¿Se diferenciará Santos de Uribe?

Por Marcelo Torres.

El artículo de Marcelo Torres que reproducimos en esta edición fue publicado el pasado 19 de julio. No obstante que su circulación por Internet se dio casi un mes antes de la posesión del actual Presidente de la República, y que desde entonces varios y muy importantes acontecimientos han empezado a dar respuesta positiva al interrogante que sirve de título del artículo, los planteamientos básicos del mismo mantienen una candente actualidad, a saber: las bases reales a partir de las cuales podría explicarse la diferenciación entre el gobierno Santos y el régimen uribista; en qué aspectos, nada adjetivos sino esenciales, puede preverse que se concrete esa diferenciación; las razones por las cuales es de prever que tal diferenciación implica enfrentamiento; los obstáculos a los cuáles debe enfrentarse la política del gobierno Santos y, en ese contexto, el gran acierto que constituye la propuesta planteada por el ex candidato presidencial Gustavo Petro alrededor de los temas del despojo de tierras, el agua y las víctimas de la violencia. Por estas razones ofrecemos en esta edición dicho artículo a nuestros lectores.

Como una aguda expectación optimista, podría denominarse el estado de ánimo que prevalece hoy en Colombia en el grueso de la opinión pública. Podría atribuirse a que no sólo los individuos, sino también los grandes conglomerados sociales, piensan con el deseo en determinadas circunstancias. En efecto, una vez electo Juan Manuel Santos como el nuevo presidente de la República, es esto lo que parece estar operándose: ante algunos indicios, percibidos como muestras de que su gobierno puede ser diferente al de Álvaro Uribe, los medios de comunicación y sus analistas se han entregado a una especie de euforia, descubriendo en cada palabra o acto de Santos un nuevo motivo de confirmación de la anunciada diferenciación. Lo cual nos estaría indicando que la mayoría de los llamados hacedores de opinión alimentan, por lo menos, una inocultable aspiración porque así sea. Un signo positivo en medio del asfixiante uribismo que ha sobresaturado a Colombia por dos cuatrienios. Pero que tales deseos puedan llegar a realizarse cabalmente, considerando los factores reales de los cuales depende tal giro, eso ya es otra cosa.

Los síntomas aludidos han sido, hasta ahora, los anuncios de Santos sobre nombramientos del nuevo gabinete en Relaciones Exteriores, Agricultura, y Hacienda (que recaen en personajes que han tenido fricciones, incidentes problemáticos con Uribe o que han sido francos contradictores suyos, como Juan Camilo Restrepo), acerca de la resurrección de ministerios suprimidos (Trabajo, Vivienda y Justicia), o relativos al planteamiento de una “tercera vía”, como el llamado a la “unidad nacional” al que pareció darle pábulo el respaldo liberal y, según opiniones interesadas, la reunión con Petro.

Mención especial merece el nuevo incidente con Venezuela, a raíz de las acusaciones públicas del ministro de Defensa Gabriel Silva al gobierno del país vecino, de permitir la presencia de campamentos de las Farc y de columnas del Eln en su territorio y de servir de refugio a dirigentes de ambas agrupaciones guerrilleras. Lo que derivó en la decisión del gobierno Uribe de llevar la denuncia a la OEA, y en el de Chávez cancelando su asistencia a la posesión de Santos. Sobre el episodio se ha dicho, con razón, que divulgar en vísperas de la posesión del nuevo presidente, informaciones que el ministro de Defensa ha revelado estaban en poder del gobierno colombiano desde 2004, no puede obedecer a otra cosa que a lanzarle un torpedo, o “una carga de profundidad”[1], a la normalización de relaciones entre los dos países. Días antes el presidente Uribe se había referido a la inconveniencia de que Colombia adoptara una diplomacia “babosa” y “meliflua”, un rechazo directo al proyecto del presidente electo Santos de buscar por la vía diplomática el mejoramiento de las relaciones colombo-venezolanas.

Diferenciación… ¿en qué?

Lo primero que cabría precisar respecto de la mencionada diferenciación es en cuál o cuáles aspectos se manifestaría la misma. No parece tener mayor fundamento esperar que tuviera lugar en el terreno de las políticas económicas y sociales. La trayectoria de Santos como ministro de Hacienda, de Comercio Exterior, de delegado de la Federación de Cafeteros en Londres, no sólo le da muy poco piso a esa expectativa sino que, por el contrario, tales desempeños mostraron un Santos apegado a pie juntillas al modelo neoliberal. Sobre todo, resulta cuesta arriba creer que Santos no seguirá apegado al modelo cuasicolonial, de país minero-exportador, que para Colombia constituye un indudable retroceso, propio de las fases más tempranas del imperialismo mundial, resultante de los veinte años de modelo neoliberal. Acaso, para apreciar si hay base o no para esperar una diferenciación, se puedan sopesar más bien algunos elementos de juicio en otro terreno, en relación con ese elemento esencial y fuertemente característico de lo que puede llamarse en propiedad el régimen uribista: la influencia paramilitar y mafiosa en la dirección del Estado.

Es cierto que Uribe, poco después de declarado inconstitucional el referendo reeleccionista, se sinceró públicamente respecto de cuál era el candidato de su predilección. Como es sabido, la escogencia del personaje que, a su juicio, debía llevar adelante la continuidad de su régimen no recayó originalmente sobre Juan Manuel Santos sino que designó claramente a Felipe Arias, Uribito, su descaecido ex ministro de Agricultura. Mientras que Uribe puede considerarse el exponente máximo de esa hornada social emergente cuyas raíces se hunden en el turbión de violencia y narcotráfico que azotó a Colombia en las últimas tres décadas, Juan Manuel Santos pertenece a la más encumbrada plutocracia bogotana de los negocios y la política, cuyo influjo ha resultado decisivo en los asuntos del Estado en los últimos setenta u ochenta años. Era natural que Uribe pretendiera señalar su sucesor de entre sus fieles y subordinados; debía causarle aprensión que el encargo recayese en el vástago de un linajudo clan familiar circundado del halo de la historia y la tradición –la oficial, por supuesto−, afincado en un emporio de las comunicaciones y con un presidente entre sus predecesores. Y aunque segmentos de la añeja élite capitalina hubiesen tenido tratos con los jefes de las huestes de la pólvora y la motosierra, y estas a su vez hubieran aprovechado a aquella para trepar hacia el poder, nadie negará dichas diferencias, históricas y sociales, entre el delfín del santismo y el agreste caudillo de El Ubérrimo.

También es verdad que las pérdidas económicas que ya pasaron los cuatro mil millones de dólares por los problemas con Venezuela –el segundo mercado exterior del país −, la postergación indefinida de la aprobación del TLC con Estados Unidos por el Congreso norteamericano, debido al persistente asesinato de sindicalistas, como la evidente mirada crítica de la actual administración estadounidense sobre el gobierno Uribe, al igual que las embarazosas revelaciones sobre conexiones del uribismo con paramilitares, terminaron por generar malestar con el régimen en considerables sectores del empresariado y aun de la cúpula económica. Por estos días, voceros de los empresarios de Norte de Santander, debido a la aguda crisis económica derivada de las restricciones del comercio con Venezuela, anunciaron una carta dirigida al presidente Uribe, de la cual se hizo vocero el gobernador de ese departamento, demandando “un marco legal de excepción” para esa región[2].

A una eventual voluntad de diferenciación de Santos respecto del gobierno Uribe, ¿a qué le tocaría enfrentarse? Al régimen político, económico y social, que durante los ocho años de sus dos gobiernos, erigió Álvaro Uribe, una mezcla de neoliberalismo a ultranza con fuerte influencia paramilitar y mafiosa en la dirección del Estado. Los desarrollos neoliberales se plasmaron en una legislación regresiva, en privatizaciones a granel y en reformas del aparato estatal, todo ello lesivo del interés nacional y de sus mayorías[3]. No sólo hubo una nutrida presencia de parapolíticos en la bancada parlamentaria del partido del Presidente –de donde provino buena parte de los efectivos de la coalición de gobierno−, sino que fue innegable la influencia paramilitar y mafiosa con poder decisorio, o por lo menos con una infiltración extendida, en la dirección de entidades e instituciones clave del gobierno y del Estado (DAS, Fiscalía, ministerio de Agricultura, Comunicaciones, Ejército, Policía, universidades y representaciones diplomáticas), aupada o consentida por el primer mandatario[4].

En consecuencia, el país padeció el favorecimiento desde el Estado de parapolíticos y paramilitares en materia de apropiación, posesión y legalización de tierras y de recursos públicos, junto a la tentativa, llamada de Justicia y Paz, –felizmente frustrada− de restablecerles derechos políticos, permitirles el disfrute de sus fortunas y garantizarles completa impunidad. Colombia experimentó los gajes de un verdadero Estado policíaco durante largo tiempo con la “guerra política” a cargo de la agencia de seguridad estatal manejada desde la Casa de Nariño que, hoy se sabe, comprendió espionaje de magistrados y líderes de la oposición, interceptaciones telefónicas ilegales, desinformación, actos de terrorismo, asesinatos y acciones hostiles contra embajadas de otros países. Finalmente trascendió que en la ocurrencia de muchos de los llamados “falsos positivos” los efectivos militares que los perpetraron contaron con la colaboración de agrupaciones paramilitares[5]. Hasta hoy, otra de las realidades incontrovertibles del país uribista es el mantenimiento del poder paramilitar y mafioso en varios departamentos y numerosos municipios. Como telón de fondo, proliferó una economía subterránea, mafiosa, que aunque de vieja data, ahora robustecida bajo la sombra del régimen, generó la conmoción social del derrumbe de las “pirámides”, el control de numerosos sectores económicos informales y/o ilegales, y, en particular, el inmisericorde agio extrabancario.

A Uribe, no obstante, le faltaron cosas por completar y consolidar. La lista, aun resumida, no es breve: someter a las altas cortes y al resto de jueces; lograr una eficacia, hasta hoy problemática, en la defensa legal de sus amigos y, eventualmente, en la suya propia; echar tierra a varias investigaciones judiciales enojosas, de reciente y de más antigua data; facultad presidencial para nombrar el Fiscal; una prensa y unos medios de comunicación más colaboradores, imbuídos de temor reverencial por el Ejecutivo; una policía política que lleve a cabo las faenas que le fueron encomendadas al DAS pero sin tanto obstáculo institucional; integración de organismos de control decorativos; consolidar el statu quo en la situación de la propiedad de las tierras despojadas a campesinos desplazados; lograr la aprobación del TLC por Estados Unidos y, en fin, llevar a cabo las reformas constitucionales y legales que priven del todo a los colombianos comunes y corrientes de los derechos cuyo ejercicio entraba la aplicación de las regresivas medidas políticas, económicas y sociales concernientes al plano laboral y al conjunto de la economía. Desde luego, tales realizaciones deberían permanecer en el marco institucional adecuado a la “confianza inversionista”, hoy existente, que requiere de la gran liberalidad de que gozan las multinacionales para hacer negocios en Colombia, suma obediencia a Washington y a las instituciones internacionales que aseguran su predominio, respeto a los convenios bilaterales –como el de las bases militares, así se aparten de la Constitución−, y estricta observancia de la política antinarcóticos gringa. Es decir, que las cosas que a Uribe le faltaron para completar su régimen terminarían por apuntalar, aunque fuese con las formalidades “democráticas” de fachada, el andamiaje fascistoide que se ha propuesto echarle encima al país. Y habida cuenta de que por el hundimiento del referendo reeleccionista no le fue dado llevar a cabo dicho proyecto por sí mismo, se explica que a la postre, luego de que el escándalo de Agro Ingreso Seguro desportillara la candidatura de su valido Uribito, tuviera que terminar otorgando su apoyo pleno y público a la candidatura de Juan Manuel Santos. Sin lugar a dudas, con el propósito de que el respaldo de Uribe a Santos conduzca a que el nuevo gobierno realice por lo menos buena parte de las metas faltantes.


La diferenciación implica enfrentamiento

Debe darse por descontado que Uribe hará cuanto esté a su alcance en pos de sus objetivos. Y no parece que Uribe haya de ser un ex presidente “común y corriente”; podría ser erróneo que, una vez salga de la Casa de Nariño, se le equiparara automáticamente a la habitual condición de otros ex presidentes. No mientras Colombia siga bajo el castigo de la violencia y el narcotráfico, y ahora del resurgimiento de las llamadas bandas emergentes. En esa perspectiva no puede perderse de vista uno de los principales nubarrones: la innegable influencia del paramilitarismo y de las mafias del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, extendida y de vieja data, de la que no escapan las filas de los escalones superiores del mando. Ni la inquietante interpelación de los generales en retiro hecha durante la campaña eleccionaria a los candidatos presidenciales, reclamando respeto al fuero militar, demanda que Uribe se apresuró a respaldar[6]. Ni las mayorías parlamentarias uribistas, con su nutrida bancada de suplentes o reemplazos de los parapolíticos, de los cuales no hay que preguntarse mucho si coadyuvarían proyectos legislativos o medidas de gobierno distintas o en contravía de las que instauró el régimen, al cual deben las posiciones de influencia política alcanzadas en sus regiones. Como tampoco cabe ignorar la actitud que asumirían ante igual situación las camarillas regionales de todo el país que emergieron con el ascenso paramilitar y mafioso y que tienen en su poder numerosas alcaldías y gobernaciones.

De otra parte, Juan Manuel Santos fue protagonista de primera fila del régimen uribista y partícipe como tal, o con responsabilidad insoslayable, en esenciales acciones del mismo, como el bombardeo al campamento de las Farc en territorio ecuatoriano y los falsos positivos. De tales acontecimientos hay hechos conocidos, y, eventualmente, pueden salir a flote otros no conocidos; luego, no pueden descartarse a la ligera los ulteriores efectos que todo ello pudiera llegar a tener en las posiciones del nuevo gobierno. Aún está sobre la mesa la afirmación de Mancuso en el sentido de que Francisco Santos le propuso la creación del llamado Bloque Capital para Bogotá[7].


Los hechos indicarán el camino

A la luz de las concretas circunstancias nacionales, ¿hay base para esperar una diferenciación del gobierno de Santos del de Uribe en el fundamental aspecto señalado? Paréceme que si se coincide en que buena parte de la alta burguesía que comanda los grupos económicos del país −a la cual el presidente electo está ligado por historia y tradición− viene moviéndose en esa dirección, puede ser aventurado descartar de entrada una voluntad política de Santos en tal sentido. Lo propio cabe observar de una conclusión de apresurado optimismo, que dé por hecho no únicamente el propósito de diferenciación en el nuevo presidente sino las condiciones para llevarlo a efecto. El próximo gobierno tendrá lugar en un complejo cuadro de intrincadas circunstancias políticas y económicas. Ni ese rígido apriorismo que pretende pasar como una concepción revolucionaria y que sólo impide ver la fluidez del mundo real, el inveterado simplismo distintivo de ciertos sectores de izquierda, ni el dejarse llevar por las primeras apariencias, serán buenos consejeros en la dinámica que se avecina.

Comoquiera que se mire, lo que quiere ponerse de relieve aquí es que, aún en el evento de que Santos tuviera la voluntad política de diferenciar su gobierno o de tomar distancia respecto del aspecto clave del régimen de Uribe, consistente en la fuerte influencia paramilitar y mafiosa en el Estado –voluntad que hoy es poco menos que imposible de establecer a simple vista−, debería enfrentar o superar obstáculos, como los que se han mencionado, que con seguridad se interpondrían en ese camino. Por consiguiente, lo que indica el sentido común es atenerse a los hechos y actuar en consecuencia con ellos. En la dinámica en marcha en la sociedad colombiana de hoy, hacia la conformación o consolidación de agrupamientos básicos del país[8], no puede descartarse que Juan Manuel Santos se alindere en el que corresponde a la presidida por la cúspide de los grandes negocios con su cortejo de neoliberales que no desean ya más junturas con el paramilitarismo y las mafias. En las condiciones de Colombia, esa separación y eventual enfrentamiento sería beneficioso para las fuerzas de la democracia en la medida en que permitiría sofrenar el peligro principal, los bastiones de la muerte que se expresan en el uribismo, o enfrentarlos en mejores condiciones. Una de las tareas del avance del proceso democrático en Colombia, la más importante en la hora actual. El quid del asunto para las fuerzas democráticas reside en mantener su independencia, adelantar una oposición consecuente, y aprovechar cualquier resquicio del momento para proseguir la lucha por la transformación a fondo del país.


La audaz propuesta de Petro

Un recurso del momento consiste precisamente en aprovechar la inclusión de temas de fondo en la ofrecida “unidad nacional” de Juan Manuel Santos, cualquiera que fuere el propósito que la anime. Es el rol de la propuesta hecha por Gustavo Petro, respondiendo a lo planteado por el presidente electo, de modo que la proposición concrete lo que Petro ha llamado un diálogo nacional. Los candentes temas de la tierra, las víctimas y el agua, tienen la virtud de que permiten deslindar campos con los intereses de las legiones ilegales armadas y tomar partido por los de las mayorías y del país. La discusión pública de tales asuntos puede ampliar el conocimiento de los colombianos y permitir vislumbrar el fondo de las neurálgicas cuestiones; además, por esta vía la oposición podría llegar con sus puntos de vista al gran público al que no ha podido influir. Es el gobierno de Santos el que debe demostrar su interés real por lasolución de tales problemas. Si no lo hace o incumple su anuncio en tal sentido, podrá cobrársele con fundamento. Y se habrá jugado el genuino papel que corresponde a la izquierda en estos tiempos.


Bogotá, julio de 2010

[1] “Uribe está lanzando cargas de profundidad contra Santos: Samper”, entrevista de Yamid Amat a Ernesto Samper www.eltiempo.com, 18 de julio de 2010.

[2] “Empresarios de Norte de Santander pidieron al gobierno declarar la crisis económica”, www.eltiempo.com, 17 de julio de 2010.

[3] Si nos limitáramos sólo a política de privatizaciones, durante los ocho años de la administración del presidente Uribe, entre liquidaciones, ventas, y reestructuración de nóminas, la poda fue del orden de 464 entidades del Estado. Fueron liquidadas casi 50 entidades, entre las que se destacan el Banco Cafetero, la Fundación Ciudad de Cali, la Caja Nación de Previsión Social, el Incora, el Inat, el Instituto de Fomento Institucional IFI, el Instituto para el desarrollo de la democracia Luis Carlos Galán Sarmiento, las tradicionales residencias femeninas en Bogotá, Carbocol y Minercol, entre otras. Por la sola venta de Bancafé, el 51 por ciento de las acciones de Telecom, Ecogas, Granahorrar, y las electrificadoras de Norte de Santander, Cundinamarca y Santander, el Gobierno recibió no menos de 8 billones de pesos. A esto se le suma la venta del 10 por ciento más una acción de Ecopetrol por un valor de 5.7 billones de pesos. También se adelantó la división del Instituto de los Seguros Sociales. Hay que agregar el cierre de varios hospitales entre los que se destacan las empresas sociales del Estado Rafael Uribe Uribe, Policarpa Salavarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, José Prudencio Padilla, la Caja Nacional de Previsión Social y la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander. También se implementó un agresivo programa de modificación de la planta de personal en 93 organismos y entidades del Estado, por ejemplo, en Corpoica, Hotel Tequendama, Findeter, Fondo Rotatorio de la Armada, Fuerza Aérea y del Ejército. El gobierno Uribe, además, procedió a liquidar electrificadoras de Córdoba, Guajira, Sucre, Atlántico, César, Magdalena, Chocó y varias empresas de servicios públicos. Cfr.www. “Casi 50 entidades fueron liquidadas durante el Gobierno Uribe”, www.caracol.com.co, 5 de junio de 2010.

[4] Rafael García, el ex jefe de Informática del DAS cuenta que luego de aprobado por el presidente Uribe su nombramiento como jefe del DAS, Jorge Noguera le dio instrucciones en el sentido de que lo que necesitaban las AUC de él era “información y plena colaboración” del DAS, acceso a la Fiscalía y a Medicina Legal. De la segunda se encargo el propio Noguera, aseguró García, porque estableció una relación cercana con el Fiscal Luis Camilo Osorio. En la segunda no hubo nada pero en remplazo de ello, agregó Rafael García, se tuvo acceso a la Registraduria a través del gerente de Informática de la misma, José Morillo, llevado a ese cargo en el gobierno Pastrana por los Araújo Castro. El alcance de la influencia paramilitar llegó, según García, no sólo al DAS: además de la Fiscalía y la Registraduría, incluyó también a los ministerios del Interior, de Agricultura y de Comunicaciones. Cfr. Entrevista a Rafael García, www.noticiasuno.com, 15 de mayo 2010.

[5] “Una supuesta alianza entre las Auc del Meta y las Fuerzas Militares en esa región, para conseguir 'positivos', ha sido el eje de las últimas versiones en Justicia y Paz del narcoparamilitar Daniel Rendón, 'don Mario', y sus hombres. Ante una fiscal, 'Chatarro' y 'Julián', dos ex comandantes paramilitares que operaban en los Llanos Orientales, dijeron que los bloques 'Centauros' y 'Héroes de los Llanos', al mando de Miguel Arroyave, entregaron al Ejército decenas de ex 'paras' y civiles muertos, que posteriormente habrían sido presentados por los uniformados como bajas en combate. Señalaron que esto hacía parte de una alianza que habrían pactado oficiales de la Fuerza Pública en el Meta, en especial del batallón 21Vargas, para realizar ejecuciones de civiles fuera de combate y operaciones conjuntas contra la guerrilla.” Y más adelante: “En otras diligencias, 'don Mario' ha dicho que entre el 2002 y el 2004 ocurrieron en el Meta más de 100 casos de muertes extrajudiciales que el Ejército, dijo, presentó como muertos en combate.” Cfr. “Paras liderados por 'don Mario' confiesan alianza con militares para realizar 'falsos positivos'”, www.eltiempo.com, 10 de abril de 2010.

[6] Preguntado por las dificultades que ve en el panorama actual del país, el ex presidente Samper respondió:“me preocupa la forma cómo se están politizando en el país los temas que tienen que ver con los militares, como el fuero, el juicio de responsabilidades por el palacio de Justicia, el tema del general Freddy Padilla; eso no puede ser materia de debate político para enfrentar a los colombianos. Es como si se tratara de la conformación de una especie de "partido militar" que estaría politizando causas afectas a las fuerzas armadas, para convertir en banderas políticas lo que antes se tramitaba por los canales institucionales.” Cfr.“ ‘El Partido Liberal está en la olla. Viene en retroceso desde hace años’: Ernesto Samper” www.eltiempo.com, 18 de julio de 2010.

[7] “El ex jefe paramilitar [Salvatore Mancuso] volvió a decir que el hoy candidato presidencial Juan Manuel Santos le propuso a Carlos Castaño dar un golpe de estado al Presidente Samper. También que Francisco Santos les sugirió crear el Bloque Capital”. Cfr. “El testimonio de Mancuso ante la Corte Suprema”, www.semana.com, 21 de abril de 2010.

[8] “Las presidenciales del 2010 incidieron en los fundamentales procesos de agrupamiento político y social que, con distinto grado de desarrollo y fuerza, están en marcha en el país. Tales agrupamientos son: 1) el uribismo más retrógrado, fuertemente enraizado en la gran propiedad latifundista y el capitalismo salvaje en el agro, vinculado a la gran corrupción estatal, a la parapolítica y a la economía subterránea, que hizo suyos los métodos más siniestros e ilegales y que sin duda alguna se dispone, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, a consolidar y profundizar el régimen que durante los ocho años precedentes instauró la administración Uribe; 2) el neoliberalismo criollo, cuya base social principal la constituye buena parte de los principales grupos económicos del país y su tecnocracia, que −no obstante haberse lucrado del régimen y colaborado con este− se ha distanciado de Uribe y su séquito por sus prácticas y sus nexos con las mafias; 3) la multiplicidad de fuerzas democráticas de Colombia que se debaten entre las tendencias a la dispersión y a la concentración, que expresan a las clases sociales básicas de nuestro pueblo, los obreros, los campesinos y las capas medias y su intelectualidad, y de cuyo devenir, unificado o fragmentado, depende el de la nación misma; y 4) las fuerzas de los grupos guerrilleros, que han retrocedido como consecuencia de los severos golpes recibidos, pero que subsisten.” Cfr. Marcelo Torres, “Conclusiones preliminares sobre los resultados de las presidenciales del 2010”, 22 de junio de 2010.