¿Colombia, y el imperio de los carteles?

Por Fernando López Molina

Suspender indefinidamente el Proyecto Porce IV ha sido la mejor decisión tomada por EPM. Contrario a las posiciones sesgadas de algunas ONG’s y la izquierda recalcitrante, en Porce IV no ha habido un desplazamiento de la población sino una invasión al mismo.

Ha sido la mejor decisión. EPM y su alta dirección tienen la obligación ética y jurídica de preservar el patrimonio público. Así lo exigimos todos. Los dineros públicos son sagrados y no para tirarlos a la jura tal como pretenden los miles de oportunistas de toda laya que llegaron, y siguen llegando, al área del proyecto convencidos que Porce IV es un Baloto, con la diferencia que ellos no han comprado ni siquiera el billete. Es que defender la empresa no sólo es blindarla contra los privatizadores, también lo es cuando la protegemos de toda suerte de sibaritas, de los politiqueros y de aquellos que, agazapados en su posición de servidores públicos sustraen subterráneamente dineros oficiales para alimentar sus arcas personales, y patrocinan su desangre.

Ya es común en nuestro lenguaje diario utilizar palabra cártel para definir actividades non sanctas y que en economía se traduce en el “acuerdo entre empresas del mismo sector, cuyo fin es eliminar la competencia de un determinado mercado”, es decir, en lenguaje coloquial, se trata de establecer relaciones monopolísticas en el ejercicio de cierta actividad comercial o productiva. Sin embargo, esta palabra se viene acuñando, casi exclusivamente, para identificar aquellos grupos de personas que conforman asociaciones para delinquir. Así se habla, entonces, de los carteles de la droga, de la trata de blancas, del comercio de órganos etc., etc.,

Últimamente han aparecido otros carteles, igual de perversos que los anteriores, como los de la contratación que monopolizan la contratación pública mediante la artimaña y la coima, los carteles de los damnificados de los desastres naturales conformados para escamotearle a las víctimas las tan necesarias ayudas nacionales e internacionales, y ahora los carteles de los embalses, conformados por todo tipo de advenedizos que van desde gentes llegadas de lejanas regiones, pasando por abogados venales hasta llegar a los grupos armados al margen de la ley. Sin demeritar desde luego otros carteles, como el de fallido cartelito que se quiso conformar entre proveedores y servidores inescrupulosos para traficar con los cursos de instrucción deportiva inglés e informática y que, al parecer, fracasaron en su intento para seguir desfalcando a las EPM.

Causa repugnancia saber que funcionarios públicos hagan parte de estos carteles como lo denuncia El Colombiano y que en foros con la comunidad en vez de hacer respetar los derechos de la población se sumen a la orgia de los avivatos que quieren hacerse a dineros públicos y enriquecerse de un día para otro sin el menor esfuerzo. Lo deplorable, la complacencia de la sociedad civil, con estos grupos delictivos, tal como lo señala el vicepresidente de la república Angelino Garzón. Frases como “a donde llega EPM hay hambre y miseria” sólo buscan azuzar a la población contra los funcionarios que nos desempeñamos en estas zonas y que venimos, de manera seria y responsable, cumpliendo con los compromisos adquiridos entre la empresa y las familias afectadas por la construcción de estos proyectos.

Pero hay algo positivo en esto. Y es que la misma población se encarga de reconocerlos. “Algunos son gente de plata que pagan para que labriegos de la zona ubiquen un “cambuche” con el sólo fin de acreditar propiedad o el ejercicio de la actividad minera para cobrar jugosas indemnizaciones”, dicen ellos. Otros aparecen como lideres desinteresados y dan “asesorías jurídicas”, como lo sucedido recientemente cuando EPM procedía a realizar el llenado del embalse de Porce III y se requería el despeje de la zona. Aprovechando la urgencia de la empresa para cumplir con los cronogramas establecidos se puso a las EPM contra la pared: esperar el fallo judicial o ser multada por incumplimiento. Resultado: el pago de $5.500 millones de pesos, de los cuales el abogado le toco $1.500 millones. Esto ha generado la ilusión de que las EPM es una mina a la cual cualquiera puede sustraerle todo el dinero del mundo. Ignoran que esta es una empresa pública que se sostiene de los ingresos por el cobro de servicios públicos, y que el 84% pertenece a los estratos 1, 2 y 3, es decir, que ceder ante este tipo de pretensiones desmedidas es permitir que todos los usuarios paguemos la lujuria de estos ambiciosos.

El reciente informe aparecido en el diario El Colombiano sobre las causas que generaron la suspensión indefinida del Proyecto Porce IV, es una radiografía nítida de lo que viene sucediendo en esta zona cruzada de punta a punta por la pugna de intereses de diversos agentes que se mueven a su interior y que le dan toda la razón a las EPM de abortar este Proyecto.

Como decía un mando medio de la subgerencia ambiental: Con la población que tiene derecho nos iremos hasta final para restituir sus condiciones de vida, con los que no tiene derecho, igual, ni un peso para ellos.

Aquí los perdedores fuimos todos: la población, los trabajadores, los municipios, las EPM y el país.

PD: A propósito en qué quedó el correo enviado al doctor Federico Restrepo, en mayo 21 de 2008, y que a su vez remitió a Relaciones Externas, y en donde le solicitaba su intervención para buscar que las familias campesinas asentadas en el corredor veredal de El Retiro, la Hondoná, El Roble y el Limón, se les hiciera una reestratificación?... pues es totalmente injusto e insensato que aparezcan clasificadas en estrato 3.

Buenas tardes.