Mostrando entradas con la etiqueta Universidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Universidad. Mostrar todas las entradas

17 de noviembre de 2011

14 de noviembre de 2011

¡Por una educación pública científica y democrática!

Mauricio Vargas
Estudiante de Derecho

La lucha por una educación pública, científica y democrática en Colombia ha superado la etapa de dispersión y se transforma en un movimiento de articulación nacional. Enmarcada dentro de una nueva ola de movimientos de masas en el mundo, donde casos como el de Chile han tenido gran resonancia en el país. Siguiendo el ejemplo del movimiento estudiantil de 1971, los estudiantes han entendido la importancia que tiene el campo de la educación en la transformación cultural del país y en su progreso nacional. El 10 de Noviembre los estudiantes de todo el país demostraron de forma pacífica y civilista que también están indignados, pero con la diferencia que en lugar de hacerle apología al idealismo utópico, se busca realizar una propuesta seria, argumentada y concreta del modelo de educación para el país.

Se ha logrado dotar al movimiento estudiantil de un instrumento denominado Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) que ha sabido presentar a la opinión pública un programa mínimo inicial que, si bien es muy general y ambicioso en cuanto a las exigencias, este sabrá pulirse y llenarse de un contenido más enfocado en lo estudiantil en la medida que se desarrolle la pugna política con el gobierno, las discusiones internas y en la integración con los maestros y demás sectores sociales. Desde los sectores progresistas de la sociedad se le han hecho críticas constructivas y justas como la innecesaria y poco oportuna inclusión de un último punto sobre el conflicto armado, ya que este movimiento debe mantenerse alejado de la polarización sobre una guerra ajena que la sociedad civil jamás a declarado o como centrar el pulso en asuntos meramente económicos, que sin ser este un asunto ni mucho menos superficial, es primordial rescatar la herencia histórica del movimiento estudiantil nacional en cuanto al asunto de la democracia interna de la universidad, la absoluta necesidad de conformar un gobierno universitario mayoritario compuesto por estudiantes y profesores como requisito fundamental para lograr la autonomía universitaria y para generar cambios cualitativos en cuanto a organización y capacidad de estos estamentos para ir por objetivos más profundos, es decir, para tener la capacidad real de construir un modelo que se salga de la órbita del neoliberalismo. De lo contrario, el movimiento puede quedar estancado en lo coyuntural y depender en mayor medida de la buena voluntad del gobierno de turno, sin ganar espacios en aspectos políticos y de las relaciones de poder al interior del Campus.

En pancartas con mensajes como: "Crédito educativo = deuda familiar. Por una adecuada financiación estatal de la Educación” más de 9 mil estudiantes de diversas universidades privadas y públicas de Medellín (Udea y Unal) salieron a las calles a marchar. Cabe resaltar que una de las características más importantes del movimiento es la movilización pacífica y civilista como único y principal método de lucha. Asunto que se ha consolidado en Bogotá gracias a el control que la misma multitud realiza para evitar sabotajes y provocaciones violentas a la fuerza pública. Cosa que lastimosamente no se ha podido llevar a cabo en nuestra ciudad, donde un puñado de encapuchados conspiran contra la unidad del movimiento estudiantil, sirviendo a los intereses más reaccionarios al dividir las marchas, sembrar el caos en las manifestaciones e inculcar el miedo en los participantes y el repudio y animadversión de la opinión pública, precisamente la que el movimiento ha venido acercando con mucho esfuerzo y trabajo paciente. Declaraciones como las de Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia por 8 largos años, evidencian que ahí están los fachos, pendientes de cualquier disculpa para promover políticas como la de aplicar choques eléctricos a los estudiantes como si de reces se tratara. Así que el asunto del método no es algo de poca monta, del que los dirigentes estudiantiles se puedan dar el lujo de callar o ser ambiguos en aras de no generar debates y asperezas. La unidad es fundamental y a eso le están apostando diversas organizaciones que en el pasado han sostenido no pocas contradicciones, pero so pretexto de ésta no se pueden eludir responsabilidades que pongan en juego la integridad misma de las masas.

Por último, celebro que el movimiento estudiantil se haya anotado un importante triunfo, al lograr que el gobierno que inicialmente se caracterizó por una postura autoritaria para imponer su reforma a la Ley 30, hoy haya dado su brazo a torcer y tenga que aceptar a regañadientes disposición de diálogo con el movimiento estudiantil y la comunidad educativa. Santos manifiesta que cederá y suspenderá la aprobación unilateral del proyecto en la medida que los estudiantes vuelvan a las aulas. Ahora el turno es para la dirección del movimiento, si asume una imagen de intransigencia o si demuestra lo contrario. Esperemos que los dirigentes nacionales den la talla y sepan analizar el asunto sin apasionamientos, radicalismos y saquen avante una táctica correcta que le permita al movimiento estudiantil seguir avanzando y ganar terreno en esta enconada lucha que apenas comienza.

11 de noviembre de 2011

Vea algunas de las fotos de la marcha del 10 de noviembre en Medellín
Leer más...

12 de noviembre de 2011

5 de septiembre de 2011

Gran Jornada Nacional de Movilización y Concentración


OBJETIVOS

- Por el respeto a nuestro régimen especial de salud.
- La refinanciación del FNPSM y la dignidad del trabajo de los maestros y maestras, y el respeto a la vida.
- Contra la privatización de la educación y el plan nacional de desarrollo (Ley 1450 de 201 1).
- Solidaridad con el Magisterio del Departamento de Córdoba, afectado por la ola de violencia en esa región del país.

Los educadores de municipios cercanos y área metropolitana nos concentramos en la sede de ADIDA.
Leer más...

Chile: la indignación derrota el miedo

Si a estas alturas de la película, después de todo lo transcurrido en el planeta en tiempos recientes, quedara todavía alguna duda sobre el desbarajuste social y político causado por los fundamentalistas del mercado, la experiencia de Chile la despejaría por completo.

Fue el primer país en abrazar dicho modelo y en convertirlo en realidad hacia finales de los setentas. Con el golpe militar, Pinochet logró restablecer el “orden” en casa pero como no contaba con un proyecto económico alternativo al que había derrotado, los Chicago boys le resolvieron el problema.

Eran jóvenes chilenos que habían estudiado en prestigiosas universidades de Estados Unidos. Después del golpe militar, regresaron a su país, obnubilados por las supuestas bondades del modelo y dispuestos a transformarlo todo: la economía, los negocios, la cultura, la sociedad, la forma de hacer política. Su trabajo fue aplicar fórmulas universales y acabar de desprestigiar a los políticos y de desmovilizar a la sociedad.

Sometieron todo al escrutinio frío del mercado, la eficiencia y la productividad. Desde entonces, Chile se convirtió en el paraíso de los inversionistas privados, y en un país exportador de materias primas y productos primarios. Todo se privatizó, desde la infraestructura hasta la seguridad social y la educación pública. Y a semejante proceso lo llamaron el milagro chileno.

Desde entonces, la experiencia chilena fue promocionada por toda América Latina como el modelo exitoso que había que seguir. Con el final de la dictadura, los gobiernos de la Concertación, que también se creyeron el cuento del milagro, se centraron en restaurar el sistema político y la democracia, pero invocaron el consenso en cuanto a la preservación del rumbo económico. Es cierto que en estos gobiernos, particularmente en el de Michelle Bachelet, se obtuvieron algunos logros importantes en cuanto a la reducción de la pobreza, pero el modelo era el modelo y se siguió aplicando a fondo.

Y aquí está precisamente la paradoja de las economías guiadas por los preceptos neoliberales. Chile ha mantenido durante varios años un alto crecimiento económico. Su ingreso per cápita es de unos 15 mil dólares, tres veces por encima del de Colombia, que tiene una población casi tres veces mayor que la del país austral. Fue el primer país de Suramérica en ingresar al exclusivo club de la OECD, que agrupa a los países más ricos del mundo. Tiene el índice de Desarrollo Humano más alto de América Latina. Pero al mismo tiempo tiene una distribución del ingreso que está entre las peores de la región, que es a su vez la más desigual del mundo entero.

El conservador Sebastián Piñera, quien llegó a la presidencia el 10 de marzo del año pasado, prometió un gobierno de “solo técnicos”, para diferenciarse de los políticos de la Concertación. No solo es heredero de los muchachos de Pinochet, sino también uno de sus más fervientes seguidores, en una sociedad que todavía está muy polarizada en torno a la figura del dictador. Conformó un gabinete de tecnócratas y grandes empresarios, como él mismo, varios de los cuales han tenido conflictos de interés en distintos asuntos. Y le dio un papel protagónico a Unión Demócrata Independiente, UDI, el partido del dictador.

Un año después de su posesión, estalló la crisis en el sector educativo. Durante los tres últimos meses los estudiantes de secundaria y universidad se han movilizado de manera infatigable para exigir que la educación deje de ser un negocio privado y demandar mejor calidad. Insisten en derogar la reforma educativa que hizo Pinochet, mediante la cual la inversión del Estado en el sector se redujo al mínimo, al tiempo que se municipalizó la educación y se implantó el sistema de concesiones, que ha representado enormes ganancias para los inversionistas privados. Por efectos de esa reforma, el costo de la matrícula universitaria en Chile está entre los cinco más altos del mundo.

Esta lucha, que ha movilizado hasta ahora a más de un millón de estudiantes de 20 universidades y de más de 500 liceos de secundaria, ha servido de detonante también para activar la protesta social. La semana pasada hubo una huelga general de dos días, convocada por la CUT. Ha habido una fuerte oposición a dos controvertidas obras que quiere impulsar el gobierno, el megaproyecto hidroeléctrico de HidroAysén y un proyecto carbonífero en la isla de Riesco, ambos en el extremo sur del país.

Recientemente hubo también una huelga general en Codelco, la empresa de cobre más grande del mundo, para impedir su privatización por cuenta del gobierno.

Es el renacer de la movilización y la protesta social en un país que las vivió durante buena parte del siglo XX, pero que por efecto de la dictadura y del modelo se sumió en un letargo de varias décadas. Pero el miedo ha sido derrotado por fin. He ahí la importancia histórica de estos jóvenes.

*Profesora titular de la Universidad Javeriana y directora de la Maestría en Política Social cahumada@javeriana.edu.co
Leer más...

3 de septiembre de 2011

Claves de la rebelión estudiantil chilena

Por Manuel Délano
Tomado de "El País" de España

Esta semana los dirigentes de las organizaciones de estudiantes universitarios y secundarios serán recibidos en La Moneda por el presidente Sebastián Piñera para intentar resolver mediante el diálogo el conflicto por el modelo educacional que hizo la dictadura de Pinochet, y que tiene desde hace tres meses a gran parte de la educación superior y media movilizada contra el gobierno, mientras este se ha hundido en las encuestas. Estas son algunas de las claves del conflicto.

¿Cuándo comenzó la revuelta de los estudiantes y quiénes se han sumado?

Los ambientalistas dieron el punto de partida el 9 de mayo al clima de movilizaciones que impregna Chile durante este año, al salir a las calles unas 30 mil personas en protesta por la aprobación de las cinco represas en la Patagonia del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, de propiedad de la española Endesa y la chilena Colbún.

Tres días después, el 12 de junio, fue el turno de los estudiantes, que en un número superior a los 50 mil marcharon por las principales ciudades del país, los universitarios pidiendo reformas y más recursos para la educación superior, y los secundarios el término de la administración municipal de los colegios (la llamada "municipalización"), mejorar la calidad de los establecimientos y pase escolar todo el año para el transporte público.

El conflicto lo desencadenaron las demandas insatisfechas acumuladas durante años, más que un hecho coyuntural. En 2006, los estudiantes secundarios tuvieron en jaque al gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet con paralizaciones y tomas masivas. Pero la llamada rebelión "pinguina", por el apodo popular a los alumnos secundarios debido al uniforme que utilizan, pudo concretar entonces muy pocas y tardíamente sus demandas principales, muy parecidas a las actuales.

Los universitarios, salieron a las calles por sus demandas históricas de cambio del sistema. El 6 de junio comenzaron las primeras tomas de colegios y liceos secundarios y de facultades y campus universitarios. Inicialmente, los rectores de las universidades apoyaron el movimiento y varios de ellos incluso marcharon en las calles junto a los estudiantes, aunque después que el gobierno entregó recursos, se retiraron.

Los profesores se plegaron en junio a las demandas. A comienzos de agosto, la demanda estudiantil comenzó a ser de otros sectores de la sociedad, cuando después que el gobierno prohibiera una marcha por la principal avenida y la policía militarizada de carabineros reprimiera a los jóvenes, sus padres comenzaran a golpear las cacerolas. Fue el primer cacerolazo que se escuchaba en Chile desde el inicio de la democracia. Con el paro de dos días de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, la principal central obrera de Chile), el movimiento sindical adhirió a los estudiantes.

¿Cómo ha sido el movimiento?

Los estudiantes han innovado drásticamente en las formas de convocatoria y de movilización de sus protestas para reunirse utilizan las redes sociales, y al momento de tomar decisiones, las asambleas. Si bien han mantenido sus métodos históricos de movilización, las tomas de colegios, liceos y campus universitarios, marchas y huelgas de hambre, incorporaron novedosas, coloridas y alegres maneras de expresar su malestar. Esto ha contribuido a que crezca la adhesión a sus peticiones.

Las movilizaciones han sido muy variadas. Esta semana cientos de estudiantes terminaron una maratón de correr 1.800 horas en torno al Palacio Presidencial de La Moneda por la educación, sin importar el clima. En la céntrica Plaza de Armas de Santiago se reunieron para una masiva "besatón" por las reformas a la educación. En el Paseo Ahumada efectuaron un impactante suicidio masivo arrojándose al suelo y quedándose quietos. En un puente sobre el río Mapocho, alumnos de la carrera de Arquitectura colgaron figuras que parecían personas como si estuvieran ahorcados por las deudas.

La creatividad ha florecido durante las marchas. Los estudiantes han desfilado por las calles con escenas carnavalescas, interpretando escenas del mundo del espectáculo, como Thriller, de Michael Jackson, bailando ballet, como carros antidisturbios y tanquetas de la policía militarizada. Se han disfrazado como personajes políticos, carabineros, guerrilleros.

En las calles y plazas de las principales ciudades del país, el movimiento ha sido el más masivo desde el comienzo de la democracia, en 1990. Incluso ha llegado a pequeños pueblos e islas y ha abarcado a otros sectores, como las clases medias, que se han sumado a los caceroleos. Las protestas se han transformado en parte del paisaje habitual de este "invierno estudiantil".

¿Cuáles son las principales demandas de los estudiantes?

De las reivindicaciones propiamente educacionales, las organizaciones que protestan pasaron con rapidez a otras peticiones más estructurales de cambio del sistema político, al advertir que para lograr aprobar sus demandas, se requiere por un lado que el Estado tenga más recursos, y por otro a la Constitución, para que el sistema electoral tenga una representatividad mayor, que le permita absorber su petitorio.

Para lograr más recursos que permitan financiar la educación, las organizaciones estudiantiles pidieron la renacionalización de la gran minería del cobre en manos de inversiones extranjeras privadas y una reforma tributaria que aumente los impuestos a los grupos de más altos ingresos. Era frecuente ver en colegios y facultades tomados pancartas exigiendo ambas demandas.

La petición de reformas a la Constitución apunta a cambiar el sistema electoral binominal, que en la práctica establece un empate entre mayorías y minorías, lo que impide modificaciones de fondo por los altos quórum que estas exigen. También, a abrir la posibilidad de un plebiscito vinculante, otra petición de los estudiantes, para que la mayoría pueda ejercer su derecho a hace reformas.

En su petitorio educacional de doce puntos, que los estudiantes entregaron en La Moneda, piden entre los centrales que la educación sea garantizada constitucionalmente por el Estado como un derecho social, en contraposición con la postura de entenderlo como un bien de consumo, y que se asegure su calidad.

También exigen el fin al lucro en la educación, en todos los niveles de enseñanza, la eliminación de la presencia de la banca privada en el sistema de créditos para financiar la educación y el término del sistema de cofinanciamiento por parte de las familias, que ha sobreendeudado a muchos de los que han logrado acceder a la universidad. En la enseñanza media, la desmunicipalización del sistema.

Sus peticiones apuntan a construir un nuevo paradigma educacional, que reemplace al erigido en la dictadura, y donde el Estado sea protagónico y garantice la calidad y acceso, como es en otros países de América Latina y Europa. Aspiran a educación gratuita y de calidad.

¿Qué les ha ofrecido el gobierno?

Después de minimizar la importancia del conflicto e ignorar inicialmente sus demandas, La Moneda comenzó a reaccionar ante el petitorio de los estudiantes, en forma errática. Paulatinamente, ha ido ofreciendo más recursos para la educación, pero sin ceder a las demandas de cambios estructurales.

Mientras el conflicto escalaba, el presidente Sebastián Piñera removió de su cargo al ministro de Educación, Joaquín Lavín, y en su reemplazo nombró al actual titular, Felipe Bulnes. En su última propuesta a los estudiantes, Bulnes planteó cuatro ejes para llegar a un acuerdo.

En primer lugar, establecer un sistema combinado de becas y créditos para el 60 por ciento de la población más pobre reciba ayuda del Estado, junto con reprogramar las deudas de los 110 mil morosos del sistema de créditos para pagar los aranceles de las universidades. Esto se complementará con la rebaja del interés para el crédito de los estudiantes, del 5 por ciento al 2 por ciento.

El segundo eje es el fortalecimiento de la educación pública, aumentando los recursos, y pasando los colegios que no están bien administrados a organismos públicos descentralizados, en un avance hacia la desmunicipalización. El tercer eje es hacer cumplir la ley que prohíbe el lucro a las universidades, lo que fiscalizará la Superintendencia de Educación Superior. Una reforma constitucional para garantizar el derecho a la educación de calidad es el cuarto eje de su propuesta.
Leer más...

17 de agosto de 2011

Comunicado APUN - Medellín sobre propuesta de reforma a la ley 30

EL NUEVO PROYECTO QUE REEMPLAZA A LA LEY 30 DE 1992 (LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR)PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, NO SATISFACE A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

En el mes de marzo la Ministra de Educación presentó públicamente un proyecto para reemplazar la Ley 30 de 1992 o Ley de Educación Superior, y abrió un espacio de discusión al respecto, el cual despertó serias preocupaciones en el sector universitario y se dio una gran movilización estudiantil en Bogotá como rechazo a dicho proyecto. Por su parte, los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) y las organizaciones gremiales de los profesores y estudiantes, expresaron profundos desacuerdos relacionados con elementos allí consignados, tales como:

1. No expresar explícitamente que la educación es un derecho fundamental, tal como lo consagra la Constitución Colombiana sino como un servicio público cultural.

2. Introducir la categoría de universidades con ánimo de lucro, al definir que estas “serán públicas, privadas o mixtas.”

3. No reconocer el déficit acumulado por el sistema universitario en los últimos años debido al esfuerzo que han hecho las universidades para atender la presión y requerimientos de la política educativa gubernamental al incrementar la cobertura, mejorar infraestructura, atender exigencias legales para los docentes, déficit que asciende aproximadamente a un billón de pesos. Obliga conocer que, con relación a la propuesta de financiación para atender las nuevas exigencias del crecimiento en la cobertura (pasar de un 36% a un 52% antes de 2019), los rectores consideran que con los recursos ofrecidos se podría llegar a atender un crecimiento no superior a un 15% de lo pretendido por el Gobierno central y que al momento algunas universidades se encuentran al borde de la inviabilidad económica al haber querido cumplir con el crecimiento que el Ministerio de Educación solicitó, en la gestión que adelantó la Ministra de Educación Cecilia María Vélez W.

4. Notoria violación al principio constitucional de la autonomía universitaria, razón por la cual ASCÚN se dio a la tarea de estructurar un proyecto de Ley Estatutaria al respecto, que será presentado al Congreso de la República a pesar de la inconformidad sobre el asunto expresada por el Ministerio de Educación.

5. Desacuerdo en relación con la concepción que tiene el Gobierno Nacional en el tema de la inspección y vigilancia que debe ejercer, llegándose al punto de considerar esta propuesta, más como un reglamento policivo.

Ante las críticas surgidas y con la intención de socializar y de convencer acerca de las “bondades” de la propuesta, el Ministerio de Educación generó una serie de espacios para responder al debate de la sociedad en general y recoger las observaciones. El balance que se puede hacer es que fue muy escaso lo que la Ministra de Educación recogió e introdujo en la nueva propuesta, tal como lo expresa el Rector Moisés Wasserman en su comunicado del 6 de julio de 2011, y según las manifestaciones del Representante Profesoral en el Consejo de la Educación Superior (CESU) y de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), luego de dos reuniones para presentarle al Ministerio una propuesta de modificaciones a algunos de los articulados del proyecto que reemplaza la mencionada ley. El resultado de la discusión, es la presentación el día 15 de julio de 2011, de la propuesta que según el Ministerio de Educación recoge el debate y se presenta por el Presidente de la República al Congreso en la instalación de la legislatura que empezó el 20 de julio del año en curso.

Dentro de esa escasez se nota una actitud poco comprometida, tal es el caso de reconocer que la educación es un derecho y no un derecho fundamental en el primer artículo de la nueva propuesta y a renglón seguido: “…un bien público basado en el mérito y la vocación, y un servicio público inherente a la finalidad social del estado.”1 El resto del articulado se dedica al desarrollo y regulación de la educación como servicio (mercancía). Además, se nota una incongruencia cuando insiste en el esquema de la financiación a la demanda antes que a la oferta, fortaleciendo el sistema de crédito educativo a través de ICETEX, que en últimas servirá para propiciar el endeudamiento de los estudiantes provenientes de los estratos sociales bajos para que busquen las universidades privadas con o sin ánimo de lucro, con ejemplos destacables, como el que se manifiesta con relación a la situación del estudiantado chileno, cuyo modelo se exhibe por el Ministerio de Educación y de lo que se da cuenta en: “la entrevista publicada en EL TIEMPO (27 de julio2011) a Francisco Figueroa vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech). El afán de lucro adoptado desde la época de la dictadura ha llevado al abandono y la postración a las universidades del Estado, que reciben apenas el 10% de recursos oficiales y deben conseguir el 90% restante con venta de servicios y elevadas tasas de matrícula, manejada con créditos que los estudiantes no pueden pagar después del grado, pues no consiguen empleo o reciben salarios irrisorios que no alcanzan para cubrir las deudas, contraídas con el soporte hipotecario de los bienes de su familia…”2

Con relación a la autonomía universitaria manifiesta reconocerla, no obstante mantiene su presencia mayoritaria en los Consejos Superiores Universitarios, lo que constituye una situación inconstitucional y de injerencia en las decisiones que puedan ser asumidas. Frente al tema que más escozor ha generado, como lo es la presencia de universidades con ánimo de lucro en el territorio nacional, el Gobierno Nacional no cedió en absoluto y, en torno a la financiación, mantuvo su oferta de un incremento del presupuesto del 3% más IPC, sin ir a la base presupuestal, hasta 2014, cuya distribución entre las universidades del sistema estará atada a los tradicionales indicadores donde prevalece el incremento de cupos. Situación que no resuelve el déficit estructural denunciado por los rectores a través de ASCÚN y del SUE.

Lo mencionado solo es una parte de la gran cantidad de consideraciones que están por hacerse. Así las cosas, se puede afirmar que la contradicción entre el Gobierno Nacional (Ministerio de Educación Nacional – Presidente de la república), la comunidad universitaria y amplios sectores de la sociedad, sobre la ley que reemplazará a la Ley 30 de 1992, no se ha resuelto y que por lo tanto se hace imperioso mantener erguida la postura de defensa de la educación pública superior, exigiendo los recursos económicos necesarios para incrementar el número de personas que puedan acceder a ese derecho fundamental, mejorar sustancialmente la infraestructura existente, velar por fortalecer la autonomía universitaria como elemento esencial de su existencia y propender por una excelente calidad donde se dé un verdadero equilibrio entre el hacer, el saber y el ser, donde se reconozca que la universidad debe formar seres humanos y no producir mercancías, tal como se pretende con la formación basada en competencias, concepto más de tipo empresarial que pedagógico.

Desde la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia Sede de Medellín -APÚN MEDELLÍN-, queremos hacer un llamado a que se preste la máxima atención al tema, y se atienda y profundice el debate que debe darse a la propuesta. Urge el análisis del futuro de la Universidad Nacional en el nuevo contexto planteado y llamamos a los profesores a que identifiquen cuál será su situación en el nuevo entorno y si ello responde a sus expectativas de pertenecer a una universidad de investigación a la que se consideran vinculados. Requerimos el acompañamiento que debe darse a la movilización civilizada que debe expresar el rechazo a la intención de acabar con la universidad pública y con el Derecho fundamental de la Educación.

JUNTA DIRECTIVA

ASOCIACIÓN DE PROFESORES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE DE MEDELLÍN -APÚN MEDELLÍN-


Medellín, agosto 10 de 2011.


Notas:
1. Artículo 1 proyecto de Ley: “por el cual se organiza el Sistema Nacional de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior.” Versión del 15 de julio de 2011 del MEN.
2. Comunicado COMITÉ OPERATIVO MULTIESTAMENTARIA NACIONAL julio de 2011.

Leer más...

3 de octubre de 2010

Comunicado público del Claustro de profesores Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Los profesores de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia a quienes nos dieron el permiso de acceder a la ciudad Universitaria el día 20 de septiembre del presente, después de reunirnos con el Consejo de la Facultad, acordamos hacer el siguiente pronunciamiento público:

El hecho de que la Universidad de Antioquia se haya visto abocada a la decisión de suspender el ingreso de los estudiantes durante varios días es un síntoma evidente del especial momento que la acongoja y sobre ello, por lo menos, no parecería haber una cuota importante de disenso. Sin embargo, y allí estaría el punto inicial de tantos desacuerdos, sería demasiado irresponsable y sesgado creer que la crisis radica en la reacción de algunos grupos por el establecimiento de la Tarjeta de Identificación Personal, pues esa puede resultar una anécdota relativamente intrascendente y posiblemente trivial frente a la grave dimensión de los problemas de la Universidad. Quizá la querella por razón de la TIP vendría a ser el pretexto de tantos manipuladores al servicio de cierta indecencia política y cultural que se manifiesta en la absoluta incapacidad de consultar el fondo de los pr0blemas, esos sí muy serios y que podrían dar al traste con la misma subsistencia de la institución.

Ya el Consejo Académico en su comunicado del día 16 de septiembre ha puesto en evidencia algunos de ellos como la falta de financiación adecuada por parte del Estado, la privatización de muchas de sus actividades por ciertos grupos, pero el listado es indudablemente mayor.

Por lo tanto, creemos que hay muchas deficiencias en el diagnóstico y especialmente es preocupante la falta de un análisis específico de ciertos problemas, de tal manera que se facilite encarar con mayor claridad las soluciones.

Ha hecho carrera la afirmación de que la Universidad se ha vuelto “una olla”. Esto no es sólo denigrante para la mayoría de los universitarios que asistimos a la institución a desarrollar nuestras tareas con apego a las más estrictas normas legales, éticas e institucionales, sino que ofusca el entendimiento de los problemas y permite soluciones aparentemente fáciles pero inútiles.

No puede confundirse, por ejemplo, la protesta estudiantil, así a veces no compartamos sus propósitos como en el caso de la TIP, con actividades ilegales como la venta de narcóticos y tampoco parece útil, para encarar una solución a los problemas, hacer un continuum de la venta de narcóticos, las ventas ambulantes y el dibujo de graffittis en las paredes y monumentos de la Universidad. Pensamos que entre ellos hay diferencias tan grandes que no dudamos en calificar a algunos como verdaderos obstáculos para la marcha normal de la institución, otros son apenas molestias que a lo mejor debemos entender como parte de una comunidad tan numerosa y otros, como los graffitis y las prote stas estudiantiles, profesorales o de los empleados, que son propios de cualquier institución que pretenda ser democrática.

También es preciso afinar el lenguaje con el tratamiento de la violencia. La Universidad no es un espacio para ningún tipo de violencia, y en ella no puede tener cabida, cualquiera sea la justificación que se le dé o la procedencia que tenga.

Pero tampoco podemos admitir algunas formas de violencia como necesarias y, al mismo tiempo, asimilar la mala educación, la descortesía y los malos modales, sin más, a formas de violencia.
Es indudable que la presencia permanente de los ESMAD en las porterías de la Universidad y su amenaza, cada día reactivada por las autoridades departamentales, de su uso “cuando sea necesario”, es una provocación perturbadora para la buena marcha de la institución. Los acontecimientos del pasado miércoles 15 de septiembre, nos relevan de entrar en detalles. Si la aparente justificación de la presencia de esta fuerza de choque en la Universidad es la existencia de ciertos individuos que realizan actividades delictivas como la venta de estupefacientes, su utilidad para tales propósitos es ninguna. Ese es un aparato de la fuerza del Estado, destinado a controlar actividades violentas y que opera como fuerza de choque. Por lo tanto, en la práctica no opera sino contra el movimiento estudiantil, obviamente cuando se malentiende, como lo hacen algunos en la Universidad y por fuera de ella, que su mera existencia, es ya violenta. Pero para un fenómeno como la venta de alucinógenos, es completamente inoperante. Seguramente la investigación rigurosa y el seguimiento legal, son mucho más eficaces, que una fuerza de choque asediando constantemente las instalaciones universitarias, dando la imagen a la sociedad de que aquí estamos unos delincuentes violentos que es necesario mantener a raya.

Entendemos que para algunos sectores mantener esta fuerza de choque permanente en la Universidad, puede ser rentable en términos políticos. Esta opción represiva expresa el empobrecimiento político de la vida universitaria. Su presencia en los predios de la Universidad, da el mensaje perverso de que los universitarios somos unos delincuentes violentos, como decíamos más arriba y, por otra, pretenden mostrar que las autoridades universitarias y los universitarios, somos incapaces de resolver los problemas universitarios, previamente reducidos a problemas de delincuencia y cuya única solución es el uso de la fuerza dispuesta desde afuera.
No pretendemos entrar en detalle de algunos problemas serios de la Universidad, como el modelo de educación que se ha acogido de la mano de las políticas oficiales, el déficit financiero y de democracia que existen, algunas posiciones políticas mesiánicas de lado y lado, pero si queremos señalar algunos puntos críticos que percibimos en esta difícil situación.

En primer lugar, a pesar de los aparentes apoyos que la administración departamental ha expresado a las directivas de la Universidad, sus actitudes parecen más bien encaminadas a desestabilizarla, al apostarle a una solución de fuerza que, reduciendo los problemas a la delincuencia, silencia otros problemas probablemente más graves y en todo caso ofrece una seudo respuesta contraproducente para la marcha normal de la institución.

En segundo lugar, creemos que la fragilidad de la Universidad, ante tantos problemas y tantos enemigos, requiere de respuestas disti ntas al uso de la violencia. Invitamos al movimiento estudiantil a que examine con serenidad esta gran fragilidad de la institución y evite por todos los medios responder a esta provocación, pues producirá un enfrentamiento que sólo agravará los problemas, eventualmente ocasionará lamentables tragedias y finalmente, sólo servirá estratégicamente a los enemigos de la Universidad.

Finalmente, creemos que a la comunidad universitaria no sólo se le debe convocar, a participar con sus opiniones y propuestas, en los momentos más difíciles, cuando la Universidad está asediada por todos los lados, sino que debe ser una política permanente que evite, precisamente tales asedios; convocatoria que no puede excluir, como se ha hecho, a un sector tan importante como el profesorado de cátedra.

Expresado en otros términos, este escrito convoca a que la Universidad recupere el lenguaje de la política y abandone el recurso de la represión y el punitivismo.

Por lo tanto, solicitamos a la administración de la Universidad abrirla y a sus estamentos a desarrollar las actividades normales, sin caer en las provocaciones que desde afuera y de algunos sectores desde adentro, se vienen ejecutando y que podrían dar al traste con las posibilidades del desarrollo de sus actividades misionales.

Medellín, septiembre 20 de 2010.
Leer más...

4 de junio de 2010

Propuesta de modificaciones a la propuesta de reforma de la Ley 30

Ponencia para primer debate del proyecto de ley no. 238/10 senado, no. 277/10 camara, “por la cual se modifica el esquema de finanaciacion de la educacion superior, definido en la ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.

Descargar documento PDF.
Leer más...

3 de junio de 2010

Propuesta de reforma a la Ley 30

Proyecto de reforma a la ley 30 presentado por el gobierno para la aprovación del Senado y la cámara.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 238/10 SENADO, No. 277/10 CÁMARA,

POR LA CUAL SE MODIFICA EL ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, DEFINIDO EN LA LEY 30 DE 1992 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Congreso de Colombia
DECRETA:


Artículo 1. Adicionar el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, con el siguiente parágrafo:

Parágrafo: Las entidades territoriales que tengan deudas por concepto de aportes a las universidades estatales, deberán proceder a su presupuestación y pago. El valor de esta deuda resulta de la diferencia entre el valor presente de todos los aportes que la entidad territorial haya realizado otendría que haber efectuado y mantenido anualmente en pesos constantes desde 1993 y los aportes efectivamente realizados, siempre teniendo en cuenta el valor de las partidas aprobadas en el año inmediatamente anterior, excluyendo el valor recibido por estampilla.

Las entidades territoriales contarán con seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley para la suscripción de los acuerdos de pago a que haya lugar.


Vencido este término sin que se haya suscrito el acuerdo de pago, cada universidad procederá a realizar la liquidación de tal deuda. Dicha liquidación constituirá título ejecutivo.

Artículo 2. Modificar el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, el cual queda así:

La Nación incrementará sus aportes para el sistema de universidades estatales – SUE, en un porcentaje que dependerá del crecimiento real del Producto Interno Bruto así: si el crecimiento real del PIB es mayor al 0% y menor del 5%, el incremento será del 30% de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o mayor al 5% y menor que el 7.5%, el incremento será del 40% de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o mayor al 7.5%, el incremento será del 50% de dicho crecimiento. Estos incrementos se realizarán a partir de la vigencia de la presente Ley.

Los recursos a que hace referencia este artículo serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Ministerio de Educación Nacional y el Sistema de Universidades Estatales, en razón del mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran.”

Artículo 3. A partir del año 2011 la Nación asignará recursos adicionales al Ministerio de Educación Nacional para que sean distribuidos entre las universidades del Sistema de Universidades del Estado, SUE, según el grado de complejidad de las instituciones.

Estos recursos estarán destinados a financiar:
  1. La generación de nuevos cupos teniendo en cuenta el área del conocimiento, el nivel y la metodología del programa respectivo.
  2. La ampliación de la cobertura con base en programas de regionalización y presencia en zonas de frontera.

  3. El reconocimiento de la productividad académica de los docentes.
  4. La formación del recurso docente.
  5. La promoción de la investigación y la innovación.

En el año 2011 la asignación adicional a que hace referencia este artículo será equivalente a un punto real respecto a los aportes de la Nación a las universidades estatales en el año 2010; en el año 2012, dicha asignación será equivalente a dos puntos reales respecto al año anterior y desde el año 2013 y hasta el año 2019 será de tres puntos reales respecto al año inmediatamente anterior.

Los recursos a distribuir de conformidad con los literales a), b) y c) incrementarán la base presupuestal de las universidades a que se refiere el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. El mecanismo para la asignación de estos recursos será definido por el Ministerio de Educación Nacional y el Sistema de Universidades del Estado – SUE. Los recursos a los que se refiere el literal d) serán distribuidos mediante convocatorias dirigidas a fortalecer los planes y programas de investigación y de innovación de las universidades estatales y serán tenidos en cuenta para el cálculo del valor de la asignación adicional en el año siguiente a ser distribuido por el Ministerio de Educación Nacional, pero no incrementarán la base presupuestal de las universidades a que se refiere el artículo 86 de la Ley 30 de 1992.

Parágrafo. Los recursos adicionales que aporten las entidades territoriales a las universidades estatales que ofrezcan y desarrollen programas de educación superior en su jurisdicción, serán destinados y distribuidos por la respectiva universidad concertadamente con la entidad territorial aportante, en los mismos términos y con los mismos efectos presupuestales establecidos en el presente artículo para los aportes que realiza el Gobierno Nacional.

Artículo 4. Los presupuestos para funcionamiento e inversión de las instituciones de educación superior que al entrar en vigencia la presente Ley son establecimientos públicos del orden nacional y a las que se descentralizaron en virtud del artículo 20 de la ley 790 de 2002, estarán constituidos por aportes del Presupuesto General de la Nación, por aportes de los entes territoriales y por recursos y rentas propias de cada institución.

Estas instituciones recibirán anualmente recursos del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales, que signifiquen un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 2010.

Artículo 5: A partir del año 2011 la Nación asignará recursos adicionales al Ministerio de Educación Nacional para su distribución entre las instituciones de educación superior que al entrar en vigencia la presente Ley son establecimientos públicos del orden nacional y a las que se descentralizaron en virtud del articulo 20 de la ley 790 de 2002, los cuales estarán destinados a promover la generación y mantenimiento de nuevos cupos y a contribuir con la cualificación del recurso humano.

En el año 2011 esta asignación será equivalente a un punto real sobre los aportes que la Nación haya asignado a dichos establecimientos públicos en el año 2010; en el 2012, dicha asignación será equivalente a dos puntos reales respecto al año anterior y en el año 2013 y hasta el año 2019 será de tres puntos reales respecto al año inmediatamente anterior.

Parágrafo. Los recursos adicionales que aporten las entidades territoriales a las instituciones de educación superior que al entrar en vigencia la presente Ley son establecimientos públicos del orden nacional y los que se descentralizaron en virtud del articulo 20 de la ley 790 de 2002, que ofrezcan y desarrollen programas de educación superior en su jurisdicción, serán destinados y distribuidos por la respectiva institución de educación superior concertadamente con la entidad territorial aportante, en los mismos términos y con los mismos efectos presupuestales establecidos en el presente artículo para los aportes que realiza el Gobierno Nacional.

Artículo 6. Adicionar el artículo 112 de la Ley 30 de 1992, con los siguientes parágrafos:

Parágrafo primero. El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el Presupuesto General de la Nación un aporte al ICETEX con destino a mantener los subsidios de matrícula que éste otorgue a estudiantes de bajos recursos de acuerdo con el instrumento de focalización que defina el Gobierno Nacional.

Parágrafo segundo. Se crea el Fondo para la Permanencia Estudiantil en la Educación Superior, sin personería jurídica, administrado por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX.Los recursos de este Fondo se asignarán mediante créditos o subsidios y serán destinados al cubrimiento parcial de los gastos de manutención de los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas y privadas del país, de acuerdo con el instrumento de focalización que defina el Gobierno Nacional, priorizando a las poblaciones vulnerables.

Los recursos del Fondo estarán constituidos por:
  1. Aportes del Presupuesto General de la Nación.
  2. Aportes de las Entidades territoriales, departamentos, municipios, distritos y otras entidades de derecho público.
  3. Aportes y donaciones de particulares, organizaciones no gubernamentales, entidades de derecho público internacional y gobiernos extranjeros.
Artículo 7. Autorizar al Gobierno Nacional para adoptar una línea de crédito contingente gradual al ingreso dirigido a estudiantes de programas académicos de educación superior e implementarlo a través del ICETEX y el sistema de recaudo de impuestos nacionales. Los recursos para este esquema de crédito estarán constituidos por aportes del Presupuesto General de la Nación, de los departamentos, municipios, distritos e Instituciones de Educación Superior

Artículo 8. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones en contrario en especial el literal d) del artículo 43 de la Ley 30 de 1992, el artículo 11 de la Ley 1324 de 2009 y parcialmente el inciso 3 del artículo 10 de la misma Ley en lo atinente a la deducción que debía realizar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el Ministerio de Educación Nacional, del 2% del presupuesto de las instituciones de educación superior estatales u oficiales.

Cordialmente,

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA BUENAVENTURA LEON LEON
Representante a la Cámara Representante a la Cámara

JORGE HERNANDO PEDRAZA GUTIERREZ ALEXANDER LOPEZ MAYA
Senador de la República Senador de la República

CARLOS JULIO GONZALEZ VILLA EDGAR ESPINDOLA NIÑO
Senador de la República Senador de la República

CARLOS R. FERRO SOLANILLA JAIME ERNESTO CANAL ALBAN
Senador de la República Senador de la República
Leer más...

Las confesiones de los García

Su tío bisabuelo, el general Laureano García, fue senador y participó en la Guerra de los Mil Días en las filas del ejército conservador, aunque corre la versión familiar de que su acción más destacada fue haberse quedado dormido en vísperas de la batalla de Palonegro; su abuelo, Julio César, fue historiador, rector de la Universidad de Antioquia, fundador de la Universidad La Gran Colombia en Bogotá y director de El Colombiano; sus padres, Carmenza Fernández y Antonio García, abogados, vinculados al mundo académico, de raíces godas él, y liberales ella. La cuarta generación de la estirpe García, Juan Rodrigo y Carlos Mauricio, quedó atrapada en la espiral de violencia del paramilitarismo.

Hermanos inseparables, confidentes y depositarios de los secretos mejor guardados de los azarosos pasos de las autodefensas, recorrieron vidas paralelas en la barbarie desatada por los ejércitos privados que se reciclaron desde la década del 80. Juan Rodrigo, como asesor de Carlos Castaño Gil, en las postrimerías de su comandancia, y de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, durante el proceso de desmovilización del bloque Élmer Cárdenas. Carlos Mauricio hacía rato que exhibía un alias, Rodrigo Doble Cero, él sí en armas, ex secretario personal de Fidel Castaño, ex miembro de Los Pepes, epiléptico y ex militar.

Sus versiones, consignadas en un expediente conocido por El Espectador y en un libro reciente publicado por Aldo Cívico, cobran relevancia porque retratan la tenebrosa vorágine de las mafias que infiltraron el Estado, desangraron a destiempos media Colombia, corrompieron todo cuanto tocaron sus brazos asesinos bajo la consigna antisubversiva e implantaron regímenes siniestros que gravitaron alrededor del narcotráfico. Carlos Mauricio o Doble Cero sobrevivió en los avatares de la ilegalidad desde 1989 hasta mayo de 2004. Cinco balazos en su cabeza segaron su vida, no así sus memorias que entregó personalmente y vía correo electrónico a Aldo Cívico y que quedaron consignadas en el libro Las guerras de ‘Doble Cero’.

Su hermano, Juan Rodrigo, filósofo de la Universidad de Antioquia y doctor en filosofía política de la Universidad de Barcelona, logró capotear la orden de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, de asesinarlo a como diera lugar, como lo hizo con Doble Cero. Su nombre y sus delaciones son parte de la columna vertebral del proceso seguido por la Fiscalía en contra de José Miguel Narváez, el cuestionado ex subdirector del DAS, señalado cerebro del escalofriante episodio de las ‘chuzadas’ y, según ex jefes paramilitares, ideólogo de la casa Castaño. Juan Rodrigo contó que conoció a Carlos Castaño a mediados de 1999, en la finca La 21, en San Pedro de Urabá, pero que sólo hasta 2002 lo asesoró en temas de Derecho Humanitario.

Según relató, en 1998 conoció en Bogotá a José Miguel Narváez, quien le fue presentado por el general (r) Rito Alejo del Río —también detenido— en la Brigada XIII. En ese entonces, Juan Rodrigo García coordinaba un seminario de democracia y paz en la Universidad de Antioquia y Narváez le dijo que a través de una fundación que él dirigía y que pertenecía a la Brigada XX de inteligencia del Ejército, RMB, estaba apoyando dicho encuentro. El seminario era dirigido por Alfonso Monsalve Solórzano, profesor de filosofía de la Universidad de Antioquia. De acuerdo con García, en el primer semestre de 1999 volvió a encontrarse a Narváez en una conferencia para empresarios en Medellín a la que asistió Carlos Diez, presidente de las Convivir en Antioquia.

García manifestó que supo que Narváez le giró al profesor Monsalve, a través de la fundación que lideraba, US$2.000 mensuales durante su estadía en España. Desde entonces, el hermano de Doble Cero sospechaba que actividades académicas de la Universidad de Antioquia “podían ser parte de actividades de inteligencia del Ejército”. En dicho encuentro, Narváez le habría dicho que le interesaba mantener una relación con él pues sabía que su hermano era Doble Cero y que, si quería, “podría ayudarme preparándome, como lo había hecho con líderes de las Auc de Puerto Boyacá”. La tercera referencia que hizo de Narváez fue más específica, al mencionar que lo vio en la finca de Carlos Castaño dos días después del asesinato de Jaime Garzón, en agosto de 1999.

Narváez lo saludó muy cortésmente, narró. Castaño le preguntó a García qué pensaba del homicidio. Fue una estupidez, le contestó. “Inmediatamente Castaño miró al doctor Narváez, quien argumentó que Garzón era un guerrillero, que se beneficiaba de los secuestros que mediaba y que se había robado $600 millones simulando un accidente de tránsito”. Enseguida, prosiguió, desayunaron y al poco tiempo Narváez, y al parecer varios miembros de inteligencia del Ejército que lo acompañaban, se retiraron. No sin antes, supuestamente, analizar una lista de personas a asesinar en caso de que la guerrilla reaccionara. Uno de los nombres ventilados habría sido el de María Teresa Uribe, profesora de la U. de Antioquia

En su largo testimonio entregado a la justicia, Juan Rodrigo García añadió que protestó por la lista negra y que por ello nunca más fue invitado a las reuniones de Castaño con Narváez. En una ocasión, el comandante de las autodefensas lo visitó en su finca para contarle que presuntamente Narváez venía de parte del Alto Gobierno para concretar aspectos de un proceso de paz. Fue en el año 2002. Según dijo García, le manifestó a Castaño que las autodefensas nunca iban a ser reconocidas como grupo político y que debían buscar una norma que permitiera la desmovilización de sus miembros sin darles estatus político a los paramilitares. Por terceras personas, se enteró de que Carlos Castaño le habría pedido a las autoridades la cacería del narcotraficante Gabriel Puerta, que asesoraba a las autodefensas en Puerto Boyacá.

También contó que cuando Castaño escribió el libro Mi confesión, le envió varios capítulos por internet para que se los comentara, que a comienzos de 2004, en su última charla, le pidió que nunca le mentara a Narváez, pues “era lo peor de la caverna”, en referencia a que era de extrema derecha con un discurso sobre un supuesto complot internacional de comunistas y masones para destruir la democracia. Detalló que intervino en varias ocasiones para que Castaño no asesinara a estudiantes de la U. de Antioquia; que su hermano Doble Cero le contó que Narváez tenía mucha influencia en el Ejército “pues nadie que no pasase por su filtro en la Escuela Superior de Guerra podía llegar a ser general”; y que se negó a ser vocero de las Auc en el proceso de paz.

Y soltó esta perla: que Carlos Castaño se enfureció con los sicarios de la banda La Terraza de Don Berna, que ejecutaron el crimen de Garzón, pues había dado la orden de desaparecer el arma, un revólver calibre 38, pero el encargado de esta tarea la empeñó a cambio de dinero. También ahondó en la estrategia ‘para’ de desplazar comunidades raizales en el Urabá chocoano para que empresarios desarrollaran proyectos de palma africana y cómo su hermano, Doble Cero, ingresó 200 hombres de las autodefensas, transportados en helicópteros oficiales, para que desarrollaran la ‘Operación Génesis’ en 1997. Por esta acción está enjuiciado el general (r) Rito Alejo del Río.

En sus confesiones, conocidas por El Espectador, relató que en una ocasión Castaño le dijo que empresarios del Valle llegaron a su campamento para solicitarle la creación de un grupo en el sector de Florida y Pradera, en el año 2000. “Carlos me dijo preocupado que un patriarca de los empresarios le había respondido ante la propuesta que si ellos no tenían un narquito que financiara eso”. Tras desempeñarse como consultor de una organización con sede en Ginebra (Suiza), Juan Rodrigo García se embarcó en la empresa de asesorar al bloque Élmer Cárdenas. Entonces su hermano ya había montado rancho aparte con el bloque Metro y Don Berna pagaba $5.000 millones por su cabeza. Doble Cero repudiaba que un ‘narco’ purasangre como Don Berna fuera inspector de los ‘paras’.

Tomado de El Espectador 17 de abril de 2010
Leer más...

Desarticulan banda en la U. de A.

Diez integrantes de una banda de atracadores que venía cometiendo acciones delincuenciales al interior del campus de la Universidad de Antioquia, fueron capturados por la Policía Nacional quedando la organización desmantelada.

Sorprendentemente, las autoridades descubrieron que los integrantes de la banda son trabajadores de una empresa que actualmente tiene contratos con la institución de educación superior. Estos individuos al parecer son los responsables de cometer delitos al interior de la Universidad, que van desde la venta de estupefacientes hasta acoso sexual, pasando por robo de computadores y celulares y atraco a mano armada. “Eran personas al interior de la universidad que actuaban como una organización. Se hizo un trabajo interno de vigilancia, de seguimiento y de control y se logró capturar a estas personas que eran contratistas” expresó a los medios de comunicación Martiniano Jaime Contreras, vicerrector general de la Universidad de Antioquia. En un episodio recientemente conocido, un grupo de encapuchados irrumpieron en el Centro de Estudios Políticos del Alma Mater, donde intimidaron con armas a varios empleados y hurtaron un computador portátil, hechos que al parecer fueron protagonizados por estos individuos.

Tomado del periódico El Mundo de Medellín
Leer más...

25 de abril de 2010

Pronunciamiento del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

Tres encapuchados armados irrumpieron violentamente en las oficinas del Instituto de Estudios Políticos y obligaron a tenderse boca abajo a la empleada del aseo, a la secretaria, a una profesora y a un profesor, lo cual ya es de por sí aherrojamiento moral y humillación. El terror resultó espantoso para los postrados por mandato armado, porque lo primero que pensaron es que para algunos grupos violentos, la investigación y en general el trabajo intelectual, merece retaliaciones porque desnuda las justificaciones de la violencia y confronta la ideología de los hechos, que es la que iguala algunas actuaciones de los ejércitos oficiales, no oficiales - contraestatales y paraestatales- y las actuaciones de las bandas criminales, aunque justifiquen esa ideología de los hechos, es decir su moralidad, en valores éticos distintos: la salvación de la patria, la revolución social pura, la vida fácil, y porque además la crítica desnuda lo fácil que resulta la mezcla de estas moralidades.

Este es uno más de esos actos violentos contra la Universidad y su comunidad, que se están produciendo con una repetición aberrante en un ambiente de libertinaje político, social y ético, al cual hay que agregarle una gran dosis de apatía práctica y de mirada dócil de la gente de la Universidad.

A pesar de los temores de que el ultraje tuviera otras intenciones más propias de la violencia movida por fines políticos, que tampoco es menos grave, al fin de cuentas -y por lo que sucedió-, concluimos que hemos sido víctimas de un vil y miserable atraco, del terror de las armas y de las órdenes encapuchadas. Se trató de un atraco llevado a cabo por tres hombres adecuadamente armados y camuflados para el operativo que terminó en el robo de un computador portátil, aunque insistentemente preguntaron por un video beam de cuya existencia conocían con certeza.

Del vil insuceso también podemos sacar como conclusión que el uso de la capucha se ha diferido y que hoy fluctúa sin control aparente entre la política y el pillaje porque se está usando indiscriminadamente, sin que aquellos que la usan con fines de los cuales predican su politicidad, se desmarquen públicamente de los que tienen otros fines que no son políticos. Y si el atraco se defendiera como un efecto colateral de la violencia política que involucra a los inermes, deberían entender aquellos que defienden esos efectos como ineludibles y hasta como necesarios, que la hecatombe de la guerra es que cada vez más los combatientes no combaten entre ellos, porque los efectos colaterales son el objetivo estratégico de las guerras y se convierten en la guerra misma. Esa es la desgracia de los civiles: somos el objetivo de las guerras. Lo paradójico es que puede darse, entre los efectos colaterales, otro que rebota contra los violentos y que consiste en que buscando un objetivo resulta otro contrario, como es el caso de lo que ocurre con una gran mayoría del pueblo colombiano, a quien el uso indiscriminado de la violencia política terminó derechizándola. A la Universidad le puede pasar lo mismo, lo cual se convertiría en un atraso en contraste con su fuerte tradición de crítica y liberalidad.

Pero además, el robo de un utensilio no es una pérdida material sino ética y política, porque no sólo es una afrenta, sino también una vergüenza que, por supuesto, no sienten los victimarios arropados por una ética especial que los protege de la culpa de violar la principal misión social de la Universidad que consiste en que en ella estudien aquellas personas que sólo por razones económicas no podrían acceder a una educación superior de altísima calidad. Porque, al fin de las cuentas, robarle a la Universidad cualquier útil académico, sea un libro o un computador, es como robarse a sí mismo.

Por supuesto, a nosotros nos da miedo como a cualquiera; pero a pesar del terror infundido y de los daños morales consecuentes, aquí estaremos y aquí nos quedaremos haciendo lo mismo: investigando los graves problemas de la sociedad colombiana y especialmente aquellos que aquejan a los más débiles.

Medellín, 5 de abril de 2010
Leer más...

16 de febrero de 2010

Entrevista sobre la Educación Superior con Marcelo Torres candidato al Senado por el Polo

Usted fue uno de los más caracterizados dirigentes de las gestas revolucionarias del histórico movimiento estudiantil de 1971 en defensa de una educación científica al servicio de los más amplios sectores de la población colombiana. ¿Persiste hoy en sostener la misma reivindicación?

He persistido incesantemente en ella. Y hoy presento argumentación aun más contundente para sostener que la grandeza cultural, la fortaleza económica y la democracia de la nación colombiana no podrán construirse, particularmente, sin una educación superior con los más altos estándares de calidad, cimentada en el rigor científico y en la democracia en el acceso.

En muchos escenarios usted ha sido asociado con la defensa del carácter público de la educación superior, ¿esto significa que la universidad pública es buena y la privada es mala?

El carácter público o privado en sí mismo no determina el prestigio o la calidad de una institución de educación superior. Insisto, hablo solamente del prestigio. Lo que sí puedo afirmar es que ninguna universidad de carácter privado deriva su prestigio de la simple financiación proveniente de sus matrículas; véanse, por ejemplo, los casos de Harvard o Stanford en Estados Unidos. Los recursos de origen público son determinantes en la calidad de la educación superior de una nación y, sobre todo, son imprescindibles para evitar la exclusión de los jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos, quienes carecen de recursos para sufragar el valor de matrículas, que les son prohibitivas.

Más allá de la equidad en el acceso a la educación superior, ¿cuáles serían los efectos deseables de la financiación pública de la educación superior en materia de calidad?

El concepto misional de la educación superior abarca la educación, la investigación y la proyección social. Independientemente del énfasis que se haga en cualquiera de estos componentes, su cabal cumplimiento dependede una infraestructura física, un talento humano profesoral, y unas condiciones de servicios de bienestar de las más altas calidades que no se pueden asegurar sin asignaciones presupuestales sustanciales, oportunas y suficientes. El carácter público de esas asignaciones es garantía fundamental del cumplimiento de estos requisitos de calidad.

Su insistencia en la financiación pública de la educación superior indicaría que es la sociedad, a través de sus tributos, la que tendría que costear esencialmente la educación superior. Esto parece presuponer que usted anticipa que la educación superior sólo produciría beneficios públicos para la sociedad. ¿Es así?

La educación superior produce beneficios tanto privados como públicos. Los resultados de la investigación básica de la academia son utilizados para la innovación tecnológica de los propietarios del capital de la industria y los servicios; estos utilizan talento o capital humano, profesionales y científicos formados por las instituciones de educación superior. A su vez, los egresados de estas instituciones mejoran sus ingresos salariales. Indudablemente, estos son beneficios privados. Pero los beneficios públicos de orden económico, cultural y social son inestimables, inconmensurables.

Su afirmación sobre los beneficios públicos me parece un tanto genérica. ¿Cuáles serían esos beneficios públicos que ameritarían que los costos de la educación superior deban ser socializados, a pesar de que usted reconoce que existen evidentes beneficios privados?

Los beneficios públicos, en ocasiones denominados externalidades positivas por algunos economistas, son reconocidos como verdaderos valores estratégicos del conjunto de la sociedad. Entre estos valores se pueden citar la generación de diversidad y capacidad para responder a grandes desafíos, el logro de mayores niveles de productividad, el incremento en la captación de impuestos, la formación de ciudadanos con mayores compromisos cívicos y de participación democrática, poseedores de elevados sentimientos de comunidad y solidaridad, respeto por los valores éticos y los derechos humanos, entre otros. Estos beneficios sobrepasan de lejos los beneficios privados concedidos por la educación superior.

Pareciera que usted comparte que la educación superior debe satisfacer el interés del sector productivo privado; ¿no es esto algo poco común o contradictorio con la posición de la izquierda tradicional de concebir la universidad esencialmente para la crítica?

La universidad del mundo desarrollado comúnmente sirve a dos propósitos: 1. Producir conocimiento básico y talento humano útil para la innovación tecnológica, comúnmente en manos del capital privado, y 2. Nutrir, con conocimiento derivado de la investigación, a las organizaciones sociales que confrontan y critican el orden económico, social y político imperante. Aunque hoy a menudo se difunde la retórica de la interdependencia de las naciones, no se puede soslayar que la dependencia económica, política y cultural de las naciones en desarrollo se debe, entre otros factores, a la debilidad de la relación entre las instituciones que generan conocimiento básico y los actores inmersos en la vida material representada por la esfera económica. Sin embargo, hay que insistir en la importancia de la educación pública en la generación de conocimiento y riqueza, sobre bases justas, y en provecho de toda la población, estos son aspectos de los que depende la autonomía de una nación.

Excúseme que insista. ¿La izquierda democrática que usted representa sí está dispuesta sinceramente a promover una educación superior con las características del mundo desarrollado?

No hay nada más revolucionario que dotar a la nación colombiana de una auténtica plataforma de producción de conocimiento científico y tecnológico, una educación superior ligada al desarrollo material e intelectual de la sociedad como un todo. El conocimiento, no de ahora sino de siempre, ha sido el fundamento del desarrollo de la humanidad. Su producción, su crecimiento exponencial y su asimilación imponen la necesidad de contar con prestigiosas universidades que den soporte a la intensificación en conocimiento de los diversos segmentos de los bienes, servicios y procesos. Una auténtica izquierda democrática no puede dejar por fuera de su agenda este transcendental propósito nacional.

Según esta tesis, ¿la universidad produce conocimiento y el sector productivo lo aplica exitosamente?

La traducción de la investigación en invención, en innovación y éxito en el mercado no es automática ni directa. Factores de orden económico, político y cultural inciden en este deseable tránsito, lo cual se explica por el éxito diferencial de los países que realizan importantes inversiones en investigación y desarrollo. Pero lo incontrovertible reside en que no existe país desarrollado alguno que no posea prestigiosas universidades ubicadas en destacados lugares de la clasificación de las mejores universidades del mundo. Además, se debe contar con un sector productivo dispuesto a intensificar en conocimiento sus actividades, a incrementar el valor agregado de sus bienes, servicios y procesos. El talante de mercader pre-capitalista no contribuye al desarrollo económico moderno.

Muchos lo reconocen a usted como contradictor incansable del neoliberalismo. ¿Cuál es su evaluación de las políticas neoliberales en educación superior?

Responsabilidades sociales como la educación y la salud no pueden ser dejadas al libre juego de las fuerzas del mercado. Se debe reconocer que la lógica neoliberal de mercado ha tenido poca aplicación en los países desarrollados, no obstante algunos embates particulares. Esto es debido a que atenta contra la producción de conocimiento básico, que es fundamental para la innovación tecnológica. En esos países, en una alta proporción, la producción de conocimiento básico tiene lugar en la academia, y esta no ha sido confiada a las fuerzas del mercado sino que ha sido asegurada a través de una fuerte inversión de recursos públicos. El sector privado sólo invierte en aquello que le asegure un retorno a la inversión en el muy corto plazo, y ese no es precisamente el caso del conocimiento básico.

Pero, en concreto, en nuestro país, ¿en qué se ejemplifica la política neoliberal en educación?

Hace más de cuatro décadas, organismos supranacionales “aconsejaron” al país dejar de invertir recursos públicos en educación superior y a cambio promover la universidad privada. Estos organismos multilaterales, controlados por países desarrollados, prescriben para los países en desarrollo las políticas más neoliberales y el abandono de las responsabilidades sociales del Estado. Sin embargo, ellos no han cesado de invertir recursos públicos en educación superior, un factor decisivo que hoy explica gran parte de su desarrollo. Hasta hace pocos años, llegamos a tener en Colombia el 70% de la matrícula universitaria en instituciones privadas, pero hoy ese porcentaje ha decrecido a cerca de 52% por efecto de la crisis económica y algún incremento de la matrícula en universidades públicas. Es decir, en Colombia la educación superior ya se había mercantilizado mucho antes de la ola neoliberal reciente.

Hasta el momento usted ha descrito, explicado y hasta criticado aspectos centrales de la educación superior. Al llegar al Senado para el período 2010-2014, ¿cuál será su propuesta al respecto?

Mi labor legislativa abarcará la instauración de un marco legal que fortalezca la autonomía universitaria e incremente efectivamente la financiación pública con el fin de formar, sin exclusiones, ciudadanos libres, democráticos y críticos, comprometidos con la generación y asimilación de conocimiento y con el desarrollo económico, social y cultural de la nación colombiana.

Pero más allá de los principios, ¿qué aspectos concretos caracterizarán sus iniciativas legislativas en educación superior?

Se hace inaplazable el incremento de la financiación pública. Desde 1992, el presupuesto de las universidades públicas se encuentra congelado, al establecerse en la Ley 30 de ese año, que este se incrementaría al menos con el índice de precios al consumidor (IPC) causado. Tramitaré que el presupuesto base se incremente anualmente en al menos 2 a 3 veces el IPC causado; y aportes adicionales equivalentes por lo menos al porcentaje del incremento real del producto interno bruto, con el fin de estimular la calidad en la docencia, la investigación y la proyección social. Presentaré la iniciativa adicional del incremento de la infraestructura física y profesoral para duplicar en cuatro años, con calidad y sin hacinamientos, la cobertura en la matrícula, la cual hoy se encuentra en apenas el 30%.

¿No le parece que tales incrementos presupuestales suenan irrisorios para atender la investigación?

Los montos antes señalados se refieren al componente misional de educación, es decir de formación. Sobre la investigación, debo mencionar que recientemente se expidió una ley sobre ciencia y tecnología, que más allá de reconocer varios principios y la importancia de la investigación, no asumió un compromiso financiero distinto a lo de siempre. Aunque se reporta de manera laxa que la inversión de Colombia en Investigación y Desarrollo (ID) es de alrededor de 0,48% del producto interno bruto (PIB), la asignación en investigación propiamente dicha a través de Colciencias no llega a 0,1% del PIB. En cambio, los países desarrollados invierten en ID de manera efectiva entre el 2 y el 3,5% del PIB. Mi iniciativa en el Congreso apuntará al trámite de una ley que comprometa de manera inmediata recursos públicos para investigación no inferiores al 1% del PIB.

En resumen, ¿cuáles son los aspectos específicos de la situación actual de la educación superior sobre los que usted trabajará y por los cuales considera que el elector debe votar por usted?

Trabajaría porla democratización en el acceso.Ningún joven colombiano puede ser excluido del derecho a la educación terciaria (técnica, tecnológica o profesional). La formación doctoral de nuestros profesores universitarios, hoy solo del 4%, debe ser financiada por el Estado. Se le debe poner fin a la incoherencia en las políticas, los fines y las metas nacionales. El fortalecimiento de la internacionalización y la investigación son necesidades impostergables. La actividad académica necesita una urgente dignificación mediante mejoras salariales y mayores incentivos a la producción intelectual y la calidad de la docencia. Se requiere la incorporación de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones, y fortalecer las relaciones del aparato educativo en su conjunto y con el sector productivo nacional. El comienzo de la solución a estos males reclama la urgente asignación de recursos públicos y un patriótico compromiso con la suerte de la nación colombiana. Este es mi compromiso.
Esta propuesta sobre la financiación de la universidad pública que usted presenta como parte de la acción legislativa de la izquierda democrática, es una crítica contundente al gobierno uribista y obviamente constituye un llamado para elegir Presidente a Gustavo Petro...

Indudablemente. Ocho años de gobierno uribista han sido más que suficientes para constatar que este gobierno no ha tenido el más mínimo compromiso en incorporar nuestra educación superior a los estándares internacionales de calidad académica ni al desarrollo científico y tecnológico. La ampliamente publicitada consigna del gobierno de Uribe se ha reducido a “hacer más con lo mismo o con menos”; es decir, la perpetuación del atraso de nuestra plataforma de generación de conocimiento científico y tecnológico. La presidencia de Gustavo Petro representará la más segura garantía de la implementación de las reformas estructurales y urgentes que la educación superior colombiana está reclamando.

No sobra anotar que, las consecuencias de la continuidad de Uribe o del uribismo en el Ejecutivo se pueden desde ya anticipar al observar la actual iniciativa de reforma de la Ley 30 de 1992, dirigida al desmonte de su artículo 86, lo que permitiría asignar el presupuesto de la educación superior con fundamento en indicadores neoliberales, como el costo por estudiante. De esta manera se eludiría cualquier compromiso con el incremento real de la financiación pública de este nivel educativo.
Leer más...

26 de febrero de 2009

¿Réquiem por la Universidad de Antioquia?

En nuestro país el presupuesto nacional para 33 universidades públicas es de 1,7 billones de pesos de los cuales 8.550 millones corresponden al presupuesto de la Universidad Nacional con sus respectivas sedes, las 27 universidades públicas restantes se deben repartir los otros 8.500 millones. La seguridad democrática gasta 22 billones de pesos anuales equivalentes a 9 puntos del producto interno bruto y en contraste la educación superior recibe sólo 0,25% de dicho producto. En América Latina el presupuesto para la educación superior de Colombia ocupa el penúltimo lugar, solamente supera a Haití. Juan Guillermo Londoño, Jefe Departamento de Ginecología y Obstetricia, Facultad de Medicina Universidad de Antioquia.Seguir Leyendo.

Leer más...