Por: Rodolfo Arango
El Acuerdo de Unidad Nacional propuesto por Santos es un imposible ético y político. Es como buscar la cuadratura del círculo.
En el acuerdo se prometen empleo, educación, salud, vivienda y justicia social, las banderas de una propuesta socialista o socialdemócrata. Pero quien las enarbola defiende a un gobierno desastroso para la democracia y los derechos humanos. No se trata, como quieren hacerlo ver algunos, de un asunto de malos perdedores. Nunca antes una reforma constitucional había sido aprobada a punta de puestos y notarías. Nada en nuestra historia se acerca a la vergüenza de ochenta miembros del Congreso, aliados políticos del Gobierno, procesados por concierto para delinquir y paramilitarismo. Los acusados y condenados, reencauchados en el PIN, apoyan ahora la campaña de Juan Manuel Santos. Nunca antes se había asesinado sistemáticamente a jóvenes inocentes para ganar beneficios o permisos en el Ejército. También era inédito en el país el asedio a la administración de justicia desde la Casa de Nariño. Fue el gobierno Uribe, defendido orgullosamente por Santos, el responsable de una persecución ilegal, abierta y soterrada contra jueces, fiscales, magistrados, dirigentes de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, indígenas y sindicalistas. ¿Es acaso compatible la defensa del cuestionado gobierno Uribe con las promesas de “buen gobierno” y “transparencia”?
La propuesta de unidad nacional es la fachada electoral de Santos para evadir su responsabilidad política por haber pertenecido a un gobierno indefendible. La aceptación popular no torna legítimos los medios ilegales empleados para alcanzar los frutos de la publicitada “seguridad democrática”. Santos cree que adoptando el discurso ético en su campaña puede ocultar que él mismo ha sido quien ha elogiado la doctrina del mal menor, según la cual en ocasiones es necesario sacrificar la virtud y “untarse las manos” para alcanzar un objetivo supremo.
Juanita León, desde Lasillavacía.com, ha mostrado con hechos contundentes cómo en la Costa Atlántica se utilizaron los subsidios gubernamentales para aceitar la maquinaria de La U y lograr el apoyo electoral al candidato del gobierno. Millones de “familias en acción” —en “acción electoral”— no son tontas. Prefieren votar por quien promete continuar con la entrega de los cheques que por candidatos que condicionan las ayudas sociales a los principios constitucionales y democráticos. Se ha institucionalizado el clientelismo por lo alto. El peronismo con su asistencialismo tiene efectos disolventes sobre la democracia constitucional. Colombia camina, como han advertido otros columnistas, hacia un sistema de partido único, como fue el caso del PRI en México, donde quien no está con el partido de la “Unidad” carece de oportunidades para acceder al ejercicio del poder público.
Es probable que las huestes tricolores tengan una arrasadora victoria en las elecciones presidenciales del 20 de junio. No basta la buena voluntad para evitarlo. Según algunos, el acuerdo de unidad nacional no aceita la elección de Santos, sino su reelección. Es hora que una oposición inteligente y madura empiece a preparar una efectiva refutación de la cuadratura del círculo que supone el acuerdo de unidad nacional. Éste conduce a la débil democracia constitucional colombiana hacia el despeñadero de la democracia popular, tan apetecida por mentalidades mesiánicas o personalidades megalómanas.
El Acuerdo de Unidad Nacional propuesto por Santos es un imposible ético y político. Es como buscar la cuadratura del círculo.
En el acuerdo se prometen empleo, educación, salud, vivienda y justicia social, las banderas de una propuesta socialista o socialdemócrata. Pero quien las enarbola defiende a un gobierno desastroso para la democracia y los derechos humanos. No se trata, como quieren hacerlo ver algunos, de un asunto de malos perdedores. Nunca antes una reforma constitucional había sido aprobada a punta de puestos y notarías. Nada en nuestra historia se acerca a la vergüenza de ochenta miembros del Congreso, aliados políticos del Gobierno, procesados por concierto para delinquir y paramilitarismo. Los acusados y condenados, reencauchados en el PIN, apoyan ahora la campaña de Juan Manuel Santos. Nunca antes se había asesinado sistemáticamente a jóvenes inocentes para ganar beneficios o permisos en el Ejército. También era inédito en el país el asedio a la administración de justicia desde la Casa de Nariño. Fue el gobierno Uribe, defendido orgullosamente por Santos, el responsable de una persecución ilegal, abierta y soterrada contra jueces, fiscales, magistrados, dirigentes de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, indígenas y sindicalistas. ¿Es acaso compatible la defensa del cuestionado gobierno Uribe con las promesas de “buen gobierno” y “transparencia”?
La propuesta de unidad nacional es la fachada electoral de Santos para evadir su responsabilidad política por haber pertenecido a un gobierno indefendible. La aceptación popular no torna legítimos los medios ilegales empleados para alcanzar los frutos de la publicitada “seguridad democrática”. Santos cree que adoptando el discurso ético en su campaña puede ocultar que él mismo ha sido quien ha elogiado la doctrina del mal menor, según la cual en ocasiones es necesario sacrificar la virtud y “untarse las manos” para alcanzar un objetivo supremo.
Juanita León, desde Lasillavacía.com, ha mostrado con hechos contundentes cómo en la Costa Atlántica se utilizaron los subsidios gubernamentales para aceitar la maquinaria de La U y lograr el apoyo electoral al candidato del gobierno. Millones de “familias en acción” —en “acción electoral”— no son tontas. Prefieren votar por quien promete continuar con la entrega de los cheques que por candidatos que condicionan las ayudas sociales a los principios constitucionales y democráticos. Se ha institucionalizado el clientelismo por lo alto. El peronismo con su asistencialismo tiene efectos disolventes sobre la democracia constitucional. Colombia camina, como han advertido otros columnistas, hacia un sistema de partido único, como fue el caso del PRI en México, donde quien no está con el partido de la “Unidad” carece de oportunidades para acceder al ejercicio del poder público.
Es probable que las huestes tricolores tengan una arrasadora victoria en las elecciones presidenciales del 20 de junio. No basta la buena voluntad para evitarlo. Según algunos, el acuerdo de unidad nacional no aceita la elección de Santos, sino su reelección. Es hora que una oposición inteligente y madura empiece a preparar una efectiva refutación de la cuadratura del círculo que supone el acuerdo de unidad nacional. Éste conduce a la débil democracia constitucional colombiana hacia el despeñadero de la democracia popular, tan apetecida por mentalidades mesiánicas o personalidades megalómanas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Haz tus comentarios aquí: