Por: Joaquín Romero Calle.
Es presunción generalizada, de que en el Sistema de Salud, se privilegia al factor económico, para garantizar rendimientos lucrativos a los inversionistas privados, en contra de la salud misma. Esta percepción del común, no desvirtuada, ahora, en la práctica, es confirmada tácitamente, dentro del marco de la tal Emergencia Social, con los impedimentos y amonestaciones que se decretan contra los médicos que se salgan del marco restrictivo del Plan Obligatorio de Salud.
Sin la dificultad de enfrentar una “encrucijada del alma”, el Presidente Uribe, ha soltado un decreto, en el cual, prohíbe a los galenos que trabajan para EPS e IPS, curar a los pacientes. No otra cosa puede interpretarse, al establecerse sanciones para quienes receten tratamientos y medicamentos que no estén incluidos en el POS.
Bién se sabe, el Sistema está edificado, en materia de servicios ofrecidos, en el catalogo de patologías, procedimientos y sustancias curativas, denominado Plan Obligatorio de Salud -POS- el cual es limitado y excluyente de otros procedimientos y medicamentos, que, cuando resultan necesarios o insustituibles para la vida humana, como ya se ha explicado, sentencias de tutela, ordenan que se presten y se suministren.
La Corte Constitucional, para conceder el amparo en salud, en ese aspecto, tiene sentado como regla -entre otras- que el tratamiento o el medicamento NO POS, deben ser certificados por el médico tratante. Y corren rumores, igualmente no desmentidos, de que las EPS., exigen a sus profesionales -dependientes o contratados como independientes- que se abstengan de formular lo NO POS., so pena de perder el empleo o el contrato. Sin embargo, médicos honestos, conscientes de su responsabilidad social y que hacen honor al juramento hipocrático, se le revelan a esa coerción y colocan al enfermo en la ruta de los beneficios del NO POS., los cuales, las EPS., obviamente, se resisten a reconocer. Y entonces, aparece la Corte Constitucional, que ningún rol tiene asignado en el Sistema, como un actor más, decisivo y a favor de la parte débil.
El decreto de Uribe, busca frenar la avalancha de fallos de tutela, so pretexto de salvar las finanzas del Sistema, quitándole a los médicos, la autonomía de atender al paciente, según los requerimientos de la patología detectada. Lo que las EPS., no han logrado enteramente, porque médicos hay, que se pliegan al querer de ellas, por carencia de personalidad o por conservar el puesto o el contrato, lo trata de conseguir el Gobierno Nacional, por conducto de la aterradora conminación de nada de NO POS.
Para exhibir como floritura demagógica, crean, las llamadas “prestaciones excepcionales en salud” que así se denominarán las formulaciones y prescripciones NO POS, las cuales se otorgarán, cuando las dictamine el médico tratante, se pruebe la incapacidad económica del afiliado y las autorice el Comité Técnico de Prestaciones Excepcionales y el enfermo o sus parientes o amigos, obtengan crédito blando bancario, para cofinanciar total o parcialmente, los costos de dichas prestaciones excepcionales. Primero lo burocrático y la plata. Mientras tanto, como dirían las abuelas: “Mi Cristo padeciendo”.
Lógico, que el Gobierno Nacional, en trance de reelección presidencial, para mostrarse preocupado por la salud de los colombianos y como gran gestor de las soluciones para ella, anuncie a los cuatro vientos, un aumento de cobertura en Régimen Subsidiado, para alcanzar la universalidad que tanto se anhela y la igualación de los POS contributivo y subsidiado. Cantos de sirena para endulzar oídos de incautos.
Esa Universalidad, se desnaturaliza con la no realización de los principios complementarios de oportunidad y pertinencia, relativos a la prestación integral del servicio de salud, en el momento preciso de la enfermedad y con la atención efectiva para erradicarla. Principios incumplidos, porque no todo colombiano está resguardado por el Sistema; no todos están afiliados; el NO POS, traduce NO PROTECCION, aún para los afiliados y por las fallas operacionales del Sistema, como la tardía fijación de citas y la no entrega de medicamentos.
Ninguna mejoría denota el Sistema y el mismo sigue su derrotero dentro de un modelo económico neoliberal en donde todo es más: más riqueza para los ricos, más pobreza para los pobres. Acuérdense del Ministro, siempre habla de mucho más. Y es inocultable el propósito de la emergencia social: sanear las finanzas, a expensas de los pacientes, quienes en buen lenguaje del Sistema, ya no son eso, pacientes, sino clientes o usuarios. Vocablos éstos, que entrañan un profundo significado monetario.
Parte II
Definitivamente, Don Uribe y su círculo de privilegiados, están sollados por el poder; en declaración publicada por El Heraldo de Barranquilla, el Presidente expresó que “ocho años es poco tiempo para recuperar la seguridad”. En carta blanca, léase ésto, como: “… tienen que reelegirme por otros cuatro (4) años.” Y muy a pesar de que el refrendo reeleccionista, está ahogado por el tiempo y preliminarmente, ha sido espoleado con puntillazo procesal de morcillera, el interesado y los adeptos de su régimen, se aferran a las probabilidades de decisión favorable y espacio temporal para realizar los comicios pertinentes.
O a lo que es más significativo, la candidatura inscrita. El visto bueno judicial es factible -no es descartable, que Magistrados sucumban al tráfico de influencias desatado desde Palacio- pero el espacio temporal no dá. ¿Cómo lo tendrán?
Embriagado del Estado de Opinión -favorabilidad en las encuestas del 84%, las cuales nadie sabe quien las contesta- el Gobierno Nacional no tuvo escrúpulos para soltarle al pueblo, los horrores de una emergencia social, que atenta alevosamente contra los derechos de los colombianos, a la asistencia médica y a medicamentos para preservar su salud.
Como la reforma laboral, aquella que acabó con el recargo nocturno entre seis de la tarde y diez de la noche, la remuneración triple en domingos y festivos y cuyo salario mínimo recibe incremento del 3%, fue prácticamente inadvertida y recibida con resignación, Uribe pensó, que la misma suerte tendría la de Salud, pero se equivocó. El pueblo reviró y contundentemente.
Y confiado en que ese Estado de Opinión, le sublimiza todo, descaradamente se ha dado a la tarea de engranar un bien montado laberinto de explicaciones, para atacar sus propios decretos, criticar a quienes los redactaron, pero a la vez defenderlos y pregonar sus bondades excelsas, que sólo en la Casa de Nari, las ven y sienten.
Censura implícitamente al Ministro de la Protección Social, pero no le pide la renuncia ni lo declara insubsistente, tampoco este funcionario, dimite. Queda en la sensación del conglomerado pensante, que se trata de una comedia cómplice y complaciente, entre Presidente y Ministro. A última hora, se anunció la revocatoria de uno de esos decretos.
Y Germán Vargas Lleras, el principal afectado con la pretensión reeleccionista de Uribe, tratando de sacudirse de esa especie de limbo político, en el cual se autosumió, con su intrascendente postura de uribista, no reeleccionista ni antiuribista, ha denunciado el gasto de dos mil millones ($2.000.000.000.) de pesos, realizado por el Ministerio de la Protección Social, en Asesoría para los actos de la emergencia social y la adecuación material de la sentencia 760 del 2.008, de la Corte Constitucional.
La Corte, en sí, es verdaderamente, la reformadora del Sistema de Salud, ya que en tal providencia, de una vez por todas, la Corporación deja sentado, que la salud es un derecho fundamental y que al mismo le es inoponible, el escudo evasivo del NO POS., figura del Sistema, tan querida y consentida por las EPSs. Y defendida y protegida por el ejecutivo.
Lo aberrante del gasto en asesoría, es que la contratación se hizo con personas representativas y vinculadas a EPSs. –divulgado por Vargas Lleras- es decir, que la reforma a la salud, la preparó el sector empeñado en joder al otro, al de los pacientes, ahora, usuarios o clientes. Y el Ministro, rasgándose las vestiduras, llenándose la boca con burbujas falaces, vociferando que se está legislando extraordinariamente, para mejorar el Sistema de Salud, invocando como muestra de ello, la igualación de los Pos, cuando éstos, hace rato están nivelados por vía constitucional, en fallos de tutela.
Y lo que buscan Presidente y Ministro, es que esa igualación, mediante tutelas, no se haga realidad, prohibiéndole a los médicos tratantes, que formulen lo NO POS. No importa la vida del paciente. Interesa el costo del tratamiento y ese egreso, hay que evitarselo a la EPS. Esa es la verdadera intención de la tal reforma. Otro cuento chino, es el de las “prestaciones excepcionales en salud”, para lo de más allá del POS. La Corte Constitucional, también tumbó la barrera del No Pos. Cuando el paciente requiere procedimientos y medicamentos NO POS., hay que aplicarlos y suministrarlos, lo impone, la lógica de la vida, gústele o nó, a Uribe y a EPSs.
Es presunción generalizada, de que en el Sistema de Salud, se privilegia al factor económico, para garantizar rendimientos lucrativos a los inversionistas privados, en contra de la salud misma. Esta percepción del común, no desvirtuada, ahora, en la práctica, es confirmada tácitamente, dentro del marco de la tal Emergencia Social, con los impedimentos y amonestaciones que se decretan contra los médicos que se salgan del marco restrictivo del Plan Obligatorio de Salud.
Sin la dificultad de enfrentar una “encrucijada del alma”, el Presidente Uribe, ha soltado un decreto, en el cual, prohíbe a los galenos que trabajan para EPS e IPS, curar a los pacientes. No otra cosa puede interpretarse, al establecerse sanciones para quienes receten tratamientos y medicamentos que no estén incluidos en el POS.
Bién se sabe, el Sistema está edificado, en materia de servicios ofrecidos, en el catalogo de patologías, procedimientos y sustancias curativas, denominado Plan Obligatorio de Salud -POS- el cual es limitado y excluyente de otros procedimientos y medicamentos, que, cuando resultan necesarios o insustituibles para la vida humana, como ya se ha explicado, sentencias de tutela, ordenan que se presten y se suministren.
La Corte Constitucional, para conceder el amparo en salud, en ese aspecto, tiene sentado como regla -entre otras- que el tratamiento o el medicamento NO POS, deben ser certificados por el médico tratante. Y corren rumores, igualmente no desmentidos, de que las EPS., exigen a sus profesionales -dependientes o contratados como independientes- que se abstengan de formular lo NO POS., so pena de perder el empleo o el contrato. Sin embargo, médicos honestos, conscientes de su responsabilidad social y que hacen honor al juramento hipocrático, se le revelan a esa coerción y colocan al enfermo en la ruta de los beneficios del NO POS., los cuales, las EPS., obviamente, se resisten a reconocer. Y entonces, aparece la Corte Constitucional, que ningún rol tiene asignado en el Sistema, como un actor más, decisivo y a favor de la parte débil.
El decreto de Uribe, busca frenar la avalancha de fallos de tutela, so pretexto de salvar las finanzas del Sistema, quitándole a los médicos, la autonomía de atender al paciente, según los requerimientos de la patología detectada. Lo que las EPS., no han logrado enteramente, porque médicos hay, que se pliegan al querer de ellas, por carencia de personalidad o por conservar el puesto o el contrato, lo trata de conseguir el Gobierno Nacional, por conducto de la aterradora conminación de nada de NO POS.
Para exhibir como floritura demagógica, crean, las llamadas “prestaciones excepcionales en salud” que así se denominarán las formulaciones y prescripciones NO POS, las cuales se otorgarán, cuando las dictamine el médico tratante, se pruebe la incapacidad económica del afiliado y las autorice el Comité Técnico de Prestaciones Excepcionales y el enfermo o sus parientes o amigos, obtengan crédito blando bancario, para cofinanciar total o parcialmente, los costos de dichas prestaciones excepcionales. Primero lo burocrático y la plata. Mientras tanto, como dirían las abuelas: “Mi Cristo padeciendo”.
Lógico, que el Gobierno Nacional, en trance de reelección presidencial, para mostrarse preocupado por la salud de los colombianos y como gran gestor de las soluciones para ella, anuncie a los cuatro vientos, un aumento de cobertura en Régimen Subsidiado, para alcanzar la universalidad que tanto se anhela y la igualación de los POS contributivo y subsidiado. Cantos de sirena para endulzar oídos de incautos.
Esa Universalidad, se desnaturaliza con la no realización de los principios complementarios de oportunidad y pertinencia, relativos a la prestación integral del servicio de salud, en el momento preciso de la enfermedad y con la atención efectiva para erradicarla. Principios incumplidos, porque no todo colombiano está resguardado por el Sistema; no todos están afiliados; el NO POS, traduce NO PROTECCION, aún para los afiliados y por las fallas operacionales del Sistema, como la tardía fijación de citas y la no entrega de medicamentos.
Ninguna mejoría denota el Sistema y el mismo sigue su derrotero dentro de un modelo económico neoliberal en donde todo es más: más riqueza para los ricos, más pobreza para los pobres. Acuérdense del Ministro, siempre habla de mucho más. Y es inocultable el propósito de la emergencia social: sanear las finanzas, a expensas de los pacientes, quienes en buen lenguaje del Sistema, ya no son eso, pacientes, sino clientes o usuarios. Vocablos éstos, que entrañan un profundo significado monetario.
Parte II
Definitivamente, Don Uribe y su círculo de privilegiados, están sollados por el poder; en declaración publicada por El Heraldo de Barranquilla, el Presidente expresó que “ocho años es poco tiempo para recuperar la seguridad”. En carta blanca, léase ésto, como: “… tienen que reelegirme por otros cuatro (4) años.” Y muy a pesar de que el refrendo reeleccionista, está ahogado por el tiempo y preliminarmente, ha sido espoleado con puntillazo procesal de morcillera, el interesado y los adeptos de su régimen, se aferran a las probabilidades de decisión favorable y espacio temporal para realizar los comicios pertinentes.
O a lo que es más significativo, la candidatura inscrita. El visto bueno judicial es factible -no es descartable, que Magistrados sucumban al tráfico de influencias desatado desde Palacio- pero el espacio temporal no dá. ¿Cómo lo tendrán?
Embriagado del Estado de Opinión -favorabilidad en las encuestas del 84%, las cuales nadie sabe quien las contesta- el Gobierno Nacional no tuvo escrúpulos para soltarle al pueblo, los horrores de una emergencia social, que atenta alevosamente contra los derechos de los colombianos, a la asistencia médica y a medicamentos para preservar su salud.
Como la reforma laboral, aquella que acabó con el recargo nocturno entre seis de la tarde y diez de la noche, la remuneración triple en domingos y festivos y cuyo salario mínimo recibe incremento del 3%, fue prácticamente inadvertida y recibida con resignación, Uribe pensó, que la misma suerte tendría la de Salud, pero se equivocó. El pueblo reviró y contundentemente.
Y confiado en que ese Estado de Opinión, le sublimiza todo, descaradamente se ha dado a la tarea de engranar un bien montado laberinto de explicaciones, para atacar sus propios decretos, criticar a quienes los redactaron, pero a la vez defenderlos y pregonar sus bondades excelsas, que sólo en la Casa de Nari, las ven y sienten.
Censura implícitamente al Ministro de la Protección Social, pero no le pide la renuncia ni lo declara insubsistente, tampoco este funcionario, dimite. Queda en la sensación del conglomerado pensante, que se trata de una comedia cómplice y complaciente, entre Presidente y Ministro. A última hora, se anunció la revocatoria de uno de esos decretos.
Y Germán Vargas Lleras, el principal afectado con la pretensión reeleccionista de Uribe, tratando de sacudirse de esa especie de limbo político, en el cual se autosumió, con su intrascendente postura de uribista, no reeleccionista ni antiuribista, ha denunciado el gasto de dos mil millones ($2.000.000.000.) de pesos, realizado por el Ministerio de la Protección Social, en Asesoría para los actos de la emergencia social y la adecuación material de la sentencia 760 del 2.008, de la Corte Constitucional.
La Corte, en sí, es verdaderamente, la reformadora del Sistema de Salud, ya que en tal providencia, de una vez por todas, la Corporación deja sentado, que la salud es un derecho fundamental y que al mismo le es inoponible, el escudo evasivo del NO POS., figura del Sistema, tan querida y consentida por las EPSs. Y defendida y protegida por el ejecutivo.
Lo aberrante del gasto en asesoría, es que la contratación se hizo con personas representativas y vinculadas a EPSs. –divulgado por Vargas Lleras- es decir, que la reforma a la salud, la preparó el sector empeñado en joder al otro, al de los pacientes, ahora, usuarios o clientes. Y el Ministro, rasgándose las vestiduras, llenándose la boca con burbujas falaces, vociferando que se está legislando extraordinariamente, para mejorar el Sistema de Salud, invocando como muestra de ello, la igualación de los Pos, cuando éstos, hace rato están nivelados por vía constitucional, en fallos de tutela.
Y lo que buscan Presidente y Ministro, es que esa igualación, mediante tutelas, no se haga realidad, prohibiéndole a los médicos tratantes, que formulen lo NO POS. No importa la vida del paciente. Interesa el costo del tratamiento y ese egreso, hay que evitarselo a la EPS. Esa es la verdadera intención de la tal reforma. Otro cuento chino, es el de las “prestaciones excepcionales en salud”, para lo de más allá del POS. La Corte Constitucional, también tumbó la barrera del No Pos. Cuando el paciente requiere procedimientos y medicamentos NO POS., hay que aplicarlos y suministrarlos, lo impone, la lógica de la vida, gústele o nó, a Uribe y a EPSs.
hay que defender nuestros derecchos. NO MAS REELECCION, NO MAS URIBE
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