Usted fue uno de los más caracterizados dirigentes de las gestas revolucionarias del histórico movimiento estudiantil de 1971 en defensa de una educación científica al servicio de los más amplios sectores de la población colombiana. ¿Persiste hoy en sostener la misma reivindicación?
He persistido incesantemente en ella. Y hoy presento argumentación aun más contundente para sostener que la grandeza cultural, la fortaleza económica y la democracia de la nación colombiana no podrán construirse, particularmente, sin una educación superior con los más altos estándares de calidad, cimentada en el rigor científico y en la democracia en el acceso.
En muchos escenarios usted ha sido asociado con la defensa del carácter público de la educación superior, ¿esto significa que la universidad pública es buena y la privada es mala?
El carácter público o privado en sí mismo no determina el prestigio o la calidad de una institución de educación superior. Insisto, hablo solamente del prestigio. Lo que sí puedo afirmar es que ninguna universidad de carácter privado deriva su prestigio de la simple financiación proveniente de sus matrículas; véanse, por ejemplo, los casos de Harvard o Stanford en Estados Unidos. Los recursos de origen público son determinantes en la calidad de la educación superior de una nación y, sobre todo, son imprescindibles para evitar la exclusión de los jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos, quienes carecen de recursos para sufragar el valor de matrículas, que les son prohibitivas.
Más allá de la equidad en el acceso a la educación superior, ¿cuáles serían los efectos deseables de la financiación pública de la educación superior en materia de calidad?
El concepto misional de la educación superior abarca la educación, la investigación y la proyección social. Independientemente del énfasis que se haga en cualquiera de estos componentes, su cabal cumplimiento dependede una infraestructura física, un talento humano profesoral, y unas condiciones de servicios de bienestar de las más altas calidades que no se pueden asegurar sin asignaciones presupuestales sustanciales, oportunas y suficientes. El carácter público de esas asignaciones es garantía fundamental del cumplimiento de estos requisitos de calidad.
Su insistencia en la financiación pública de la educación superior indicaría que es la sociedad, a través de sus tributos, la que tendría que costear esencialmente la educación superior. Esto parece presuponer que usted anticipa que la educación superior sólo produciría beneficios públicos para la sociedad. ¿Es así?
La educación superior produce beneficios tanto privados como públicos. Los resultados de la investigación básica de la academia son utilizados para la innovación tecnológica de los propietarios del capital de la industria y los servicios; estos utilizan talento o capital humano, profesionales y científicos formados por las instituciones de educación superior. A su vez, los egresados de estas instituciones mejoran sus ingresos salariales. Indudablemente, estos son beneficios privados. Pero los beneficios públicos de orden económico, cultural y social son inestimables, inconmensurables.
Su afirmación sobre los beneficios públicos me parece un tanto genérica. ¿Cuáles serían esos beneficios públicos que ameritarían que los costos de la educación superior deban ser socializados, a pesar de que usted reconoce que existen evidentes beneficios privados?
Los beneficios públicos, en ocasiones denominados externalidades positivas por algunos economistas, son reconocidos como verdaderos valores estratégicos del conjunto de la sociedad. Entre estos valores se pueden citar la generación de diversidad y capacidad para responder a grandes desafíos, el logro de mayores niveles de productividad, el incremento en la captación de impuestos, la formación de ciudadanos con mayores compromisos cívicos y de participación democrática, poseedores de elevados sentimientos de comunidad y solidaridad, respeto por los valores éticos y los derechos humanos, entre otros. Estos beneficios sobrepasan de lejos los beneficios privados concedidos por la educación superior.
Pareciera que usted comparte que la educación superior debe satisfacer el interés del sector productivo privado; ¿no es esto algo poco común o contradictorio con la posición de la izquierda tradicional de concebir la universidad esencialmente para la crítica?
La universidad del mundo desarrollado comúnmente sirve a dos propósitos: 1. Producir conocimiento básico y talento humano útil para la innovación tecnológica, comúnmente en manos del capital privado, y 2. Nutrir, con conocimiento derivado de la investigación, a las organizaciones sociales que confrontan y critican el orden económico, social y político imperante. Aunque hoy a menudo se difunde la retórica de la interdependencia de las naciones, no se puede soslayar que la dependencia económica, política y cultural de las naciones en desarrollo se debe, entre otros factores, a la debilidad de la relación entre las instituciones que generan conocimiento básico y los actores inmersos en la vida material representada por la esfera económica. Sin embargo, hay que insistir en la importancia de la educación pública en la generación de conocimiento y riqueza, sobre bases justas, y en provecho de toda la población, estos son aspectos de los que depende la autonomía de una nación.
Excúseme que insista. ¿La izquierda democrática que usted representa sí está dispuesta sinceramente a promover una educación superior con las características del mundo desarrollado?
No hay nada más revolucionario que dotar a la nación colombiana de una auténtica plataforma de producción de conocimiento científico y tecnológico, una educación superior ligada al desarrollo material e intelectual de la sociedad como un todo. El conocimiento, no de ahora sino de siempre, ha sido el fundamento del desarrollo de la humanidad. Su producción, su crecimiento exponencial y su asimilación imponen la necesidad de contar con prestigiosas universidades que den soporte a la intensificación en conocimiento de los diversos segmentos de los bienes, servicios y procesos. Una auténtica izquierda democrática no puede dejar por fuera de su agenda este transcendental propósito nacional.
Según esta tesis, ¿la universidad produce conocimiento y el sector productivo lo aplica exitosamente?
La traducción de la investigación en invención, en innovación y éxito en el mercado no es automática ni directa. Factores de orden económico, político y cultural inciden en este deseable tránsito, lo cual se explica por el éxito diferencial de los países que realizan importantes inversiones en investigación y desarrollo. Pero lo incontrovertible reside en que no existe país desarrollado alguno que no posea prestigiosas universidades ubicadas en destacados lugares de la clasificación de las mejores universidades del mundo. Además, se debe contar con un sector productivo dispuesto a intensificar en conocimiento sus actividades, a incrementar el valor agregado de sus bienes, servicios y procesos. El talante de mercader pre-capitalista no contribuye al desarrollo económico moderno.
Muchos lo reconocen a usted como contradictor incansable del neoliberalismo. ¿Cuál es su evaluación de las políticas neoliberales en educación superior?
Responsabilidades sociales como la educación y la salud no pueden ser dejadas al libre juego de las fuerzas del mercado. Se debe reconocer que la lógica neoliberal de mercado ha tenido poca aplicación en los países desarrollados, no obstante algunos embates particulares. Esto es debido a que atenta contra la producción de conocimiento básico, que es fundamental para la innovación tecnológica. En esos países, en una alta proporción, la producción de conocimiento básico tiene lugar en la academia, y esta no ha sido confiada a las fuerzas del mercado sino que ha sido asegurada a través de una fuerte inversión de recursos públicos. El sector privado sólo invierte en aquello que le asegure un retorno a la inversión en el muy corto plazo, y ese no es precisamente el caso del conocimiento básico.
Pero, en concreto, en nuestro país, ¿en qué se ejemplifica la política neoliberal en educación?
Hace más de cuatro décadas, organismos supranacionales “aconsejaron” al país dejar de invertir recursos públicos en educación superior y a cambio promover la universidad privada. Estos organismos multilaterales, controlados por países desarrollados, prescriben para los países en desarrollo las políticas más neoliberales y el abandono de las responsabilidades sociales del Estado. Sin embargo, ellos no han cesado de invertir recursos públicos en educación superior, un factor decisivo que hoy explica gran parte de su desarrollo. Hasta hace pocos años, llegamos a tener en Colombia el 70% de la matrícula universitaria en instituciones privadas, pero hoy ese porcentaje ha decrecido a cerca de 52% por efecto de la crisis económica y algún incremento de la matrícula en universidades públicas. Es decir, en Colombia la educación superior ya se había mercantilizado mucho antes de la ola neoliberal reciente.
Hasta el momento usted ha descrito, explicado y hasta criticado aspectos centrales de la educación superior. Al llegar al Senado para el período 2010-2014, ¿cuál será su propuesta al respecto?
Mi labor legislativa abarcará la instauración de un marco legal que fortalezca la autonomía universitaria e incremente efectivamente la financiación pública con el fin de formar, sin exclusiones, ciudadanos libres, democráticos y críticos, comprometidos con la generación y asimilación de conocimiento y con el desarrollo económico, social y cultural de la nación colombiana.
Pero más allá de los principios, ¿qué aspectos concretos caracterizarán sus iniciativas legislativas en educación superior?
Se hace inaplazable el incremento de la financiación pública. Desde 1992, el presupuesto de las universidades públicas se encuentra congelado, al establecerse en la Ley 30 de ese año, que este se incrementaría al menos con el índice de precios al consumidor (IPC) causado. Tramitaré que el presupuesto base se incremente anualmente en al menos 2 a 3 veces el IPC causado; y aportes adicionales equivalentes por lo menos al porcentaje del incremento real del producto interno bruto, con el fin de estimular la calidad en la docencia, la investigación y la proyección social. Presentaré la iniciativa adicional del incremento de la infraestructura física y profesoral para duplicar en cuatro años, con calidad y sin hacinamientos, la cobertura en la matrícula, la cual hoy se encuentra en apenas el 30%.
¿No le parece que tales incrementos presupuestales suenan irrisorios para atender la investigación?
Los montos antes señalados se refieren al componente misional de educación, es decir de formación. Sobre la investigación, debo mencionar que recientemente se expidió una ley sobre ciencia y tecnología, que más allá de reconocer varios principios y la importancia de la investigación, no asumió un compromiso financiero distinto a lo de siempre. Aunque se reporta de manera laxa que la inversión de Colombia en Investigación y Desarrollo (ID) es de alrededor de 0,48% del producto interno bruto (PIB), la asignación en investigación propiamente dicha a través de Colciencias no llega a 0,1% del PIB. En cambio, los países desarrollados invierten en ID de manera efectiva entre el 2 y el 3,5% del PIB. Mi iniciativa en el Congreso apuntará al trámite de una ley que comprometa de manera inmediata recursos públicos para investigación no inferiores al 1% del PIB.
En resumen, ¿cuáles son los aspectos específicos de la situación actual de la educación superior sobre los que usted trabajará y por los cuales considera que el elector debe votar por usted?
Trabajaría porla democratización en el acceso.Ningún joven colombiano puede ser excluido del derecho a la educación terciaria (técnica, tecnológica o profesional). La formación doctoral de nuestros profesores universitarios, hoy solo del 4%, debe ser financiada por el Estado. Se le debe poner fin a la incoherencia en las políticas, los fines y las metas nacionales. El fortalecimiento de la internacionalización y la investigación son necesidades impostergables. La actividad académica necesita una urgente dignificación mediante mejoras salariales y mayores incentivos a la producción intelectual y la calidad de la docencia. Se requiere la incorporación de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones, y fortalecer las relaciones del aparato educativo en su conjunto y con el sector productivo nacional. El comienzo de la solución a estos males reclama la urgente asignación de recursos públicos y un patriótico compromiso con la suerte de la nación colombiana. Este es mi compromiso.
Esta propuesta sobre la financiación de la universidad pública que usted presenta como parte de la acción legislativa de la izquierda democrática, es una crítica contundente al gobierno uribista y obviamente constituye un llamado para elegir Presidente a Gustavo Petro...
Indudablemente. Ocho años de gobierno uribista han sido más que suficientes para constatar que este gobierno no ha tenido el más mínimo compromiso en incorporar nuestra educación superior a los estándares internacionales de calidad académica ni al desarrollo científico y tecnológico. La ampliamente publicitada consigna del gobierno de Uribe se ha reducido a “hacer más con lo mismo o con menos”; es decir, la perpetuación del atraso de nuestra plataforma de generación de conocimiento científico y tecnológico. La presidencia de Gustavo Petro representará la más segura garantía de la implementación de las reformas estructurales y urgentes que la educación superior colombiana está reclamando.
No sobra anotar que, las consecuencias de la continuidad de Uribe o del uribismo en el Ejecutivo se pueden desde ya anticipar al observar la actual iniciativa de reforma de la Ley 30 de 1992, dirigida al desmonte de su artículo 86, lo que permitiría asignar el presupuesto de la educación superior con fundamento en indicadores neoliberales, como el costo por estudiante. De esta manera se eludiría cualquier compromiso con el incremento real de la financiación pública de este nivel educativo.
He persistido incesantemente en ella. Y hoy presento argumentación aun más contundente para sostener que la grandeza cultural, la fortaleza económica y la democracia de la nación colombiana no podrán construirse, particularmente, sin una educación superior con los más altos estándares de calidad, cimentada en el rigor científico y en la democracia en el acceso.
En muchos escenarios usted ha sido asociado con la defensa del carácter público de la educación superior, ¿esto significa que la universidad pública es buena y la privada es mala?
El carácter público o privado en sí mismo no determina el prestigio o la calidad de una institución de educación superior. Insisto, hablo solamente del prestigio. Lo que sí puedo afirmar es que ninguna universidad de carácter privado deriva su prestigio de la simple financiación proveniente de sus matrículas; véanse, por ejemplo, los casos de Harvard o Stanford en Estados Unidos. Los recursos de origen público son determinantes en la calidad de la educación superior de una nación y, sobre todo, son imprescindibles para evitar la exclusión de los jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos, quienes carecen de recursos para sufragar el valor de matrículas, que les son prohibitivas.
Más allá de la equidad en el acceso a la educación superior, ¿cuáles serían los efectos deseables de la financiación pública de la educación superior en materia de calidad?
El concepto misional de la educación superior abarca la educación, la investigación y la proyección social. Independientemente del énfasis que se haga en cualquiera de estos componentes, su cabal cumplimiento dependede una infraestructura física, un talento humano profesoral, y unas condiciones de servicios de bienestar de las más altas calidades que no se pueden asegurar sin asignaciones presupuestales sustanciales, oportunas y suficientes. El carácter público de esas asignaciones es garantía fundamental del cumplimiento de estos requisitos de calidad.
Su insistencia en la financiación pública de la educación superior indicaría que es la sociedad, a través de sus tributos, la que tendría que costear esencialmente la educación superior. Esto parece presuponer que usted anticipa que la educación superior sólo produciría beneficios públicos para la sociedad. ¿Es así?
La educación superior produce beneficios tanto privados como públicos. Los resultados de la investigación básica de la academia son utilizados para la innovación tecnológica de los propietarios del capital de la industria y los servicios; estos utilizan talento o capital humano, profesionales y científicos formados por las instituciones de educación superior. A su vez, los egresados de estas instituciones mejoran sus ingresos salariales. Indudablemente, estos son beneficios privados. Pero los beneficios públicos de orden económico, cultural y social son inestimables, inconmensurables.
Su afirmación sobre los beneficios públicos me parece un tanto genérica. ¿Cuáles serían esos beneficios públicos que ameritarían que los costos de la educación superior deban ser socializados, a pesar de que usted reconoce que existen evidentes beneficios privados?
Los beneficios públicos, en ocasiones denominados externalidades positivas por algunos economistas, son reconocidos como verdaderos valores estratégicos del conjunto de la sociedad. Entre estos valores se pueden citar la generación de diversidad y capacidad para responder a grandes desafíos, el logro de mayores niveles de productividad, el incremento en la captación de impuestos, la formación de ciudadanos con mayores compromisos cívicos y de participación democrática, poseedores de elevados sentimientos de comunidad y solidaridad, respeto por los valores éticos y los derechos humanos, entre otros. Estos beneficios sobrepasan de lejos los beneficios privados concedidos por la educación superior.
Pareciera que usted comparte que la educación superior debe satisfacer el interés del sector productivo privado; ¿no es esto algo poco común o contradictorio con la posición de la izquierda tradicional de concebir la universidad esencialmente para la crítica?
La universidad del mundo desarrollado comúnmente sirve a dos propósitos: 1. Producir conocimiento básico y talento humano útil para la innovación tecnológica, comúnmente en manos del capital privado, y 2. Nutrir, con conocimiento derivado de la investigación, a las organizaciones sociales que confrontan y critican el orden económico, social y político imperante. Aunque hoy a menudo se difunde la retórica de la interdependencia de las naciones, no se puede soslayar que la dependencia económica, política y cultural de las naciones en desarrollo se debe, entre otros factores, a la debilidad de la relación entre las instituciones que generan conocimiento básico y los actores inmersos en la vida material representada por la esfera económica. Sin embargo, hay que insistir en la importancia de la educación pública en la generación de conocimiento y riqueza, sobre bases justas, y en provecho de toda la población, estos son aspectos de los que depende la autonomía de una nación.
Excúseme que insista. ¿La izquierda democrática que usted representa sí está dispuesta sinceramente a promover una educación superior con las características del mundo desarrollado?
No hay nada más revolucionario que dotar a la nación colombiana de una auténtica plataforma de producción de conocimiento científico y tecnológico, una educación superior ligada al desarrollo material e intelectual de la sociedad como un todo. El conocimiento, no de ahora sino de siempre, ha sido el fundamento del desarrollo de la humanidad. Su producción, su crecimiento exponencial y su asimilación imponen la necesidad de contar con prestigiosas universidades que den soporte a la intensificación en conocimiento de los diversos segmentos de los bienes, servicios y procesos. Una auténtica izquierda democrática no puede dejar por fuera de su agenda este transcendental propósito nacional.
Según esta tesis, ¿la universidad produce conocimiento y el sector productivo lo aplica exitosamente?
La traducción de la investigación en invención, en innovación y éxito en el mercado no es automática ni directa. Factores de orden económico, político y cultural inciden en este deseable tránsito, lo cual se explica por el éxito diferencial de los países que realizan importantes inversiones en investigación y desarrollo. Pero lo incontrovertible reside en que no existe país desarrollado alguno que no posea prestigiosas universidades ubicadas en destacados lugares de la clasificación de las mejores universidades del mundo. Además, se debe contar con un sector productivo dispuesto a intensificar en conocimiento sus actividades, a incrementar el valor agregado de sus bienes, servicios y procesos. El talante de mercader pre-capitalista no contribuye al desarrollo económico moderno.
Muchos lo reconocen a usted como contradictor incansable del neoliberalismo. ¿Cuál es su evaluación de las políticas neoliberales en educación superior?
Responsabilidades sociales como la educación y la salud no pueden ser dejadas al libre juego de las fuerzas del mercado. Se debe reconocer que la lógica neoliberal de mercado ha tenido poca aplicación en los países desarrollados, no obstante algunos embates particulares. Esto es debido a que atenta contra la producción de conocimiento básico, que es fundamental para la innovación tecnológica. En esos países, en una alta proporción, la producción de conocimiento básico tiene lugar en la academia, y esta no ha sido confiada a las fuerzas del mercado sino que ha sido asegurada a través de una fuerte inversión de recursos públicos. El sector privado sólo invierte en aquello que le asegure un retorno a la inversión en el muy corto plazo, y ese no es precisamente el caso del conocimiento básico.
Pero, en concreto, en nuestro país, ¿en qué se ejemplifica la política neoliberal en educación?
Hace más de cuatro décadas, organismos supranacionales “aconsejaron” al país dejar de invertir recursos públicos en educación superior y a cambio promover la universidad privada. Estos organismos multilaterales, controlados por países desarrollados, prescriben para los países en desarrollo las políticas más neoliberales y el abandono de las responsabilidades sociales del Estado. Sin embargo, ellos no han cesado de invertir recursos públicos en educación superior, un factor decisivo que hoy explica gran parte de su desarrollo. Hasta hace pocos años, llegamos a tener en Colombia el 70% de la matrícula universitaria en instituciones privadas, pero hoy ese porcentaje ha decrecido a cerca de 52% por efecto de la crisis económica y algún incremento de la matrícula en universidades públicas. Es decir, en Colombia la educación superior ya se había mercantilizado mucho antes de la ola neoliberal reciente.
Hasta el momento usted ha descrito, explicado y hasta criticado aspectos centrales de la educación superior. Al llegar al Senado para el período 2010-2014, ¿cuál será su propuesta al respecto?
Mi labor legislativa abarcará la instauración de un marco legal que fortalezca la autonomía universitaria e incremente efectivamente la financiación pública con el fin de formar, sin exclusiones, ciudadanos libres, democráticos y críticos, comprometidos con la generación y asimilación de conocimiento y con el desarrollo económico, social y cultural de la nación colombiana.
Pero más allá de los principios, ¿qué aspectos concretos caracterizarán sus iniciativas legislativas en educación superior?
Se hace inaplazable el incremento de la financiación pública. Desde 1992, el presupuesto de las universidades públicas se encuentra congelado, al establecerse en la Ley 30 de ese año, que este se incrementaría al menos con el índice de precios al consumidor (IPC) causado. Tramitaré que el presupuesto base se incremente anualmente en al menos 2 a 3 veces el IPC causado; y aportes adicionales equivalentes por lo menos al porcentaje del incremento real del producto interno bruto, con el fin de estimular la calidad en la docencia, la investigación y la proyección social. Presentaré la iniciativa adicional del incremento de la infraestructura física y profesoral para duplicar en cuatro años, con calidad y sin hacinamientos, la cobertura en la matrícula, la cual hoy se encuentra en apenas el 30%.
¿No le parece que tales incrementos presupuestales suenan irrisorios para atender la investigación?
Los montos antes señalados se refieren al componente misional de educación, es decir de formación. Sobre la investigación, debo mencionar que recientemente se expidió una ley sobre ciencia y tecnología, que más allá de reconocer varios principios y la importancia de la investigación, no asumió un compromiso financiero distinto a lo de siempre. Aunque se reporta de manera laxa que la inversión de Colombia en Investigación y Desarrollo (ID) es de alrededor de 0,48% del producto interno bruto (PIB), la asignación en investigación propiamente dicha a través de Colciencias no llega a 0,1% del PIB. En cambio, los países desarrollados invierten en ID de manera efectiva entre el 2 y el 3,5% del PIB. Mi iniciativa en el Congreso apuntará al trámite de una ley que comprometa de manera inmediata recursos públicos para investigación no inferiores al 1% del PIB.
En resumen, ¿cuáles son los aspectos específicos de la situación actual de la educación superior sobre los que usted trabajará y por los cuales considera que el elector debe votar por usted?
Trabajaría porla democratización en el acceso.Ningún joven colombiano puede ser excluido del derecho a la educación terciaria (técnica, tecnológica o profesional). La formación doctoral de nuestros profesores universitarios, hoy solo del 4%, debe ser financiada por el Estado. Se le debe poner fin a la incoherencia en las políticas, los fines y las metas nacionales. El fortalecimiento de la internacionalización y la investigación son necesidades impostergables. La actividad académica necesita una urgente dignificación mediante mejoras salariales y mayores incentivos a la producción intelectual y la calidad de la docencia. Se requiere la incorporación de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones, y fortalecer las relaciones del aparato educativo en su conjunto y con el sector productivo nacional. El comienzo de la solución a estos males reclama la urgente asignación de recursos públicos y un patriótico compromiso con la suerte de la nación colombiana. Este es mi compromiso.
Esta propuesta sobre la financiación de la universidad pública que usted presenta como parte de la acción legislativa de la izquierda democrática, es una crítica contundente al gobierno uribista y obviamente constituye un llamado para elegir Presidente a Gustavo Petro...
Indudablemente. Ocho años de gobierno uribista han sido más que suficientes para constatar que este gobierno no ha tenido el más mínimo compromiso en incorporar nuestra educación superior a los estándares internacionales de calidad académica ni al desarrollo científico y tecnológico. La ampliamente publicitada consigna del gobierno de Uribe se ha reducido a “hacer más con lo mismo o con menos”; es decir, la perpetuación del atraso de nuestra plataforma de generación de conocimiento científico y tecnológico. La presidencia de Gustavo Petro representará la más segura garantía de la implementación de las reformas estructurales y urgentes que la educación superior colombiana está reclamando.
No sobra anotar que, las consecuencias de la continuidad de Uribe o del uribismo en el Ejecutivo se pueden desde ya anticipar al observar la actual iniciativa de reforma de la Ley 30 de 1992, dirigida al desmonte de su artículo 86, lo que permitiría asignar el presupuesto de la educación superior con fundamento en indicadores neoliberales, como el costo por estudiante. De esta manera se eludiría cualquier compromiso con el incremento real de la financiación pública de este nivel educativo.
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