleo", que a la letra dice: " Artículo 63. Contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado. El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.

    Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el artículo 3° de la Ley 1233 de 2008 , las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en casos excepcionales previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a estos y a los trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.

    El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales, impondrán multas hasta de cinco mil (5000) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con las disposiciones descritas. Serán objeto de disolución y liquidación las Precooperativas y Cooperativas que incurran en falta al incumplir lo establecido en la presente ley. El Servidor Público que contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral para el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá en falta grave.

    Parágrafo Transitorio. Esta disposición entrará en vigencia a partir el primero (1°) de julio de 2013".

    La formalización laboral ha sido un reclamo y aspiración de los trabajadores y el movimiento sindical y lo anteriormente normatizado es importante, no sin dejar de señalar que en el momento de la presentación de la eliminación de las CTA por parte del gobierno y que recibió el rechazo del empresariado en la Comisión de Concertación, el movimiento sindical y la CUT, debieron haber jugado un mayor protagonismo frente al punto, acompañando la propuesta en el Congreso y por que no, haberla mejorado, especialmente frente al tiempo de vigencia.

    Estos dos hechos jurídicos se convierten en herramientas para que los trabajadores y sus organizaciones sindicales adelanten una amplia compaña a todo lo largo y ancho del país, para asegurar el complimiento de estas definiciones legales, no permitiendo que el gobierno y los empresarios las desvirtúen acudiendo a argucias o a otros ambiguos procederes. Especialmente demandar del gobierno un compromiso en este sentido.

    Ello podría posibilitar la formalización laboral, que a más de servirle a estos compañeros trabajadores, dinamizarían la economía del país, por la vía de mejorar los ingresos de ellos hacia el consumo y por tal demanda de bienes y servicios y adicionalmente, mejorarían los recursos disponibles para el régimen de salud y de pensiones.

    Además, con esta formalización laboral, se darían mejores condiciones para adelantar campañas de afiliación sindical, es decir, sería una oportunidad para el crecimiento sindical, que deberá hacerse no en la perspectiva de atomización o dispersión de sindicatos de base o de gremio, sino para ser eficaz, en los grandes sindicatos de rama o actividad económica, que con su centralización y crecimiento reúnen las mejores condiciones para utilizarlos como una mejor herramienta en la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.

    Bogotá, 13 de enero de 2011

    Sindicalismo Democrático:
    Boris MontesdeOca A. Departamento de Negociación
    Francisco Maltes Tello Departamento de Comunicaciones
    Witney Chavez Sanchez Departamento de Seguridad Social
    Ligia Inés Alzate Arias Departamento de la Mujer
    Jorge Albin Anaya Martinez Departamento de la Juventud
    Jaime Goyes Luna Departamento de Multinacionales
    Hernán Trujillo Tovar Departamento Jurídico
    Fabio Arias Giraldo Fiscal Nacional
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