Sobre el contenido y el sentido del discurso del Vicepresidente Angelino Garzón en la instalación del Seminario sobre violencia antisindical y derechos humanos, esto opinó Fabio Arias, Fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT:
“Al Vicepresidente Angelino Garzón, por motivaciones provenientes de su propio discurso y de su condición de Gobierno, le interesa que en el país haya restablecimiento de los derechos humanos, porque es un punto de exigencia muy fuerte de la comunidad internacional para firmar los TLC. En ese marco hay que entender su discurso, discurso que uno debe celebrar como muy significativo porque reivindica al movimiento sindical como una de las instituciones democráticas, algo que nosotros siempre hemos defendido. Lo grave es que el Vicepresidente Garzón piensa que el problema de las mafia y las bandas criminales están fuera del Estado, y resulta que el poder del narcotráfico y las mafias está muy vinculado a todo el Estado, que fue la herencia que dejaron los 8 años del presidente Uribe. En eso hay una distinción significativa, que no se la podemos acepar. Lo otro es que no dijo nada sobre los derechos laborales y las libertades sindicales. Lo dejó como un enunciado general”.
Opinión de la ENS
Por su parte, Luciano Sanín V., director de la Escuela Nacional Sindical, destacó tres aspectos valiosos del discurso del Vicepresidente Angelino Garzón:
1- El hecho de que este Gobierno parte de reconocer que la violencia contra el sindicalismo es un hecho grave, una tragedia humanitaria mayor, y por tanto no está de acuerdo con quienes quieren manejar el tema como un asunto de meras cifras, porque aquí lo que cuenta es que son personas, seres humanos que han sido afectados en sus derechos por ejercer la actividad sindical.
2- El enfoque sobre los derechos laborales, al incluirlos como parte de los derechos humanos, y por lo mismo hay que considerarlos con la prioridad que se les da a los derechos humanos.
3- El Vicepresidente Angelino Garzón está dispuesto a recoger las recomendaciones que salgan de este proceso para incorporarlas a una agenda del Estado, en función de superar la violencia antisindical.
Pero lo importante —señaló el director de la ENS— es que esos loables propósitos no se queden en el discurso, en las palabras, sino que se conviertan en acción; que haya voluntad del Gobierno, que haya realmente una agenda y se empiecen a ver los resultados.
El país necesita una política de defensa del sindicalismo como una institución fundamental para la democracia. No puede existir una democracia sin sindicatos, ni que un trabajador sea despedido por crear un sindicato; de la misma manera que no puede ser perseguido un empresario por crear una empresa… Nuestro país debe avanzar en la lucha contra el crimen y en una política de promoción y respeto a los derechos laborales como parte de los derechos humanos fundamentales… La crítica que contra el gobierno haga un dirigente sindical o un defensor de derechos humanos, no le da derecho a ningún funcionario del gobierno a satanizar o descalificar organizaciones sindicales o de derechos humanos...”.
Las anteriores son frases entresacadas del importante discurso que pronunció el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, en el marco de la instalación del Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Sindicalismo organizado por el PNUD Colombia, que sesionó los días 24 y 25 de noviembre en el Centro de Convenciones Compensar, de Bogotá.
En este Seminario, que cuenta con la presencia de varios expertos internacionales e investigadores del tema social y sindical, así como representantes del Gobierno, del sector empresarial, organizaciones sindicales y académicas, se exponen y analizan los estudios que sobre el tema de la violencia contra el sindicalismo colombiano realizaron seis prestigiosos centros de investigación social del país; estudios que fueron patrocinados por las embajadas de 8 países: España, Suecia, Canadá, Gran Bretaña, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Noruega y Holanda.
Por considerarlo de importancia, a continuación publicamos el discurso pronunciado por el Vicepresidente Garzón en el auditorio de Compensar:
“Quisiéramos que estos estudios y sus conclusiones no se quedara sólo en un ejercicio pedagógico y académico, sino que se conviertan en un punto de referencia para el conjunto del Estado colombiano, el sector empresarial, el sindical y para la comunidad internacional. Deberíamos mirar qué se le debe entregar a la Fiscalía, porque es el ente que tiene que materializar los procesos de investigaciones y acusaciones contra los victimarios de numerosos trabajadores sindicalizados y dirigentes sindicales”.
“También debemos pensar en qué debemos entregarle al Consejo Superior de la Judicatura, para que los jueces actúen, porque aquí hay un problema de justicia. La lucha contra la impunidad y el esclarecimiento de los responsables de todos estos crímenes, es un tema de justicia, reiterando el debido proceso para todos los acusados, sean ellos servidores públicos o del sector privado. Es muy importante que la justiciase agilice y sancione a los responsables, y el que se considere inocente que lo demuestre ante la justicia”.
“Igualmente hay que ver qué información debe enviarse al Comité de Libertad Sindical y a la Comisión de Normas de la OIT; qué información se debe entregar oficialmente al gobierno nacional, al Ministro de la Protección Social como responsable de los temas laborales; al propio Presidente de la República, al Vicepresidente, al Consejo Gremial Empresarial. Porque este no es sólo un problema de los trabajadores, sino también de los empresarios, del Gobierno y el Estado colombiano. Yo creo que necesitamos afianzar esa unidad en la lucha contra la impunidad y el crimen, y en la protección de la actividad sindical como institución de la democracia, como es también una institución de la democracia la actividad empresarial. También hay que entregarle esta información a los comandantes de la policía y a nuestras fuerzas militares. Aquí se trata de exigirnos más, a cada uno en su actividad, empezando por los altos servidores públicos del gobierno nacional, por el presidente de la República, el Vicepresidente, el Ministro de la Protección Social y del Interior, que tienen que colocar estos temas entre sus prioridades”.
“La violencia y los crímenes contra los sindicalistas ha sido un proceso dramático, que a mí me ha tocado vivir como dirigente sindical y como servidor público. Como lo es que tantos crímenes de sindicalistas en su inmensa mayoría sigan impunes. Con el acuerdo del 2006 se ha avanzado en las investigaciones, en la promulgación de sentencias, pero todavía no llegamos a 200 sentencias, y son miles los trabajadores y dirigentes sindicales asesinados y desaparecidos, como también son miles las personas que han sido asesinadas en nuestro país”.
Definir una ruta de trabajo conjunto
“A nosotros nos llegan muchas denuncias de que algunos criminales están caminando por las calles como Pedro por su casa. Y eso no puede ser así. Yo le pido a todos los dirigentes sindicales, a las ONG de derechos humanos, a la comunidad internacional, que nos entreguen datos precisos de criminales que andan sueltos amenazando a la gente; y mi compromiso personal como Vicepresidente de la República, como responsable político de los derechos humanos, es que hemos tomado la decisión de enviar estos informes, con mi firma, a las respectivas autoridades del Estado, sobre las denuncias que muchas personas hacen sobre presencia de criminales, llámense paramilitares, guerrilla, narcotráfico, bandas criminales en diferentes partes del país”.
“Creo que el Estado no debe perderse en las formalidades, ni en el hecho de que existan exageraciones, sino que a partir de las recomendaciones y conclusiones de este estudio actuemos juntos el Estado, la comunidad internacional, los sindicatos, los empresarios, la sociedad civil, para ver si en nuestro país avanzamos en la lucha contra el crimen y en una política de promoción y respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales como parte de los derechos fundamentales. Me gustaría que una vez terminen los análisis y los estudios, nos sentemos y definamos una ruta de trabajo conjunto”.
Política de defensa del sindicalismo
“Yo creo que se necesita en nuestro país una política conjunta de defensa del sindicalismo como institución de la democracia, que nos permita avanzar en el sentido de que no pueda ser despedido un trabajador por crear un sindicato, de la misma manera que no puede ser perseguido un empresario por crear una empresa; que nos permita entender que las organizaciones sindicales, como las empresariales, son instituciones fundamentales en la democracia, porque no puede existir una democracia sin sindicatos y sin organizaciones empresariales; y que además nos permita defender y promover una política de diálogo social, de entendimientos y acuerdos, y que se respete ese diálogo social”.
“La crítica contra el gobierno que haga un dirigente sindical, o un defensor de los derechos humanos, o una organización social y política, no le puede dar derecho a ningún servidor público o a un alto funcionario del gobierno a satanizar o descalificar o calumniar a organizaciones sindicales o de derechos humanos. Puede que la crítica sea exagerada, pero diferenciemos claramente los grupos armados ilegales de las organizaciones sociales y políticas, y de la sociedad civil, que pueden ser muy críticas, a veces duras con el gobierno de turno, pero que no tienen nada que ver con actividades por fuera de ley”.
Jugarnos a fondo por la democracia
“Creo, y lo dejo como reflexión para este Seminario, que es mejor que encontremos un camino de actuación conjunta entre el Estado, la sociedad civil, las organizaciones sindicales y empresariales y la comunidad internacional. En Colombia no hay sino dos posibilidades: o nos la jugamos toda por la democracia, que implica una política de defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y libertades sindicales y ambientales, y el derecho de la población a vivir en paz. Y la otra posibilidad es volvernos más tolerantes, más pasivos con la criminalidad organizada. No hay punto medio”.
“El gobierno en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos y de Angelino Garzón como Vicepresidente, queremos unir esfuerzos con la sociedad civil en todas sus expresiones, con la comunidad internacional y el Estado, de jugarnos a fondo por el camino de la democracia, de luchar contra todas las expresiones de la criminalidad organizada, llámense guerrillas, paramilitares, bandas criminales y narcotráfico. Se acabó el cuento de grupos armados ilegales de primera, de segunda y tercera categoría. Todos son iguales, todos tienen como propósito violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; todos tienen como propósito afectar el derecho constitucional de los seres humanos a vivir tranquilamente.
“Por eso reitero: exíjanos más. No acepten que un servidor público con responsabilidad en cualquiera de los tres poderes del Estado, tenga como pretexto el temor para no actuar. Eso se le puede entender a un humilde ciudadano de la sociedad civil, pero no a un alto representante del poder ejecutivo, judicial o legislativo. Para eso nos han elegido: para luchar por erradicar en nuestro país una práctica que termina afectando la institucionalidad del Estado, cual es que muchos servidores públicos, so pretexto de combatir grupos armados ilegales, terminaban haciendo actividades propias de estos grupos. La ilegalidad, la violencia, el terrorismo y el narcotráfico se combaten con la Constitución Política en la mano, y desarrollando una política integral de respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos laborales”.
“Los invito a que nos ayuden a lograr que el Congreso de la República apruebe la ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras. El gobierno está empeñado en que se apruebe esta ley, como una manera de saldar una deuda social del Estado con las víctimas de la violencia. Por muchos años fuimos más generosos y tolerantes con los victimarios que con las víctimas. Sería fatal, no para el gobierno, sino para la sociedad y el Estado, que el Congreso no llegara a aprobar ese proyecto de ley”
Declaración conjunta con FECODE
“Reitero una propuesta que hizo FECODE de sacar una declaración conjunta con la Vicepresidencia y el Ministro de Educación, condenando que la escuela sea utilizadas como trincheras o sitios de guerra, tanto por los grupos armados ilegales como por las fuerzas institucionales militares y de policía. Las escuelas y los hospitales son intocables, no pueden ser afectados ni por unos ni por otros; condenando también el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de los grupos armados ilegales; condenando las amenazas de muerte de que hoy son víctimas cerca de 3 mil educadores y educadoras del país; condenando el asesinato de maestros y maestras. En lo que va del año ya van más de 20 maestros y maestras asesinados. Es una vergüenza, y nos tiene que preocupar”.
“Me dicen: Angelino, es que no siempre los asesinan por motivos sindicales. Pero el solo hecho de que sea asesinado un maestro, por el motivo que sea, nos tiene que preocupar. Reconocemos que hemos avanzado en la protección de sindicalistas y la disminución de asesinatos de éstos, pero mientras haya un solo sindicalista, un sólo defensor de derechos humanos, un solo dirigente político, un juez, un periodista, o un empresario asesinado o secuestrado o desaparecido, nos tiene que preocupar. Aquí no se trata de números sino de personas, y la responsabilidad del Estado en una política de derechos humanos es proteger a las personas, e implica condenar cualquier actividad antisindical en el sector del magisterio”.
“Desafortunadamente hasta hoy no hemos podido sacar esa declaración conjunta. Entiendo perfectamente los temores, las diferencias, que hacen que a veces sea difícil trabajar de manera conjunta gobierno y sociedad civil, por hechos que han pasado, porque el tema está muy afectado por el entorno”.
“Al Vicepresidente Angelino Garzón, por motivaciones provenientes de su propio discurso y de su condición de Gobierno, le interesa que en el país haya restablecimiento de los derechos humanos, porque es un punto de exigencia muy fuerte de la comunidad internacional para firmar los TLC. En ese marco hay que entender su discurso, discurso que uno debe celebrar como muy significativo porque reivindica al movimiento sindical como una de las instituciones democráticas, algo que nosotros siempre hemos defendido. Lo grave es que el Vicepresidente Garzón piensa que el problema de las mafia y las bandas criminales están fuera del Estado, y resulta que el poder del narcotráfico y las mafias está muy vinculado a todo el Estado, que fue la herencia que dejaron los 8 años del presidente Uribe. En eso hay una distinción significativa, que no se la podemos acepar. Lo otro es que no dijo nada sobre los derechos laborales y las libertades sindicales. Lo dejó como un enunciado general”.
Opinión de la ENS
Por su parte, Luciano Sanín V., director de la Escuela Nacional Sindical, destacó tres aspectos valiosos del discurso del Vicepresidente Angelino Garzón:
1- El hecho de que este Gobierno parte de reconocer que la violencia contra el sindicalismo es un hecho grave, una tragedia humanitaria mayor, y por tanto no está de acuerdo con quienes quieren manejar el tema como un asunto de meras cifras, porque aquí lo que cuenta es que son personas, seres humanos que han sido afectados en sus derechos por ejercer la actividad sindical.
2- El enfoque sobre los derechos laborales, al incluirlos como parte de los derechos humanos, y por lo mismo hay que considerarlos con la prioridad que se les da a los derechos humanos.
3- El Vicepresidente Angelino Garzón está dispuesto a recoger las recomendaciones que salgan de este proceso para incorporarlas a una agenda del Estado, en función de superar la violencia antisindical.
Pero lo importante —señaló el director de la ENS— es que esos loables propósitos no se queden en el discurso, en las palabras, sino que se conviertan en acción; que haya voluntad del Gobierno, que haya realmente una agenda y se empiecen a ver los resultados.
El país necesita una política de defensa del sindicalismo como una institución fundamental para la democracia. No puede existir una democracia sin sindicatos, ni que un trabajador sea despedido por crear un sindicato; de la misma manera que no puede ser perseguido un empresario por crear una empresa… Nuestro país debe avanzar en la lucha contra el crimen y en una política de promoción y respeto a los derechos laborales como parte de los derechos humanos fundamentales… La crítica que contra el gobierno haga un dirigente sindical o un defensor de derechos humanos, no le da derecho a ningún funcionario del gobierno a satanizar o descalificar organizaciones sindicales o de derechos humanos...”.
Las anteriores son frases entresacadas del importante discurso que pronunció el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, en el marco de la instalación del Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Sindicalismo organizado por el PNUD Colombia, que sesionó los días 24 y 25 de noviembre en el Centro de Convenciones Compensar, de Bogotá.
En este Seminario, que cuenta con la presencia de varios expertos internacionales e investigadores del tema social y sindical, así como representantes del Gobierno, del sector empresarial, organizaciones sindicales y académicas, se exponen y analizan los estudios que sobre el tema de la violencia contra el sindicalismo colombiano realizaron seis prestigiosos centros de investigación social del país; estudios que fueron patrocinados por las embajadas de 8 países: España, Suecia, Canadá, Gran Bretaña, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Noruega y Holanda.
Por considerarlo de importancia, a continuación publicamos el discurso pronunciado por el Vicepresidente Garzón en el auditorio de Compensar:
“Quisiéramos que estos estudios y sus conclusiones no se quedara sólo en un ejercicio pedagógico y académico, sino que se conviertan en un punto de referencia para el conjunto del Estado colombiano, el sector empresarial, el sindical y para la comunidad internacional. Deberíamos mirar qué se le debe entregar a la Fiscalía, porque es el ente que tiene que materializar los procesos de investigaciones y acusaciones contra los victimarios de numerosos trabajadores sindicalizados y dirigentes sindicales”.
“También debemos pensar en qué debemos entregarle al Consejo Superior de la Judicatura, para que los jueces actúen, porque aquí hay un problema de justicia. La lucha contra la impunidad y el esclarecimiento de los responsables de todos estos crímenes, es un tema de justicia, reiterando el debido proceso para todos los acusados, sean ellos servidores públicos o del sector privado. Es muy importante que la justiciase agilice y sancione a los responsables, y el que se considere inocente que lo demuestre ante la justicia”.
“Igualmente hay que ver qué información debe enviarse al Comité de Libertad Sindical y a la Comisión de Normas de la OIT; qué información se debe entregar oficialmente al gobierno nacional, al Ministro de la Protección Social como responsable de los temas laborales; al propio Presidente de la República, al Vicepresidente, al Consejo Gremial Empresarial. Porque este no es sólo un problema de los trabajadores, sino también de los empresarios, del Gobierno y el Estado colombiano. Yo creo que necesitamos afianzar esa unidad en la lucha contra la impunidad y el crimen, y en la protección de la actividad sindical como institución de la democracia, como es también una institución de la democracia la actividad empresarial. También hay que entregarle esta información a los comandantes de la policía y a nuestras fuerzas militares. Aquí se trata de exigirnos más, a cada uno en su actividad, empezando por los altos servidores públicos del gobierno nacional, por el presidente de la República, el Vicepresidente, el Ministro de la Protección Social y del Interior, que tienen que colocar estos temas entre sus prioridades”.
“La violencia y los crímenes contra los sindicalistas ha sido un proceso dramático, que a mí me ha tocado vivir como dirigente sindical y como servidor público. Como lo es que tantos crímenes de sindicalistas en su inmensa mayoría sigan impunes. Con el acuerdo del 2006 se ha avanzado en las investigaciones, en la promulgación de sentencias, pero todavía no llegamos a 200 sentencias, y son miles los trabajadores y dirigentes sindicales asesinados y desaparecidos, como también son miles las personas que han sido asesinadas en nuestro país”.
Definir una ruta de trabajo conjunto
“A nosotros nos llegan muchas denuncias de que algunos criminales están caminando por las calles como Pedro por su casa. Y eso no puede ser así. Yo le pido a todos los dirigentes sindicales, a las ONG de derechos humanos, a la comunidad internacional, que nos entreguen datos precisos de criminales que andan sueltos amenazando a la gente; y mi compromiso personal como Vicepresidente de la República, como responsable político de los derechos humanos, es que hemos tomado la decisión de enviar estos informes, con mi firma, a las respectivas autoridades del Estado, sobre las denuncias que muchas personas hacen sobre presencia de criminales, llámense paramilitares, guerrilla, narcotráfico, bandas criminales en diferentes partes del país”.
“Creo que el Estado no debe perderse en las formalidades, ni en el hecho de que existan exageraciones, sino que a partir de las recomendaciones y conclusiones de este estudio actuemos juntos el Estado, la comunidad internacional, los sindicatos, los empresarios, la sociedad civil, para ver si en nuestro país avanzamos en la lucha contra el crimen y en una política de promoción y respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales como parte de los derechos fundamentales. Me gustaría que una vez terminen los análisis y los estudios, nos sentemos y definamos una ruta de trabajo conjunto”.
Política de defensa del sindicalismo
“Yo creo que se necesita en nuestro país una política conjunta de defensa del sindicalismo como institución de la democracia, que nos permita avanzar en el sentido de que no pueda ser despedido un trabajador por crear un sindicato, de la misma manera que no puede ser perseguido un empresario por crear una empresa; que nos permita entender que las organizaciones sindicales, como las empresariales, son instituciones fundamentales en la democracia, porque no puede existir una democracia sin sindicatos y sin organizaciones empresariales; y que además nos permita defender y promover una política de diálogo social, de entendimientos y acuerdos, y que se respete ese diálogo social”.
“La crítica contra el gobierno que haga un dirigente sindical, o un defensor de los derechos humanos, o una organización social y política, no le puede dar derecho a ningún servidor público o a un alto funcionario del gobierno a satanizar o descalificar o calumniar a organizaciones sindicales o de derechos humanos. Puede que la crítica sea exagerada, pero diferenciemos claramente los grupos armados ilegales de las organizaciones sociales y políticas, y de la sociedad civil, que pueden ser muy críticas, a veces duras con el gobierno de turno, pero que no tienen nada que ver con actividades por fuera de ley”.
Jugarnos a fondo por la democracia
“Creo, y lo dejo como reflexión para este Seminario, que es mejor que encontremos un camino de actuación conjunta entre el Estado, la sociedad civil, las organizaciones sindicales y empresariales y la comunidad internacional. En Colombia no hay sino dos posibilidades: o nos la jugamos toda por la democracia, que implica una política de defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y libertades sindicales y ambientales, y el derecho de la población a vivir en paz. Y la otra posibilidad es volvernos más tolerantes, más pasivos con la criminalidad organizada. No hay punto medio”.
“El gobierno en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos y de Angelino Garzón como Vicepresidente, queremos unir esfuerzos con la sociedad civil en todas sus expresiones, con la comunidad internacional y el Estado, de jugarnos a fondo por el camino de la democracia, de luchar contra todas las expresiones de la criminalidad organizada, llámense guerrillas, paramilitares, bandas criminales y narcotráfico. Se acabó el cuento de grupos armados ilegales de primera, de segunda y tercera categoría. Todos son iguales, todos tienen como propósito violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; todos tienen como propósito afectar el derecho constitucional de los seres humanos a vivir tranquilamente.
“Por eso reitero: exíjanos más. No acepten que un servidor público con responsabilidad en cualquiera de los tres poderes del Estado, tenga como pretexto el temor para no actuar. Eso se le puede entender a un humilde ciudadano de la sociedad civil, pero no a un alto representante del poder ejecutivo, judicial o legislativo. Para eso nos han elegido: para luchar por erradicar en nuestro país una práctica que termina afectando la institucionalidad del Estado, cual es que muchos servidores públicos, so pretexto de combatir grupos armados ilegales, terminaban haciendo actividades propias de estos grupos. La ilegalidad, la violencia, el terrorismo y el narcotráfico se combaten con la Constitución Política en la mano, y desarrollando una política integral de respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos laborales”.
“Los invito a que nos ayuden a lograr que el Congreso de la República apruebe la ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras. El gobierno está empeñado en que se apruebe esta ley, como una manera de saldar una deuda social del Estado con las víctimas de la violencia. Por muchos años fuimos más generosos y tolerantes con los victimarios que con las víctimas. Sería fatal, no para el gobierno, sino para la sociedad y el Estado, que el Congreso no llegara a aprobar ese proyecto de ley”
Declaración conjunta con FECODE
“Reitero una propuesta que hizo FECODE de sacar una declaración conjunta con la Vicepresidencia y el Ministro de Educación, condenando que la escuela sea utilizadas como trincheras o sitios de guerra, tanto por los grupos armados ilegales como por las fuerzas institucionales militares y de policía. Las escuelas y los hospitales son intocables, no pueden ser afectados ni por unos ni por otros; condenando también el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de los grupos armados ilegales; condenando las amenazas de muerte de que hoy son víctimas cerca de 3 mil educadores y educadoras del país; condenando el asesinato de maestros y maestras. En lo que va del año ya van más de 20 maestros y maestras asesinados. Es una vergüenza, y nos tiene que preocupar”.
“Me dicen: Angelino, es que no siempre los asesinan por motivos sindicales. Pero el solo hecho de que sea asesinado un maestro, por el motivo que sea, nos tiene que preocupar. Reconocemos que hemos avanzado en la protección de sindicalistas y la disminución de asesinatos de éstos, pero mientras haya un solo sindicalista, un sólo defensor de derechos humanos, un solo dirigente político, un juez, un periodista, o un empresario asesinado o secuestrado o desaparecido, nos tiene que preocupar. Aquí no se trata de números sino de personas, y la responsabilidad del Estado en una política de derechos humanos es proteger a las personas, e implica condenar cualquier actividad antisindical en el sector del magisterio”.
“Desafortunadamente hasta hoy no hemos podido sacar esa declaración conjunta. Entiendo perfectamente los temores, las diferencias, que hacen que a veces sea difícil trabajar de manera conjunta gobierno y sociedad civil, por hechos que han pasado, porque el tema está muy afectado por el entorno”.
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