Por Héctor Vásquez Fernández
La caída de la “emergencia social” obligó al Gobierno a hacer uso de un mecanismo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la compra de medicamentos que le ahorran al país y a los consumidores 200 millones de dólares anuales. El cálculo lo ha hecho el propio Gobierno que enfrenta un grave problema de financiación del sistema de salud, que lo obliga a tomar medidas que contradicen su propio enfoque en esta materia.
Medidas como ésta se pudieron haber adoptado desde el principio, sin necesidad de acudir a la figura de la “emergencia social”, lo que indica que la política de salud ha sido una combinación de indolencia e improvisación, orientada a garantizar intereses económicos de algunos de los actores del sistema.
"Por primera vez, Colombia está haciendo uso de ese mecanismo flexible, a través del cual se van a importar medio centenar de medicamentos, algunos de los cuales son para el tratamiento de cáncer, artritis y otras enfermedades de alto costo, mecanismo que también se extenderá a los dispositivos médicos, la importación de medicamentos vitales no disponibles para tratar las llamadas enfermedades huérfanas y, excepcionalmente, para productos incluidos en el POS, como Kaletra, que registran precios muy elevados”, dijo el ministro de la protección social .
El mecanismo ha estado vigente desde 1995 y habilita a los países a importar medicamentos sin tener que pedirle permiso al fabricante , y por su no aplicación los colombianos hemos estado pagando dos, tres y hasta más veces el precio de medicamentos que en los países vecinos se compran por valores muy inferiores, y que nos hubieran ahorrado entre 150 y 200 millones de dólares anuales, según cálculos del MPS, suma que hasta ahora se la han estado embolsillando las multinacionales farmacéuticas.
La medida rompe con el enfoque que en materia económica ha impuesto este gobierno durante 8 años, que ha consistido básicamente en favorecer los intereses del gran capital en detrimento de los derechos de la mayoría de la población. Este hecho quedó demostrado con la aprobación del decreto 2085 de 2002, a través del cual el gobierno introdujo un régimen que reforzó los derechos de propiedad intelectual de las multinacionales farmacéuticas, incorporando estándares más exigentes que los establecidos por la OMC, con el fin de satisfacer las exigencias que en ese momento le hacía el gobierno norteamericano como condición para prorrogar el APTDEA, decreto que alargó los períodos que impedían la producción de genéricos en el país, obligando a la población a pagar más caro sus medicamentos.
El otro factor que encarece el precio de los medicamentos, que en este caso lo paga toda la población a través del FOSYGA, es el del recobro por los medicamentos no POS, que sumaron 1,8 billones de pesos el año pasado, suma que el Estado pagó a intermediarios como los laboratorios farmacéuticos, que le venden a las EPS medicamentos a precios que, cuando llegan los recobros al FOSYGA, aparecen multiplicados por dos, tres y hasta siete veces, como lo reconoce un representante de la industria farmacéutica nacional , una industria que en el 2008 se ganó más de 350 mil millones de pesos.
Lo que llama la atención es que hayan tenido que pasar tantos años para tomar una medida como ésta, tan elemental cuando se piensa en el interés general, que se pudo haber tomado desde el principio, pues el mecanismo estaba ahí para permitir la importación de medicamentos baratos y salvar miles de vidas. Pero el enfoque de la política pública en salud y de la Ley 100 no era este, ni el del interés general, sino el del negocio, que ha favorecido a unos pocos, como las multinacionales farmacéuticas y los intermediarios que pelechan alrededor de las EPS.
La caída de la “emergencia social” obligó al Gobierno a hacer uso de un mecanismo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para la compra de medicamentos que le ahorran al país y a los consumidores 200 millones de dólares anuales. El cálculo lo ha hecho el propio Gobierno que enfrenta un grave problema de financiación del sistema de salud, que lo obliga a tomar medidas que contradicen su propio enfoque en esta materia.
Medidas como ésta se pudieron haber adoptado desde el principio, sin necesidad de acudir a la figura de la “emergencia social”, lo que indica que la política de salud ha sido una combinación de indolencia e improvisación, orientada a garantizar intereses económicos de algunos de los actores del sistema.
"Por primera vez, Colombia está haciendo uso de ese mecanismo flexible, a través del cual se van a importar medio centenar de medicamentos, algunos de los cuales son para el tratamiento de cáncer, artritis y otras enfermedades de alto costo, mecanismo que también se extenderá a los dispositivos médicos, la importación de medicamentos vitales no disponibles para tratar las llamadas enfermedades huérfanas y, excepcionalmente, para productos incluidos en el POS, como Kaletra, que registran precios muy elevados”, dijo el ministro de la protección social .
El mecanismo ha estado vigente desde 1995 y habilita a los países a importar medicamentos sin tener que pedirle permiso al fabricante , y por su no aplicación los colombianos hemos estado pagando dos, tres y hasta más veces el precio de medicamentos que en los países vecinos se compran por valores muy inferiores, y que nos hubieran ahorrado entre 150 y 200 millones de dólares anuales, según cálculos del MPS, suma que hasta ahora se la han estado embolsillando las multinacionales farmacéuticas.
La medida rompe con el enfoque que en materia económica ha impuesto este gobierno durante 8 años, que ha consistido básicamente en favorecer los intereses del gran capital en detrimento de los derechos de la mayoría de la población. Este hecho quedó demostrado con la aprobación del decreto 2085 de 2002, a través del cual el gobierno introdujo un régimen que reforzó los derechos de propiedad intelectual de las multinacionales farmacéuticas, incorporando estándares más exigentes que los establecidos por la OMC, con el fin de satisfacer las exigencias que en ese momento le hacía el gobierno norteamericano como condición para prorrogar el APTDEA, decreto que alargó los períodos que impedían la producción de genéricos en el país, obligando a la población a pagar más caro sus medicamentos.
El otro factor que encarece el precio de los medicamentos, que en este caso lo paga toda la población a través del FOSYGA, es el del recobro por los medicamentos no POS, que sumaron 1,8 billones de pesos el año pasado, suma que el Estado pagó a intermediarios como los laboratorios farmacéuticos, que le venden a las EPS medicamentos a precios que, cuando llegan los recobros al FOSYGA, aparecen multiplicados por dos, tres y hasta siete veces, como lo reconoce un representante de la industria farmacéutica nacional , una industria que en el 2008 se ganó más de 350 mil millones de pesos.
Lo que llama la atención es que hayan tenido que pasar tantos años para tomar una medida como ésta, tan elemental cuando se piensa en el interés general, que se pudo haber tomado desde el principio, pues el mecanismo estaba ahí para permitir la importación de medicamentos baratos y salvar miles de vidas. Pero el enfoque de la política pública en salud y de la Ley 100 no era este, ni el del interés general, sino el del negocio, que ha favorecido a unos pocos, como las multinacionales farmacéuticas y los intermediarios que pelechan alrededor de las EPS.
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