Sin mayores avances, terminaron las negociaciones de los pliegos de peticiones presentados por los sindicatos del Magisterio (FECODE) y del Ministerio de la Protección Social (Sinaltraempros), las dos instituciones del Estado en las que los trabajadores se acogieron al Decreto 535, norma con la que el gobierno Nacional reglamentó la negociación colectiva de los empleados públicos, en febrero pasado.
Las dos negociaciones constituyen la primera prueba de fuego del Decreto 535, y su resultado constatará si este controvertido decreto es eficaz para regular las relaciones laborales en el sector estatal; o, como las organizaciones sindicales temen, es una norma de “distracción” del Gobierno para mostrar que sí está cumpliendo los convenios con la OIT, pero sin cumplirlos en la práctica. Por los resultados que arrojan hasta ahora ambas negociaciones, la segunda presunción se ve más clara que la primera. Así lo aseguró, en el caso de FECODE, Enrique Contreras, secretario ejecutivo de esta organización sindical. “Ya se discutieron los 11 puntos del pliego, pero se ha avanzado muy poco, no hay nada concreto, nada escrito, apenas declaraciones de buena voluntad, y el plazo de 40 días para negociar termina el próximo sábado”, señaló.
En la mañana de hoy martes la comisión negociadora de los docentes se reunió directamente con la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez. Hubo algunos avances, pero todavía no acuerdos definitivos, de los cuales están pendientes los 250 mil educadores afiliados a FECODE en todo el país.
El punto del régimen pensional sigue siendo el más confuso. Resulta que el acto legislativo 01 de 2005 establece que los docentes nombrados antes del 27 de junio de 2003 se pensionen con 55 años de edad y 20 de servicio, y los nombrados después de esa fecha se jubilen con 57 años de edad. Pero el Gobierno, basado en un concepto del Consejo de Estado, da por derogado este régimen el 1º de agosto de 2010, a lo que los maestros se oponen, argumentando que ningún parlamentario al momento de aprobar la ley habló de derogar el régimen pensional docente. Es más, recientemente FECODE se reunió con los directorios del Partido Liberal en cabeza de Héctor Helí Rojas, y con Efraín Cepeda del Partido Conservador, quienes se comprometieron a defender el régimen pensional tal como fue aprobado en 2005. Además, ambos parlamentarios, y otros más, reforzarán la comisión accidental que el año pasado se nombró para estudiar y avanzar en el tema.
“Estamos dialogando y creemos que el Gobierno tendrá que ceder, porque además sabe que de no hacerlo serán miles las demandas que se le vienen encima”, puntualizó Enrique Contreras, quien agregó que de no llegarse a un acuerdo en las actuales negociaciones, FECODE presentará un proyecto de ley al Congreso, bajo la presión de una gran movilización nacional.
El estatuto docente
FECODE aboga por un estatuto único para todos los maestros de Colombia, que descanse sobre la base de la estabilidad laboral, un régimen disciplinario especial y un escalafón docente único y factible, ya que con la norma que rige actualmente es casi imposible que los maestros tengan ascensos laborales. Este reclamo también está, por ahora, en punto muerto. Como también lo está el tema de los incentivo para los docentes, quienes piden que se les reconozca subsidios para capacitación, primas especiales en zonas de violencia o de difícil acceso, y otras bonificaciones que el actual Gobierno les quitó.
En lo que sí ha habido algunos avances —señaló Contreras— es en el tema de los traslados, no sólo para los maestros amenazados o enfermos sino también para quienes lo soliciten por otra razón. La Ministra de Educación está de acuerdo en un decreto para resolver el tema de los traslados.
En el tema de la revisión salarial, la Ministra ya por lo menos reconoció que en los últimos años el salario de los maestros ha perdido poder adquisitivo (14% dice FECODE), y está de acuerdo en que el año entrante tengan un incremento salarial diferente a los demás trabajadores del Estado, pero gradual. Ofreció un 8% de aumento.
Otros puntos del pliego tienen que ver con un mayor presupuesto para la educación, que se vuelvan a abrir los preescolares, y con el rechazo a que se entreguen los colegios en concesión porque esa es una manera de privatizar la educación pública.
Negociaciones en Min Protección Social
En el Ministerio de la Protección Social, donde unos 3 mil funcionarios de todo el país están pendientes de la negociación del pliego, el plazo para terminarla se cumple mañana miércoles. Lo más factible, según lo aseguró Francisco Maltés, asesor de las negociaciones por parte de la CUT, es que no se resuelvan los puntos gruesos del pliego. Apenas ha habido acuerdos en el tema de los permisos sindicales, en la definición de algunos días cívicos que el Ministerio reconoce a sus funcionarios, y en apoyo en cursos y seminarios de capacitación.
Pero en el tema económico, que se empezó a discutir sólo desde ayer lunes, no hay mayor avance. Sinaltraempros (Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Protección Social) pide un incremento salarial del 10%, una prima de productividad social de un millón de pesos una vez al año, aumento de la prima de vacaciones, y una nivelación salarial acorde con la Ley 4 de 1992, que en el caso de este Ministerio nunca se aplicó. Consiste en que los funcionarios que tengan los mismos requisitos y cumplan funciones parecidas o similares, deben tener igual salario; que fue la misma razón que el año pasado llevó al paro a la rama judicial.
Otros puntos del pliego tienen que ver con el pago de las incapacidades por salud, previo al trámite ante las EPS; y con la ampliación de la planta de personal, para así contratar directamente a los empleados vinculados por Cooperativas de Trabajo Asociado y empresas contratistas, que conforman aproximadamente el 30% de la planta laboral del Ministerio.
Ante el evidente fracaso de las negociaciones, Sinaltraempros anunció que recurrirá a tres acciones: Solicitar intervención de la Comisión 7ª del Senado y la Cámara; solicitar una audiencia al agregado laboral de la embajada de Estados Unidos, a fin de que el Congreso de este país conozca que en Colombia no se cumplen las normas laborales, ni siquiera al interior del ente que define y orienta la política laboral del país: el Ministerio de la Protección Social; y denunciar el caso ante la 98 Conferencia de la OIT, a celebrarse desde el próximo 5 de abril en Ginebra. Esto en el entendió de que allí el Gobierno va a presentar el Decreto 535 como un avance en el cumplimiento de los convenios de Colombia con la OIT, cuando se está demostrando que no lo es.
Las dos negociaciones constituyen la primera prueba de fuego del Decreto 535, y su resultado constatará si este controvertido decreto es eficaz para regular las relaciones laborales en el sector estatal; o, como las organizaciones sindicales temen, es una norma de “distracción” del Gobierno para mostrar que sí está cumpliendo los convenios con la OIT, pero sin cumplirlos en la práctica. Por los resultados que arrojan hasta ahora ambas negociaciones, la segunda presunción se ve más clara que la primera. Así lo aseguró, en el caso de FECODE, Enrique Contreras, secretario ejecutivo de esta organización sindical. “Ya se discutieron los 11 puntos del pliego, pero se ha avanzado muy poco, no hay nada concreto, nada escrito, apenas declaraciones de buena voluntad, y el plazo de 40 días para negociar termina el próximo sábado”, señaló.
En la mañana de hoy martes la comisión negociadora de los docentes se reunió directamente con la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez. Hubo algunos avances, pero todavía no acuerdos definitivos, de los cuales están pendientes los 250 mil educadores afiliados a FECODE en todo el país.
El punto del régimen pensional sigue siendo el más confuso. Resulta que el acto legislativo 01 de 2005 establece que los docentes nombrados antes del 27 de junio de 2003 se pensionen con 55 años de edad y 20 de servicio, y los nombrados después de esa fecha se jubilen con 57 años de edad. Pero el Gobierno, basado en un concepto del Consejo de Estado, da por derogado este régimen el 1º de agosto de 2010, a lo que los maestros se oponen, argumentando que ningún parlamentario al momento de aprobar la ley habló de derogar el régimen pensional docente. Es más, recientemente FECODE se reunió con los directorios del Partido Liberal en cabeza de Héctor Helí Rojas, y con Efraín Cepeda del Partido Conservador, quienes se comprometieron a defender el régimen pensional tal como fue aprobado en 2005. Además, ambos parlamentarios, y otros más, reforzarán la comisión accidental que el año pasado se nombró para estudiar y avanzar en el tema.
“Estamos dialogando y creemos que el Gobierno tendrá que ceder, porque además sabe que de no hacerlo serán miles las demandas que se le vienen encima”, puntualizó Enrique Contreras, quien agregó que de no llegarse a un acuerdo en las actuales negociaciones, FECODE presentará un proyecto de ley al Congreso, bajo la presión de una gran movilización nacional.
El estatuto docente
FECODE aboga por un estatuto único para todos los maestros de Colombia, que descanse sobre la base de la estabilidad laboral, un régimen disciplinario especial y un escalafón docente único y factible, ya que con la norma que rige actualmente es casi imposible que los maestros tengan ascensos laborales. Este reclamo también está, por ahora, en punto muerto. Como también lo está el tema de los incentivo para los docentes, quienes piden que se les reconozca subsidios para capacitación, primas especiales en zonas de violencia o de difícil acceso, y otras bonificaciones que el actual Gobierno les quitó.
En lo que sí ha habido algunos avances —señaló Contreras— es en el tema de los traslados, no sólo para los maestros amenazados o enfermos sino también para quienes lo soliciten por otra razón. La Ministra de Educación está de acuerdo en un decreto para resolver el tema de los traslados.
En el tema de la revisión salarial, la Ministra ya por lo menos reconoció que en los últimos años el salario de los maestros ha perdido poder adquisitivo (14% dice FECODE), y está de acuerdo en que el año entrante tengan un incremento salarial diferente a los demás trabajadores del Estado, pero gradual. Ofreció un 8% de aumento.
Otros puntos del pliego tienen que ver con un mayor presupuesto para la educación, que se vuelvan a abrir los preescolares, y con el rechazo a que se entreguen los colegios en concesión porque esa es una manera de privatizar la educación pública.
Negociaciones en Min Protección Social
En el Ministerio de la Protección Social, donde unos 3 mil funcionarios de todo el país están pendientes de la negociación del pliego, el plazo para terminarla se cumple mañana miércoles. Lo más factible, según lo aseguró Francisco Maltés, asesor de las negociaciones por parte de la CUT, es que no se resuelvan los puntos gruesos del pliego. Apenas ha habido acuerdos en el tema de los permisos sindicales, en la definición de algunos días cívicos que el Ministerio reconoce a sus funcionarios, y en apoyo en cursos y seminarios de capacitación.
Pero en el tema económico, que se empezó a discutir sólo desde ayer lunes, no hay mayor avance. Sinaltraempros (Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Protección Social) pide un incremento salarial del 10%, una prima de productividad social de un millón de pesos una vez al año, aumento de la prima de vacaciones, y una nivelación salarial acorde con la Ley 4 de 1992, que en el caso de este Ministerio nunca se aplicó. Consiste en que los funcionarios que tengan los mismos requisitos y cumplan funciones parecidas o similares, deben tener igual salario; que fue la misma razón que el año pasado llevó al paro a la rama judicial.
Otros puntos del pliego tienen que ver con el pago de las incapacidades por salud, previo al trámite ante las EPS; y con la ampliación de la planta de personal, para así contratar directamente a los empleados vinculados por Cooperativas de Trabajo Asociado y empresas contratistas, que conforman aproximadamente el 30% de la planta laboral del Ministerio.
Ante el evidente fracaso de las negociaciones, Sinaltraempros anunció que recurrirá a tres acciones: Solicitar intervención de la Comisión 7ª del Senado y la Cámara; solicitar una audiencia al agregado laboral de la embajada de Estados Unidos, a fin de que el Congreso de este país conozca que en Colombia no se cumplen las normas laborales, ni siquiera al interior del ente que define y orienta la política laboral del país: el Ministerio de la Protección Social; y denunciar el caso ante la 98 Conferencia de la OIT, a celebrarse desde el próximo 5 de abril en Ginebra. Esto en el entendió de que allí el Gobierno va a presentar el Decreto 535 como un avance en el cumplimiento de los convenios de Colombia con la OIT, cuando se está demostrando que no lo es.
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