Escrito por Grupo de reflexión en Género
presentada por Alexandra Quintero –Sisma Mujer
Como organizaciones que promovemos el respeto y defensa de los derechos de las mujeres colombianas, consideramos que el proyecto de acto legislativo en estudio, es insuficiente y plantea numerosas inconsistencias que en lugar de contribuir a solucionar la actual crisis de legitimidad y representatividad que vive el Congreso de la República y dar cauce al tan deseado fortalecimiento de la democracia colombiana, acarrea graves efectos para la misma y estimula la impunidad política.
En ese sentido, esta intervención tendrá dos objetivos. En primer lugar, señalar los puntos que consideramos críticos del proyecto, y argumentar a la luz de los derechos de las mujeres colombianas, la necesaria inclusión de un catálogo explícito de medidas de aplicación inmediata que permita la depuración y sanción de los partidos políticos y congresistas vinculados con grupos armados al margen de la ley. Y, en segundo lugar, insistir incansablemente en la inclusión de fórmulas que respalden la participación política de la mujer y que conduzcan de manera real al fortalecimiento de la democracia en colombiana.
En primer lugar, consideramos que el castigo a los partidos políticos involucrados con grupos armados ilegales es prácticamente inocuo. Esto porque: a. No aborda directamente el tema de la responsabilidad política ya que condiciona su funcionamiento a una ley aprobada por el mismo Congreso. b. Las sanciones a los partidos y los congresistas que resulten implicados con actores armados sólo se harán efectivas a partir de 2010. En otras palabras, las sanciones no se aplicarán a los congresistas que tengan investigaciones vigentes antes de que entre en rigor la reforma. c. A través de la exigencia de sentencia ejecutoriada por dos crímenes (vinculación con grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico) en vez de uno (vinculación con grupos armados ilegales) anula la posibilidad que se genere responsabilidad política a aquellos partidos que hayan avalado grupos al margen de la ley, de manera ejemplar e inmediata.
Nos causa notal preocupación que en la actual configuración del panorama político siga estando en manos de funcionarias y funcionarios vinculados con grupos armados ilegales criminales y culpables de la grave situación que viven muchas mujeres en Colombia.
Si bien el conjunto del país ha sido afectado por las actuaciones de los grupos armados ilegales, nuestro trabajo profundo y constante de defensa de los derechos de las mujeres afectadas por el conflicto armado, en el marco de los pronunciamientos realizados tanto por organismos nacionales como internacionales, ha demostrado que son las mujeres quienes se ven afectadas de manera desproporcional por las actuaciones desplegadas por estos grupos. Son gravísimas las infracciones al DIH cometidas contra las mujeres, jóvenes y niñas, y las distintas formas de violencia basada en género que se han desarrollado. Las mujeres colombianas, particularmente las de las zonas rurales y de más precarios niveles de desarrollo en el país, son sometidas a diversas formas de violencia. El desplazamiento forzado interno, el homicidio, el reclutamiento forzado, la desaparición y la tortura constituyen prácticas generalizadas de los actores armados para ejercer control sobre las poblaciones y específicamente sobre las mujeres. Así mismo, la apropiación del cuerpo de las mujeres, jóvenes y niñas como instrumento de guerra ha sido una constante en la actuación de los grupos armados ilegales.
Los congresistas investigados y condenados por tener vínculos con grupos armados ilegales han apoyado directa o indirectamente estas violaciones. Por lo anterior, coincidimos en exigirles señores y señoras senadoras la aprobación de normas de responsabilidad política y demostrarnos así que es posible avanzar en la consecución de un Congreso con suficiente legitimidad y credibilidad
Ustedes tienen en sus manos la eliminación de la representación política de aquellos criminales que han vulnerado gravemente los derechos de nuestras mujeres colombianas, y el castigo a los partidos políticos que los apoyaron. La sociedad colombiana no puede permitir ni aceptar que los hechos que llevaron a la presente crisis humanitaria y derechos humanos queden impunes y no tengan ningún efecto político.
A nuestro juicio es muy importante que la opinión pública pueda saber, con claridad, cuáles son los partidos y congresistas que están del lado de la política limpia y la legalidad democrática y cuáles pretenden dejar en la impunidad las conductas ilegales cometidas y mantener las condiciones para que las mismas sigan sucediendo.
En segundo lugar, el actual texto del proyecto de acto legislativo representa para la Red Nacional de Mujeres un retroceso en el proceso de fortalecimiento de los partidos políticos iniciado en el 2003, por las siguientes razones: a. Legaliza y legitima del transfugismo político. y b. Prohíbe la realización de coaliciones con grupos significativos de ciudadanos para inscribir o apoyar candidatos a Corporaciones Públicas o cargos uninominales.
Constitucionalizar el transfuguismo es un engaño que genera graves daños a la democracia, permitiéndoles a los congresistas, muchos de los cuales ya han cambiado de partido, que lo vuelvan a hacer sin incurrir en doble militancia. Este despropósito no puede contar con la complicidad del Senado de la República. Les recordamos que lo que está en juego, es la democracia colombiana. Con la medida de la prohibición de coaliciones con grupos significativos de ciudadanos se atenta contra el principio de igualdad y se propina un duro golpe a los proyectos políticos independientes, los cuales son altamente representativos, en tanto expresan la voluntad de una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos.
Así, le exigimos a cada uno de los integrantes de esta comisión que revisen los aspectos mencionados y los modifiquen, o de lo contrario procedan al archivo ejemplarizante del proyecto.
En este contexto institucional y dada la importancia de la decisión, les exigimos más seriedad y respeto con las mujeres, la sociedad y la democracia colombiana. A nuestro juicio la adopción de una decisión de fondo debe tener en cuenta las consideraciones indicadas.
En lo concerniente a la participación política de la mujer, consideramos que a pesar del establecimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la Constitución Política, y de la existencia de mujeres sobresalientes en la política, las mujeres colombianas no ejercen de manera efectiva y plena su derecho a la participación política y su ciudadanía. Los resultados electorales registrados en las últimas elecciones al Congreso de la República y a cargos de elección local demuestran que la política sigue siendo un espacio discriminatorio para las mujeres, y que la voluntad expresada por algunos partidos políticos no es suficiente para avanzar en la inclusión efectiva de las mujeres en la política.
Para demostrar esto, basta recordar que:
a. En las elecciones al Congreso del 2006 se registró un leve descenso en el número de mujeres elegidas. Mientras para el periodo 2002 – 2006 las mujeres ocuparon el 12.6% de los escaños en la Cámara de Representantes y el 9.8% en el Senado de la República; en el periodo 2006 – 2010 las mujeres ocuparon el 8.4% de los escaños en la Cámara de Representantes y el 12% en el Senado de la República[1].
b. Ahora, tratándose de la últimas elecciones locales, si bien se reportó un aumento del número de mujeres candidatas y electas, es importante señalar que dicho incremento no derivó necesariamente en un aumento significativo en mujeres candidatas y alcaldesas en proporción con los hombres. Esto se debe a que mientras en 2003, de 317 candidatas resultaron electas 77 en elecciones generales, en 2007 de 563 resultaron elegidas 99, lo que significa que el éxito electoral de las mujeres para el año 2003 fue mayor (24,29%) que para el 2007 (17,58%)[2].
c. En el ranking mundial de participación política de la mujer, Colombia ocupa el número 108 a nivel mundial (se miden 187 países y se otorgan 134 posiciones). En la posición 108 también están la república de Armenia y el Congo.
La escandalosa infrarrepresentación de las mujeres en los cargos de elección popular en Colombia no sólo es una evidencia de las profundas fallas del funcionamiento de la democracia colombiana y una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres colombianas, sino que además se traduce en un bajo grado de representación de los intereses del electorado femenino y una baja inclusión de una perspectiva de género en las políticas públicas.
De esta forma, para aumentar la legitimidad de la democracia colombiana, es fundamental hacer explícito en la Constitución Política colombiana la obligación de los partidos políticos de garantizar medidas a favor de la participación política de la mujer, como una directa aplicación del principio democrático. La participación de las mujeres al interior de los partidos políticos, como miembros y candidatas, es un requisito básico que debe cumplir un sistema que se autodenomine como “democrático”.
Además, establecer una cláusula constitucional que permita la participación de la mujer en la política, encuentra pleno fundamento en las recomendaciones realizadas a Colombia por organismos y convenios internacionales como la CEDAW y la Plataforma de Beijing, y deberá ser incluido en la reforma política con la finalidad de que la participación política de las mujeres se constituya en un elemento esencial a la acción de los partidos políticos en Colombia.
Por último, rechazamos las actuaciones de los varones de la Cámara de Representantes durante el sexto debate a éste proyecto el pasado 6 de mayo del presente año. Estas posiciones desconocen la gravísima subrepresentación de las mujeres en la política y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano sobre derechos de las mujeres, como la Convención Contra todas las formas de Discriminación (CEDAW).
Intervención en audiencia pública en Comisión Primera del Senado de la República sobre PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 12/08 Senado - 106/08 Cámara ACUM. No. 051/08-C- ACUM. No. 101/08-C- ACUM. No. 109/08-C- . ACUM. 128/08-C- ACUM. 129/08-C - ACUM. 140/08-C- “POR EL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN UNOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.”
Mayo 20 de 2009
[1] Documento de diagnóstico Fescol: “Colombia: balance crítico de la participación política de las mujeres en las elecciones para el Congreso 2006 – 2010”, elaborado por Angélica Bernal. Fuente: Elaborado con datos de Piedad Córdoba Ruiz, Mujeres en el Congreso de Colombia, estudio de caso 2004 y de la Registraduría Nacional (www.registraduría.gov.co)
[2] Cifras calculadas por la Campaña Más Mujeres Más Política con base en la información preliminar publicada por la Registraduría General de la Nación en su página web luego de los escrutinios de los comicios del 2007
Como organizaciones que promovemos el respeto y defensa de los derechos de las mujeres colombianas, consideramos que el proyecto de acto legislativo en estudio, es insuficiente y plantea numerosas inconsistencias que en lugar de contribuir a solucionar la actual crisis de legitimidad y representatividad que vive el Congreso de la República y dar cauce al tan deseado fortalecimiento de la democracia colombiana, acarrea graves efectos para la misma y estimula la impunidad política.
En ese sentido, esta intervención tendrá dos objetivos. En primer lugar, señalar los puntos que consideramos críticos del proyecto, y argumentar a la luz de los derechos de las mujeres colombianas, la necesaria inclusión de un catálogo explícito de medidas de aplicación inmediata que permita la depuración y sanción de los partidos políticos y congresistas vinculados con grupos armados al margen de la ley. Y, en segundo lugar, insistir incansablemente en la inclusión de fórmulas que respalden la participación política de la mujer y que conduzcan de manera real al fortalecimiento de la democracia en colombiana.
En primer lugar, consideramos que el castigo a los partidos políticos involucrados con grupos armados ilegales es prácticamente inocuo. Esto porque: a. No aborda directamente el tema de la responsabilidad política ya que condiciona su funcionamiento a una ley aprobada por el mismo Congreso. b. Las sanciones a los partidos y los congresistas que resulten implicados con actores armados sólo se harán efectivas a partir de 2010. En otras palabras, las sanciones no se aplicarán a los congresistas que tengan investigaciones vigentes antes de que entre en rigor la reforma. c. A través de la exigencia de sentencia ejecutoriada por dos crímenes (vinculación con grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico) en vez de uno (vinculación con grupos armados ilegales) anula la posibilidad que se genere responsabilidad política a aquellos partidos que hayan avalado grupos al margen de la ley, de manera ejemplar e inmediata.
Nos causa notal preocupación que en la actual configuración del panorama político siga estando en manos de funcionarias y funcionarios vinculados con grupos armados ilegales criminales y culpables de la grave situación que viven muchas mujeres en Colombia.
Si bien el conjunto del país ha sido afectado por las actuaciones de los grupos armados ilegales, nuestro trabajo profundo y constante de defensa de los derechos de las mujeres afectadas por el conflicto armado, en el marco de los pronunciamientos realizados tanto por organismos nacionales como internacionales, ha demostrado que son las mujeres quienes se ven afectadas de manera desproporcional por las actuaciones desplegadas por estos grupos. Son gravísimas las infracciones al DIH cometidas contra las mujeres, jóvenes y niñas, y las distintas formas de violencia basada en género que se han desarrollado. Las mujeres colombianas, particularmente las de las zonas rurales y de más precarios niveles de desarrollo en el país, son sometidas a diversas formas de violencia. El desplazamiento forzado interno, el homicidio, el reclutamiento forzado, la desaparición y la tortura constituyen prácticas generalizadas de los actores armados para ejercer control sobre las poblaciones y específicamente sobre las mujeres. Así mismo, la apropiación del cuerpo de las mujeres, jóvenes y niñas como instrumento de guerra ha sido una constante en la actuación de los grupos armados ilegales.
Los congresistas investigados y condenados por tener vínculos con grupos armados ilegales han apoyado directa o indirectamente estas violaciones. Por lo anterior, coincidimos en exigirles señores y señoras senadoras la aprobación de normas de responsabilidad política y demostrarnos así que es posible avanzar en la consecución de un Congreso con suficiente legitimidad y credibilidad
Ustedes tienen en sus manos la eliminación de la representación política de aquellos criminales que han vulnerado gravemente los derechos de nuestras mujeres colombianas, y el castigo a los partidos políticos que los apoyaron. La sociedad colombiana no puede permitir ni aceptar que los hechos que llevaron a la presente crisis humanitaria y derechos humanos queden impunes y no tengan ningún efecto político.
A nuestro juicio es muy importante que la opinión pública pueda saber, con claridad, cuáles son los partidos y congresistas que están del lado de la política limpia y la legalidad democrática y cuáles pretenden dejar en la impunidad las conductas ilegales cometidas y mantener las condiciones para que las mismas sigan sucediendo.
En segundo lugar, el actual texto del proyecto de acto legislativo representa para la Red Nacional de Mujeres un retroceso en el proceso de fortalecimiento de los partidos políticos iniciado en el 2003, por las siguientes razones: a. Legaliza y legitima del transfugismo político. y b. Prohíbe la realización de coaliciones con grupos significativos de ciudadanos para inscribir o apoyar candidatos a Corporaciones Públicas o cargos uninominales.
Constitucionalizar el transfuguismo es un engaño que genera graves daños a la democracia, permitiéndoles a los congresistas, muchos de los cuales ya han cambiado de partido, que lo vuelvan a hacer sin incurrir en doble militancia. Este despropósito no puede contar con la complicidad del Senado de la República. Les recordamos que lo que está en juego, es la democracia colombiana. Con la medida de la prohibición de coaliciones con grupos significativos de ciudadanos se atenta contra el principio de igualdad y se propina un duro golpe a los proyectos políticos independientes, los cuales son altamente representativos, en tanto expresan la voluntad de una gran cantidad de ciudadanas y ciudadanos.
Así, le exigimos a cada uno de los integrantes de esta comisión que revisen los aspectos mencionados y los modifiquen, o de lo contrario procedan al archivo ejemplarizante del proyecto.
En este contexto institucional y dada la importancia de la decisión, les exigimos más seriedad y respeto con las mujeres, la sociedad y la democracia colombiana. A nuestro juicio la adopción de una decisión de fondo debe tener en cuenta las consideraciones indicadas.
En lo concerniente a la participación política de la mujer, consideramos que a pesar del establecimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la Constitución Política, y de la existencia de mujeres sobresalientes en la política, las mujeres colombianas no ejercen de manera efectiva y plena su derecho a la participación política y su ciudadanía. Los resultados electorales registrados en las últimas elecciones al Congreso de la República y a cargos de elección local demuestran que la política sigue siendo un espacio discriminatorio para las mujeres, y que la voluntad expresada por algunos partidos políticos no es suficiente para avanzar en la inclusión efectiva de las mujeres en la política.
Para demostrar esto, basta recordar que:
a. En las elecciones al Congreso del 2006 se registró un leve descenso en el número de mujeres elegidas. Mientras para el periodo 2002 – 2006 las mujeres ocuparon el 12.6% de los escaños en la Cámara de Representantes y el 9.8% en el Senado de la República; en el periodo 2006 – 2010 las mujeres ocuparon el 8.4% de los escaños en la Cámara de Representantes y el 12% en el Senado de la República[1].
b. Ahora, tratándose de la últimas elecciones locales, si bien se reportó un aumento del número de mujeres candidatas y electas, es importante señalar que dicho incremento no derivó necesariamente en un aumento significativo en mujeres candidatas y alcaldesas en proporción con los hombres. Esto se debe a que mientras en 2003, de 317 candidatas resultaron electas 77 en elecciones generales, en 2007 de 563 resultaron elegidas 99, lo que significa que el éxito electoral de las mujeres para el año 2003 fue mayor (24,29%) que para el 2007 (17,58%)[2].
c. En el ranking mundial de participación política de la mujer, Colombia ocupa el número 108 a nivel mundial (se miden 187 países y se otorgan 134 posiciones). En la posición 108 también están la república de Armenia y el Congo.
La escandalosa infrarrepresentación de las mujeres en los cargos de elección popular en Colombia no sólo es una evidencia de las profundas fallas del funcionamiento de la democracia colombiana y una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres colombianas, sino que además se traduce en un bajo grado de representación de los intereses del electorado femenino y una baja inclusión de una perspectiva de género en las políticas públicas.
De esta forma, para aumentar la legitimidad de la democracia colombiana, es fundamental hacer explícito en la Constitución Política colombiana la obligación de los partidos políticos de garantizar medidas a favor de la participación política de la mujer, como una directa aplicación del principio democrático. La participación de las mujeres al interior de los partidos políticos, como miembros y candidatas, es un requisito básico que debe cumplir un sistema que se autodenomine como “democrático”.
Además, establecer una cláusula constitucional que permita la participación de la mujer en la política, encuentra pleno fundamento en las recomendaciones realizadas a Colombia por organismos y convenios internacionales como la CEDAW y la Plataforma de Beijing, y deberá ser incluido en la reforma política con la finalidad de que la participación política de las mujeres se constituya en un elemento esencial a la acción de los partidos políticos en Colombia.
Por último, rechazamos las actuaciones de los varones de la Cámara de Representantes durante el sexto debate a éste proyecto el pasado 6 de mayo del presente año. Estas posiciones desconocen la gravísima subrepresentación de las mujeres en la política y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano sobre derechos de las mujeres, como la Convención Contra todas las formas de Discriminación (CEDAW).
Intervención en audiencia pública en Comisión Primera del Senado de la República sobre PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 12/08 Senado - 106/08 Cámara ACUM. No. 051/08-C- ACUM. No. 101/08-C- ACUM. No. 109/08-C- . ACUM. 128/08-C- ACUM. 129/08-C - ACUM. 140/08-C- “POR EL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN UNOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.”
Mayo 20 de 2009
[1] Documento de diagnóstico Fescol: “Colombia: balance crítico de la participación política de las mujeres en las elecciones para el Congreso 2006 – 2010”, elaborado por Angélica Bernal. Fuente: Elaborado con datos de Piedad Córdoba Ruiz, Mujeres en el Congreso de Colombia, estudio de caso 2004 y de la Registraduría Nacional (www.registraduría.gov.co)
[2] Cifras calculadas por la Campaña Más Mujeres Más Política con base en la información preliminar publicada por la Registraduría General de la Nación en su página web luego de los escrutinios de los comicios del 2007
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