17 de agosto de 2011

Comunicado APUN - Medellín sobre propuesta de reforma a la ley 30

EL NUEVO PROYECTO QUE REEMPLAZA A LA LEY 30 DE 1992 (LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR)PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, NO SATISFACE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

En el mes de marzo la Ministra de Educación presentó públicamente un proyecto para reemplazar la Ley 30 de 1992 o Ley de Educación Superior, y abrió un espacio de discusión al respecto, el cual despertó serias preocupaciones en el sector universitario y se dio una gran movilización estudiantil en Bogotá como rechazo a dicho proyecto. Por su parte, los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) y las organizaciones gremiales de los profesores y estudiantes, expresaron profundos desacuerdos relacionados con elementos allí consignados, tales como:

1. No expresar explícitamente que la educación es un derecho fundamental, tal como lo consagra la Constitución Colombiana sino como un servicio público cultural.

2. Introducir la categoría de universidades con ánimo de lucro, al definir que estas “serán públicas, privadas o mixtas.”

3. No reconocer el déficit acumulado por el sistema universitario en los últimos años debido al esfuerzo que han hecho las universidades para atender la presión y requerimientos de la política educativa gubernamental al incrementar la cobertura, mejorar infraestructura, atender exigencias legales para los docentes, déficit que asciende aproximadamente a un billón de pesos. Obliga conocer que, con relación a la propuesta de financiación para atender las nuevas exigencias del crecimiento en la cobertura (pasar de un 36% a un 52% antes de 2019), los rectores consideran que con los recursos ofrecidos se podría llegar a atender un crecimiento no superior a un 15% de lo pretendido por el Gobierno central y que al momento algunas universidades se encuentran al borde de la inviabilidad económica al haber querido cumplir con el crecimiento que el Ministerio de Educación solicitó, en la gestión que adelantó la Ministra de Educación Cecilia María Vélez W.

4. Notoria violación al principio constitucional de la autonomía universitaria, razón por la cual ASCÚN se dio a la tarea de estructurar un proyecto de Ley Estatutaria al respecto, que será presentado al Congreso de la República a pesar de la inconformidad sobre el asunto expresada por el Ministerio de Educación.

5. Desacuerdo en relación con la concepción que tiene el Gobierno Nacional en el tema de la inspección y vigilancia que debe ejercer, llegándose al punto de considerar esta propuesta, más como un reglamento policivo.

Ante las críticas surgidas y con la intención de socializar y de convencer acerca de las “bondades” de la propuesta, el Ministerio de Educación generó una serie de espacios para responder al debate de la sociedad en general y recoger las observaciones. El balance que se puede hacer es que fue muy escaso lo que la Ministra de Educación recogió e introdujo en la nueva propuesta, tal como lo expresa el Rector Moisés Wasserman en su comunicado del 6 de julio de 2011, y según las manifestaciones del Representante Profesoral en el Consejo de la Educación Superior (CESU) y de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), luego de dos reuniones para presentarle al Ministerio una propuesta de modificaciones a algunos de los articulados del proyecto que reemplaza la mencionada ley. El resultado de la discusión, es la presentación el día 15 de julio de 2011, de la propuesta que según el Ministerio de Educación recoge el debate y se presenta por el Presidente de la República al Congreso en la instalación de la legislatura que empezó el 20 de julio del año en curso.

Dentro de esa escasez se nota una actitud poco comprometida, tal es el caso de reconocer que la educación es un derecho y no un derecho fundamental en el primer artículo de la nueva propuesta y a renglón seguido: “…un bien público basado en el mérito y la vocación, y un servicio público inherente a la finalidad social del estado.”1 El resto del articulado se dedica al desarrollo y regulación de la educación como servicio (mercancía). Además, se nota una incongruencia cuando insiste en el esquema de la financiación a la demanda antes que a la oferta, fortaleciendo el sistema de crédito educativo a través de ICETEX, que en últimas servirá para propiciar el endeudamiento de los estudiantes provenientes de los estratos sociales bajos para que busquen las universidades privadas con o sin ánimo de lucro, con ejemplos destacables, como el que se manifiesta con relación a la situación del estudiantado chileno, cuyo modelo se exhibe por el Ministerio de Educación y de lo que se da cuenta en: “la entrevista publicada en EL TIEMPO (27 de julio2011) a Francisco Figueroa vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). El afán de lucro adoptado desde la época de la dictadura ha llevado al abandono y la postración a las universidades del Estado, que reciben apenas el 10% de recursos oficiales y deben conseguir el 90% restante con venta de servicios y elevadas tasas de matrícula, manejada con créditos que los estudiantes no pueden pagar después del grado, pues no consiguen empleo o reciben salarios irrisorios que no alcanzan para cubrir las deudas, contraídas con el soporte hipotecario de los bienes de su familia…”2

Con relación a la autonomía universitaria manifiesta reconocerla, no obstante mantiene su presencia mayoritaria en los Consejos Superiores Universitarios, lo que constituye una situación inconstitucional y de injerencia en las decisiones que puedan ser asumidas. Frente al tema que más escozor ha generado, como lo es la presencia de universidades con ánimo de lucro en el territorio nacional, el Gobierno Nacional no cedió en absoluto y, en torno a la financiación, mantuvo su oferta de un incremento del presupuesto del 3% más IPC, sin ir a la base presupuestal, hasta 2014, cuya distribución entre las universidades del sistema estará atada a los tradicionales indicadores donde prevalece el incremento de cupos. Situación que no resuelve el déficit estructural denunciado por los rectores a través de ASCÚN y del SUE.

Lo mencionado solo es una parte de la gran cantidad de consideraciones que están por hacerse. Así las cosas, se puede afirmar que la contradicción entre el Gobierno Nacional (Ministerio de Educación Nacional – Presidente de la república), la comunidad universitaria y amplios sectores de la sociedad, sobre la ley que reemplazará a la Ley 30 de 1992, no se ha resuelto y que por lo tanto se hace imperioso mantener erguida la postura de defensa de la educación pública superior, exigiendo los recursos económicos necesarios para incrementar el número de personas que puedan acceder a ese derecho fundamental, mejorar sustancialmente la infraestructura existente, velar por fortalecer la autonomía universitaria como elemento esencial de su existencia y propender por una excelente calidad donde se dé un verdadero equilibrio entre el hacer, el saber y el ser, donde se reconozca que la universidad debe formar seres humanos y no producir mercancías, tal como se pretende con la formación basada en competencias, concepto más de tipo empresarial que pedagógico.

Desde la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia Sede de Medellín -APÚN MEDELLÍN-, queremos hacer un llamado a que se preste la máxima atención al tema, y se atienda y profundice el debate que debe darse a la propuesta. Urge el análisis del futuro de la Universidad Nacional en el nuevo contexto planteado y llamamos a los profesores a que identifiquen cuál será su situación en el nuevo entorno y si ello responde a sus expectativas de pertenecer a una universidad de investigación a la que se consideran vinculados. Requerimos el acompañamiento que debe darse a la movilización civilizada que debe expresar el rechazo a la intención de acabar con la universidad pública y con el Derecho fundamental de la Educación.

JUNTA DIRECTIVA

ASOCIACIÓN DE PROFESORES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE DE MEDELLÍN -APÚN MEDELLÍN-


Medellín, agosto 10 de 2011.


Notas:
1. Artículo 1 proyecto de Ley: “por el cual se organiza el Sistema Nacional de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior.” Versión del 15 de julio de 2011 del MEN.
2. Comunicado COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONAL julio de 2011.

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Unasur: la crisis global y el rumbo de la región

Por Consuelo Ahumada*
Tomado de semana.com.co

A juzgar por las medidas que imponen las autoridades económicas mundiales a ambos lados del Atlántico, no parece haber salida en el corto plazo.

En contra de los dictámenes iniciales de las agencias calificadoras de riesgo, tan desacreditadas en estos días, y a pesar del optimismo de instituciones y analistas comprometidos a fondo con el “libre mercado”, los efectos de la crisis global siguen golpeando con cada vez mayor fuerza a los países industrializados. El desborde sin precedentes del endeudamiento de estos países, la fijación del nuevo techo de la deuda estadounidense y su baja de calificación, así como la amenaza de recesión generalizada, son las manifestaciones más recientes y perturbadoras de dicha crisis.

Pero, a juzgar por las medidas que imponen las autoridades económicas mundiales a ambos lados del Atlántico, tendientes a minimizar el gasto público y social, a castigar el empleo y la seguridad social para seguir favoreciendo a los linces de las finanzas, no parece haber salida en el corto plazo. Las repercusiones de la crisis financiera sacuden al resto del orbe, precisamente cuando el hambre y la miseria agobian a un número cada vez mayor de los habitantes del Sur.

Sin embargo, en medio de un panorama tan sombrío, Suramérica avanza con paso firme en su integración política, económica, militar y social y eso es una buena noticia. Sin duda Unasur es la expresión más concreta, en el plano regional, de un proceso de más de una década, marcado por la emergencia y consolidación de los llamados gobiernos progresistas.

Desde su conformación hace tres años por iniciativa del entonces presidente Lula, Unasur ha reivindicado la soberanía y autonomía de la región, en especial frente al dominio secular ejercido por Estados Unidos. Ha defendido el derecho de sus países miembros a desarrollar una política exterior independiente y un modelo de integración propio. De ahí el fracaso del ALCA. Pero también ha insistido en la necesidad de fortalecer el papel económico del Estado, privilegiar la inversión pública y social y ponerle límites al capital extranjero.

Atrás quedó el Consenso de Washington, que se impuso a finales del siglo pasado en toda la región como dogma de fe. Los vientos políticos refrescantes predominan hoy en esta parte del continente, aunque algunos países como Chile, Colombia y hasta hace unos días Perú, insistan en apostarle a la confianza inversionista y al modelo minero exportador como estrategia fundamental de desarrollo.

Aunque su tratado constitutivo solo entró en vigor el pasado mes de marzo, cuando fue aprobado por la mayor parte de sus doce países miembros, Unasur ya cuenta con algunos logros políticos importantes. Enfrentó con éxito episodios graves, como el connato de rebelión en Bolivia en 2008 contra el gobierno de Evo Morales, el intento de golpe en Ecuador en 2010 y la grave crisis política y diplomática entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, en el mismo año.

Por ello, en un marco económico internacional tan convulsionado, los recientes eventos de Unasur han despertado el mayor interés. El pasado 28 de julio, con ocasión de la posesión de Ollanta Humala, se reunieron en Lima los mandatarios suramericanos y se pusieron de acuerdo en algunos criterios para enfrentar el impacto de la crisis de los países desarrollados. A pesar de las diferencias políticas de fondo que existen entre ellos, en la reunión se reafirmó la importancia de fortalecer el proyecto de integración y de buscar soluciones de conjunto para toda la región.

Pocos días después, el 5 de agosto, se realizó una nueva reunión en Lima, esta vez de los ministros de economía y finanzas y se avanzó en la discusión de propuestas diversas. Se planteó la posibilidad de abandonar el dólar como moneda de reserva, por el riesgo que implica para las reservas de la región, que suman más de 700 mil millones de dólares, lo que convierte a América Latina y el Caribe en el segundo tenedor de activos en dólares del Tesoro estadounidense después de China.

A pesar de la diversificación económica y comercial que se ha incrementado en la última década, Estados Unidos sigue siendo el principal socio de la región. Por ello, se viene insistiendo también de la necesidad de fortalecer el intercambio regional y de afrontar decididamente los retos de la pobreza, en una región catalogada como la de peor distribución del ingreso en el mundo.

En la reunión de ministros se propuso igualmente crear un fondo propio regional y hacer realidad al llamado Banco del Sur. Se cuestionó también la autonomía de los bancos centrales, considerada uno de los preceptos centrales del dogma neoliberal.

“América del Sur está reaccionando y respondiendo para construir nuestra fortaleza económica. Es un gran bloque que sabe ya defender sus intereses”, señaló Nicolás Maduro, canciller venezolano después de la reunión de ministros de Quito.

No obstante, el desafío más grande de los países de Unasur sigue siendo la superación de la pobreza y la desigualdad social. Los logros de países como Venezuela y Brasil han sido importantes en este sentido, pero no suficientes. Por ello, es necesario avanzar en los proyectos conjuntos que le apuesten a un verdadero desarrollo social, más allá del modelo exportador de comienzos del siglo XX, que en buena medida sigue vigente.

*Profesora titular y directora Maestría en Política Social, Universidad Javeriana cahumada@javeriana.edu.co
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3 de agosto de 2011

Programa de Promotores/as en Juventud y Sindicalismo.

Fortalecimiento Juvenil para la Renovación y Afiliación Sindical”

Para el mes de julio, la Escuela Nacional Sindical invito para los días 16, 14 y 15 de ese mes para la capacitación de “FORTALECIMEINTO JUVENIL SINDICAL “ los cuales serian 2 niveles en horario intensivo.
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1 de agosto de 2011

Magisterio Antioqueño, tenemos mucho que perder… aprender a elegir… una tarea de cuidado!!!

A manera de editorial.

Por Rosa América Peñaloza.
Delegada de Adida y secretaria General de la CUT Antioquia.


Es inevitable que en época electoral todas las organizaciones sociales sean permeadas por esta actividad democrática, que como todas las cosas en Colombia arrastra características especiales, a veces bordeando lo legal pero que nos es imperioso examinar, por las consecuencias que para la vida política, económica laboral e incluso personal puede traer la elección afortunada o desafortunada de quienes van a dirigir los destinos locales y regionales.


Y especialmente para el magisterio, todavía una fuerza social organizada, especialmente alrededor de Adida, Asdem y Fecode y que por eso es asediada no solo en Medellín sino en todos los municipios, por los candidatos para ganarse el apoyo del gremio que, con razón consideran determinante en los resultados.

Pero podríamos serlo aún más, si fuésemos conscientes que nuestra relación con la comunidad nos provee de una continua comunicación y que a pesar de lo mucho que ha cambiado las estructuras sociales, todavía tenemos ascendiente, que bien puede ser utilizado de manera clara, en promover algunos principios como la trasparencia y la participación política responsable entre otros, que aleje a la comunidad de prácticas electorales corruptas que solo terminan en la apropiación del presupuesto en beneficio particular y en la desidia de los funcionarios en solucionar los más sentidos y graves problemas sociales, pues consideran que comprando el voto es suficiente y cumplen su labor hacia la comunidad.

Y nos afecta como educadores, especialmente en las ENTIDADES CERTIFICADAS, en las que juega el control sobre las trasferencias, sobre los recursos que deben ser girados al Fomag, los recursos de cobertura, los recursos para la prestación del servicio médico, etc., y por supuesto el poder que dispensa las secretarías de educación locales y departamentales en lo que se refiere al manejo de la planta docente.

No podemos pasar de agache, ni alegremente comprometer en el caso de Antioquia, las subdirectivas, en apoyos que además de restar autonomía, no garanticen por lo menos los siguientes aspectos cruciales para los educadores:

*Designación de un secretario de educación docente, al que la base le reconozca su trayectoria y capacidad.
*Reconocimiento de las organizaciones sindicales como legítimos voceros de los educadores, respeto por su autonomía.
*Respeto por los derechos de los educadores, diálogo y concertación de las medidas administrativas que le permita la ley tomar dentro de su competencia.
* Manejo pulcro de los recursos del Sistema General de Bolsa, de los recursos para cobertura, y en general de los recursos de educación.
* No clientelismo ni politiquería en el manejo de la planta docente. Aplicar los criterios de meritocracia consagrados en la Constitución.
* Respeto por la libertad sindical, derecho de asociación, movilización y reunión sindical.
* Aplicar concertadamente criterios de promoción en la asignación de encargos y provisionalidad. Procurar la vinculación en provisionalidad de educadores con experiencia en la misma entidad territorial, o residentes en ella.
* En todas las situaciones aplicación del debido proceso y demás garantías constitucionales.
* Programas de bienestar social para los educadores que dejen de ser una mera promesa electoral. (Vivienda, becas, recreación).

Por supuesto, que esto amerita el fortalecimiento de las subdirectivas, el establecimiento de veedurías eficaces, con respaldo de la base, la capacitación sindical permanente, y tener presente que EL SINDICALISMO DEBE SER DE BENEFICIO GENERAL.

Pero las cosas no caen del cielo y seguramente que las subdirectivas, que poca vida organizativa hacen, pues no podrán hacer estas consideraciones a ningún candidato porque simplemente NO JUEGAN EN EL ESCENARIO SOCIAL; pero se pueden implementar en todos los casos CONVERSATORIOS, FOROS, DEBATES, PANELES en los cuales invitemos a candidatos a alcaldías, concejos y asamblea con el fin que públicamente PERO SIN DEMAGOGIA se comprometan con la educación pública y los educadores.

Podemos promover la presencia en estos eventos de padres de familia y estudiantes, en un ejercicio pedagógico de debate civilizado de las ideas y propuestas y CUIDANDO DE MANERA SENSATA NUESTRA IMPARCIALIDAD y por supuesto promoviendo nuestros candidatos a concejos, teniendo como base el concepto de Adida sobre el derecho a la participación política que tenemos los educadores. (ver periódico de Adida adjunto en este número).

Por último, así no queramos somos referente social, y por esto es deseable que si hay algún pronunciamiento público o privado de apoyo a candidatos, estos sean ajenos a escenarios de corrupción o uso de violencia como arma política.

SOMOS FUERZA SOCIAL Y ES ASI COMO DEBEMOS SER DECISIVOS PARA AVANZAR!!!!!.

Un abrazo.
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