El pasado 20 de agosto de 2010, el gobierno nacional presentó a través del Ministro de la Protección Social, el proyecto de ley formalización y primer empleo.
Dicho proyecto fue concertado con el empresariado, sin la participación de los trabajadores y sus representantes de las centrales obreras.
Esta actuación desdice de los anuncios de diálogo social, hechos por el nuevo gobierno y contradice la obligación institucional y legal, especialmente la que ordena la Ley 278 de 1996, relativa a que todo proyecto de ley en materia laboral y salarial, debe pasar por la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, antes de ser radicada en el Congreso.
De esta manera, este gobierno recurre a las mismas prácticas de desconocimiento de las organizaciones sindicales a las que practicó el gobierno uribista.
A más de lo anterior, nos preocupa:
a. El desmonte de las exenciones tributarias del 30% sobre las inversiones en maquinaria y equipo, sólo se hacen en forma gradual, de beneficios que ya usufructuaron las empresas. Es decir, el 3,5 billones de pesos que se recuperarían para ingresos del Estado, será a cuenta gotas.
b. La formalización laboral debe desarrollarse principalmente en la gran empresa y especialmente, en el Estado, quien debe dar ejemplo, eliminando toda la tercerización de los contratos y órdenes de prestación de servicios y cooperativas de trabajo asociado, dando cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional C-614 de 2009, que ordena al Estado a vincular a las plantas de personal a los empleos permanentes y misionales.
c. Tal cual está concebido el proyecto de ley, no está claro que se va a hacer con los 13 millones de trabajadores informales que hay en el país. La cifra de formalizar 500 mil empleos, sólo apunta a una mínima porción y deja su responsabilidad en la pequeña y mediana empresa, acorralada por las políticas de competencia inequitativas derivadas del libre comercio (apertura económica, firmas de TLC).
d. Promover el primer empleo de jóvenes menores de 25 años, permitiendo a las empresas contratar aprendices ilimitadamente, es una invitación a cambiar la actual nómina de contratos laborales formales por aprendices informales a los que se les paga el 75% del salario mínimo legal vigente, evadiendo la seguridad social en pensiones y pago de parafiscales; no se les reconoce primas de vacaciones ni cesantías y se les niega el derechos a la sindicalización y a la negociación colectiva.
Se promueve así la informalidad que supuestamente se pretende formalizar. Adicionalmente, promovería el desmonte del aprendizaje en el Sena, entregándoselo a los mismos empresarios y a instituciones de garaje en desmedro de la calidad de la formación profesional.
e. Las actuales circunstancias en que desarrollan las actividades de inspección, vigilancia y control del Viceministerio de relaciones laborales, no garantizan que los empresarios que se acojan a este proyecto de ley no lo hagan mediante procederes evasivos y fraudulentos.
En conclusión, se atiende sólo a los empresarios y es preocupante las medidas anunciadas, dado que no es claro ni la formalización laboral ni los nuevos empleos para los jóvenes, por lo cual demandamos del gobierno el retiro del proyecto de ley del Congreso, hasta tanto se pueda realizar un diálogo nacional al respecto que cumpla con el diálogo social con las centrales obreras y las normas de la Comisión Nacional de Concertación y que responda verdaderamente a eliminar la informalidad y el desempleo.
Bogotá, 23 de agosto de 2010
FABIO ARIAS GIRALDO
Fiscal Nacional CUT
Dicho proyecto fue concertado con el empresariado, sin la participación de los trabajadores y sus representantes de las centrales obreras.
Esta actuación desdice de los anuncios de diálogo social, hechos por el nuevo gobierno y contradice la obligación institucional y legal, especialmente la que ordena la Ley 278 de 1996, relativa a que todo proyecto de ley en materia laboral y salarial, debe pasar por la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, antes de ser radicada en el Congreso.
De esta manera, este gobierno recurre a las mismas prácticas de desconocimiento de las organizaciones sindicales a las que practicó el gobierno uribista.
A más de lo anterior, nos preocupa:
a. El desmonte de las exenciones tributarias del 30% sobre las inversiones en maquinaria y equipo, sólo se hacen en forma gradual, de beneficios que ya usufructuaron las empresas. Es decir, el 3,5 billones de pesos que se recuperarían para ingresos del Estado, será a cuenta gotas.
b. La formalización laboral debe desarrollarse principalmente en la gran empresa y especialmente, en el Estado, quien debe dar ejemplo, eliminando toda la tercerización de los contratos y órdenes de prestación de servicios y cooperativas de trabajo asociado, dando cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional C-614 de 2009, que ordena al Estado a vincular a las plantas de personal a los empleos permanentes y misionales.
c. Tal cual está concebido el proyecto de ley, no está claro que se va a hacer con los 13 millones de trabajadores informales que hay en el país. La cifra de formalizar 500 mil empleos, sólo apunta a una mínima porción y deja su responsabilidad en la pequeña y mediana empresa, acorralada por las políticas de competencia inequitativas derivadas del libre comercio (apertura económica, firmas de TLC).
d. Promover el primer empleo de jóvenes menores de 25 años, permitiendo a las empresas contratar aprendices ilimitadamente, es una invitación a cambiar la actual nómina de contratos laborales formales por aprendices informales a los que se les paga el 75% del salario mínimo legal vigente, evadiendo la seguridad social en pensiones y pago de parafiscales; no se les reconoce primas de vacaciones ni cesantías y se les niega el derechos a la sindicalización y a la negociación colectiva.
Se promueve así la informalidad que supuestamente se pretende formalizar. Adicionalmente, promovería el desmonte del aprendizaje en el Sena, entregándoselo a los mismos empresarios y a instituciones de garaje en desmedro de la calidad de la formación profesional.
e. Las actuales circunstancias en que desarrollan las actividades de inspección, vigilancia y control del Viceministerio de relaciones laborales, no garantizan que los empresarios que se acojan a este proyecto de ley no lo hagan mediante procederes evasivos y fraudulentos.
En conclusión, se atiende sólo a los empresarios y es preocupante las medidas anunciadas, dado que no es claro ni la formalización laboral ni los nuevos empleos para los jóvenes, por lo cual demandamos del gobierno el retiro del proyecto de ley del Congreso, hasta tanto se pueda realizar un diálogo nacional al respecto que cumpla con el diálogo social con las centrales obreras y las normas de la Comisión Nacional de Concertación y que responda verdaderamente a eliminar la informalidad y el desempleo.
Bogotá, 23 de agosto de 2010
FABIO ARIAS GIRALDO
Fiscal Nacional CUT
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