18 de junio de 2011

Los poderes que están detrás del túnel Aburrá-Oriente


De lasillavacia.com

Esta semana distintos miembros de organizaciones sociales y ambientales de Santa Elena, en Antioquia, le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le piden que detenga lo más pronto posible el proyecto de construcción del Túnel de Oriente. La carta no tuvo mucho eco en los medios nacionales, como sí lo han tenido proyectos hidroeléctricos o mineros que generan la misma preocupación: el acceso al agua. Para los ambientalistas en la zona, la construcción del túnel que comunicará a Medellín con el aeropuerto de Rionegro -perforando una parte de la cordillera central- no sólo es innecesario sino que acabará con las cuencas hidrográficas que nutren el cerro de Santa Elena.

El problema para Santos es que no es cualquier proyecto. Es la bandera del gobernador Luis Alfredo Ramos, quien prometió desde su campaña en 2007 que construiría el túnel y ha hecho todo lo posible para que arranque antes de que termine su período. También es un proyecto detrás del que están grandes poderes de Antioquia como el ex presidente Álvaro Uribe y poderosos empresarios como William Vélez y Jaime Ramírez Ossa.
Para ellos, el proyecto es una oportunidad de desarrollo para Medellín que como cualquier otro tiene efectos ambientales, consideran que han sido exagerados por la comunidad de Santa Elena. La pelea entre la Gobernación y los empresarios contra los ambientalistas viene creciendo en los últimos meses, y la duda en Antioquia es si Santos, alguno de los candidatos a la Gobernación o los mismos ambientalistas podrán detener la construcción del túnel. 

Un proyecto frenado
El proyecto fue presentado inicialmente por Álvaro Uribe, cuando era Gobernador de Antioquia.
El Túnel de Oriente es la segunda fase de una concesión otorgada durante la Gobernación de Álvaro Uribe. Once días antes de acabar su mandato en 1997, Uribe adjudicó a la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. -que reúne a 52 empresas, entre ellas la de William Vélez- una licitación que se divide en cuatro fases y que les permite diseñar, construir y luego operar el túnel.
“Pero al cambiar de gobernador, entró Guillermo Gaviria. Él y los siguientes se opusieron al proyecto argumentando falta de recursos”, dijo Jaime Ramírez , gerente de la concesión, a La Silla Vacía.
Uno de ellos es Aníbal Gaviria quien explicó a La Silla Vacía que no continuó con el proyecto porque consideró que le faltaban estudios técnicos y ambientales para poder llevarlo a cabo. “Nosotros queríamos un transporte liviano, para que la gente de Medellín pueda llegar al aeropuerto, que puedan llegar quienes viven en Envigado, en Itaguí, si se hacía un tunel debía ser equitativo”, dijo el exgobernador Gaviria a La Silla Vacía.
Al margen de la decisión política, varias organizaciones ambientalistas, encabezadas por la ONG Corporación Región, demandaron ante el Tribunal Administrativo de Antioquia la licencia ambiental que otorgó Cornare, la CAR encargada de Antioquia. En 2003, el Tribunal derogó la resolución que concedía la licencia ambiental, argumentando que la Concesión no presentó un diagnóstico ambiental de alternativas para justificar el proyecto. Los ambientalistas creyeron que habían ganado la batalla, pero los empresarios apenas arracaban.

La mano salvadora de Uribe
Luis Alfredo Ramos heredó el proyecto del túnel y a pesar de las críticas ha seguido adelante con esta construcción.
Las empresas interesadas en el proyecto apelaron la decisión ante el Consejo de Estado. Y el magistrado ponente de este caso fue Marco Antonio Velilla, a quien Uribe ternó en el 2009 para la elección de Fiscal. Para tres de los líderes ambientalistas de Santa Elena consultados por La Silla Vacía, el que Velilla fuera quien tomara la decisión final llevaba un sesgo político por la cercanía entre el magistrado y Uribe, quien fue el creador del proyecto. Y sintieron confirmado su temor cuando la decisión de Velilla terminó dando luz verde al túnel. 
El 5 de mayo de este año el Consejo de Estado anuló la decisión que había tomado el Tribunal Administrativo. Pero no por conceptos ambientales sino por un problema de procedimiento. Según argumentó el Consejo, el Tribunal Administrativo no notificó a la Concesión que había una demanda contra la licencia ambiental. Aunque en Antioquia se hablaba del proceso en los medios de comunicación, el Tribunal no pudo presentarle al Consejo un recibo de envío a las empresas para notificar. La razón: el servicio postal acabó con los registros.
“Adpostal funcionó como entidad pública hasta el primer semestre de 2006, con la debida autorización Adpostal destruyó sus archivos antes de 2006, lo que implica que no hay posibilidad de confirmar si los telegramas solicitados fueron recibidos”, dice la providencia del Consejo de Estado.
Ya resuelto el tema de la licencia, sólo quedaba la buena voluntad de la Gobernación y el tema financiero. Y ahí ayudó Uribe. “Ya cuando Uribe era Presidente le pedimos voluntad para construir el túnel y él desde la Presidencia dijo que sí”, dijo Ramírez a La Silla Vacía. Según él, fue por ese apoyo que Ramos decidió heredar el túnel y defenderlo ante la Asamblea.
Los diputados tenían que aprobar la financiación del proyecto y la Gobernación decidió presentar una ordenanza  en este sentido antes de que el Consejo de Estado resolviera si mantenía o no la licencia ambiental.
“Fue presentada en diciembre, en extras. Y fue aprobada a pupitrazo limpio porque el Gobernador tiene 15 diputados a su favor, sólo hubo dos en contra y cuatro abstenciones”, contó a La Silla Vacía el diputado del Polo en Antioquia, Jorge Gómez. En total, se trata de un proyecto de 800 mil millones de pesos, de los cuales el departamento pondrá 60 mil, el Instituto de Desarrollo de Antioquia 150 mil, 100 mil provendrán de un cobro por valorización y 500 mil vendrán de los peajes de la Concesión, el del túnel y el que ya recibe en la Vía Las Palmas, que fue la primera fase de la obra.
Es más, uno de los argumentos fuertes de los opositores al proyecto del túnel, es que esa primera fase, la de la Vía Las Palmas no cumplió con los requisitos de diseño en esa primera etapa y por eso hay derrumbes permanentes y aún hoy tiene algunos tramos cerrados.

¿Y del agua qué?
Aunque el proyecto del túnel lleva mucho tiempo en espera, solo hay un estudio sobre sus implicaciones ambientales. El estudio fue publicado en junio de 2009 y realizado por la firma Integral S.A..
“El abatimiento de las aguas subterráneas por las excavaciones del túnel generará un cambio en el régimen de la red de flujo, modificando niveles, caudales y por lo tanto la disponibilidad del recurso en superficie, así como el abastecimiento de comunidades de aguas abajo”, dice el estudio. Lo que pasaría es que el agua que recibe la montaña y que hoy se dirige lentamente a los principales ríos de la zona, se va a filtrar rápidamente hacia el túnel. Con eso, la parte superior de la montaña donde hay bosques podría perder su riqueza ambiental, no habría suficiente agua para que llegue a los ríos ni tampoco para suministrar agua a quienes viven en Santa Elena.
El estudio también mide la probabilidad y la magnitud de que ocurran estos daños y las califica como altas. Esto es especialmente grave en Santa Elena, que es una zona forestal de protección reconocida por sus bosques y porque sus cultivos de flores, que son los que utilizan anualmente los silleteros para preparar los famosos arreglos que presentan en la Feria de las Flores.
Para el gerente de concesiones de la Gobernación, Rodrigo Caicedo Gómez, los ambientalistas no están teniendo en cuenta las estrategias para mitigar el impacto ambiental. La Gobernación ha insistido en que para perforar este sector de la cordillera central utilizarán un procedimiento de ‘excavación en seco’, que consiste en tapar fisuras en la montaña inyectando unas mezclas de cemento por donde podría drenarse el agua.
Sin embargo, en el trazado del túnel hay cinco fallas geológicas importantes y 13 puntos débiles de impacto ambiental por la calidad de la roca, que al ser impactado podría cambiar la red de flujos de la montaña.
El problema es que el estudio de impacto ambiental no es claro con respecto a las medidas que se van a tomar para garantizar el acceso al agua a los 14 mil habitantes que hacen parte del corregimiento de Santa Elena. Por ahora solo recomienda un programa para la identificación de calidad del agua y otro de monitoreo a ésta desde el inicio de las obras, y nunca menciona el proceso de excavación en seco ni su efectividad. Aún así el estudio no recomienda en ninguna parte detener el proyecto.
Y hay otro problema. Ese único estudio ambiental fue hecho por una empresa que hace parte de las 52 interesadas en que se entregue el proyecto: Integral S.A. es parte de la Concesión Túnel de Aburrá-Oriente.
“Es cierto, pero ellos tienen solo un uno por ciento de la concesión, yo no creo que por eso vayan a hacer un harakiri”, dijo a La Silla Vacía el gerente Ramírez. Para los ambientalistas sin duda hay un problema ético y si bien reconocen que el estudio es juicioso a la hora de medir los impactos, opinan que no lo es a la hora de recomendar soluciones o pronunciarse en contra de la obra. “Ellos no quieren perder su imagen como consultores, pero sí es una posición de doble moral porque a ellos les interesa el negocio”, dijo a La Silla Vacía uno de los ambientalistas que prefirió mantener su nombre bajo reserva.
El tema para ellos es evidente: se verán afectados el río Nare, las cuencas de esta montaña y sobre todo las que terminan alimentando los embalses de Piedras Blancas y La Fe. “Si sumamos las infiltraciones, nos dan 185 litros por segundo que se van a perder. Esa cantidad es la que consume cualquier población de 170 mil habitantes”, dijo uno de los ambientalistas a La Silla Vacía.
Aunque el que Integral S.A haga parte de la concesión procupa a los ambientalistas, son conscientes de que son miembros minoritarios y menos poderosos. Les preocupa más la participación de otras empresas que son mucho más cercanas al ex presidente Uribe. Según han denunciado ellos y también el diputado Gómez, el empresario William Vélez hace parte de la Concesión, como también lo hace Jaime Ramírez Ossa. Y, como lo explicó La Silla Vacía, Vélez y la Concesión fueron financiadores de la campaña reeleccionista de Uribe en 2006. Apenas arranque este negocio del túnel, será una victoria más para ese bloque empresarial que durante ocho años gozó de la cercanía con el entonces Presidente.

Túnel electoral

Los candidatos están divididos frente a la construcción del túnel. Sergio Fajardo (arriba) ha dicho que no es una necesidad para el departamento. Álvaro Vasquez (medio) dice que continuará con el proyecto de Ramos. Ánibal Gaviria, ex gobernador del departamento, también consideró que faltaban muchos estudios antes de arrancar a construir el túnel.
El Gobernador Ramos tiene todo listo para que la obra arranque en el segundo semestre y así cualquiera que sea elegido Gobernador para 2012-2016, no tendrá mucho qué hacer con el proyecto, excepto construirlo.
Sin embargo, de los cuatro candidatos a la Gobernación, dos se oponen a la construcción del túnel: Rodrigo Saldarriaga del Polo y Sergio Fajardo del Partido Verde. Carlos Mario Estrada del Partido de La U y Álvaro Vásquez del Partido Conservador sí apoyan el proyecto y Vásquez- quien es el segundo opcionado para la Gobernación- considera que el túnel es necesario para superar el atraso en infraestructura que tiene el departamento. “Cualquier gran obra genera polémica, pero yo soy defensor de este proyecto, yo sería la continuación del proyecto del gobernador”, dijo a La Silla Vacía. La defensa de Vásquez es explicable porque trabajó como secretario de Hacienda de Uribe cuando se presentó el proyecto, y hasta hace poco fue director del Idea en la Gobernación, el instituto que financió parte del túnel y en general se encarga de las grandes obras de infraestructura del departamento. Además, lleva 21 años trabajando con el actual Gobernador y lo ayudó a darle el último empujón al túnel. Para Vásquez el crecimiento demográfico que habrá en los próximos años, según estudios de la Gobernación, hacen que el túnel sea una necesidad.
Pero los opositores no opinan igual. “Esta zona ya tiene la vía Las Palmas, la vía Santa Elena, la vía El Escobero y la vía Medellín Bogotá”, dijo Sergio Fajardo a La Silla Vacía. Fajardo es actualmente el candidato más opcionado para la gobernación de Antioquia, en las últimas encuestas aparece con más del cincuenta por ciento de intención de voto, por lo que su posición contra el túnel es crucial. “Yo creo que este proyecto no debe ser una prioridad para la gobernación en este momento”, dijo Fajardo a La Silla Vacía. “El departamento tiene obligaciones primero con la salida a Urabá, hacia el sur o hacia el Norte en Barbosa. Además aún no está hecho un estudio sobre las implicaciones que tiene para Medellín este túnel, en su proceso de desarrollo urbano”.
Los Verdes paisas también comenzaron a moverse. Ayer el Colectivo Ambiental del Partido publicó un comunicado en el que critican la forma como se está entregando este túnel por las implicaciones ambientales, pero también financieras y sociales que producirá. “Para el Colectivo Ambiental del Partido Verde los recursos públicos son sagrados. No es equitativo ni justo, destinar tan alta cantidad de recursos públicos, para favorecer a un bajo porcentaje de la población de Antioquia, que entre otras cosas, es la más pudiente”, dice el comunicado.
Ellos, al igual que varios columnistas en El Colombiano y El Mundo que se oponen al proyecto, creen que solo beneficiará a unos pocos habitantes en la zona que se mueven de Rionegro a Medellín, uno de ellos es el ex Ministro de Minas y Energía Jorge Cock, ha dedicado varias columnas al tema.
El problema es que si Ramos ya tiene la sentencia del Consejo de Estado, el dinero listo y la aprobación de la Asamblea, sólo le falta oficializar el inicio de la obra. Por eso, la Concesion espera poder arrancar a perforar la montaña a prinicipios del próximo semestre. “Como Gobernador tendría que recibir el proyecto, eso es un tema institucional. Lo único que podría hacer es tener mucho cuidado con los contratos”, dijo Fajardo a La Silla Vacía.
Es decir, una vez Ramos entre en gastos, no hay Gobernador que pueda detener el proyecto. A los habitantes de Santa Elena solo les queda esperar que el presidente Juan Manuel Santos se pronuncie. Y por ahora la conceción al túnel avanza y ellos siguen esperando la respuesta de Presidencia.

Santa Elena es una zona forestal de protección reconocida por sus bosques y por sus cultivos de flores, que son los que utilizan anualmente los silleteros para preparar los arreglos florares que presentan en la Feria de las Flores.


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