Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo mata más que la guerra. Cada año mueren 2 millones de trabajadores y trabajadoras (más de 5.000 por día) en accidentes o a causa de una enfermedad ligada al trabajo, frente a las 650 mil personas que mueren en las guerras de todo el mundo en un año.
En España, la brutal destrucción de empleo -se ha superado la barrera de los 4 millones de parados, la cifra más alta de su historia- se entrelaza a una brutal destrucción de la salud y la propia vida de miles de personas.
Así, el país se ubica en los primeros lugares en accidentes de trabajo y siniestralidad en la Unión Europea: cada día fallecen tres trabajadores, 23 sufren accidentes graves en su puesto de trabajo y hay 2.499 accidentes leves. La siniestralidad laboral se cobra anualmente la vida de más de 1.000 personas mientras trabajan.
¿De dónde se nutre esta suerte de terrorismo silencioso que a diario mata en los centros y ámbitos de trabajo? La respuesta no es complicada: en los altos índices de temporalidad, precariedad, subcontratación, en las malas prácticas, la desidia y la indiferencia empresariales tanto como en la falta de prevención de riesgos laborales, rasgos que constituyen las características salientes del mercado laboral español, el que más ocupación precaria crea en la Unión Europea.
Ello explica también que 3 de cada 4 trabajadores presenten molestias físicas relacionadas con las enfermedades osteomusculares, y que el 20 por ciento del total de trabajadores y trabajadoras desarrollen síntomas de estrés.
Para el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), “las condiciones de empleo, con sus connotaciones de temporalidad, flexibilidad y movilidad extrema, están en la base de un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo, que tiene repercusiones negativas en la salud de quienes las sufren”.
Esas circunstancias de empleo constituyen un elemento determinante de las condiciones de trabajo, y España muestra claramente cómo la exposición a riesgos no es igual para trabajadores y trabajadoras con un contrato permanente o con uno temporal. Varios estudios señalan que los accidentes laborales entre los trabajadores con contrato temporal superan el 50 por ciento del total en los últimos años. Las estadísticas reflejan que el número de accidentes laborales padecidos por trabajadores temporales ha crecido en más de 20 puntos porcentuales durante la última década en comparación al incremento registrado por el número de empleados con contrato permanente.
Según Joaquín Nieto, especialista en salud laboral de CCOO, “En muchas ocasiones se emplea a trabajadores eventuales o subcontratados para realizar las labores más penosas o peligrosas y evadir así las normas de protección ante los riesgos. Las empresas cuentan con una mano de obra barata, dócil y dispuesta a la máxima flexibilidad, adaptabilidad y a las exigencias empresariales, ante el temor a perder el empleo”.
Para esos trabajadores y trabajadoras -en un alto porcentaje jóvenes e inmigrantes- las condiciones de empleo precarias tornan mucho más compleja y difícil su participación en la defensa de su salud y seguridad. “La precariedad hace al trabajador más débil frente al empresario, y el chantaje es una realidad. Son frecuentes los trabajadores temporales que hacen, por ejemplo, más horas que las convenidas o cobran un salario inferior, o aceptan ser adscritos a una categoría más baja que la que se corresponde con su cualificación profesional. Sacrifican todo a la esperanza de ser renovados”.
Tan absurda y demencial es la dimensión de la siniestralidad laboral en España, que a finales del pasado año se creó la Asociación de Víctimas del Trabajo (AVT). Desde este colectivo se enfatiza que “El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe ser una exigencia para el empresariado. La Inspección de Trabajo visita alrededor de 12.000 empresas anualmente para certificar el cumplimiento de la ley, así como valorar la situación de los trabajadores. Algo ineficiente, ya que faltan técnicos en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que desde 1996 ha perdido más del 30 por ciento de sus efectivos. ¿Para qué crear una ley que no puede ser llevada a cabo?, se pregunta la AVT”.
Un estudio realizado por Comisiones Obreras exige la construcción de una estrategia española en seguridad y salud en el trabajo, para visitar las cerca de 300.000 empresas que carecen de representación sindical: las llamadas empresas blancas. Allí, tierra de nadie, al no llegar el sindicato no existen representantes sindicales en materia de prevención.
Las muertes y los accidentes de trabajo cuestan aproximadamente 12.000 millones de euros al año, el 1,72 por ciento del PIB. El coste de las jornadas perdidas asciende a 6.527 millones de euros y el de la Cobertura de Riesgos Profesionales por las Mutuas y Seguridad Social más de 5 mil millones de esa moneda vía cotizaciones sociales. Esta masacre cotidiana “debería activar la voz de alarma de una vez, como ocurre con los accidentes de tránsito, sin embargo, lejos de alarmar, estos datos son silenciados”, se denuncia desde la AVT.
Los accidentes de trabajo dibujan la parte visible de la problemática de la salud y las condiciones laborales. Un informe del ISTAS calcula que los accidentes representan alrededor del 10 por ciento de la mortalidad derivada del trabajo. Por su parte, las Enfermedades Relacionadas con el Trabajo -obstinadamente ocultas en los registros oficiales- causan al menos 16.000 muertes anuales, “aunque lo máximo que se ha declarado algún año son cinco (sí leyó bien: 5), según el director general de Salud Laboral del Gobierno de Cantabria, Iñigo Fernández.
Pero hay otro problema: un tendencioso subregistro de Enfermedades Relacionadas con el Trabajo. “En España se declaran de manera oficial apenas 17.000 enfermedades profesionales, cuando en realidad hay que reconocer unas 90.000 patologías relacionadas con el trabajo, y lo malo es que si no se reconocen no se puede aplicar políticas de prevención”. Así, la enfermedad profesional no es casi nunca mortal, pero, sin embargo, “hay declaradas más de 17.000 pensiones de viudez por enfermedades profesionales. Asimismo, no es comprensible también que en uno de los países más ruidosos de Europa, con más de 249.000 hipoacusias severas declaradas, sólo se reconozcan 551 de estas enfermedades profesionales auditivas cuando se estima que por motivos laborales tendría que haber unas 5.400”, advierte Fernández.
Como bien se manifiesta desde el ISTAS, “la siniestralidad no es la consecuencia de una maldición bíblica, ni un tributo insoslayable del trabajo. Los accidentes son el resultado de la ausencia de unas prácticas preventivas que son conocidas y aplicables”.
Son consecuencia también de una ideología empresarial en la cual el trabajo precario es concebido como una oportunidad para la gente de vida precaria, es decir: para todos los trabajadores y trabajadoras.
Así, el país se ubica en los primeros lugares en accidentes de trabajo y siniestralidad en la Unión Europea: cada día fallecen tres trabajadores, 23 sufren accidentes graves en su puesto de trabajo y hay 2.499 accidentes leves. La siniestralidad laboral se cobra anualmente la vida de más de 1.000 personas mientras trabajan.
¿De dónde se nutre esta suerte de terrorismo silencioso que a diario mata en los centros y ámbitos de trabajo? La respuesta no es complicada: en los altos índices de temporalidad, precariedad, subcontratación, en las malas prácticas, la desidia y la indiferencia empresariales tanto como en la falta de prevención de riesgos laborales, rasgos que constituyen las características salientes del mercado laboral español, el que más ocupación precaria crea en la Unión Europea.
Ello explica también que 3 de cada 4 trabajadores presenten molestias físicas relacionadas con las enfermedades osteomusculares, y que el 20 por ciento del total de trabajadores y trabajadoras desarrollen síntomas de estrés.
Para el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), “las condiciones de empleo, con sus connotaciones de temporalidad, flexibilidad y movilidad extrema, están en la base de un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo, que tiene repercusiones negativas en la salud de quienes las sufren”.
Esas circunstancias de empleo constituyen un elemento determinante de las condiciones de trabajo, y España muestra claramente cómo la exposición a riesgos no es igual para trabajadores y trabajadoras con un contrato permanente o con uno temporal. Varios estudios señalan que los accidentes laborales entre los trabajadores con contrato temporal superan el 50 por ciento del total en los últimos años. Las estadísticas reflejan que el número de accidentes laborales padecidos por trabajadores temporales ha crecido en más de 20 puntos porcentuales durante la última década en comparación al incremento registrado por el número de empleados con contrato permanente.
Según Joaquín Nieto, especialista en salud laboral de CCOO, “En muchas ocasiones se emplea a trabajadores eventuales o subcontratados para realizar las labores más penosas o peligrosas y evadir así las normas de protección ante los riesgos. Las empresas cuentan con una mano de obra barata, dócil y dispuesta a la máxima flexibilidad, adaptabilidad y a las exigencias empresariales, ante el temor a perder el empleo”.
Para esos trabajadores y trabajadoras -en un alto porcentaje jóvenes e inmigrantes- las condiciones de empleo precarias tornan mucho más compleja y difícil su participación en la defensa de su salud y seguridad. “La precariedad hace al trabajador más débil frente al empresario, y el chantaje es una realidad. Son frecuentes los trabajadores temporales que hacen, por ejemplo, más horas que las convenidas o cobran un salario inferior, o aceptan ser adscritos a una categoría más baja que la que se corresponde con su cualificación profesional. Sacrifican todo a la esperanza de ser renovados”.
Tan absurda y demencial es la dimensión de la siniestralidad laboral en España, que a finales del pasado año se creó la Asociación de Víctimas del Trabajo (AVT). Desde este colectivo se enfatiza que “El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe ser una exigencia para el empresariado. La Inspección de Trabajo visita alrededor de 12.000 empresas anualmente para certificar el cumplimiento de la ley, así como valorar la situación de los trabajadores. Algo ineficiente, ya que faltan técnicos en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que desde 1996 ha perdido más del 30 por ciento de sus efectivos. ¿Para qué crear una ley que no puede ser llevada a cabo?, se pregunta la AVT”.
Un estudio realizado por Comisiones Obreras exige la construcción de una estrategia española en seguridad y salud en el trabajo, para visitar las cerca de 300.000 empresas que carecen de representación sindical: las llamadas empresas blancas. Allí, tierra de nadie, al no llegar el sindicato no existen representantes sindicales en materia de prevención.
Las muertes y los accidentes de trabajo cuestan aproximadamente 12.000 millones de euros al año, el 1,72 por ciento del PIB. El coste de las jornadas perdidas asciende a 6.527 millones de euros y el de la Cobertura de Riesgos Profesionales por las Mutuas y Seguridad Social más de 5 mil millones de esa moneda vía cotizaciones sociales. Esta masacre cotidiana “debería activar la voz de alarma de una vez, como ocurre con los accidentes de tránsito, sin embargo, lejos de alarmar, estos datos son silenciados”, se denuncia desde la AVT.
Los accidentes de trabajo dibujan la parte visible de la problemática de la salud y las condiciones laborales. Un informe del ISTAS calcula que los accidentes representan alrededor del 10 por ciento de la mortalidad derivada del trabajo. Por su parte, las Enfermedades Relacionadas con el Trabajo -obstinadamente ocultas en los registros oficiales- causan al menos 16.000 muertes anuales, “aunque lo máximo que se ha declarado algún año son cinco (sí leyó bien: 5), según el director general de Salud Laboral del Gobierno de Cantabria, Iñigo Fernández.
Pero hay otro problema: un tendencioso subregistro de Enfermedades Relacionadas con el Trabajo. “En España se declaran de manera oficial apenas 17.000 enfermedades profesionales, cuando en realidad hay que reconocer unas 90.000 patologías relacionadas con el trabajo, y lo malo es que si no se reconocen no se puede aplicar políticas de prevención”. Así, la enfermedad profesional no es casi nunca mortal, pero, sin embargo, “hay declaradas más de 17.000 pensiones de viudez por enfermedades profesionales. Asimismo, no es comprensible también que en uno de los países más ruidosos de Europa, con más de 249.000 hipoacusias severas declaradas, sólo se reconozcan 551 de estas enfermedades profesionales auditivas cuando se estima que por motivos laborales tendría que haber unas 5.400”, advierte Fernández.
Como bien se manifiesta desde el ISTAS, “la siniestralidad no es la consecuencia de una maldición bíblica, ni un tributo insoslayable del trabajo. Los accidentes son el resultado de la ausencia de unas prácticas preventivas que son conocidas y aplicables”.
Son consecuencia también de una ideología empresarial en la cual el trabajo precario es concebido como una oportunidad para la gente de vida precaria, es decir: para todos los trabajadores y trabajadoras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Haz tus comentarios aquí: