En la Finca Palo Alto afiliarse a un sindicato es el pasaporte para que a uno le llenen el cuerpo de plomo. De los 200 trabajadores y trabajadoras que hay en la finca, 185 decidieron sindicalizarse y por esa razón fueron reprimidos a balazos por un grupo de matones al servicio de la empresa. Entre ellos hay tres mujeres embarazadas.
“¡Salgan que venimos a matarlos! ¡No se escondan!”, vociferaron los mercenarios de la Palma, y luego comenzaron a tirar. Dispararon a cara descubierta, desafiantes, desde la arrogancia de quien sabe que en Colombia la impunidad alimenta las armas y la cacería de sindicalistas está abierta todo el año.
Cuando los trabajadores decidieron afiliarse al Sindicato, el pasado 23 de diciembre, los sindicalistas asesinados en Colombia en 2009 sumaban 37, y de ellos 16 eran dirigentes. Siete de cada diez sindicalistas asesinados en el mundo, en ese año, eran colombianos.
Para los sectores oligarcas el que entra a un sindicato: “se jodió”. Es un hereje en la tierra santa del neoliberalismo, un terrorista para el fundamentalismo de mercado, y esto explica por qué en los últimos 23 años han sido asesinados en Colombia 2.708 sindicalistas.
Plantación adentro, Estado afuera
La República de la Palma
Cuanto más avanzan las plantaciones, más profundo y solitario se contempla el socavón verde de la palma, donde el Estado se paraliza y desvanece. Un vértigo extraño le impide aproximarse y mirar. Sin embargo, hay veces que tras un enorme sacrificio, el Estado logra acercarse al borde de ese abismo, pero el pobre no puede abrir sus ojos.
Los mayorales de la Palma saben que al Estado y al gobierno se le aflojan las piernas en la plantación, por eso la gente allí podrá encontrar un trabajo, pero de seguro no encontrará un solo derecho.
No es casualidad que los trabajadores que ocupan la finca de Palo Alto estén reclamando el pago de salarios, primas, cesantías, los intereses de esas cesantías, el subsidio familiar y siete años de cotización al seguro social.
Estos esclavos modernos ganan en promedio 230 dólares, unos 30 dólares por debajo del salario mínimo. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en Colombia se necesitan dos salarios mínimos para que una familia no se muera de hambre.
Es muy difícil entender cómo en esas condiciones feudales de trabajo y de extrema violencia, el desarrollo de la Palma Africana favorecerá el progreso de la gente y de su calidad de vida, como lo afirma el presidente Álvaro Uribe.
La Palma Africana, en Colombia y el resto del mundo, lo único que reparte, hacia abajo, es violencia y pobreza.
Las bio-cooperativas
Los cuervos al acecho
A un mes de la ocupación de la finca, el Ministerio de Protección Social envió a la doctora Luz Stella Veira para encontrar una solución al conflicto. La incursión de la representante del gobierno en la República de la Palma duró apenas unas horitas.
“¡Venga, y conocerá lo que es el camino de la muerte!”, le hicieron llegar como mensaje de bienvenida. De ahí en adelante, el Ministerio entró en pánico y hasta ahora se muestra absolutamente incapaz de hacer cumplir la ley para el reconocimiento del Sindicato y el inicio de las negociaciones del Convenio Colectivo.
Por su parte, el alcalde del municipio de Pueblo Viejo en coordinación con la Policía Nacional, muestran el lado obsecuente y servil de las autoridades locales, autorizando el ingreso a la finca en conflicto de un grupo de nuevos trabajadores.
En río revuelto, agazapadas, aguardan turno las cooperativas de trabajo asociado, un eufemismo que esconde un escandaloso sistema de tercerización, donde la gente debe trabajar innumerables horas extras, domingos y festivos sin que se les pague un solo peso adicional, y muchas no pagan seguridad social.
La Finca Palo Alto pretende deshacerse de sus trabajadores directos, y contratar mano de obra por intermedio de estas “cooperativas”.
No hay cultivo que haya desplazado más campesinos en Colombia que la Palma Africana. Es el “napalm” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo derecho.
Desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas.
El presidente Álvaro Uribe quiere que Colombia sea en 2020 “la Arabia Saudita del biodiesel”. Nos lo imaginamos: un gran desierto, una monarquía oligárquica y un marketing millonario llamando a utilizar los “bio-combustibles” colombianos para salvar al planeta.
Por Gerardo Iglesias
Rel-UITA
“¡Salgan que venimos a matarlos! ¡No se escondan!”, vociferaron los mercenarios de la Palma, y luego comenzaron a tirar. Dispararon a cara descubierta, desafiantes, desde la arrogancia de quien sabe que en Colombia la impunidad alimenta las armas y la cacería de sindicalistas está abierta todo el año.
Cuando los trabajadores decidieron afiliarse al Sindicato, el pasado 23 de diciembre, los sindicalistas asesinados en Colombia en 2009 sumaban 37, y de ellos 16 eran dirigentes. Siete de cada diez sindicalistas asesinados en el mundo, en ese año, eran colombianos.
Para los sectores oligarcas el que entra a un sindicato: “se jodió”. Es un hereje en la tierra santa del neoliberalismo, un terrorista para el fundamentalismo de mercado, y esto explica por qué en los últimos 23 años han sido asesinados en Colombia 2.708 sindicalistas.
Plantación adentro, Estado afuera
La República de la Palma
Cuanto más avanzan las plantaciones, más profundo y solitario se contempla el socavón verde de la palma, donde el Estado se paraliza y desvanece. Un vértigo extraño le impide aproximarse y mirar. Sin embargo, hay veces que tras un enorme sacrificio, el Estado logra acercarse al borde de ese abismo, pero el pobre no puede abrir sus ojos.
Los mayorales de la Palma saben que al Estado y al gobierno se le aflojan las piernas en la plantación, por eso la gente allí podrá encontrar un trabajo, pero de seguro no encontrará un solo derecho.
No es casualidad que los trabajadores que ocupan la finca de Palo Alto estén reclamando el pago de salarios, primas, cesantías, los intereses de esas cesantías, el subsidio familiar y siete años de cotización al seguro social.
Estos esclavos modernos ganan en promedio 230 dólares, unos 30 dólares por debajo del salario mínimo. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en Colombia se necesitan dos salarios mínimos para que una familia no se muera de hambre.
Es muy difícil entender cómo en esas condiciones feudales de trabajo y de extrema violencia, el desarrollo de la Palma Africana favorecerá el progreso de la gente y de su calidad de vida, como lo afirma el presidente Álvaro Uribe.
La Palma Africana, en Colombia y el resto del mundo, lo único que reparte, hacia abajo, es violencia y pobreza.
Las bio-cooperativas
Los cuervos al acecho
A un mes de la ocupación de la finca, el Ministerio de Protección Social envió a la doctora Luz Stella Veira para encontrar una solución al conflicto. La incursión de la representante del gobierno en la República de la Palma duró apenas unas horitas.
“¡Venga, y conocerá lo que es el camino de la muerte!”, le hicieron llegar como mensaje de bienvenida. De ahí en adelante, el Ministerio entró en pánico y hasta ahora se muestra absolutamente incapaz de hacer cumplir la ley para el reconocimiento del Sindicato y el inicio de las negociaciones del Convenio Colectivo.
Por su parte, el alcalde del municipio de Pueblo Viejo en coordinación con la Policía Nacional, muestran el lado obsecuente y servil de las autoridades locales, autorizando el ingreso a la finca en conflicto de un grupo de nuevos trabajadores.
En río revuelto, agazapadas, aguardan turno las cooperativas de trabajo asociado, un eufemismo que esconde un escandaloso sistema de tercerización, donde la gente debe trabajar innumerables horas extras, domingos y festivos sin que se les pague un solo peso adicional, y muchas no pagan seguridad social.
La Finca Palo Alto pretende deshacerse de sus trabajadores directos, y contratar mano de obra por intermedio de estas “cooperativas”.
No hay cultivo que haya desplazado más campesinos en Colombia que la Palma Africana. Es el “napalm” del Plan Colombia: quemando la selva, quemando la gente y a todo derecho.
Desiertos verdes, árboles en filas plantados como zanahorias, sin campesinos, con escasa mano de obra y la poca que genera mendiga por laberintos donde la esclavitud no encuentra salidas.
El presidente Álvaro Uribe quiere que Colombia sea en 2020 “la Arabia Saudita del biodiesel”. Nos lo imaginamos: un gran desierto, una monarquía oligárquica y un marketing millonario llamando a utilizar los “bio-combustibles” colombianos para salvar al planeta.
Por Gerardo Iglesias
Rel-UITA
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