Conformado Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores del Estado

El día 10 de octubre se creó la estructura del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, SUNET, que agrupará a más de 10 mil afiliados inicialmente, con presencia en 16 de los 32 departamentos de Colombia y cuyo objetivo es reivindicar los derechos de la clase trabajadora, particularmente los del sector y defender sus intereses del modelo económico imperante o cualquier otra amenaza.

El SUNET es la estructura del sindicato de rama del sector estatal, que nació por determinación de las organizaciones Sintramunicipios Caldas; Sintraoficiales Floridablanca, (Santander); Sintraesemdentol (Tolima); Sintrapublimag, (Bolívar); Sintrasema, (Antioquia) y los sindicatos nacionales Sinalserpub y Sintraestatales, en el marco del proceso de unidad decidido en el V Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y liderado por su departamento de organización.  Este proceso ha contado con el apoyo del proyecto de la FNV de Holanda, la LO-TCO de Suiza, la LO de Noruega, la SASK de Finlandia, la AFL-CIO de Estados Unidos y la Internacional de Servicios Públicos ISP.

Por su parte, el presidente de la organización, Carlos Castañeda aseguró que “las organizaciones sindicales fundadoras del SUNET hemos acordado que dentro de los seis meses siguientes a la asamblea fundacional, cada sindicato deberá someter a aprobación de su asamblea general como máxima instancia los acuerdos alcanzados para el proceso de fusión”.

Del mismo modo, señaló que la junta directiva nacional del SUNET se reunirá los días 1 y 2 de diciembre en la ciudad de Bogotá, con el fin de fijar las tareas a desarrollar para finalizar el proceso de unidad y las actividades que deberá empezar a desarrollar el sindicato.

Finalmente, Castañeda invitó a las organizaciones que aún no han tomado una decisión definitiva sobre el proceso de unidad para que envíen sus puntos de vista con un representante a la reunión de los días 1 y 2 de diciembre, cuya logística se informará posteriormente.
Mayores informes, 

Departamento de Organización CUT, Tel. 3237550, Bogotá.
Carlos Castañeda, presidente SUNET, Cel. 3103201995
Luis Antonio Correa Lozano, secretario general SUNET, Cel. 3138714912

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7 sindicatos que agrupan 10 mil funcionarios, se fusionan y crean Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores del Estado, SUNET

Por Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical

Sinalserpub y Sintraestatales, los dos antiguos sindicatos nacionales del sector estatal, filiales de la CUT, más otros cinco sindicatos de carácter local y regional, desaparecerán como tales tras el proceso de unión que se dio entre ellos para crear una sola organización sindical de carácter nacional: el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, SUNET, el cual tuvo su asamblea fundacional el pasado 15 de octubre, y cinco días después fue registrado ante el Ministerio de la Protección Social.

Esta nueva organización, que se inscribe dentro de la estrategia de crear y fortalecer los sindicatos por rama, aprobada en el V Congreso de la CUT en 2006, arranca con 10 mil afiliados, que hacen presencia en 16 de los 32 departamentos del país. Con lo que se convierte en la organización más representativa de los trabajadores estatales, después de FECODE.

Junto con Sinalserpub y Sintraestatales, los otros 5 sindicatos fusionados en SUNET son: Sintramunicipios, en Caldas; Sintraoficiales Floridablanca, en Santander; Sintraesemdentol, en Tolima; Sintrapublimag, en Bolívar, y Sintrasema, en Antioquia; sindicatos que en los próximos 6 meses deberán someter el proceso de fusión a la aprobación de sus respectivas asambleas generales.

Para los días 1 y 2 de diciembre está prevista en Bogotá una reunión de la junta directiva nacional del SUNET, con el fin de fijar las tareas que hacen falta para finalizar el proceso de unidad, como también las actividades que deberá empezar a desarrollar.

El presidente de SUNET es Carlos Castañeda Ravelo (en la foto), quien en los últimos años ha sido el presidente de Sintraestatales. Con él conversó esta Agencia de Información para conocer pormenores de la fundación de este nuevo sindicato, y la agenda que piensa desarrollar en el inmediato futuro:

¿Por qué nace SUNET?

Nace del proceso de unidad que desde su V Congreso se viene desarrollando al interior de la CUT, a fin de constituir grandes sindicatos por rama y agrupar en ellos a los sindicatos pequeños. Desde Sintraestatales nosotros acogimos esta orientación e iniciamos el proceso, e incluso reformamos los estatutos para transformarnos en sindicato de rama. Ya logramos consolidar el proceso, hecho que para mí es histórico, y supera lo realizado por la CUT hasta el momento con la creación de los sindicatos de rama en el sector informal y en el transporte; este último todavía pendiente de que las organizaciones que lo conforman renuncien a sus personerías jurídicas y se fusionen en una sola organización.

Señala usted precisamente un factor que perturba el avance de la unidad sindical por rama, y es que los sindicatos se aferran a sus estructuras y se resisten a su fusión en una organización más grande. ¿Cómo SUNET logró superar este impedimento?

Inicialmente Sintraestatales le propuso a los compañeros de Sinalserpub unos acuerdos, que ellos aceptaron. Las muchas coincidencias que tenemos en lo orgánico y lo político permitieron que estos acuerdos fluyeran fácilmente. Luego los otros 5 sindicatos regionales, al ver que las dos organizaciones nacionales dimos el paso hacia la unión, decidieron también adherir al proceso de unidad. Además fue muy importante el acompañamiento de la FNV de Holanda, la LO-TCO de Suiza, LO de Noruega, la SASK de Finlandia, la AFL-CIO de Estados Unidos, y la Internacional de Servicios Públicos, ISP, organizaciones hermanas que han contribuido con apoyo político y algunos recursos.

¿Cuántos funcionarios públicos agrupa el nuevo sindicato?

Unos 10 mil inicialmente. Sintraestales aporta 3.300 afiliados y Sinalserpub cerca de 4 mil. El resto lo aportan los otros 5 sindicatos. Pero vamos a hacer un fuerte trabajo de afiliación nacional. Hemos acordado convocar una reunión de la junta nacional para el uno y dos de diciembre, en la que vamos a definir una metodología para progresivamente ir asumiendo las funciones de los sindicatos, establecer las fechas en que se realizarán las asambleas de cada sindicato para ratificar las fusiones, y el plan de nuevas afiliaciones.

¿Cuál es la estructura de funcionamiento de SUNET?

Tiene una Junta Directiva Nacional de 21 integrantes, con unos departamentos especializados en los asuntos del sector estatal, con directivas seccionales en cada departamento del país, con directivas municipales y distritales, y comités de empresa. Es decir, tenemos una organización muy amplia para poder ajustarnos a las circunstancias de cada región.

Como la razón de ser del movimiento sindical es la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿cómo cree usted que esta nueva organización puede potenciar la lucha de los estatales por sus derechos?

El liderazgo político que puede tener una organización que se mueve en el escenario donde están los políticos, es muy amplio, y eso facilita las conexiones y desarrollos del sindicalismo estatal. Ahora, ese entorno político articulado con nuestra la capacidad de movilización, nos permite ser un complemento de lo que hoy en día es FECODE, sumar fuerzas a la dinámica del sector estatal. Y por otra parte, nos permite incidir en los otros sectores sindicales que vienen trabajando en el proceso de formación de sindicatos por rama.

¿Qué acciones inmediatas va a emprender el sindicato? O es todavía .rematuro hablar de ese tema?

Sí, es un poco prematuro. Porque apenas nos vamos a reunir el uno y dos de diciembre para definir cuáles serán los asuntos y temas prioritarios, y dar inicio a las actividades de la nueva organización.

¿Y cuáles son en su concepto los temas prioritarios, los grandes retos para SUNET?

El primer reto es crecer y lograr tener buena cobertura en los 32 departamentos. Iniciamos con 10 mil afiliados, que es todavía una porción ínfima con respecto al potencial total, que es de 600 mil funcionarios estatales, descontando los maestros de Fecode. La meta es crecer en el menor tiempo posible. También habrá que jugar un papel en el proceso que se viene dando en la Comisión Nacional del Servicio Civil con respecto a los provisionales, tema urgente. Otro punto central es lograr ajustes normativos para lograr la negociación colectiva en el sindicalismo estatal, porque no es concebible que se bloquee el principal derecho que tiene un sindicato, que es negociar las condiciones laborales de sus afiliados. Hay dificultades con el sistema de carrera administrativa, que tiene muchas debilidades. Tenemos que estudiar profundamente ese sistema y proponer reformas. Como también hay que buscar cambios en el régimen laboral de los trabajadores oficiales, que es bastante inestable. Y otro reto es convertirnos en motor solidario del desarrollo de los otros sectores sindicales, porque ningún sector por sí solo, ni siquiera Fecode, tiene la fuerza suficiente.

Y el tema de la tercerización en el sector estatal, ¿cómo lo ve?

Nosotros como Sintraestatales participamos en el debate en la Corte Constitucional sobre la Sentencia C-614. Es por supuesto un asunto que debe ser resuelto para mejorar las condiciones laborales en el sector público, donde las clientelas políticas se mueven con todas las formas de tercerización: órdenes de prestación de servicios, outsourcing, y todavía las cooperativas de trabajo asociado, pese a que están prohibidas por la ley. Tenemos que combatir todas estas formas de tercerización, que disfrazan lo que deben ser relaciones laborales con plenas garantías.

Finalmente, cuéntenos detalles de su trayectoria sindical, ¿quién es Carlos Castañeda?

Yo tengo 37 años y estoy en las filas del movimiento sindical desde la edad de 20 años. Todavía soy el presidente de Sintraestatales a nivel nacional; soy uno de los tres miembros de la coordinación nacional colegiada de la Internacional de Servicios Públicos en Colombia, hago parte del movimiento político Progresistas que lidera Gustavo Petro, y tengo una visión amplia y pluralista de lo que es el movimiento sindical.

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Por unanimidad pasó en quinto debate el proyecto de Acto Legislativo 015 de 2010

Durante el debate adelantado el 26 de abril en horas de la mañana en la Comisión Primera del Senado de la República, se aprobó por unanimidad el proyecto de Acto legislativo 015 de 2010 en quinto debate o primero de la segunda vuelta.

El texto aprobado, que quedo así:

"Artículo 1. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, así:

Parágrafo transitorio. Con el fin de determinar las calidades de los aspirantes a ingresar a los cargos de carrera, de quienes en la actualidad los están ocupando en calidad de provisionales, la Comisión Nacional del Servicio Civil, homologará las pruebas de conocimiento establecidas en el concurso público en las fases I y II, preservando el principio del mérito, por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para ejercer el cargo, para lo cuál se calificará de la siguiente manera:

5 años de servicio como mínimo…….............................60 puntos
de 5 años en adelante hasta 10 años de servicio..........................65 puntos
Más de 10 años de servicio...........................70 puntos

La experiencia homologada, no se tendrá en cuenta para la prueba de análisis de antecedentes.
Los estudios adicionales, a los requeridos para el ejercicio del cargo, otorgarán un puntaje así:
1) Título de especialización............................................................3 puntos
2) Título de maestría......................................................................6 puntos
3) Título de doctorado…………………………………...............10 puntos

Para el nivel técnico y asistencial, los Estudios adicionales se tomarán por las horas totales debidamente certificadas así:
1) De 50 a 100 horas.....................................................................3 puntos
2) De 101 a 150 horas...................................................................6 puntos
3) De 151 o más horas..................................................................10 puntos

Los puntajes reconocidos por calidades académicas, no serán acumulables entre sí.
Agotada ésta etapa de homologación, el empleado provisional cumplirá lo establecido por la Comisión Nacional del servicio civil, esto es, el análisis comportamental, lo que finalmente posibilitará la cuantificación del puntaje y su ubicación en la lista de elegibles.
Para que opere esta homologación, el servidor público debe estar ejerciendo el empleo en provisionalidad al momento de entrar en vigencia el presente Acto Legislativo y cumplir con las calidades y requisitos exigidos en la Convocatoria del respectivo concurso.
La Comisión Nacional del Servicio Civil expedirá los actos administrativos necesarios tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en el presente acto legislativo."

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La CUT y 25 organizaciones sindicales respaldan la posición de los trabajadores de EEVV por reposición de parque automotor en Empresas Varias

Por Agencia de Información Laboral, Escuela Nacional Sindical

La CUT Antioquia y 25 organizaciones sindicales más, suscribieron un comunicado en contra de las políticas de la Administración Municipal en torno al destino de Empresas Varias de Medellín (EEVV), y en rechazo de las declaraciones del Alcalde Alonso Salazar con las que “desacredita e insulta” a los sindicatos por expresar su desacuerdo con la forma como se adelanta el proceso de reposición del parque automotor en este ente autónomo.

En rueda de prensa ofrecida el jueves 21 de octubre, la CUT Antioquia y representantes de algunas de las 24 organizaciones sindicales, empezaron por recordar que el 28 de septiembre el Alcalde Salazar, de manera sorpresiva e inusual, envió una comunicación al Presidente del Concejo de Medellín en la que expresa su incomodidad por el debate que ha suscitado el tema EEVV, con expresiones como:“Quienes se oponen a las estrategias de salvamento de esta empresa pareciera que quieren su liquidación” (…) “Quienes asocian una medida administrativa, como el alquiler de vehículos, con privatización están tratando de engañar a la ciudadanía” (…) “La ciudadanía no debe permitir que intereses particulares se atraviesen en el propósito de salvar uno de los patrimonios colectivos de los medellinenses”.

Ante estas aseveraciones, las organizaciones sindicales señalaron que de ninguna manera son partidarias de la liquidación de empresas estatales. Lo que rechazan es que el Alcalde pretenda responsabilizar a los sindicatos de una eventual quiebra de EEVV, lo cual no sólo estigmatiza la labor sindical sino que no coincide con los estudios que la Superintendencia de Sociedades ha realizado al respecto, que señalan todo lo contrario.

Asimismo reiteraron un rechazo contundente a las presuntas amenazas contra la vida del gerente Andrés de Bedout, quien recientemente renunció a su cargo, y por las cuales veladamente se pretende responsabilizar al sindicato; renuncia ésta que por demás “invisibiliza los serios cuestionamientos que se hicieron al manejo administrativo de la entidad”. Como también rechazan la descalificación reiteró el Alcalde Salazar para justificar la renuncia de su Gerente, señalando que ésta se presentó “por la oposición recalcitrante de un sindicato dedicado a defender intereses de minorías, y por el tono irrespetuoso y agresivo de algunos concejales durante los debates”.

“No estamos tratando de engañar a la ciudadanía, hemos sido partidarios de una discusión pública abierta, con la información suficiente para documentar una decisión que, como la del Reinting, afecta a los trabajadores y al patrimonio de EEVV”, afirman los sindicatos firmantes en su comunicado, al tiempo que solicitan al alcalde Salazar que precise sus denuncias, señale responsables de las presuntas conductas punibles, porque de lo contrario sus afirmaciones quedarán en irresponsables y temerarias acusaciones.

Tampoco ven razonable que el alcalde Salazar descalifique al Concejo Municipal, pues, como se sabe, 19 de los 21 concejales de Medellín pidieron suspender el proceso de reposición del parque automotor mientras el tema se discute con suficiente información, pues no vieron claridad ni contundencia en los argumentos con los que la gerencia de EEVV defendió el Reinting.

“Nos solidarizamos con el Concejo de Medellín, entidad que permitió que se adelantaran las discusiones en torno a este tema de ciudad y brindó garantías de participación tanto al movimiento sindical como a la Junta Directiva de Empresas Varias y a la ciudadanía en general, y que también se ha convertido en blanco de retaliaciones injustificadas y desproporcionadas por parte del Señor Alcalde”, señalan las organizaciones sindicales.

Por su parte Iván Vanegas, presidentes de Sintraempresasvarias, dijo a los periodistas que por estos hechos su organización va a denunciar a la Administración Municipal ante la OIT, y anunció que pedirá a la Fiscalía que abra una investigación por la amenaza al renunciado gerente, para establecer si ésta es real o es una cortina de humo para desviar cuestionamientos. “Vamos a solicitar acompañamiento de la Personería de Medellín y del Vicepresidente Angelino Garzón, porque ya el tema de seguridad se complicó. Pero de todas maneras seguiremos defendiendo a EEVV, cuya propiedad no es de la Alcaldía ni de los trabajadores sino de la ciudadanía, que es la que paga la factura del servicio cada mes”, añadió.


CUT lamenta actitud antisindical del Alcalde

Carlos Julio Díaz, presidente de la CUT Antioquia, lamentó la actitud de desprecio del Alcalde Salazar hacia el movimiento sindical. Recordó que tanto la CUT Antioquia como la CUT Nacional en varias ocasiones le solicitaron al Alcalde reunirse para tratar todos estos asuntos, pero lo que éste hizo fue delegar en funcionarios de tercer nivel. “Habla mal de un alcalde que hizo su campaña sobre la base de abrir el debate ciudadano, y ahora estigmatice a quien tiene posiciones diferentes a la suya; un alcalde que tuvo apoyo de los sindicatos de la municipalidad, a los que les hizo promesas, y una vez fue elegido se olvidó de ellos”, anotó el dirigente sindical.

“El Alcalde de Medellín debe entender que lo que pase en EEVV interesa a toda la ciudad, y por tanto debe ser un debate en el que intervengamos todos los actores interesados, para que la decisión que se tome sea transparente”, precisó Carlos Julio Díaz.

Sobre Reinting en sí, el dirigente sindical señaló que ya es una figura muy debilitada, no sólo porque renunció el gerente que la impulsaba con pasión, sino porque el control político del Concejo recomendó suspender el proceso. “Es un proyecto que no ha convencido a la ciudad, e incluso dentro de la Junta directiva de EEVV hay miembros en descuerdo. A la administración le acarrearía un costo político muy alto persistir en ese error”, acotó.


Organizaciones sindicales firmantes

La posición de la CUT Antioquia y del sindicato de Empresas Varias, fue respaldada por 24 asociaciones sindicales de Antioquia, tanto del sector público como del privado. La lista completa es la siguiente:

ADIDA, ASDEM, SINTRAEMSDES, ADEM, ANEBRE, UNEB, Sintra Hospital General de Medellín, Anabom, Asmetroslaud, Sintra Empleados Públicos de Medellín, Asociación Nacional de Empleados de Transporte y Tránsito Subdirectiva Medellín, Sintralimenticia, Sintraintabaco, Sindesena, Sintradepartamento, Sintramertroparques, Comité de Despedidos de EE.VV, Fenaltrase, Sintralanders, Sintracorpaúl, Sintravidricol Sabaneta, Sintracihobi, Sintrasema y Sintrainagro.

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Alerta laboral en Metrosalud. 180 funcionarios serían desvinculados de esta entidad estatal

Por Agencia de Información Laboral, Escuela Nacional Sindical

La Asociación de Empleados y Trabajadores de Metrosalud, Asmetrosalud, se declaró en alerta laboral ante el anuncio del inminente despido de 180 funcionarios de misión de este ente estatal, aún en contra de las recomendaciones hechas por la Comisión Accidental del Concejo de Medellín.

La agremiación señaló que si bien la ESE Metrosalud pasa por una difícil situación financiera, su recuperación no debe darse a costa de la terminación de los contratos laborales de sus funcionarios. El déficit proyectado de la entidad a diciembre de este año se calcula en $20 mil millones; déficit que, según Asmetrosalud, aceleró la misma Administración al permitir incremento de gastos onerosos como el call center, la emisora interna, contratación de servicios de alimentación para pacientes,  horarios extendidos, la ruta humana, publicidad innecesaria, entre otros.

Calificó como “desesperadas y desacertadas” las decisiones administrativas que está ejecutando el gerente Alejandro Gómez, que “pretende recuperarse del malgasto haciendo efectivas  acciones de despido y terminación de contratos de los 180 funcionarios, lo cual no sólo vulnera los derechos laborales de estos trabajadores, sino que también afecta a  la comunidad usuaria, toda vez que una parte de ellos cumplen tareas de apoyo administrativo (asignación de citas, sistematización y atención a los usuarios) y otra parte son profesionales dedicados a la actividad misional, o sea a la atención en medicina general y odontológica, entre otras, a la población más pobre y vulnerable de Medellín.

Señala también Asmetrosalud que la Administración de la entidad trata de contener gastos en contratación de personal restringiendo los servicios de pediatría en la noche, limitando el servicio de las ambulancias, retirando un ecógrafo de la Unidad Hospitalaria de San Javier y proyectando la tercerización de las farmacias, hechos todos que ameritan revisión, pues van en contra de los derechos fundamentales a la salud y al trabajo.

Gloria Patricia Cadavid, directiva de Asmetrosalud, recordó que en este momento al personal asistencial le adeudan 20 mil horas de trabajo, lo cual demuestra que ni siquiera con las 409 personas que tiene la entidad se alcanzan a cubrir las necesidades de los usuarios. Ante esta realidad, el compromiso de la Administración era que no iba a salir ninguna persona de los asistenciales, pero el pasado martes, cuando el gerente regresó de sus vacaciones, insistió en la salida de 180 asistenciales, con lo cual la entidad quedaría sin suficiente personal para la atención. “Se tendrían que suspender las consultas externas, programas en salud y desarrollo, cuyas citas en este momento ya están a 6 meses”, anotó.

Asimismo, la semana pasada la gerencia les notificó a los funcionarios que aún permanecen en la Unidad de Saneamiento Ambiental (extinta desde hace 5 años), que a partir del  20 de octubre quedan desvinculados de la entidad. “No tuvo en cuenta las condiciones sicológicas y de maltrato laboral a las que han estado  sometidos estos funcionarios durante 5 años. Después de haber sido arrinconados e ignorados, hoy se les da la estocada final al desvincularlos de la empresa, incumpliendo el acuerdo 117 de 2005, que estipula que “los funcionarios que permanecieran en la institución se les asignarían funciones en debida y legal forma”.


Opinión de la CUT Antioquia

Carlos Julio Díaz, presidente de la CUT Antioquia, denunció que ha habido una política muy arbitraria de ejecución presupuestal en Metrosalud.

“La plata se la gastaron en lo que no era, y hoy el faltante pretenden que lo asuman los trabajadores de un servicio misional fundamental para la ciudad, como es la salud. No puede ser que los trabajadores paguen por los errores administrativos y de gestión de la entidad; y que también pague la ciudad, porque va a incidir de manera negativa en la salud pública de Medellín”, puntualizó el presidente de la CUT Antioquia.


El Concejo preocupado

El concejal Carlos Ballesteros dijo “En el caso de Metrosalud hemos percibido que hay dos plantas de personal: una conformada por funcionarios vinculadas laboralmente, y la otra es una nómina paralela, modalidad ésta cuestionada duramente por la Corte Constitucional, que mediante sentencia ordena sancionar a quienes abusen de ese tipo de figuras, que lo que hacen es desconocer derechos fundamentales de los trabajadores, como el derecho a las prestaciones sociales, a la seguridad social y a un principio que va ligado a todo ello que es el de igualdad”, conceptuó el concejal Ballesteros.

“En la última reunión de la Comisión Accidental del Concejo, la representante de Metrosalud garantizó que no se iba a despedir a ninguno de los trabajadores ni a desvincular contratistas de la parte asistencial. Y ahora vemos con mucha preocupación que se anuncia el despido de 180 personas que prestan servicios asistenciales, lo cual es muy grave”, puntualizó el edil Ballesteros.

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Un aumento salarial para los educadores estatales que violenta el derecho a salario vital y móvil

Por Rosa América Peñaloza Barrera.
Delegada de Adida.
Secretaria General de la CUT Antioquia.

Ha terminado el primer trimestre del año 2010 y se expide, por parte del ejecutivo, los decretos de aumento salarial para los educadores estatales con un incremento del 2.2% que no conserva la capacidad adquisitiva de los magros salarios de los educadores, aumento salarial que deteriora aún más la calidad de vida de estos servidores públicos, y que el ejecutivo ha convertido en una costumbre que atenta contra el derecho de salario vital y móvil que ordena la Constitución para los trabajadores, habida cuenta de la pérdida progresiva y constante de la capacidad adquisitiva de los salarios que no se detiene y que no da espera a que la voluntad del inquilino de la casa de Nari, le recuerde el cumplimiento irrestricto de la Magna Carta.

Los datos del Dane registra en los dos primeros meses del año una variación del IPC de 1.52% (1) que sumado al discutible 2% del año anterior significa que el salario de los trabajadores estatales se ha reducido desde enero del 2010 en un 3,52% en el mejor de los casos pues la realidad de la reducción adquisitiva del salario es mucho mayor.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional es abundante y vinculante para el ejecutivo, por ejemplo en la sentencia C-1064 de 2001. La Corte Determina:” Es un derecho de carácter constitucional que asiste a todos los trabajadores de mantener el poder adquisitivo de sus salarios, a través de la cual se hace una interpretación integral de los principios que sustentan el Estado Social de Derecho, atendiendo a la realidad inflacionaria de la economía que afecta directamente el ingreso real de los trabajadores”.

La Constitución Política, consagra una relación directa entre el ingreso económico derivado del trabajo y la satisfacción de las necesidades que enfrentan quienes laboran, el cual no puede ser desconocido ni menoscabado por los empleadores, lo que se constituye junto con los demás derechos que emanan de la Constitución en un mínimo irrenunciable para el trabajador e infranqueable por la parte dominante en la relación laboral, en este caso el Presidente Uribe.

En este sentido, el derecho a que la remuneración laboral sea incrementada se deriva directamente de la Constitución y constituye una garantía dirigida a mantener el poder adquisitivo del salario. En relación a éste aspecto la Corte ha establecido, que en materia laboral no debe predominar la autonomía o voluntad de las partes, pues esta situación haría nugatorios los derechos de la parte débil de la relación laboral. Motivo por el cual es necesario
aplicar preceptos que, si bien no son acordados por éstas, deben hacer parte integral del contrato de trabajo, en pro de mantener la equidad de la relación.

La Corte estima que una interpretación sistemática de la Constitución permite afirmar que con base, en los principios fundamentales de Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y trabajo, los deberes sociales del Estado y los que tienen que ver con promover y garantizar la prosperidad y el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; se pueden tomar medidas para que la igualdad sea real y efectiva; se debe proteger especialmente al trabajo en todas sus modalidades; garantizar los medios para que las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante; asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas – y el derecho de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real del salario, constituyéndose en un mínimo irrenunciable para el trabajador e infranqueable por la parte dominante en la relación laboral.

En sentencia SU-995 de 1999, con ponencia del Doctor Carlos Gaviria Díaz, estableció:
“…en el seno de una economía inflacionaria, no puede menospreciarse la importancia de la movilidad del salario, expresada como la capacidad de reajustar una asignación dada, estimando las fluctuaciones monetarias e intentando mantener el poder adquisitivo real de los salarios”.

Cabe entonces preguntarnos si es un mandato Constitucional el reajuste de los salarios, y es una obligación de mandatario Uribista, ¿hasta cuándo vamos a tolerar que el aumento de salarios sea negativo???...O nos movilizamos o nos sometemos a la voluntad del estado de opinión…

Y NO VALEN LOS DISCURSOS RADICALES!!!!!!!!


Notas:

(1).Dane.org.co

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Ecopetrol y Unión Sindical Obrera (USO) firman convención colectiva a cinco años

En horas de la madrugada del 23 de agosto se logró firmar la nueva Convención Colectiva de Trabajo a cinco años, entre la administración de Ecopetrol y la Unión sindical Obrera, una de las mejores que se haya podido firmar en los últimos años.

Durante la rueda de prensa que se llevó a cabo en la instalaciones de Ecopetrol el pasado 24 de agosto en horas de la mañana, el presidente de la Unión sindical Obrera USO Germán Osman y Javier Gutiérrez presidente de la empresa Colombiana de Petróleo dieron a conocer al país y a los trabajadores los acuerdos logrados.

“Se considera que hay aspectos de mucha importancia, no sólo para los trabajadores sino para el desarrollo y el crecimiento de la misma Empresa Colombiana de Petróleo en la medida que se logre que Ecopetrol sea o continúe siendo una de las mejores empresas del país y esto redundará en beneficios para los trabajadores y para los intereses de la nación” afirmó Germán Osman.

Por primera vez en este escenario se pudo hablar sobre el tema de los despedidos en el marco de la huelga del 2004, donde de 95 compañeros, se pudieron reintegrar a 33, ya que el resto tiene una inhabilidad de no poder trabajar en entidades públicas durante 10 a 12 años, pero se logró con estos compañeros una indemnización y arreglar esta situación cuando este problema jurídico de inhabilidad este resuelto.

Se logró establecer una curva única que va a significar incrementos importantes para todos los trabajadores en el primer año, se logró entrar en una discusión que se denominó “productividad” en la que se busca establecer una serie de parámetros para el desarrollo de los proyectos de Ecopetrol, para el desarrollo de la nomina de Ecopetrol, para la política que se viene implementando en Ecopetrol ahora que está en un proceso de expansión, también se logró establecer un mecanismo para que el sindicato tenga participación en la discusión de estos proyectos, su implementación y su vigilancia, se logró establecer condiciones importantes de ganancia para los trabajadores temporales de la Empresa Colombiana de Petróleo y para los trabajadores contratistas, en la salud y en la educación, un tema que históricamente se ha solicitado es la prestación de la salud para los trabajadores temporales y sus familiares que se otorgará con Ecopetrol directamente como se hace con los otros trabajadores.

El incremento salarial es del IPC mas el 1.5, pero ese incremento, se ajusta también al acuerdo que se llegó, de llevar la curva, en ese caso sobre esa curva en el primer año pueden haber incrementos adicionales desde el 0.8% al 12 %, en algunos casos habrán trabajadores que según esas escalas su incremento, más el IPC más el 1.5 % podrá ser hasta del 18 % y en otros casos del 8 %.

La USO desea reconocer como sindicato que esta administración de Ecopetrol fue la única que dio la oportunidad de hablar del tema de los despedidos, que se resalta la forma como se pudo desarrollar, en esta oportunidad la convención colectiva en términos de mucho respeto, de mucha cordialidad en donde siempre peso mas el argumento que cualquier otro punto de discusión y de hecho tanto el país como los trabajadores sintieron que se desarrolló una negociación colectiva en Ecopetrol en absoluta tranquilidad sin que hubiera afección en el desarrollo del trabajo en la Empresa Colombiana de Petróleo.

Afirmó Germán Osman al finalizar la rueda de prensa.

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Corte Constitucional declara inexequible Acto Legislativo 01 de 2008 sobre inscripción extraordinaria de provisionales en Carrera Administrativa

La Corte Constitucional declaró, el pasado 27 de agosto, inexequible Acto Legislativo 01 de 2008 sobre inscripción extraordinaria de provisionales en Carrera Administrativa.

"...1.2. Decisión

Primero.- Declarar INEXEQUIBLE en su totalidad, el Acto Legislativo No. 01 de 2008, “Por medio del cual se adiciona el artículo 125 de la Constitución Política”.

Segundo.- Esta sentencia tiene efectos retroactivos y, por tal razón, se reanudan los trámites relacionados con los concursos públicos que hubieren sido suspendidos y carecen de valor y efecto todas las inscripciones extraordinarias en carrera administrativa o los ingresos automáticos a la misma que, con fundamento en el Acto legislativo 01 de 2008, se hayan realizado..."

Para ver/descargar el comunicado de la corte haga click aquí.

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Reseña Histórica y Cronológica de la Crisis de Emcali y el Comportamiento de los Actores

Presentación: Con motivo del debate público que se adelanta sobre la crisis de Emcali y las posibles soluciones, que tiene como escenario fundamental el Concejo de Santiago de Cali, desde la Unidad de Apoyo del concejal Fabio Alonso Arroyave, el asesor Jorge Gamboa L. elaboró el presente documento, que una vez estudiado por la Bancada del Polo Democrático en el Concejo, lo consideró de gran utilidad para la comprensión de la crisis de Emcali, por lo qué, la Bancada decidió respaldarlo con las firmas. La posición final frente a los dos Proyectos de Acuerdo, que sobre el mismo tema se discuten en el Concejo, la daremos a conocer oportunamente.

Para ver/descargar el documento completo haga click aquí.

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Acuerdo laboral en Alcaldía de Bogotá

Terminó la negociación entre las centrales sindicales y la Administración Distrital de Bogotá, con un importante acuerdo que, en términos salariales y de nivelación, beneficiará a los más de 20 mil empleados públicos que tiene el Distrito Capital. Pero también a los miles de empleados (se calcula unos 40 mil) que actualmente están vinculados al Distrito por cooperativas de trabajo asociado y otras formas de tercerización, pues el acuerdo establece una reducción gradual de la tercerización laboral en los próximos años. Un ejemplo que deberían seguir las demás ciudades colombianas.


Informa de la ENS:

En la madrugada de ayer domingo se terminó el proceso de negociación laboral para los empleados públicos de la Administración Distrital de Bogotá, con un importante acuerdo entre las tres Centrales Sindicales (CUT, CTC y CGT) y el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno; acuerdo que beneficiará a más de 20 mil empleados y que tiene entre los puntos a destacar el aumento y la nivelación salarial, y la eliminación gradual de la tercerización laboral en el Distrito Capital.

El porcentaje de incremento salarial concertado es de 8.05% ponderado. Éste es diferencial y se establece por cada intervalo de SMMLV de 2009, de conformidad con el número de funcionarios ubicados en cada rango, para las asignaciones básicas mensuales a 31 de diciembre de 2008, con retroactividad al 1 de enero de 2009. En consecuencia, el incremento salarial quedó dividido así: para los trabajadores que ganan hasta $3´229.850, el aumento será del 8,07%; para los que ganan entre $3´229.851 y $3´795.200, será del 7,77%; y para los que ganan más de $3´975.201, subirá el 7,67%.

El punto de la nivelación salarial será concertado en el mes de agosto, bajo el precepto constitucional de que “a trabajo igual, salario igual”; nivelación que se comenzará a aplicar desde el 1 de enero de 2010 hasta el año 2012.


Terminación gradual de las CTA

En la Administración Distrital hay actualmente unas 40 mil personas vinculadas por Cooperativas de Trabajo Asociado y otras formas de tercerización laboral (nada más en el sector salud hay 18 mil), por lo cual el acuerdo logrado en la negociaciones terminadas ayer es de suma importancia, pues contempla la reducción gradual de estas formas de contratación.

Según el acuerdo, se conformará una comisión bipartita (Alcaldía Mayor y Centrales Sindicales) que tendrá un plazo de dos meses (hasta el próximo 30 de septiembre) para definir las estrategias y los criterios para lograr la reducción de la tercerización laboral en el Distrito Capital. Para avanzar en la discusión de este tema, la Administración Distrital se comprometió a presentar el próximo 15 de agosto un estudio técnico sobre impactos, fortalezas, debilidades y acciones a seguir en torno a las actividades contratadas por medio de Cooperativas de Trabajo Asociado o bajo cualquier otra modalidad, esto bajo la óptica de la política pública del gobierno distrital y en desarrollo de los acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales.

Pero mientras se dan estos estudios y negociaciones, se acordó que no se suprimirán las vacantes, ni se ampliarán los contratos mediante formas de intermediación como cooperativas de trabajo asociado y contratos de prestación de servicios, y los nuevos requerimientos en materia de personal se reemplazarán por la figura de supernumerarios.


Un paso muy positivo

Francisco Maltes, miembro de la Dirección Nacional de la CUT, y quien representó a esta central sindical en la mesa de negociaciones, calificó esta negociación colectiva como un paso muy positivo de la Administración del alcalde Moreno. Recordó que el acuerdo se firmó en desarrollo de las leyes 411de 1997 y 524 de 1999, las cuales incorporan los convenios 151 y 154 de la OIT, lo que, en su opinión, demuestra que cuando hay voluntad política sí es posible cumplir los convenios de la OIT e incrementar los salarios por encima de la inflación causada.

“Sí es posible cumplir la Constitución Política y sí es posible dar pasos concretos para disminuir y eliminar la intermediación laboral”, señaló el dirigente sindical, aludiendo a otros procesos de negociación de entidades públicas con sus empleados; en especial en el caso el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Protección Social, donde el proceso de negociación quedó en nada ante la falta de voluntad del Gobierno Nacional.

El acuerdo entre el Distrito Capital y las centrales sindícales también incluye puntos que tienen que ver con la aprobación de una prima secretarial, permisos para capacitación de los empleados, la adecuación de la infraestructura física en las distintas dependencias, la inclusión de las mujeres empleadas en planes y programas desarrollados en la Política de Mujer y Género, entre otros.

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Denuncia pública por persecución política y sindical en el municipio de Bello

El Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado “SINTRAESTATALES” denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, ante el Congreso de la República de Colombia, así como ante las autoridades civiles y judiciales del orden nacional e internacional, la persecución política y sindical de que son actualmente objeto los trabajadores y empleados al servicio de la Administración Municipal de Bello, Departamento de Antioquia.

Hechos:

La Administración Municipal de Bello, en un claro y evidente intento de chantaje a los líderes sindicales les exigió que renunciaran al fuero sindical con el compromiso de que, una vez lo hicieran, procedería a suprimirles los cargo de Carrera Administrativa de los cuales eran titulares, los indemnizaría de conformidad con las normas de Carrera Administrativa y posteriormente los volvería a vincular a la Administración Municipal pero obviamente ya en calidad de provisionales. A este grosero y descarado chantaje solamente accedió uno de los empleados sindicalizados, por lo que el 23 de junio pasado fue retirado de la planta de cargos de la Administración Municipal por supresión del cargo del nivel Técnico del cual era titular, se le liquidaron sesenta y nueve millones ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y un mil pesos ($69.849.581) por concepto de indemnización, más las respectivas prestaciones sociales para un gran total de ciento siete millones seiscientos noventa y ocho mil trecientos cuarenta y cuatro pesos ($107.698.344). Posteriormente, el 1º de julio, sólo cinco días hábiles después, dicho empleado fue vinculado nuevamente a la Administración Municipal en calidad de Provisional pero ya ascendido pues se le nombró en el cargo de Profesional Universitario.

Este comportamiento abiertamente ilegal de la Administración Municipal de Bello que se convierte en un premio a dicho empleado, se debe a su militancia o pertenencia al mismo partido político “Alas Equipo Colombia” del cual hace parte el actual alcalde municipal de Bello, doctor Oscar Andrés Pérez Muñoz. Por su parte, a los demás empleados sindicalizados, quienes no hacen parte de dicho partido político, y quienes no cedieron al chantaje arriba señalado, la Administración Municipal de Bello por el contrario, en una clara represalia y persecución política y sindical, procedió a solicitar al Juez Laboral del Circuito del Municipio de Bello el levantamiento de la garantía foral con el fin de poder desvincular de la administración a 12 trabajadores oficiales y a 5 empleados públicos, éstos últimos líderes y dirigentes de nuestra organización sindical.

En 96 años de vida institucional del Municipio de Bello y en 18 años de actividad sindical en este ente territorial es primera vez que una Administración Municipal incurre en una persecución política y sindical de ésta índole, lo que se convierte en un precedente gravísimo de violación a los Derechos Humanos y Laborales de los trabajadores de este ente territorial, en tanto coarta el derecho a la libre asociación sindical.

Nuestras Peticiones:

Le solicitamos a los diferentes organismos y redes internacionales de defensa de los Derechos Humanos, el seguimiento inmediato y permanente a las eventuales políticas y acciones de la Administración Municipal de Bello, sobre estos hechos, con el fin de propender por una acción estatal concordante y coherente con las normas y recomendaciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos en materia de prevención y protección a líderes sociales y sindicales, a fin igualmente de contar con garantías reales para el ejercicio constitucional y legal de la libre asociación y organización sindical y para que cese la persecución contra nuestras organizaciones.

Hacemos esta denuncia pública directamente ante el Congreso de la República ya que la responsabilidad primaria de protección de los Derechos Humanos y Laborales recae, de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales, sobre el Estado Colombiano, al ser este el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en dicha materia ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos hechos se sigan presentando.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos la solidaridad nacional e internacional para exigirle al Alcalde Municipal de Bello y a los órganos de control de la justicia colombiana -Procuraduría y Fiscalía– para que cese la situación que se presenta actualmente en el Municipio de Bello.

¡QUE CESE YA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y SINDICAL EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO!

JUNTA DIRECTIVA, SUBDIRECTIVA BELLO
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

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Estado de negociación de pliegos en el sector estatal

Sin mayores avances, terminaron las negociaciones de los pliegos de peticiones presentados por los sindicatos del Magisterio (FECODE) y del Ministerio de la Protección Social (Sinaltraempros), las dos instituciones del Estado en las que los trabajadores se acogieron al Decreto 535, norma con la que el gobierno Nacional reglamentó la negociación colectiva de los empleados públicos, en febrero pasado.

Las dos negociaciones constituyen la primera prueba de fuego del Decreto 535, y su resultado constatará si este controvertido decreto es eficaz para regular las relaciones laborales en el sector estatal; o, como las organizaciones sindicales temen, es una norma de “distracción” del Gobierno para mostrar que sí está cumpliendo los convenios con la OIT, pero sin cumplirlos en la práctica. Por los resultados que arrojan hasta ahora ambas negociaciones, la segunda presunción se ve más clara que la primera. Así lo aseguró, en el caso de FECODE, Enrique Contreras, secretario ejecutivo de esta organización sindical. “Ya se discutieron los 11 puntos del pliego, pero se ha avanzado muy poco, no hay nada concreto, nada escrito, apenas declaraciones de buena voluntad, y el plazo de 40 días para negociar termina el próximo sábado”, señaló.

En la mañana de hoy martes la comisión negociadora de los docentes se reunió directamente con la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez. Hubo algunos avances, pero todavía no acuerdos definitivos, de los cuales están pendientes los 250 mil educadores afiliados a FECODE en todo el país.

El punto del régimen pensional sigue siendo el más confuso. Resulta que el acto legislativo 01 de 2005 establece que los docentes nombrados antes del 27 de junio de 2003 se pensionen con 55 años de edad y 20 de servicio, y los nombrados después de esa fecha se jubilen con 57 años de edad. Pero el Gobierno, basado en un concepto del Consejo de Estado, da por derogado este régimen el 1º de agosto de 2010, a lo que los maestros se oponen, argumentando que ningún parlamentario al momento de aprobar la ley habló de derogar el régimen pensional docente. Es más, recientemente FECODE se reunió con los directorios del Partido Liberal en cabeza de Héctor Helí Rojas, y con Efraín Cepeda del Partido Conservador, quienes se comprometieron a defender el régimen pensional tal como fue aprobado en 2005. Además, ambos parlamentarios, y otros más, reforzarán la comisión accidental que el año pasado se nombró para estudiar y avanzar en el tema.

“Estamos dialogando y creemos que el Gobierno tendrá que ceder, porque además sabe que de no hacerlo serán miles las demandas que se le vienen encima”, puntualizó Enrique Contreras, quien agregó que de no llegarse a un acuerdo en las actuales negociaciones, FECODE presentará un proyecto de ley al Congreso, bajo la presión de una gran movilización nacional.

El estatuto docente

FECODE aboga por un estatuto único para todos los maestros de Colombia, que descanse sobre la base de la estabilidad laboral, un régimen disciplinario especial y un escalafón docente único y factible, ya que con la norma que rige actualmente es casi imposible que los maestros tengan ascensos laborales. Este reclamo también está, por ahora, en punto muerto. Como también lo está el tema de los incentivo para los docentes, quienes piden que se les reconozca subsidios para capacitación, primas especiales en zonas de violencia o de difícil acceso, y otras bonificaciones que el actual Gobierno les quitó.

En lo que sí ha habido algunos avances —señaló Contreras— es en el tema de los traslados, no sólo para los maestros amenazados o enfermos sino también para quienes lo soliciten por otra razón. La Ministra de Educación está de acuerdo en un decreto para resolver el tema de los traslados.

En el tema de la revisión salarial, la Ministra ya por lo menos reconoció que en los últimos años el salario de los maestros ha perdido poder adquisitivo (14% dice FECODE), y está de acuerdo en que el año entrante tengan un incremento salarial diferente a los demás trabajadores del Estado, pero gradual. Ofreció un 8% de aumento.

Otros puntos del pliego tienen que ver con un mayor presupuesto para la educación, que se vuelvan a abrir los preescolares, y con el rechazo a que se entreguen los colegios en concesión porque esa es una manera de privatizar la educación pública.

Negociaciones en Min Protección Social

En el Ministerio de la Protección Social, donde unos 3 mil funcionarios de todo el país están pendientes de la negociación del pliego, el plazo para terminarla se cumple mañana miércoles. Lo más factible, según lo aseguró Francisco Maltés, asesor de las negociaciones por parte de la CUT, es que no se resuelvan los puntos gruesos del pliego. Apenas ha habido acuerdos en el tema de los permisos sindicales, en la definición de algunos días cívicos que el Ministerio reconoce a sus funcionarios, y en apoyo en cursos y seminarios de capacitación.

Pero en el tema económico, que se empezó a discutir sólo desde ayer lunes, no hay mayor avance. Sinaltraempros (Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Protección Social) pide un incremento salarial del 10%, una prima de productividad social de un millón de pesos una vez al año, aumento de la prima de vacaciones, y una nivelación salarial acorde con la Ley 4 de 1992, que en el caso de este Ministerio nunca se aplicó. Consiste en que los funcionarios que tengan los mismos requisitos y cumplan funciones parecidas o similares, deben tener igual salario; que fue la misma razón que el año pasado llevó al paro a la rama judicial.

Otros puntos del pliego tienen que ver con el pago de las incapacidades por salud, previo al trámite ante las EPS; y con la ampliación de la planta de personal, para así contratar directamente a los empleados vinculados por Cooperativas de Trabajo Asociado y empresas contratistas, que conforman aproximadamente el 30% de la planta laboral del Ministerio.

Ante el evidente fracaso de las negociaciones, Sinaltraempros anunció que recurrirá a tres acciones: Solicitar intervención de la Comisión 7ª del Senado y la Cámara; solicitar una audiencia al agregado laboral de la embajada de Estados Unidos, a fin de que el Congreso de este país conozca que en Colombia no se cumplen las normas laborales, ni siquiera al interior del ente que define y orienta la política laboral del país: el Ministerio de la Protección Social; y denunciar el caso ante la 98 Conferencia de la OIT, a celebrarse desde el próximo 5 de abril en Ginebra. Esto en el entendió de que allí el Gobierno va a presentar el Decreto 535 como un avance en el cumplimiento de los convenios de Colombia con la OIT, cuando se está demostrando que no lo es.

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El caso del conflicto en la alcaldia de Cota. Carlos Castañeda, Junta Directiva Nacional Sintraestatales Ver más

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Arrancó negociación del Pliego de Peticiones de trabajadores del Ministerio de la Protección Social

Se instaló la mesa de negociaciones del Pliego de Peticiones que el pasado 27 de febrero presentó Sinaltraempros (Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Protección Social), acto en el cual estuvieron presentes los 4 negociadores por parte del sindicato, acompañados por el asesor de la CUT, Francisco Maltes, y los negociadores que representan el Ministerio.

Agencia de prensa de la ENS | Leer informe completo.

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Análisis del decreto 535 sobre negociación colectiva

Es un Decreto unilateral, no concertado con las centrales sindicales ni las organizaciones sociales, y por lo mismo presenta fallas protuberantes, como lo es el hecho de que las autoridades, en la práctica, no tienen ninguna sanción si no se presentan a negociar, ni la obligación de cumplir lo concertado, entre otras fallas. Documento de la ENS | Leer análisis completo.

Texto PDF del decreto 535 de 2009

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