25 de junio de 2009

Conclusiones de la comisión de aplicación de normas de la OIT

"Como se ha informado, el Estado Colombiano fue llamado a comparecer ante la Comisión de Normas como uno de los 25 países que más incumplen los convenios de la OIT en el mundo".

Concluyó en Ginebra, Suiza, la 98 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, con un balance no muy satisfactorio para el Gobierno colombiano en lo que tiene que ver con las conclusiones que presentó la Comisión de Aplicación de Normas, tras escuchar las intervenciones de los representantes del gobierno, de las centrales sindicales y de los empresarios que asistieron a la sesión en la que se debatió el caso de Colombia, país que estaba incluido como uno de los 25 del mundo que más incumplen los convenios de la OIT.

Un llamamiento en favor de un compromiso más fuerte para que en Colombia se aplique de manera efectiva al cumplimiento del Convenio 87, relativo a los derechos de afiliación y asociación sindical, y se realicen esfuerzos tripartitos que aseguren un diálogo social más profundo y significativo, formuló en su informe de conclusiones la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT , al estudiar las observaciones que por incumplimiento (en la practica y en la legislación) se hacen al gobierno colombiano.

Como se ha informado, el Estado Colombiano fue llamado a comparecer ante la Comisión de Normas como uno de los 25 países que más incumplen los convenios de la OIT en el mundo, lista que completan: Bieolorusia, Birmania, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Congo, Etiopía, Guatemala, Irán, Israel, Italia, Corea, Kuwait, Malasia, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Rusia, Swaziland, Turquía y Venezuela.

El hecho que en los 3 años que lleva el Acuerdo Tripartito, la Comisión de Normas haya vuelto a llamar al gobierno colombiano a presentar información, significa, al menos, que dicho Acuerdo no se ha cumplido, y que en la Conferencia de la OIT del año 2010 el gobierno tendrá que presentar resultados concretos en todas las materias señaladas, o de lo contrario volverá a ser incluido en la lista de los 25.

La Comisión de Normas emitió sus conclusiones tras el debate en el que participaron los representantes del gobierno colombiano, de las centrales sindicales y de los empresarios presentes en la sesión, y luego de revisar el informe que previamente había presentado la Comisión de Expertos de la OIT.

Cabe recordar que esta Comisión de Expertos en su informe resaltó el incremento de la violencia contra el sindicalismo colombiano, que incluye asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte y una “preocupante situación de impunidad”, basada en el hecho de que el número de condenas por estos hechos siga siendo reducido, y que gran número de investigaciones se encuentren apenas en etapa preliminar. Asimismo, se refirió a la peligrosa estigmatización de los sindicalistas como simpatizantes de las guerrillas.

En lo referente a temas legislativos no resueltos satisfactoriamente por el Estado colombiano, la Comisión de Expertos aludió las formas de contratación tercerizadas, que encubren verdaderas relaciones de trabajo y no permiten la afiliación a sindicatos, como es el caso de las cooperativas de trabajo asociado; e hizo un llamado al Gobierno para que se levante la prohibición del derecho de huelga a las centrales y federaciones sindicales.

Conclusiones de la Comisión de Normas

Sobre el tema de la violencia antisindical, esta Comisión tomó nota de las preocupaciones en el sentido de que “el número de condenas por los asesinatos sigue siendo muy bajo, y de que las sentencias que han sido dictadas sólo se refieren a los autores materiales de la violencia y no a los instigadores”, y expresó la esperanza de que el Gobierno colombiano fortalezca el Poder Judicial para garantizar que todas las investigaciones se realicen rápida y eficientemente.

También instó al gobierno a que emita “un claro mensaje al más alto nivel sobre la importancia del papel que desempeñan las organizaciones sindicales en la sociedad, y de que no se tolerará la violencia antisindical”, y lo urgió para que “ponga término a la actual situación de violencia e impunidad a través de medidas y políticas innovadoras y eficaces aplicadas de manera continua”. Esto porque “un movimiento sindical sólo puede existir en un clima exento de violencia”.

Sobre el mismo tema, la Comisión apreció “las medidas positivas adoptadas por el Gobierno para reforzar la Oficina del Fiscal General y los consiguientes progresos en la lucha contra la violencia y la prevaleciente situación de impunidad. Aprecia también la reciente información relativa a la creación de un fondo de reparación para las víctimas de la violencia”.

En cuanto a las cuestiones legislativas pendientes, relacionadas con: derecho de los asociados de cooperativas a sindicalizarse, inscripción de organizaciones sindicales, arbitraje obligatorio, restricciones a las organizaciones de grado superior y otro tipo de limitaciones, la Comisión de Normas destacó algunas medidas tomadas por el gobierno de Colombia, y en especial las sentencias de la Corte Constitucional que han favorecido las libertades sindicales.

“Se han realizado progresos con la adopción de una nueva legislación que traslada a la autoridad judicial la competencia de declarar la ilegalidad de la huelga, que antes correspondía a la autoridad administrativa. Asimismo, la Comisión tomó nota con interés de la sentencia de la Corte Constitucional que parece establecer un procedimiento simplificado de registro de organizaciones sindicales para una mejor aplicación del artículo 2 del Convenio”.

Y sobre el tema de las cooperativas mostró su “preocupación manifiesta en cuanto al aumento del recurso a las cooperativas, a los contratos de servicios, y contratos civiles y comerciales, de un modo que obstaculizan el ejercicio de los derechos sindicales por parte de los trabajadores afectados por este tipo de contratos, así como los alegatos relativos a la existencia de un clima antisindical generalizado”.

En otro aparte la Comisión expresa “la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio núm. 87, consultando plenamente con los interlocutores sociales… Toma nota del compromiso manifestado por el Gobierno y los interlocutores sociales en cuanto al reforzamiento del diálogo social en el país”.

Finalmente subrayó la importancia de asegurar que este diálogo sea profundo y significativo, y alentó a todas las partes a “realizar esfuerzos concertados para que los mecanismos tripartitos existentes pasen a ser un foro regular que inspire confianza a todas las partes".

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