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12 de noviembre de 2011

La historia del ratón y la gata


Cuenta Esopo en una de sus fábulas que eran muchos los ratones que cazaba cierta gata. Al fin, ya advertidos de sus trucos, ellos decidieron no bajar más de los sitios altos y esconderse donde ella no pudiera encontrarlos. No desmayó por esto la gata, sino que, fingiéndose muerta, se colgó por las patas de un madero que había en la pared. Asomándose desde su cueva, un ratón le dijo: "Es inútil que te hagas la muerta porque ya conocemos tus mañas y no pensamos movernos de aquí".

Esopo no cuenta cómo acabó la historia. Pero cuando la leí, pensé en la sabiduría de las fábulas. Cómo retratan la vida de los hombres. Porque, en otras palabras, eso fue lo que pasó hace una semana en Magangué, Bolívar, con otra célebre gata: Enilce López, una empresaria de apuestas detenida por la Fiscalía y condenada a nueve años de prisión.

Encerrada en su mansión de Magangué, con la casa como cárcel, por su estado de salud, esta mujer nacida en Sucre, que se ganaba la vida leyendo el Tarot y trabajando como prestamista, siguió agitando las elecciones desde su lecho de enferma. Sin embargo, sus candidatos y su maquinaria fueron derrotados por primera vez en muchos años por el candidato del Partido Verde, Marcelo Torres.

Torres sucederá en la alcaldía de Magangué a Arcesio Pérez, considerado el aliado más fiel de Luis Alfonso López, hijo de "la Gata" y su heredero político. Cuando López era alcalde, en 2006, la Fiscalía ordenó su captura por lavado de activos y el desvío de siete mil millones de pesos del sistema de salud a empresas de él y de su madre. Estuvo prófugo de la justicia por varios meses. Al final, la Procuraduría lo destituyó y lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos, pero gracias a una apelación, pudo terminar su mandato.

Marcelo Torres, el ratón que venció a la maquinaria de "la Gata", es hijo de un boticario y un ama de casa y está casado con una historiadora, con quien tiene dos hijos jóvenes.

Torres estudió primaria y secundaria en Magangué. En el colegio dirigió varios movimientos de protesta. Luego, estudió sociología en la Nacional, en Bogotá, donde se vinculó al Moir, y fue uno de los principales líderes del movimiento estudiantil de 1971.

Después, fue concejal y senador. Durante los últimos años ha sido militante del Polo. Después de ausentarse de su tierra por más de 30 años, en 2007 decidió volver y, desafiando el imperio de "la Gata", fue candidato a la alcaldía por primera vez, pero fue derrotado. En las elecciones de 2011, se presentó por el Partido Verde y, venciendo el miedo colectivo y los pronósticos, derrotó a sus rivales, al obtener 23.719 votos, un 48.96% del total. Se financió con contribuciones voluntarias.

La campaña fue accidentada. Según las denuncias de varios periódicos y de la MOE, grupos armados presionaron a los líderes en veredas y corregimientos para que votaran por Arsecio Pérez, del movimiento Apertura Liberal, apoyado por "la Gata" y su hijo. La MOE observó "una aberrante compra y venta de votos, que históricamente ha sido el delito más cometido en el municipio". Las víctimas fueron personas enfermas, con discapacidad cognitiva y ancianas que eran obligadas a votar en condiciones indignas para ellas. Otra de las modalidades usadas para presionar a los electores fueron los "pagadiarios", una forma de endeudamiento masivo promovida por los empresarios de apuestas. "A muchos habitantes de Magangué que estaban endeudados se les pidió que consiguieran votos a cambio de no volverles a cobrar la deuda", dijo Torres. El senador Juan Manuel Galán visitó la zona, habló con los habitantes de los corregimientos y dijo que recibió informes de primera mano de que había proselitismo armado.

Con el fin de enfrentar el fraude y la suplantación electoral, el Gobierno y la Registraduría implantaron en la ciudad la votación biométrica, con huella electrónica. También vigilaron en forma estrecha las centrales eléctricas de la Costa Atlántica, ya que en el pasado era normal que a la hora de la transmisión de datos se dieran cortes de la electricidad en Magangué, Cartagena, Carmen de Bolívar y otros municipios de la región.

Las primeras palabras de Marcelo Torres cuando habló ante la gente después de las elecciones fueron: "Somos libres". Cuando los periodistas le preguntaron: "¿Tiene miedo?", él respondió: "Siempre se tiene miedo pero tengo el compromiso de jugar completo este partido y lo estoy jugando".

Tomado de elcolombiano.com
Domingo 6 de Nov. 2011




Partido del Trabajo de Colombia
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29 de julio de 2011

La tragedia nacional

En el siguiente Link pueden ver el documental de Hollman Morris: Impunity, sobre la desmovilizacion de las Autodefensas y la Ley de Justicia y Paz en COLOMBIA.

http://video.radionetherlands.nl/view/?c=1153355&p=Facebook-embed

Duración: 32:23 minutos

El documental de Juan Lozano y Hollman Morris encuentra profundas dificultades para ser exhibido en Colombia. “En Colombia no hay censura, pero hay algo más grave: la autocensura”. “Impunidad” es el único documental que resume los últimos diez años de historia en Colombia. Su planteamiento es crudo y directo. Su prosa narrativa quiebra el silencio sobre los crímenes cometidos por los paramilitares, enseñando el dolor de las víctimas, que son más de la mitad de la población del país. Realizado por Juan Lozano y Hollman Morris, “Impunidad” ganó el premio principal del festival Movies that Matters, que tuvo lugar en marzo en La Haya, Países Bajos.
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24 de enero de 2011

Lo mejor que pudó hace EPM: suspender el proyecto Porce IV

Coca, extranjeros y vacunas en Porce IV

Por Germán Jiménez Morales
Tomado de El colombiano.com
Enero de 2011

La parálisis del proyecto hidroeléctrico Porce IV, en jurisdicción de Anorí, Amalfi y Zaragoza, no solo se debe al hecho de que la población por indemnizar se haya multiplicado más rápido que los conejos, al pasar, en escasos cuatro años, de 2.779 personas a 14.500. La historia de fondo es que la central de generación de energía amenaza el imperio que, a punta de cocaína, armas y extorsiones, disfrutan en la zona el Eln, las bandas criminales y, sobre todo, las Farc.

Según la Décima Cuarta Brigada del Ejército, dentro de las 15.366 hectáreas declaradas como de utilidad pública para esta obra, hay 1.771 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Eso equivale al 39 por ciento de las 4.553 hectáreas que Antioquia tenía sembradas en coca al final del 2009, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).

Si el embalse de Porce IV se fuera a llenar hoy, 371 hectáreas de la "mata que mata" quedarían sumergidas, mientras que en la zona de protección de ese espejo de agua permanecerían las restantes 1.400 hectáreas.

En el cultivo y producción de la pasta de base de coca está el negocio más lucrativo que tienen las agrupaciones al margen de la ley. El poder mayor es de las Farc, con su frente 36, al mando de alias "Anderson". Un organismo estatal de inteligencia estima que este hombre alimenta las finanzas de las Farc con 18.000 millones de pesos mensuales. De ellos, 10.000 millones de pesos están ligados al narcotráfico, 4.000 millones vienen de la extorsión a mineros y los otros 4.000 millones salen de vacunas a ganaderos, comerciantes y demás actividades productivas.

Tremendo botín. Para probarlo bastaría recordar que en 2010 el accionar del Ejército Nacional redujo en 10.000 millones de pesos las rentas ilegales de los grupos armados que delinquen en Antioquia, según balance oficial de seguridad presentado por el Gobernador (e), Andrés Julián Rendón, el pasado 5 de enero.

La plata entra a chorros a las organizaciones ilegales que operan en la zona de influencia de Porce IV y por vías que tiene bien monitoreadas el coronel Edgar Ferruccio Correa Coppola, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Puerto Berrío.

A una estación de gasolina llegan a vacunarla con 20 millones de pesos mensuales. Cada entrada del carrotanque con combustible se cobra a razón de 4 millones de pesos. Cada retroexcavadora dedicada a la minería cancela 20 millones mensuales y de 27 máquinas contabilizadas apenas siete aparecen con registro de sus propietarios. De los 40 a 50 millones de pesos semanales que deja una retroexcavadora, el 10 por ciento se reparte por mitades entre el Eln y las Farc. En localidades como Tenche y Trozos, de Anorí, un kilo de pasta de base de coca se vende en 2,2 millones de pesos, valor que en Medellín sube a 3,2 millones de pesos.

"Es todo un machete y está a cinco kilómetros de Porce IV", anota el coronel Correa Coppola, quien ante entradas ilegales como estas se explica por qué a la guerrilla le resulta relativamente fácil multiplicar también el número de sus hombres.

Con la sola extorsión a las retroexcavadoras se obtienen, de lejos, los 60 millones de pesos que, calcula, cuesta montar y sostener una cuadrilla de 10 hombres armados y remunerados con 600.000 ó 700.000 pesos mensuales.


"Llenen eso"

La construcción de Porce IV, además, podría convertirse en un obstáculo dentro del estratégico corredor de drogas y armas que conforman el Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, usado para llevar el alcaloide a las zonas costeras y, de allí, a los mercados internacionales.

Diego Corrales Jiménez, experto en seguridad ciudadana, indica que aquí se mezclan varios objetivos, porque ni a los narcotraficantes, ni a la guerrilla, ni a las bandas criminales les convienen estos proyectos por tres razones: Los desplaza de los lugares de cultivo, porque llega más presencia del Estado; los deja sin mano de obra para el procesamiento de cocaína, y les corta los corredores estratégicos, no solo para cultivo, producción y manufactura, sino para el transporte.

Siendo así, cobra sentido la orden que altos mandos de las Farc le habrían dado a alias "Pájaro" para que "inunden eso abajo", o sea los terrenos de Porce IV, según interceptaciones de llamadas por parte de organismos de inteligencia estatal.

Alías "Pájaro" es un guerrillero, menor de 30 años, convertido en el mandamás de Anorí, en donde nada se mueve sin su consentimiento. Es experto en explosivos, patrulla en compañía de alias "Julio Mena" y tiene fama de ser cruel con la fuerza pública, dicen investigadores, quienes añaden que ambos cabecillas y alias "Yuri" hacen reuniones mensuales con pobladores de las veredas de Anorí, en donde analizan el censo de personas que han llegado a la zona, adoctrinan, intimidan con su armamento y dan cátedra de cómo oponerse a la sustitución de cultivos ilícitos.

Agustín Tobón Gil, representante del Consejo Mayor Comunitario AZA, que lleva la vocería de las familias y empresarios afectados por Porce IV, comenta que tuvo que rendirle cuentas a "Pájaro".

"Usted está vacunando más que nosotros", le habría dicho el guerrillero, a quien le llegó el rumor de que Tobón Gil y otros dos directivos estaban recogiendo, cada uno, 8 millones de pesos mensuales de sus representados, mediante una cuota de 5.000 pesos. El dirigente sacó el libro de contabilidad, mostró que 3.000 pesos van para los gastos del líder de cada uno de los 80 grupos que manejan y los 2.000 pesos restantes para los gastos de AZA. Y, aclaró, no se cobra sobre las 14.500 personas que, se dice, estarían legal e ilegalmente en terrenos de Porce IV, sino sobre 2.400 que son cabeza de familia. Muchos no pagan y por ello le ha tocado sacar de su propio bolsillo entre 10 y 12 millones de pesos para cubrir gastos varios.

"Pájaro quedó tranquilo, pero también lo clavé muy feo. Le dije que toda organización que se respeta necesita cómo financiarse, ¿o no? Si no, entonces que no siga cobrando vacunas por aquí a la gente", añadió el líder comunitario.

Ese evidente control territorial, sumado a las interceptaciones telefónicas, llevó a un organismo estatal de inteligencia a enviar a la zona de Porce IV a un grupo de agentes para constatar si era cierto que las Farc habían traído asesores extranjeros para sabotear el proyecto hidroeléctrico.

Los investigadores estuvieron, del 12 al 16 de mayo de 2010, en las veredas Limón, La Manguita, Naranjal y El Chispero. En ese recorrido, y custodiados por el Ejército, dieron con cinco extranjeros: tres brasileños, un venezolano y un ecuatoriano. Estos dos últimos, dicen los agentes, encajaban en el perfil de "ideólogos" y expertos en organización de comunidades. El venezolano, en particular, se movía con regularidad entre su nación y Colombia.

A los presuntos mineros, que habían venido a buscar un mejor futuro en Porce IV, les faltaban papeles, no habían especificado al entrar al país qué venían a hacer o estaban empleados en una actividad distinta. A un brasileño y al venezolano les entregaron el acta de deportación, el 17 de mayo, mientras que al ecuatoriano y a los otros dos brasileños los expulsaron del país entre el 17 y el 18 de mayo.

A los investigadores les dio mala espina el diálogo que tuvieron con uno de los brasileños:

"¿Usted a qué vino a la vereda el Chispero?".

- "A probar suerte en la minería".

"¿Y en qué tipo de minería?".

- "En la de cielo abierto".

"Pero aquí no hay de eso. Aquí la mina es el río... dígame de verdad a qué vino, o lo deporto".

Descubierto en su mentira, el hombre cerró la boca y se resignó a la deportación.
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30 de septiembre de 2010

La sin salida de las Farc

Por Jaime Vargas Ramírez
Tomado de polog.blogsome.com

Que gran distancia hay, cronológica y políticamente hablando, desde que aparecieron las Farc en 1.964. En esa época, el socialismo a la ofensiva, se anotaba importantes triunfos a nivel mundial. Cuba iniciaba su revolución; Viet Nam resistía con éxito la máquina de guerra desplegada por USA; China y la Unión Soviética alimentaban conatos de revolución en todo el orbe. En América Latina tenían encuentro toda clase de guerrillas: maoistas , troskistas, prosoviéticas, procubanas. África rompía por doquier las cadenas coloniales. Los hippies en Norteamérica protestaban contra la guerra, hacían el amor y fumaban marihuana. Los negros, con Martín Luther King a la cabeza, luchaban por la igualdad de razas. En Europa se conoció el “Mayo Frances”. Se respiraba revolución y antimperialismo. Se desarrollaba una enconada lucha entre el capitalismo y el socialismo y este último avanzaba mientras el capitalismo retrocedía. Era una confrontación ideológica, política y militar a nivel planetario.

A los estudiantes de Colombia nos interesaba más protestar en la calle contra la exclusión del Frente Nacional y las políticas educativas y pro imperialistas, que sacar un diploma. Nos gustaba leer más la propaganda recibida de Moscú, Pekín y La Habana que la historia patria; los revolucionarios más comprometidos y los más alborotados, se iban a entrenar tiro al blanco en Cuba y otros viajaban hasta oriente por yuanes y por rublos; los campesinos recuperaban tierra desalambrando latifundios y los obreros cosechaban éxitos en sus reivindicaciones. Se respiraba revolución, el ánimo de las masas propendía por el combate, toda autoridad fue puesta en duda, patas arriba, había un norte, una intención, una utopía.

Pero todo cambia, decía Heráclito mucho antes que Marx. Y la lucha de clases con su dinámica, le dio un vuelco a todo. El bloque comunista se dividió, la Urss voló en mil pedazos y la China de Mao pasó del tercer mundo al primero y del socialismo al capitalismo, en chicha calma. Entonces el capitalismo emergió como el ave fénix en el campo socialista, pero más ávido y rapaz. Las mafias rusas superaron a las italianas y a las gringas en crueldad y el capitalismo salvaje inicia una contra revolución cultural en el país más poblado del mundo. Hasta un negro manda hoy en la Casa Blanca.

Los primeros gobiernos proletarios que antes se entendían con los partidos de su clase empezaron a hacerlo con todos los gobiernos sin importar su ideología, y dejaron a la deriva a sus seguidores en el mundo. Conectó así el “nuevo capitalismo” surgido de la entraña proletaria, con el de occidente para iniciar una época de capitalismo global, nunca antes conocida, que devora los recursos naturales del planeta y esclaviza la raza humana. En otras palabras, el capitalismo pasó a la ofensiva y el socialismo a la defensiva.

En Latinoamericana se desactivaron las guerrillas, no todas en Colombia. Los partidos de avanzada de la región que asimilaron el golpe, adecuaron la táctica a la derrota estratégica sufrida y entendieron que para enfrentar a la potencia ganadora de la colosal batalla librada, había que replantear la lucha frontal que se libraba por una lucha en el terreno del ganador, en el terreno de la democracia burguesa triunfante porque el campo socialista había dejado de existir.

Esa izquierda nueva que tomó distancia con los centros mundiales del socialismo, entre otras cosas, por las infamias ocurridas detrás de la “cortina de hierro” a nombre de la dictadura del proletariado, entendieron que la cosa era más amplia y el blanco más reducido para poder resistir el embate y conformaron movimientos más heterogéneos, más democráticos, menos dogmáticos. Hoy gobiernan con agenda propia en varios paises de la región y constituyen lo más avanzado en la resistencia global contra el capitalismo salvaje.

Guste o no, los gobiernos democráticos y nacionalistas que han emergido en los últimos años en Latinoamericana constituyen, por el momento, el más grande dique contra la pretensiones hegemónicas de las superpotencias y de las multinacionales en la región. Se reúnen en UNASUR para discutir sus problemas sin la batuta de los gringos y le embolataron el ALCA mientras negocian con otros paises en pie de igualdad.

Pero las Farc y el Eln no se dan por notificados de los cambios acaecidos. Atados al pasado y sumergidos en la jungla, trocaron los argumentos políticos e ideológicos por la militarización de la ideas y apostaron al todo o nada. Ya sin el apoyo material y moral de la revolución mundial que en entraba en retroceso, le apostaron a cobrar caro la derrota utilizando el terror y el narcotráfico como instrumentos predilectos para conseguir sus fines.

No habiendo condiciones para la conquista del poder por las armas y en vez de reconocerlo como otras guerrillas lo hicieron en el continente, al contrario, han querido en forma absurda mantener una guerra injusta que ya acusa gran desgaste y degradación. Como el pueblo que dicen defender no los sigue entonces lo secuestra, lo extorsiona, lo humilla, lo asesina. Y como ya no llegan apoyos del extranjero, pues el narcotráfico resuelve el asunto. Ganar en la negociación lo que no pudieron con la guerra es su última carta, pero en el Caguán desaprovecharon su mejor oportunidad y traicionaron las expectativas creadas para darle paso a una seguidilla de derrotas políticas y militares.

Están entrampados, se levantaron en armas para conquistar el poder pero cincuenta años no han sido suficientes para que entiendan que se les acabó el tiempo, siguen en armas a sabiendas de que están perdidos; hablan de paz pero hacen la guerra y, cuando dialogan con el establecimiento, quieren ganar en la mesa lo que no pudieron en la selva. Sobre la insurrección Marx dijo que jamás se debe jugar a ella, a menos que se esté completamente preparada para afrontar las consecuencias del juego.

Cada acción guerrillera aumenta el odio de los colombianos y cada acción militar en su contra los hace más vulnerables; mejor dicho: malo si combaten y malo si no lo hacen. Lo único que les queda es aceptar la realidad, ¡que han perdido! Y, entre más se demoren peor, para ellos, para la izquierda democrática y para el país, porque más se prolonga el conflicto. Es posible que Alfonso Cano, con más ilustración, entre en razón y se atreva a dar el paso para ganar así una segunda oportunidad sobre la tierra.

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“Para poder triunfar, la insurrección debe apoyarse no en una conjuración, no en un partido, sino en la clase más avanzada. Esto en primer lugar. La insurrección debe apoyarse en el auge revolucionario del pueblo. Esto en segundo lugar. La insurrección debe apoyarse en aquel momento de viraje en la historia de la revolución ascensional en que la actividad de la vanguardia del pueblo sea mayor, en que mayores sean las vacilaciones en las filas de los enemigos y en las filas de los amigos débiles, a medias, indecisos, de la revolución. Esto en tercer lugar. Estas tres condiciones, previas al planteamiento del problema de la insurrección, son las que precisamente diferencian el marxismo del blanquismo”. (V.I. Lenin)
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3 de junio de 2010

Los idiotas útiles

Excelentísimo presidente
de la República de Colombia
Don Alvaro Uribe Vélez

Señor Uribe, Perdone la molestia. Me tomo el atrevimiento de hacerle llegar estas líneas atento a la airada reacción que han tenido usted y altos funcionarios de su gobierno ante la difusión pública que ha tenido el testimonio del mayor retirado de la Policía Nacional Juan Carlos Meneses Quintero (foto). Como usted sabe, el mayor Meneses acusó a su hermano menor, Santiago Uribe Vélez, de armar y dirigir a un grupo paramilitar en los años ‘90. El testimonio también lo salpica a usted, ya que según el testigo usted estaba al tanto y/o apoyó dichas actividades.

Disculpe que me haya dado por aludido el jueves pasado cuando usted tildó de “idiotas útiles” a los activistas por los derechos humanos Adkfo Pérez Ezquivel y Javier Giraldo que facilitaron el testimonio en Buenos Aires y a los periodistas del diario The Washington Post que lo difundieron en Estados Unidos. Es que yo presencié ese testimonio, y ese testimonio salió publicado primero en este diario.

Entonces quería escribirle para darle la tranquilidad de que la entrevista con Meneses y su testimonio se publicaron porque son de un valor periodístico innegable y no por otra razón. Usted dijo que quienes difundimos el testimonio de Meneses fuimos serviciales a los intereses de los narcoterroristas. Pero no fue por el accionar psicológico de los narcos que la noticia tuvo tanta difusión en Colombia. Después de ocho años de Seguridad Democrática no me va a decir que, además de Página y el Post, las FARC manejan también a los medios colombianos, incluyendo el multimedios propiedad de la familia de su excelentísimo señor vicepresidente. Sin embargo, todos se hicieron eco de la noticia.

Es que, señor Uribe, vamos, hay que decirlo, sobre su hermano Santiago pesa un estado de sospecha. El testimonio de Meneses no cayó del cielo. Se inserta en un contexto que es bueno recordar. Su hermano es un importante hacendado de Antioquia, donde prácticamente nacieron las bandas paramilitares, y muy cerca de la finca de su hermano operó un sanguinario escuadrón de la muerte conocido como los Doce Apóstoles. Es bien conocido, usted lo sabrá, que los escuadrones paramilitares fueron creados por hacendados y empresarios para combatir con métodos ilegales la guerrilla y la delincuencia, y que esos grupos se vincularon con fuerzas militares y de seguridad a través de los políticos locales. En los tiempos de los Doce Apóstoles usted fue senador por y luego gobernador de Antioquia. La estrategia de los paramilitares de aliarse, o para usar un término suyo, “penetrar” la clase política colombiana fue muy exitosa. Si lo sabrá usted: cerca de un tercio del Parlamento y varios gobernadores y alcaldes, incluyendo su primo Mario, están presos o bajo proceso por sus vínculos con los paramilitares. Casi todos son o fueron aliados suyos.

Volviendo al estado de sospecha que pesa sobre su hermano, no es que simplemente estaba en el momento justo, en el lugar justo, y en las condiciones ideales como para gestar y financiar una formación paramilitar. Seguramente no todos los hacendados asediados por la guerrilla en los ’90 respondieron a la amenaza con escuadrones de la muerte. Hasta es posible imaginar que los Doce Apóstoles hayan limpiado a los enemigos de Santiago y (de los demás hacendados) de gusto nomás, por iniciativa propia. Pero hay más.

Santiago Uribe ya había sido investigado dos veces como presunto cabecilla de los Doce Apóstoles, por la Fiscalía de Antioquia en 1998 y por Fiscalía General en el 2002. En ambos casos se dictó una falta de mérito o auto inhibitorio, como dicen ustedes allá, porque las fiscalías consideraron que no había suficientes pruebas para procesar o sobreseer a su hermano. El año pasado el dirigente opositor Gustavo Petro intentó abrir una investigación parlamentaria por el mismo tema pero no consiguió suficientes votos. Usted dirá: lo investigaron dos veces porque los fiscales son idiotas útiles del narcoterrorismo, y lo acusaron en el Congreso porque el narcoterrorismo penetró la bancada parlamentaria del Polo Democrático.

De hecho el testimonio de Meneses corrobora los dichos de un testigo de identidad reservada que figuran en el expediente judicial de los crímenes de los Doce Apóstoles. El testigo secreto sería un agente que habría servido de nexo entre la policía local y los paramilitares. Meneses era el jefe directo de este testigo y el responsable de la seguridad de toda la zona, amén de un oficial de alto rango de la institución policial. Dada la situación en que se encontraba, bajo cualquier parámetro de razonabilidad, hay que admitir que se trata de un testigo clave.

Y como bien apuntó el fiscal general de su país, Guillermo Mendoza Diago, al ser consultado sobre la situación de su hermano hace un par de días: “Cuando hay resoluciones inhibitorias y sobreviene una prueba, la obligación del funcionario correspondiente es revocar dicha resolución e iniciar una investigación según lo que amerite esa nueva prueba”. De sus dichos se desprende que Mendoza Diago reabriría la investigación de su hermano, sumándose así a su extensa lista de idiotas útiles al servicio del narcoterrorismo. Le recuerdo que Santiago Uribe nunca ha sido juzgado aún por los crímenes de los Doce Apóstoles, por lo que su derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo cimen está prácticamente garantizado.

Está bien, es cierto, su hermano y su vicepresidente se encargaron de recordar esta semana que Meneses había sido pasado a retiro por problemas legales y/o disciplinarios, dando a entender que es un testigo poco confiable. Yo lo entrevisté y le confieso que no le compraría un auto usado. Pero Meneses cobraba la pensión militar, sus causas judiciales se habían archivado y tenía un negocio informático que andaba bien. Todos sus afectos están en Colombia.

¿Qué necesidad tenía de exiliarse, pasar a la semiclandestinidad y autoincriminarse a riesgo de pasar años en la cárcel? ¿Qué necesidad tenía de confesarle a sus hijos que él es un asesino que mató y mandó a matar por orden de Santiago Uribe? ¿Todo eso por un puñado de dólares de los narcos? ¿Dónde y con quién iba a disfrutar ese dinero?

¿Y cómo hizo Meneses para convencer a los idiotas útiles de Naciones Unidas de que le dieran status de refugiado en Venezuela porque su vida corría peligro en Colombia? ¿Los miembros de los Doce Apóstoles que han muerto en circunstancias poco claras en los últimos años, se hicieron matar a propósito, para que Meneses tuviera una excusa para escaparse del país?

Qué sé yo. Hay que reconocer, señor presidente, que su jefe de Policía, el general Oscar Naranjo, estuvo rápido de reflejos. No bien salió publicado mi artículo citó al coronel Benavídez, ex jefe directo de Meneses, para un interrogatorio. Meneses me había dicho que tiene una grabación secreta de Benavídez donde el coronel avala la denuncia contra su hermano y contra usted. La cosa es que Naranjo salió del interrogatorio del coronel con un hallazgo: el testimonio de Meneses había sido comprado por un grupo narco llamado “los cambas”. El coronel no hizo declaraciones pero no importa: con lo que dijo Naranjo alcanzó para que usted, su hermano, su vice y su candidato en las elecciones de hoy salieran a difundir la idea de que Meneses es un agente del narcoterrorismo.

Lo que no termino de entender es lo que dijo su hermano. Explicó que el testimonio de Meneses fue armado para influir en la campaña electoral. Pero resulta que mientras su candidato se cansó de hablar del tema, el principal candidato de la oposición lo ignoró por completo. Entonces, más que de idiotas útiles habría que hablar de idiotas

inútiles, porque instalamos un tema en la agenda mediática supuestamente para perjudicarlo a usted, señor presidente, pero el tema lo termina capitalizando su candidato, el candidato oficialista.

Ojo que a mí no me molesta. Siempre digo que bastante difícil es hacer periodismo como para querer cambiar el mundo. Si la información vale, lo que se haga con ella o se deje de hacer ya no es mi problema.

No hace falta que diga que considero a su hermano inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso se da por descontado. Tampoco me compro todo lo que dijo Meneses, aunque todo lo que dijo me resulta creíble por el contexto antes mencionado. Pero me parece que no se puede negar que se trata de un testigo clave. Acusa a su hermano de asesino y a usted de cómplice. Dice que estuvo reunido con Santiago Uribe en presencia de otros testigos “unas cinco o seis veces”. Aporta datos sobre hechos, nombres y lugares en minucioso detalle, datos que podrían ser corroborados con inspecciones oculares, careos, documentos y demás diligencias judiciales para saber si dice o no la verdad. Ya verá el fiscal si conviene reabrir la causa.

Si no, hay otras instancias a las que tanto su hermano como los familiares de las víctimas de los Doce Apóstoles pueden acudir en busca de justicia. Usted sabe que tanto la fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica han realizado visitas a Colombia durante su mandato e informado sobre serias deficiencias en el funcionamiento de la Justicia de su país, sobre todo en zonas de conflicto. Es un mandato del derecho internacional que cuando las condiciones no están dadas para llevar a juicio a personajes importantes en un determinado país, las cortes internacionales tienen la obligación de intervenir y juzgar a los acusados.

Convengamos que su decisión de extraditar a Estados Unidos a los principales jefes paramilitares justo cuando empezaban a revelar sus contactos con políticos y militares no dejó muy bien parada a la Justicia colombiana. No es un detalle menor que la Corte Suprema recién se enteró de las extradiciones cuando los paras ya estaban arriba de un avión en vuelo a Florida.

Por todo lo antedicho, señor presidente, permítame la osadía de ofrecerle un consejo. Me parece que en casos como éste no conviene sacar conclusiones precipitadas sobre la salud mental de quienes difunden ciertos testimonios. Es posible que algunos no sean tan idiotas como usted piensa.

Saludos.
sodonnell@pagina12. com.ar
Tomado de Página 12 Domingo 30 de mayo de 2010, Argentina.
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Las confesiones de los García

Su tío bisabuelo, el general Laureano García, fue senador y participó en la Guerra de los Mil Días en las filas del ejército conservador, aunque corre la versión familiar de que su acción más destacada fue haberse quedado dormido en vísperas de la batalla de Palonegro; su abuelo, Julio César, fue historiador, rector de la Universidad de Antioquia, fundador de la Universidad La Gran Colombia en Bogotá y director de El Colombiano; sus padres, Carmenza Fernández y Antonio García, abogados, vinculados al mundo académico, de raíces godas él, y liberales ella. La cuarta generación de la estirpe García, Juan Rodrigo y Carlos Mauricio, quedó atrapada en la espiral de violencia del paramilitarismo.

Hermanos inseparables, confidentes y depositarios de los secretos mejor guardados de los azarosos pasos de las autodefensas, recorrieron vidas paralelas en la barbarie desatada por los ejércitos privados que se reciclaron desde la década del 80. Juan Rodrigo, como asesor de Carlos Castaño Gil, en las postrimerías de su comandancia, y de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, durante el proceso de desmovilización del bloque Élmer Cárdenas. Carlos Mauricio hacía rato que exhibía un alias, Rodrigo Doble Cero, él sí en armas, ex secretario personal de Fidel Castaño, ex miembro de Los Pepes, epiléptico y ex militar.

Sus versiones, consignadas en un expediente conocido por El Espectador y en un libro reciente publicado por Aldo Cívico, cobran relevancia porque retratan la tenebrosa vorágine de las mafias que infiltraron el Estado, desangraron a destiempos media Colombia, corrompieron todo cuanto tocaron sus brazos asesinos bajo la consigna antisubversiva e implantaron regímenes siniestros que gravitaron alrededor del narcotráfico. Carlos Mauricio o Doble Cero sobrevivió en los avatares de la ilegalidad desde 1989 hasta mayo de 2004. Cinco balazos en su cabeza segaron su vida, no así sus memorias que entregó personalmente y vía correo electrónico a Aldo Cívico y que quedaron consignadas en el libro Las guerras de ‘Doble Cero’.

Su hermano, Juan Rodrigo, filósofo de la Universidad de Antioquia y doctor en filosofía política de la Universidad de Barcelona, logró capotear la orden de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, de asesinarlo a como diera lugar, como lo hizo con Doble Cero. Su nombre y sus delaciones son parte de la columna vertebral del proceso seguido por la Fiscalía en contra de José Miguel Narváez, el cuestionado ex subdirector del DAS, señalado cerebro del escalofriante episodio de las ‘chuzadas’ y, según ex jefes paramilitares, ideólogo de la casa Castaño. Juan Rodrigo contó que conoció a Carlos Castaño a mediados de 1999, en la finca La 21, en San Pedro de Urabá, pero que sólo hasta 2002 lo asesoró en temas de Derecho Humanitario.

Según relató, en 1998 conoció en Bogotá a José Miguel Narváez, quien le fue presentado por el general (r) Rito Alejo del Río —también detenido— en la Brigada XIII. En ese entonces, Juan Rodrigo García coordinaba un seminario de democracia y paz en la Universidad de Antioquia y Narváez le dijo que a través de una fundación que él dirigía y que pertenecía a la Brigada XX de inteligencia del Ejército, RMB, estaba apoyando dicho encuentro. El seminario era dirigido por Alfonso Monsalve Solórzano, profesor de filosofía de la Universidad de Antioquia. De acuerdo con García, en el primer semestre de 1999 volvió a encontrarse a Narváez en una conferencia para empresarios en Medellín a la que asistió Carlos Diez, presidente de las Convivir en Antioquia.

García manifestó que supo que Narváez le giró al profesor Monsalve, a través de la fundación que lideraba, US$2.000 mensuales durante su estadía en España. Desde entonces, el hermano de Doble Cero sospechaba que actividades académicas de la Universidad de Antioquia “podían ser parte de actividades de inteligencia del Ejército”. En dicho encuentro, Narváez le habría dicho que le interesaba mantener una relación con él pues sabía que su hermano era Doble Cero y que, si quería, “podría ayudarme preparándome, como lo había hecho con líderes de las Auc de Puerto Boyacá”. La tercera referencia que hizo de Narváez fue más específica, al mencionar que lo vio en la finca de Carlos Castaño dos días después del asesinato de Jaime Garzón, en agosto de 1999.

Narváez lo saludó muy cortésmente, narró. Castaño le preguntó a García qué pensaba del homicidio. Fue una estupidez, le contestó. “Inmediatamente Castaño miró al doctor Narváez, quien argumentó que Garzón era un guerrillero, que se beneficiaba de los secuestros que mediaba y que se había robado $600 millones simulando un accidente de tránsito”. Enseguida, prosiguió, desayunaron y al poco tiempo Narváez, y al parecer varios miembros de inteligencia del Ejército que lo acompañaban, se retiraron. No sin antes, supuestamente, analizar una lista de personas a asesinar en caso de que la guerrilla reaccionara. Uno de los nombres ventilados habría sido el de María Teresa Uribe, profesora de la U. de Antioquia

En su largo testimonio entregado a la justicia, Juan Rodrigo García añadió que protestó por la lista negra y que por ello nunca más fue invitado a las reuniones de Castaño con Narváez. En una ocasión, el comandante de las autodefensas lo visitó en su finca para contarle que presuntamente Narváez venía de parte del Alto Gobierno para concretar aspectos de un proceso de paz. Fue en el año 2002. Según dijo García, le manifestó a Castaño que las autodefensas nunca iban a ser reconocidas como grupo político y que debían buscar una norma que permitiera la desmovilización de sus miembros sin darles estatus político a los paramilitares. Por terceras personas, se enteró de que Carlos Castaño le habría pedido a las autoridades la cacería del narcotraficante Gabriel Puerta, que asesoraba a las autodefensas en Puerto Boyacá.

También contó que cuando Castaño escribió el libro Mi confesión, le envió varios capítulos por internet para que se los comentara, que a comienzos de 2004, en su última charla, le pidió que nunca le mentara a Narváez, pues “era lo peor de la caverna”, en referencia a que era de extrema derecha con un discurso sobre un supuesto complot internacional de comunistas y masones para destruir la democracia. Detalló que intervino en varias ocasiones para que Castaño no asesinara a estudiantes de la U. de Antioquia; que su hermano Doble Cero le contó que Narváez tenía mucha influencia en el Ejército “pues nadie que no pasase por su filtro en la Escuela Superior de Guerra podía llegar a ser general”; y que se negó a ser vocero de las Auc en el proceso de paz.

Y soltó esta perla: que Carlos Castaño se enfureció con los sicarios de la banda La Terraza de Don Berna, que ejecutaron el crimen de Garzón, pues había dado la orden de desaparecer el arma, un revólver calibre 38, pero el encargado de esta tarea la empeñó a cambio de dinero. También ahondó en la estrategia ‘para’ de desplazar comunidades raizales en el Urabá chocoano para que empresarios desarrollaran proyectos de palma africana y cómo su hermano, Doble Cero, ingresó 200 hombres de las autodefensas, transportados en helicópteros oficiales, para que desarrollaran la ‘Operación Génesis’ en 1997. Por esta acción está enjuiciado el general (r) Rito Alejo del Río.

En sus confesiones, conocidas por El Espectador, relató que en una ocasión Castaño le dijo que empresarios del Valle llegaron a su campamento para solicitarle la creación de un grupo en el sector de Florida y Pradera, en el año 2000. “Carlos me dijo preocupado que un patriarca de los empresarios le había respondido ante la propuesta que si ellos no tenían un narquito que financiara eso”. Tras desempeñarse como consultor de una organización con sede en Ginebra (Suiza), Juan Rodrigo García se embarcó en la empresa de asesorar al bloque Élmer Cárdenas. Entonces su hermano ya había montado rancho aparte con el bloque Metro y Don Berna pagaba $5.000 millones por su cabeza. Doble Cero repudiaba que un ‘narco’ purasangre como Don Berna fuera inspector de los ‘paras’.

Tomado de El Espectador 17 de abril de 2010
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16 de febrero de 2010

Metrallo

Por: Alfredo Molano Bravo

QUIZÁ FUE LA CERCANÍA DE LOS JUEgos Suramericanos que se realizarán en la ciudad en marzo próximo, quizá la cercanía de las elecciones legislativas y las presidenciales, quizás un mero afán evangélico, las razones escondidas que llevaron a un grupo de ciudadanos notables —la palabrita es peligrosa— a tratar de acordar una tregua con las 2.000 bandas que, se dice, oficialmente existen en Medellín.

Las empresas que harán buenos negocios alrededor de los juegos —construcción, turismo, transporte, bares, tiendas de moda— hicieron cuentas y se unieron a la iniciativa: una ciudad donde en un solo mes hubo 1.800 muertos no tiene —como dirían— presentación. Con tal imagen pública los cálculos se van al suelo. Razones de economía simple. Las elecciones también cuentan. Sergio Fajardo es candidato a la Presidencia —con serias opciones— y su nombre está asociado a obras vistosas y útiles de servicio público. Las cifras rojas le mueven la silla a su heredero, Alonso Salazar, y de paso arrastran la imagen de buen muchacho que tiene Sergio. Dirán en el alto Gobierno: ¡A Fajardo hay que pararlo! No sólo agitando las cifras de muertos, robos, extorsiones, sino metiendo la mano en la pelea de unas bandas contra otras al ofrecer recompensas a estudiantes por delación. Así, la imagen de un Medallo ensangrentado jugará contra Fajardo. La Iglesia, sin duda, ha visto la tragedia. Conozco a monseñor Giraldo y sé de su fe, y de su buena fe, y creo que nunca ha dejado de buscar la paz porque sabe cómo se alimenta la guerra y quién lo hace.

El gobierno de Uribe se comprometió con los esfuerzos del grupo de notables. Después sacó la mano cuando estrategas electorales de Gobierno advirtieron el error. Frank Pearl es, como algunas mujeres, un hombre “fácil”. Uribe desautorizó la comisión de notables, que ya había logrado una tregua y un acuerdo de distensión entre los jefes principales de las bandolas de las comunas. A Uribe le han funcionado la guerra y la sangre como estrategia electoral. Así que, ordenó, los 20.000 muchachos armados que controlan Medellín deben ser reducidos a bala. El esquema es el mismo que usó contra las guerrillas desde 2002 y que, con astuta paciencia, arma contra Venezuela. Como se sabe hoy, los Héroes de Don Berna y los Héroes de la Oficina de Envigado fueron grupos de las Auc que entregaron los uniformes que estrenaban para la ceremonia, y claro —¡cómo no!—, unas pocas armas a cambio de plata contante y sonante pagada mes a mes. También les dieron otras gabelas: un par de talleres de relaciones públicas y la transformación de sus combos en ONG. El engatuse duró mientras duró la plata. Entonces, el plan cambió: soltaron los combos a hacer su ley. Y la impusieron. Muchachos acostumbrados a “tirar pinta”, comer bien, ayudarle a la mamá y beber fino —y, para ajustar, desempleados—, pues a la de siempre: al rebusque con la pala, con la pistola, con la metra.

Los combos son jerárquicos, los mandos se ganan matando y se alimentan cobrando impuestos, vacunas, extorsiones —o como se llamen—, y para hacerlo hay que controlar territorios calle por calle, casa por casa, comuna por comuna. Sin duda, parte de la red es de estupefacientes al detal, pero la gran estructura es la de la extorsión sobre todo negocio, desde la chaza hasta el supermercado —una forma de seguridad, digamos, plebeya—. Más allá, cobran a los contratistas de obras públicas, y no pocos son contratistas. Así se constituyen en autoridad e imponen su ley. El Gobierno las sindica de ser organizaciones de la mafia y sin duda tienen negocios con ella. Una vez definidas como narcotraficantes, a los muchachos se les puede aplicar todo: ley de fuga, falsos positivos, extradiciones. Y sobre todo, administrar el orden público —que no es controlarlo— en función de los intereses políticos y electorales del Gobierno. Razón por la cual se esconden las raíces sociales del problema, que son las que, sin duda, el grupo de notables ve. Una cosa es tratar de resolver el problema, y otra, utilizarlo. Dos modos distintos de gobernabilidad.
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Los bio-combustibles y el bio-paramilitarismo: La culebra de dos cabezas

En la Finca Palo Alto afiliarse a un sindicato es el pasaporte para que a uno le llenen el cuerpo de plomo. De los 200 trabajadores y trabajadoras que hay en la finca, 185 decidieron sindicalizarse y por esa razón fueron reprimidos a balazos por un grupo de matones al servicio de la empresa. Entre ellos hay tres mujeres embarazadas.

“¡Salgan que venimos a matarlos! ¡No se escondan!”, vociferaron los mercenarios de la Palma, y luego comenzaron a tirar. Dispararon a cara descubierta, desafiantes, desde la arrogancia de quien sabe que en Colombia la impunidad alimenta las armas y la cacería de sindicalistas está abierta todo el año.  
 
Cuando los trabajadores decidieron afiliarse al Sindicato, el pasado 23 de diciembre, los sindicalistas asesinados en Colombia en 2009 sumaban 37, y de ellos 16 eran dirigentes. Siete de cada diez sindicalistas asesinados en el mundo, en ese año, eran colombianos.
 
Para los sectores oligarcas el que entra a un sindicato: “se jodió”. Es un hereje en la tierra santa del neoliberalismo, un terrorista para el fundamentalismo de mercado, y esto explica por qué en los últimos 23 años han sido asesinados en Colombia 2.708 sindicalistas.

 
Plantación adentro, Estado afuera
La República de la Palma

Cuanto más avanzan las plantaciones, más profundo y solitario se contempla el socavón verde de la palma, donde el Estado se paraliza y desvanece. Un vértigo extraño le impide aproximarse y mirar. Sin embargo, hay veces que tras un enorme sacrificio, el Estado logra acercarse al borde de ese abismo, pero el pobre no puede abrir sus ojos.
 
Los mayorales de la Palma saben que al Estado y al gobierno se le aflojan las piernas en la plantación, por eso la gente allí podrá encontrar un trabajo, pero de seguro no encontrará un solo derecho.
 
No es casualidad que los trabajadores que ocupan la finca de Palo Alto estén reclamando el pago de salarios, primas, cesantías, los intereses de esas cesantías, el subsidio familiar y siete años de cotización al seguro social.
 
Estos esclavos modernos ganan en promedio 230 dólares, unos 30 dólares por debajo del salario mínimo. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en Colombia se necesitan dos salarios mínimos para que una familia no se muera de hambre.  
 
Es muy difícil entender cómo en esas condiciones feudales de trabajo y de extrema violencia, el desarrollo de la Palma Africana favorecerá el progreso de la gente y de su calidad de vida, como lo afirma el presidente Álvaro Uribe.
 
La Palma Africana, en Colombia y el resto del mundo, lo único que reparte, hacia abajo, es violencia y pobreza.


 
Las bio-cooperativas
Los cuervos al acecho

A un mes de la ocupación de la finca, el Ministerio de Protección Social envió a la doctora Luz Stella Veira para encontrar una solución al conflicto. La incursión de la representante del gobierno en la República de la Palma duró apenas unas horitas.
 
“¡Venga, y conocerá lo que es el camino de la muerte!”, le hicieron llegar como mensaje de bienvenida. De ahí en adelante, el Ministerio entró en pánico y hasta ahora se muestra absolutamente incapaz de hacer cumplir la ley para el reconocimiento del Sindicato y el inicio de las negociaciones del Convenio Colectivo.
 
Por su parte, el alcalde del municipio de Pueblo Viejo en coordinación con la Policía Nacional, muestran el lado obsecuente y servil de las autoridades locales, autorizando el ingreso a la finca en conflicto de un grupo de nuevos trabajadores.
 
En río revuelto, agazapadas, aguardan turno las cooperativas de trabajo asociado, un eufemismo que esconde un escandaloso sistema de tercerización, donde la gente debe trabajar innumerables horas extras, domingos y festivos sin que se les pague un solo peso adicional, y muchas no pagan seguridad social.
 
La Finca Palo Alto pretende deshacerse de sus trabajadores directos, y contratar mano de obra por intermedio de estas “cooperativas”.  
 
No hay cultivo que haya desplazado más campesinos en Colombia que la Palma Africana. Es el “napalm” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo derecho.
 
Desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas.  
 
El presidente Álvaro Uribe quiere que Colombia sea en 2020 “la Arabia Saudita del biodiesel”. Nos lo imaginamos: un gran desierto, una monarquía oligárquica y un marketing millonario llamando a utilizar los “bio-combustibles” colombianos para salvar al planeta.

Por Gerardo Iglesias
Rel-UITA
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LA CUT ANTIOQUIA RECHAZA LA UTILIZACION DE LOS ESTUDIANTES EN EL CONFLICTO ARMADO.

Ante las pretensiones del señor presidente Álvaro Uribe Vélez de convertir a mil estudiantes de colegios y escuelas de las comunas de Medellín en informantes de las autoridades con el fin de denunciar bandas y organizaciones violentas que delinquen en la ciudad, la Cut Antioquia manifiesta su rotundo rechazo a esta pésima propuesta que tendría como consecuencia llevar el conflicto a las escuelas y colegios e involucrar a los escolares, padres de familia y educadores en la dinámica de la guerra donde serian carne de cañón.

La política de la seguridad democrática ha sido incapaz de restablecer el orden y la fuerza en manos del estado, ha sido incapaz de dar salidas al desempleo y la marginalidad, ha succionado gran parte del presupuesto nacional, arrebatándolo a la salud, a la educación, a la creación de fuentes de empleo decentes, ha fracasado como modelo económico y político y la muestra es que ante su ineficacia se pretende comprometer a los sectores más vulnerables de la población, nuestros jóvenes y niños en un desangre continuo, olvidando la protección reforzada que para ellos proporciona la Ley, la Constitución, la declaración universal de los derechos del niño, del hombre y el derecho internacional humanitario, es el atropello a toda la legislación y al futuro de nuestros niños y jóvenes.

No hay razón válida, ni chica ni grande, para vincular a la población civil y a los menores a la guerra, y desde la Cut que es parte de la sociedad civil , no aceptamos que el fin justifique escalar la violencia aportándole más actores, por ningún pago, por ninguna prebenda , porque en el Estado Social de Derecho como el que reclamamos en Colombia, el principal deber de su gobernante ES EL RESPETO A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD HUMANA.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, culturales, y a la sociedad toda a rechazar esta perversa intención, que desde el estado que debe proteger a su población joven, se pretenda aportarlos como actores al conflicto.

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES –SUBDIRECTIVA ANTIOQUIA.

Rosa América Peñaloza Barrera.
Secretaria General.

Jorge Luis Soto
Departamento de DDHH.

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14 de septiembre de 2009

Despojo, desplazamiento y democracia

Por: Rodrigo Uprimny

El desplazamiento y el despojo masivos no sólo representan una terrible tragedia humanitaria. Son además fenómenos que han acentuado uno de los rasgos más antidemocráticos de la sociedad colombiana: la extrema iniquidad de la propiedad agraria.

El despojo de tierras ha llegado a las 5 millones y medio de hectáreas, que equivalen al 11% de la superficie agropecuaria, según lo mostró la Comisión de Seguimiento a la sentencia T-025 sobre el desplazado, en su Informe N° XI a la Corte Constitucional, con base en una encuesta liderada por los profesores Garay y Barberi. Hoy al menos una de cada diez hectáreas productivas es resultado del robo. Y uno de cada diez colombianos ha sido víctima del desplazamiento pues, según Codhes, el número total de desplazados es de aproximadamente 4 millones y medio de personas.

Este despojo masivo ha agravado la iniquidad de la estructura agraria. Antes del desplazamiento de las últimas décadas, Colombia ya tenía una concentración extrema de la propiedad agraria. En 1984, los grandes propietarios, que eran sólo el 0,5% del total, tenían el 33% de la tierra, mientras que los pequeños propietarios, que eran el 85% de todos los propietarios, ocupaban el 15% de la superficie agropecuaria. En 2003, después del desplazamiento y el despojo ocurridos hasta ese momento, la concentración aumentó significativamente. En ese año, los grandes propietarios tenían ya el 63% de la tierra mientras que los pequeños propietarios habían visto reducida su participación al 9%.

Las cifras deben ser hoy más dramáticas pues el despojo y el desplazamiento han continuado. En 2008, por ejemplo, aproximadamente 380.000 personas fueron desplazadas.

La actual desigualdad agraria es entonces doblemente injusta. Era ya muy inequitativa en los años ochenta pues muy pocos propietarios monopolizaban el campo, mientras que millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes vivían en la pobreza por carecer de tierras adecuadas para producir decentemente. Y es injusto que en estas dos décadas, millones de esos campesinos, indígenas y afrodescendientes hayan sido despojados de la poca tierra que tenían y que su situación de pobreza se haya agravado por el desplazamiento.

La restitución de las tierras despojadas es entonces no sólo un asunto de justicia correctiva con los desplazados, que tienen derecho a que les sea devuelto todo lo que les robaron. Debería ser vista también como una oportunidad en términos de justicia distributiva, pues podría reducir la terrible desigualdad rural y volver a poner en la agenda la necesidad de una reforma agraria profunda.

La democratización de la propiedad agraria sería además un excelente negocio en términos de eficiencia económica pues distintos estudios, como los del profesor Albert Berry de la Universidad de Toronto, han mostrado que la pequeña propiedad tiende a ser más productiva que la gran propiedad, no sólo por hectárea explotada sino incluso si se toman en consideración todos los factores productivos. Una buena reforma agraria incrementaría entonces la producción agrícola y reduciría además la pobreza rural, que es mucho más intensa que la pobreza urbana.

Los argumentos éticos, jurídicos y económicos a favor de la restitución de las tierras despojadas y de la reforma agraria parecen entonces contundentes. Y eso que no hemos hablado de su obvio impacto positivo en la reducción de la violencia rural. ¿No debería entonces ser un propósito nacional la restitución de la tierra a los desplazados, como un primer paso para una reforma agraria democrática? Pero me temo que muchos sectores poderosos prefieren modelos rurales a favor de la gran propiedad o incluso busquen la legalización de la contrarreforma agraria que hemos vivido.

* Director del Centro de Estudios DeJuSticia (www.dejusticia .org) y profesor de la Universidad Nacional.
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Los trabajadores de la mafia

José Luciano Sanín Vásquez
Director Escuela Nacional Sindical

En nuestro país, y en especial en Medellín, hemos podido empezar a descubrir los impactos en la vida política, social y económica que producen las mafias del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Es más, hemos logrado entender en parte los valores y prácticas que algunos han denominado como “cultura mafiosa”; sobretodo a partir de las múltiples novelas, películas y entrevistas dedicadas a los personajes más emblemáticos del narcotráfico, muy de moda por estos días. La sociedad colombiana ha visto con horror las formas de degradación que generan y reproducen las diferentes mafias, y poco a poco ha tomado una distancia crítica de un fenómeno que por muchos años pareció natural y hasta socialmente reconocido y aceptado.

Creeremos los optimistas que por fin nuestra sociedad se dirige a construir un dique ético a la ilegalidad, a las mafias que corroen la democracia, la economía y el tejido social. Sin embargo, recientemente en Medellín los ciudadanos se asombran de estar viviendo de nuevo la historia de hace veinte años; creían muchos que la época de las mafias y la criminalidad había sido superada, en parte por el deseo inmenso de salir del horror, y en parte por las victorias que se publicitaron y generaron una no sostenible sensación de superación del pasado; y en todo caso, porque los progresos del Estado en su combate a la mafia no llegaron a tocar el entramado económico y político de ésta.

Pero tal vez lo que todavía no se conoce a profundidad, y por tanto no se le da relevancia, es que las mafias construyen una economía, y con ella unas relaciones laborales signadas por la sujeción violenta de los trabajadores a sus “patrones”.

De los trabajadores de la mafia nadie habla. Y no estoy señalando aquí a quienes pertenecen a los ejércitos de sicarios y se articulan a las redes criminales y violentas de la mafia. Me refiero al joven, al señor o la señora que realiza un trabajo legal para la mafia. Cuántos albañiles, conductores, arquitectos, médicos, porteros, han sido asesinados por su “patrón” para no dejar testigos; cuántos trabajadores del transporte, las apuestas, el comercio, la seguridad privada, el agro, han sido amenazados o asesinados por reclamar sus derechos al “patrón”; cuántos sindicatos no pudieron surgir porque así lo decidió el “patrón”. De esta realidad: las relaciones laborales con la mafia, no tenemos sus dimensiones y mucho menos sus características, y el Estado se comporta como si este tema no existiera.

Tal vez una manera más fácil de acercarnos a esta realidad sea leer la de otras latitudes. Hace pocos meses se empezó a vender una novela del escritor y periodista napolitano Roberto Sabiano, llamada “Gomorra”, donde se develan los amplísimos tentáculos de la “Camorra” (nombre de los grupos de la mafia en la ciudad de Nápoles, Italia), y tal vez lo más interesante: las estrategias de ésta para generar toda una economía globalizada basada en el crimen, en la que los trabajadores, en pleno siglo XXI, viven formas de sujeción cercanas a la esclavitud.

Estoy seguro de que si en Medellín se leyera masivamente esta novela, podríamos empezar a reconocer colectivamente las redes invisibles que sofocan nuestra ciudad, y de pronto nos preocuparíamos por enfrentar nuestra realidad, que parece calcada de la de Nápoles.
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Asesinado Trabajador de Nestlé Comestibles la Rosa y Dirigente de Sinaltrainal en Colombia

Sábado, 22 de agosto de 2009

Con profundo dolor, informamos que el día 21 de Agosto de 2009 , siendo aproximadamente las 6:30 P.M., desconocidos llegaron a la casa de GUSTAVO GÓMEZ trabajador de Nestlé- Comestibles la Rosa S.A. y afiliado de SINALTRAINAL en el Municipio de Dosquebradas, tocaron a la puerta y cuando GUSTAVO GÓMEZ abrió, le propinaron 10 disparos con arma de fuego, de inmediato fue trasladado a la clínica COMFAMILIAR donde horas más tarde falleció.

El compañero GUSTAVO GOMÉZ, fue integrante de la Junta Directiva de Sinaltrainal Seccional Dosquebradas desde 1997 y hasta el año 2000, era primo hermano de JOSÉ DE JESUS MARÍN VARGAS trabajador de Nestlé-Comestibles La Rosa S.A. y miembro de SINALTRAINAL, también asesinado el día 22 de Noviembre de 2007 en el municipio de Dosquebradas.

Lamentablemente este crimen se produce en momentos en que Sinaltrainal ha presentado un pliego de Peticiones a la empresa Nestlé Purina PetCare de Colombia S.A. y son ya 12 trabajadores de Nestlé, integrantes de SINALTRAINAL asesinados en Colombia.

Hemos denunciado con anterioridad ante las autoridades las permanentes amenazas de muerte que hemos ercibido los integrantes de SINALTRAINAL en Colombia y las autoridades no investigan, ni castigan a los responsables, pero si hacen toda una obra publicitaria para hacerle creer a la comunidad internacional que los sindicalistas están protegidos por el Estado y seguimos recibiendo del régimen de Álvaro Uribe Vélez, estigmatizació n, judicializació n y los asesinatos continúan.

Exigimos al Estado Colombiano, investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, proteger la vida de los integrantes de SINALTRAINAL y sus familias y garantizar el derecho de la actividad sindical.

Luis Javier Correa Suárez

Presidente
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6 de agosto de 2009

Gringos, ¿Welcome or Yankees go home?


Según el general Freddy Padilla de León, las bases de Malambo, Palanquero y Apiay seguirán en manos colombianas sin restricciones, y los norteamericanos tendrán que solicitar el visto bueno de los oficiales criollos para las misiones que desde allí se proyecten. Un buen propósito, a todas luces utópico.


El escándalo por la presencia de militares estadounidenses en bases colombianas llega 10 años tarde. Cuando se empezó a hablar de que los gringos usarían cinco bases militares en Colombia en lugar de la base que tenían en Manta (Ecuador), mucha gente se imaginó una especie de desembarco de Normandía con buques de guerra en las playas, aviones caza tronando encima del río Magdalena y de marines en las calles.


Por Marco Puerta : Revista Semana

Por eso la semana pasada el gobierno intentó aclarar el espíritu del preacuerdo que hay con Estados Unidos, pero mientras no se conozca la letra menuda del documento, persistirán muchas dudas. En principio no habrá bases militares estadounidenses. Según el general Freddy Padilla de León, las bases de Malambo, Palanquero y Apiay seguirán en manos colombianas sin restricciones, y los norteamericanos tendrán que solicitar el visto bueno de los oficiales criollos para las misiones que desde allí se proyecten. Un buen propósito, a todas luces utópico.

En segundo lugar, el gobierno mandó el mensaje tranquilizador de que no se incrementará la presencia de efectivos gringos. Se mantendrán máximo 800 militares y 600 contratistas. No obstante, aún no se sabe con certeza qué tipo de equipos de inteligencia y rastreo se instalarán de manera permanente o temporal en estas bases. Algunos analistas han cuestionado la posibilidad de que desde Palanquero, que es el corazón de todo el acuerdo, empiecen a operar aviones C-17, que son para transporte de logística y tropa, funciones más ligadas al combate que a la interdicción.

Era natural que Colombia fuera contemplada como la mejor alternativa para reemplazar las funciones de la base de Manta. El gobierno colombiano es el más activo aliado de Estados Unidos en Suramérica, la interacción de ambas Fuerzas Armadas es intensa y la sociedad colombiana es de las menos anti norteamericanas del continente.

Además, Colombia gana mucho con el acuerdo. Obtiene más recursos, tecnología y asesoramiento para operaciones contra el narcotráfico y los grupos armados. “Inteligencia en tiempo real”, como dijo Padilla de León, como la que hizo posible la Operación Jaque.

Además, lo que Estados Unidos invierta en infraestructura se quedará en el país. Sólo para Palanquero ya fueron aprobados 42 millones de dólares. Tan animados están los negociadores del lado colombiano, que pidieron incluir dos bases más: Tolemaida y Larandia. Y eventualmente se usarían las bases navales de Bahía Málaga y Cartagena.

Hasta ahora el gobierno ha destacado los beneficios militares, pero no los costos políticos para el país, ni el beneficio neto que obtendrá Estados Unidos, que actúa en función de sus intereses geoestratégicos en el área.

En Colombia hay tres temas que preo-cupan. El primero es la inmunidad. Ha habido casos graves de delitos cometidos por agentes norteamericanos en territorio colombiano y dudas sobre su juzgamiento, dada la inmunidad que tienen. O episodios como el bombardeo de Santo Domingo, Arauca, donde murieron 17 civiles, hecho por el que los pilotos colombianos fueron condenados, mientras los contratistas norteamericanos que dieron las coordenadas fueron eximidos de responsabilidad.

El gobierno asegura que el nuevo acuerdo dejará establecida la vigilancia a los procesos judiciales en Estados Unidos, que pedirá la potestad de levantar la inmunidad cuando sea necesario y que exigirá reparación de los daños que eventualmente causen los gringos. Pero todo esto es muy improbable. En ninguna parte del mundo Estados Unidos ha dejado tocar a sus hombres, y se ha resistido a firmar tratados que resquebrajen en lo mínimo la inmunidad de sus fuerzas. Sin duda, este será el sapo que tendrá que tragarse Colombia a cambio de un nuevo impulso a la ayuda militar.

El otro punto espinoso es la territorialidad y las operaciones. El canciller Jaime Bermúdez es enfático en que nunca habrá norteamericanos participando directamente en hostilidades en Colombia, y que “este acuerdo sólo contempla actividades en suelo colombiano”.

Al respecto, existe preocupación por ciertos equipos de inteligencia (como los Awac) que pueden sobrevolar varios países del continente sin que los radares puedan detectarlos. También el hecho de que por la ubicación de las bases, Estados Unidos esté mirando ahora menos al Pacífico y más hacia el Caribe y la región Andina. Especialmente cuando el Congreso de Estados Unidos acaba de recibir un informe de la GAO que señala a Venezuela como un nuevo santuario del narcotráfico.

De todos modos, dentro de Colombia las implicaciones políticas serán menores que las regionales. Con siete bases al servicio de Estados Unidos, Colombia queda inscrita definitivamente en el bando del tío Sam y eso le resta espacio en escenarios latinoamericanos donde no están los gringos, como Unasur.

Se supone que el gobierno ha calculado estos costos políticos. Y que está dispuesto a pagarlos.


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28 de febrero de 2009

Saramago descalifica revolución de las Farc

El Espectador | Si el secuestro y la muerte son los métodos para cambiar la sociedad, las Farc no nos ofrecen más que lo que el poder ha venido haciendo siempre, a lo largo de la historia: ejercer fuerza contra los débiles. | Seguir Leyendo.

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