Coca, extranjeros y vacunas en Porce IV
Por Germán Jiménez Morales
Tomado de El colombiano.com
Enero de 2011
La parálisis del proyecto hidroeléctrico Porce IV, en jurisdicción de Anorí, Amalfi y Zaragoza, no solo se debe al hecho de que la población por indemnizar se haya multiplicado más rápido que los conejos, al pasar, en escasos cuatro años, de 2.779 personas a 14.500. La historia de fondo es que la central de generación de energía amenaza el imperio que, a punta de cocaína, armas y extorsiones, disfrutan en la zona el Eln, las bandas criminales y, sobre todo, las Farc.
Según la Décima Cuarta Brigada del Ejército, dentro de las 15.366 hectáreas declaradas como de utilidad pública para esta obra, hay 1.771 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Eso equivale al 39 por ciento de las 4.553 hectáreas que Antioquia tenía sembradas en coca al final del 2009, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
Si el embalse de Porce IV se fuera a llenar hoy, 371 hectáreas de la "mata que mata" quedarían sumergidas, mientras que en la zona de protección de ese espejo de agua permanecerían las restantes 1.400 hectáreas.
En el cultivo y producción de la pasta de base de coca está el negocio más lucrativo que tienen las agrupaciones al margen de la ley. El poder mayor es de las Farc, con su frente 36, al mando de alias "Anderson". Un organismo estatal de inteligencia estima que este hombre alimenta las finanzas de las Farc con 18.000 millones de pesos mensuales. De ellos, 10.000 millones de pesos están ligados al narcotráfico, 4.000 millones vienen de la extorsión a mineros y los otros 4.000 millones salen de vacunas a ganaderos, comerciantes y demás actividades productivas.
Tremendo botín. Para probarlo bastaría recordar que en 2010 el accionar del Ejército Nacional redujo en 10.000 millones de pesos las rentas ilegales de los grupos armados que delinquen en Antioquia, según balance oficial de seguridad presentado por el Gobernador (e), Andrés Julián Rendón, el pasado 5 de enero.
La plata entra a chorros a las organizaciones ilegales que operan en la zona de influencia de Porce IV y por vías que tiene bien monitoreadas el coronel Edgar Ferruccio Correa Coppola, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Puerto Berrío.
A una estación de gasolina llegan a vacunarla con 20 millones de pesos mensuales. Cada entrada del carrotanque con combustible se cobra a razón de 4 millones de pesos. Cada retroexcavadora dedicada a la minería cancela 20 millones mensuales y de 27 máquinas contabilizadas apenas siete aparecen con registro de sus propietarios. De los 40 a 50 millones de pesos semanales que deja una retroexcavadora, el 10 por ciento se reparte por mitades entre el Eln y las Farc. En localidades como Tenche y Trozos, de Anorí, un kilo de pasta de base de coca se vende en 2,2 millones de pesos, valor que en Medellín sube a 3,2 millones de pesos.
"Es todo un machete y está a cinco kilómetros de Porce IV", anota el coronel Correa Coppola, quien ante entradas ilegales como estas se explica por qué a la guerrilla le resulta relativamente fácil multiplicar también el número de sus hombres.
Con la sola extorsión a las retroexcavadoras se obtienen, de lejos, los 60 millones de pesos que, calcula, cuesta montar y sostener una cuadrilla de 10 hombres armados y remunerados con 600.000 ó 700.000 pesos mensuales.
"Llenen eso"
La construcción de Porce IV, además, podría convertirse en un obstáculo dentro del estratégico corredor de drogas y armas que conforman el Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, usado para llevar el alcaloide a las zonas costeras y, de allí, a los mercados internacionales.
Diego Corrales Jiménez, experto en seguridad ciudadana, indica que aquí se mezclan varios objetivos, porque ni a los narcotraficantes, ni a la guerrilla, ni a las bandas criminales les convienen estos proyectos por tres razones: Los desplaza de los lugares de cultivo, porque llega más presencia del Estado; los deja sin mano de obra para el procesamiento de cocaína, y les corta los corredores estratégicos, no solo para cultivo, producción y manufactura, sino para el transporte.
Siendo así, cobra sentido la orden que altos mandos de las Farc le habrían dado a alias "Pájaro" para que "inunden eso abajo", o sea los terrenos de Porce IV, según interceptaciones de llamadas por parte de organismos de inteligencia estatal.
Alías "Pájaro" es un guerrillero, menor de 30 años, convertido en el mandamás de Anorí, en donde nada se mueve sin su consentimiento. Es experto en explosivos, patrulla en compañía de alias "Julio Mena" y tiene fama de ser cruel con la fuerza pública, dicen investigadores, quienes añaden que ambos cabecillas y alias "Yuri" hacen reuniones mensuales con pobladores de las veredas de Anorí, en donde analizan el censo de personas que han llegado a la zona, adoctrinan, intimidan con su armamento y dan cátedra de cómo oponerse a la sustitución de cultivos ilícitos.
Agustín Tobón Gil, representante del Consejo Mayor Comunitario AZA, que lleva la vocería de las familias y empresarios afectados por Porce IV, comenta que tuvo que rendirle cuentas a "Pájaro".
"Usted está vacunando más que nosotros", le habría dicho el guerrillero, a quien le llegó el rumor de que Tobón Gil y otros dos directivos estaban recogiendo, cada uno, 8 millones de pesos mensuales de sus representados, mediante una cuota de 5.000 pesos. El dirigente sacó el libro de contabilidad, mostró que 3.000 pesos van para los gastos del líder de cada uno de los 80 grupos que manejan y los 2.000 pesos restantes para los gastos de AZA. Y, aclaró, no se cobra sobre las 14.500 personas que, se dice, estarían legal e ilegalmente en terrenos de Porce IV, sino sobre 2.400 que son cabeza de familia. Muchos no pagan y por ello le ha tocado sacar de su propio bolsillo entre 10 y 12 millones de pesos para cubrir gastos varios.
"Pájaro quedó tranquilo, pero también lo clavé muy feo. Le dije que toda organización que se respeta necesita cómo financiarse, ¿o no? Si no, entonces que no siga cobrando vacunas por aquí a la gente", añadió el líder comunitario.
Ese evidente control territorial, sumado a las interceptaciones telefónicas, llevó a un organismo estatal de inteligencia a enviar a la zona de Porce IV a un grupo de agentes para constatar si era cierto que las Farc habían traído asesores extranjeros para sabotear el proyecto hidroeléctrico.
Los investigadores estuvieron, del 12 al 16 de mayo de 2010, en las veredas Limón, La Manguita, Naranjal y El Chispero. En ese recorrido, y custodiados por el Ejército, dieron con cinco extranjeros: tres brasileños, un venezolano y un ecuatoriano. Estos dos últimos, dicen los agentes, encajaban en el perfil de "ideólogos" y expertos en organización de comunidades. El venezolano, en particular, se movía con regularidad entre su nación y Colombia.
A los presuntos mineros, que habían venido a buscar un mejor futuro en Porce IV, les faltaban papeles, no habían especificado al entrar al país qué venían a hacer o estaban empleados en una actividad distinta. A un brasileño y al venezolano les entregaron el acta de deportación, el 17 de mayo, mientras que al ecuatoriano y a los otros dos brasileños los expulsaron del país entre el 17 y el 18 de mayo.
A los investigadores les dio mala espina el diálogo que tuvieron con uno de los brasileños:
"¿Usted a qué vino a la vereda el Chispero?".
- "A probar suerte en la minería".
"¿Y en qué tipo de minería?".
- "En la de cielo abierto".
"Pero aquí no hay de eso. Aquí la mina es el río... dígame de verdad a qué vino, o lo deporto".
Descubierto en su mentira, el hombre cerró la boca y se resignó a la deportación.
Por Germán Jiménez Morales
Tomado de El colombiano.com
Enero de 2011
La parálisis del proyecto hidroeléctrico Porce IV, en jurisdicción de Anorí, Amalfi y Zaragoza, no solo se debe al hecho de que la población por indemnizar se haya multiplicado más rápido que los conejos, al pasar, en escasos cuatro años, de 2.779 personas a 14.500. La historia de fondo es que la central de generación de energía amenaza el imperio que, a punta de cocaína, armas y extorsiones, disfrutan en la zona el Eln, las bandas criminales y, sobre todo, las Farc.
Según la Décima Cuarta Brigada del Ejército, dentro de las 15.366 hectáreas declaradas como de utilidad pública para esta obra, hay 1.771 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Eso equivale al 39 por ciento de las 4.553 hectáreas que Antioquia tenía sembradas en coca al final del 2009, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
Si el embalse de Porce IV se fuera a llenar hoy, 371 hectáreas de la "mata que mata" quedarían sumergidas, mientras que en la zona de protección de ese espejo de agua permanecerían las restantes 1.400 hectáreas.
En el cultivo y producción de la pasta de base de coca está el negocio más lucrativo que tienen las agrupaciones al margen de la ley. El poder mayor es de las Farc, con su frente 36, al mando de alias "Anderson". Un organismo estatal de inteligencia estima que este hombre alimenta las finanzas de las Farc con 18.000 millones de pesos mensuales. De ellos, 10.000 millones de pesos están ligados al narcotráfico, 4.000 millones vienen de la extorsión a mineros y los otros 4.000 millones salen de vacunas a ganaderos, comerciantes y demás actividades productivas.
Tremendo botín. Para probarlo bastaría recordar que en 2010 el accionar del Ejército Nacional redujo en 10.000 millones de pesos las rentas ilegales de los grupos armados que delinquen en Antioquia, según balance oficial de seguridad presentado por el Gobernador (e), Andrés Julián Rendón, el pasado 5 de enero.
La plata entra a chorros a las organizaciones ilegales que operan en la zona de influencia de Porce IV y por vías que tiene bien monitoreadas el coronel Edgar Ferruccio Correa Coppola, comandante de la Décima Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Puerto Berrío.
A una estación de gasolina llegan a vacunarla con 20 millones de pesos mensuales. Cada entrada del carrotanque con combustible se cobra a razón de 4 millones de pesos. Cada retroexcavadora dedicada a la minería cancela 20 millones mensuales y de 27 máquinas contabilizadas apenas siete aparecen con registro de sus propietarios. De los 40 a 50 millones de pesos semanales que deja una retroexcavadora, el 10 por ciento se reparte por mitades entre el Eln y las Farc. En localidades como Tenche y Trozos, de Anorí, un kilo de pasta de base de coca se vende en 2,2 millones de pesos, valor que en Medellín sube a 3,2 millones de pesos.
"Es todo un machete y está a cinco kilómetros de Porce IV", anota el coronel Correa Coppola, quien ante entradas ilegales como estas se explica por qué a la guerrilla le resulta relativamente fácil multiplicar también el número de sus hombres.
Con la sola extorsión a las retroexcavadoras se obtienen, de lejos, los 60 millones de pesos que, calcula, cuesta montar y sostener una cuadrilla de 10 hombres armados y remunerados con 600.000 ó 700.000 pesos mensuales.
"Llenen eso"
La construcción de Porce IV, además, podría convertirse en un obstáculo dentro del estratégico corredor de drogas y armas que conforman el Bajo Cauca, Norte y Nordeste de Antioquia, usado para llevar el alcaloide a las zonas costeras y, de allí, a los mercados internacionales.
Diego Corrales Jiménez, experto en seguridad ciudadana, indica que aquí se mezclan varios objetivos, porque ni a los narcotraficantes, ni a la guerrilla, ni a las bandas criminales les convienen estos proyectos por tres razones: Los desplaza de los lugares de cultivo, porque llega más presencia del Estado; los deja sin mano de obra para el procesamiento de cocaína, y les corta los corredores estratégicos, no solo para cultivo, producción y manufactura, sino para el transporte.
Siendo así, cobra sentido la orden que altos mandos de las Farc le habrían dado a alias "Pájaro" para que "inunden eso abajo", o sea los terrenos de Porce IV, según interceptaciones de llamadas por parte de organismos de inteligencia estatal.
Alías "Pájaro" es un guerrillero, menor de 30 años, convertido en el mandamás de Anorí, en donde nada se mueve sin su consentimiento. Es experto en explosivos, patrulla en compañía de alias "Julio Mena" y tiene fama de ser cruel con la fuerza pública, dicen investigadores, quienes añaden que ambos cabecillas y alias "Yuri" hacen reuniones mensuales con pobladores de las veredas de Anorí, en donde analizan el censo de personas que han llegado a la zona, adoctrinan, intimidan con su armamento y dan cátedra de cómo oponerse a la sustitución de cultivos ilícitos.
Agustín Tobón Gil, representante del Consejo Mayor Comunitario AZA, que lleva la vocería de las familias y empresarios afectados por Porce IV, comenta que tuvo que rendirle cuentas a "Pájaro".
"Usted está vacunando más que nosotros", le habría dicho el guerrillero, a quien le llegó el rumor de que Tobón Gil y otros dos directivos estaban recogiendo, cada uno, 8 millones de pesos mensuales de sus representados, mediante una cuota de 5.000 pesos. El dirigente sacó el libro de contabilidad, mostró que 3.000 pesos van para los gastos del líder de cada uno de los 80 grupos que manejan y los 2.000 pesos restantes para los gastos de AZA. Y, aclaró, no se cobra sobre las 14.500 personas que, se dice, estarían legal e ilegalmente en terrenos de Porce IV, sino sobre 2.400 que son cabeza de familia. Muchos no pagan y por ello le ha tocado sacar de su propio bolsillo entre 10 y 12 millones de pesos para cubrir gastos varios.
"Pájaro quedó tranquilo, pero también lo clavé muy feo. Le dije que toda organización que se respeta necesita cómo financiarse, ¿o no? Si no, entonces que no siga cobrando vacunas por aquí a la gente", añadió el líder comunitario.
Ese evidente control territorial, sumado a las interceptaciones telefónicas, llevó a un organismo estatal de inteligencia a enviar a la zona de Porce IV a un grupo de agentes para constatar si era cierto que las Farc habían traído asesores extranjeros para sabotear el proyecto hidroeléctrico.
Los investigadores estuvieron, del 12 al 16 de mayo de 2010, en las veredas Limón, La Manguita, Naranjal y El Chispero. En ese recorrido, y custodiados por el Ejército, dieron con cinco extranjeros: tres brasileños, un venezolano y un ecuatoriano. Estos dos últimos, dicen los agentes, encajaban en el perfil de "ideólogos" y expertos en organización de comunidades. El venezolano, en particular, se movía con regularidad entre su nación y Colombia.
A los presuntos mineros, que habían venido a buscar un mejor futuro en Porce IV, les faltaban papeles, no habían especificado al entrar al país qué venían a hacer o estaban empleados en una actividad distinta. A un brasileño y al venezolano les entregaron el acta de deportación, el 17 de mayo, mientras que al ecuatoriano y a los otros dos brasileños los expulsaron del país entre el 17 y el 18 de mayo.
A los investigadores les dio mala espina el diálogo que tuvieron con uno de los brasileños:
"¿Usted a qué vino a la vereda el Chispero?".
- "A probar suerte en la minería".
"¿Y en qué tipo de minería?".
- "En la de cielo abierto".
"Pero aquí no hay de eso. Aquí la mina es el río... dígame de verdad a qué vino, o lo deporto".
Descubierto en su mentira, el hombre cerró la boca y se resignó a la deportación.
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