25 de junio de 2009

14 de cada 100 personas que trabajan en Colombia, son niños y niñas

Que el 14.3% de la población ocupada sean personas menores de 17 años es, o debería ser, una vergüenza para cualquier país. Ese es el porcentaje del trabajo infantil en Colombia, donde, según las últimas cifras del DANE, 1´628.300 niños y niñas tienen una actividad laboral permanente; evidencia clara del gran déficit de trabajo decente y del elevado nivel de pobreza y bajos ingresos que padecen las familias colombianas, especialmente en el área rural.

El desempleo de los padres o sus precarias condiciones laborales, el limitado acceso a programas de educación, salud, alimentación y recreación, sumados a la inseguridad en los barrios y la pobreza producida por la desigual distribución de la riqueza nacional, siguen siendo las causas principales del trabajo infantil en Colombia. Los niños y niñas deben salir a trabajar para complementar los ingresos de sus hogares.

El DANE nos informa que en diferentes tipo de empleos laboran 786.567 niños y niñas entre 5 y 17 años, y en oficios del hogar (con 15 horas o más de jornada semanal) trabajan 841.733, para un total de 1´628.300, lo que significa una tasa real de trabajo infantil del 14.3%.

La principal rama de actividad de trabajo infantil es la agricultura, con un 36.4% y le sigue el comercio, con una tasa de 30.4%. Y en materia salarial, el 37,6% de los infantes trabajadores no recibe remuneración o ganancia, el 28% recibe hasta la cuarta parte del salario mínimo, el 28,1% entre la cuarta parte y un salario mínimo, y sólo el 5,8% más de un salario mínimo.

A pesar de la menor tasa de trabajo infantil en el caso de las niñas (4.2% frente al 9.4% de los niños), cualitativamente hay grandes diferencias en los tipos y condiciones laborales. Por ejemplo, del total de infantes que realizan oficios en el hogar por más de 15 horas cada semana, el 77% son niñas. Además las niñas participan en un 53% en el sector comercio, como trabajadoras familiares sin remuneración.

En cuanto a la relación campo-ciudad, mientras en el área rural la tasa de trabajo infantil fue de 10.9%, en las ciudades fue de 5.4%, a pesar de la disminución de 2 puntos con respecto al 2005.

Situación en Antioquia y Medellín

En Antioquia, y según la línea de base levantada por la Agencia presidencial para la Acción Social, la situación de trabajo infantil es preocupante. Es el departamento que padece con mayor rigor este flagelo, sobre todo en el campo, donde trabajan 24.500 niños y niñas. Los municipios de Anorí y Santa Fe de Antioquia presentan las mayores tasas de trabajo infantil en agricultura, mientras que Apartadó, zona de Urabá, presenta la tasa menor, situación que se explica por la alta formalización de las actividades agrícolas en esta zona y la presencia sindical, que prohíbe por convención colectiva el trabajo infantil en las fincas bananeras.

En Medellín y el Área Metropolitana, según cifras del DANE de 2007, hay 707.343 niños y niñas entre 5 y 17 años, de los cuales 60.023 entran en la categoría de infantes trabajadores, en el sector de las confecciones y textiles, la industria y el comercio; o que trabajan por más de 15 horas semanales en sus hogares. De esta infancia trabajadora, el 40% no asiste a la escuela.

Niños en la guerra

El reclutamiento forzado es considerado como una de las peores formas de trabajo infantil, según el Convenio 182 de la OIT. En Colombia, el reclutamiento infantil es uno de los dos únicos indicadores humanitarios que, en lugar de decrecer, aumenta. Le sigue el uso de minas antipersona.

De acuerdo con el informe del Fiscal del Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, a comienzos de 2008 se registraron en Colombia entre 11.000 y 14.000 niños en el conflicto armado. Uno de cada 4 combatientes era un niño.

Sin embargo, los datos no son claros, pues los paramilitares prácticamente no entregaron a todos los niños y niñas reclutados en sus filas durante las desmovilizaciones. Además, el resurgimiento de bandas y células urbanas ha hecho que, posiblemente, las cifras sean mayores, situación denunciada ampliamente por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Una de las principales conclusiones de estudios y de organismos expertos es que el reclutamiento se concentra en niños pobres, como un fenómeno mayoritariamente rural. En el campo la pobreza constituye la línea directa hacia el reclutamiento forzado de niños y niñas, con especial vulnerabilidad de los indígenas y afrodescendientes, habitantes de veredas alejadas del casco urbano de los pueblos o ciudades, como zonas del Chocó, Antioquia, Córdoba, Guaviare, Putumayo, Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, y Meta. Son las zonas que registran promedios más altos de permanencia.

Según la Misión de Apoyo de la OEA al Proceso de Paz(MAPP-OEA), estos reclutamientos se dan especialmente en la zona agroindustrial de Urabá, algunas comunas de Medellín, y varios sectores de los departamentos del Cesar y el Magdalena, que se han constituido en zonas de riesgo y territorios de disputa de las nuevas estructuras delincuenciales.

Sin embargo, el fenómeno tiende a urbanizarse, debido a la emergencia de nuevas estructuras delincuenciales que disputan territorios para su control, especialmente del negocio del narcotráfico.

Las soluciones frente al trabajo infantil

Se hace imperativo diseñar políticas públicas y programas de erradicación del trabajo infantil que vayan más allá de la prohibición, el control y el acceso a subsidios o programas temporales, pues éstas continúan siendo medidas paliativas a un problema que es de orden estructural.

La unión de voluntades del gobierno y la sociedad civil deben llevar a la consolidación de una política social que termine con la situación de vulnerabilidad en la medida que sus familias accedan a condiciones reales para una vida digna; que puedan tener, por ejemplo, una canasta básica de derechos; una renta básica para las satisfacción de necesidades como la alimentación, la salud, la educación; el empleo de adultos en condiciones de trabajo decente, y desarrollar acciones de responsabilidad social para garantizar la vivencia de sus derechos y el desarrollo integral a niños y niñas.

En la ciudad de Medellín se reconoce la labor del gobierno municipal para diseñar y desarrollar programas de acercamiento, sensibilización, reconocimiento y atención de las familias empobrecidas. De ahí que se observen efectos positivos en aquellos grupos familiares que reciben subsidio monetario, el cual en su mayoría es destinado a cubrir los costos de la canasta familiar y en gastos de salud. Lo que ha favorecido la permanencia de niños y niñas trabajadoras en el sistema escolar y disminuido su participación en actividades de trabajo. Sin embargo, resulta insuficiente para lograr erradicar completamente el trabajo infantil.

Agencia de información laboral - ENS

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