Jorge Iván González
Razonpublica.com
En vez de la política expansiva que aconsejan la teoría económica, la magnitud del reto y las posibilidades objetivas del país, la Ley del Plan se contenta con retoques que, según sus propias cifras, no reducen sustancialmente el desempleo, no mejoran la distribución del ingreso y en efecto no ayudan a derrotar la trampa de la pobreza.
Los remedios no empatan con el diagnóstico
Es una lástima que los artículos de la Ley del Plan [1] que el gobierno acaba de presentar al Congreso no reflejen los énfasis y las prioridades definidas en las Bases del Plan de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos. Más Empleo, Menos Pobreza y Más Seguridad (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2010).
El articulado de la ley castra la riqueza analítica de las Bases. Aunque las Bases hagan parte de la Ley del Plan[1] (artículo 2), es inaceptable que los artículos no tengan consistencia entre ellos y, sobre todo, que no correspondan realmente al diagnóstico que se propuso en las Bases.
En las Bases se utilizan tres nociones de equidad: la intergeneracional, la social y la regional. La primera se aplica, sobre todo, a la minería. La lucha contra la pobreza hace parte de la equidad social. Y la equidad regional tiene que ver con la convergencia entre regiones.
La equidad regional es la gran novedad del Plan, porque obliga a pensar en la articulación del territorio y en la necesidad de buscar convergencia entre las regiones en sus niveles de vida e ingreso). Los comentarios siguientes tienen que ver con la equidad social.
La pobreza bajo Uribe
El Plan acepta una de las conclusiones de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP): la incidencia de la pobreza se ha reducido en el campo y la ciudad, pero la brecha se ha ampliado.
La diferencia de la pobreza entre el campo y la ciudad se observa claramente en el cuadro 1. Entre el 2002 y el 2009 la incidencia de la pobreza bajó: a nivel nacional pasó de 53,7 por ciento a 45,5 por ciento.
Pero los gobiernos Uribe I y II no pueden cantar victoria, porque estos resultados deben ser matizados. No hay duda de que la reducción de la pobreza es positiva, pero debe tenerse presente que la disminución fue inferior a la del promedio de la región, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, Panorama Social de América Latina 2009).
El uribismo tampoco puede estar satisfecho con la ampliación de la brecha urbano/rural. Es clara la diferencia creciente entre la incidencia de la pobreza de las trece áreas metropo-litanas y el resto del país. En el 2009 la brecha fue de 33,7 puntos. En el 2002 era de 29 puntos. Una de las consecuencias de la equidad regional sería el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.
La incidencia de 45,5 por ciento corresponde a una situación de trampa de pobreza por dos razones. En primer lugar, porque cuando el PIB crece mucho, la incidencia de la pobreza no baja en la misma proporción. Y en segundo lugar porque el número absoluto de pobres con-tinúa siendo muy alto. El 45,5 por ciento equivale a 20 millones de personas pobres.
Pobreza: un plan demasiado tímido
El cuadro 2 describe las metas que la administración Santos lograría en pobreza y distribu-ción. En promedio, entre el 2011 y el 2014 la pobreza se reduciría a 41,5 por ciento. En el cuadro se explicita el impacto que tendría cada una de las locomotoras. Aunque las preten-siones del Plan son excesivamente modestas, son consecuentes con el énfasis que se pone a la competitividad y a la productividad.
En otras palabras, los avances en crecimiento, productividad y competitividad no alcanzan para romper la trampa de pobreza. Y la trampa no se rompe porque el gobierno ha dejado de lado cualquier consideración distributiva. En las Bases no se dice nada sobre la concentración de la propiedad y de la riqueza en el país - y mucho menos en el articulado del proyecto de ley. En más de 600 páginas de las Bases no menciona ni una vez la concentración de la tierra.
La agenda distributiva no es importante para el gobierno. Y el cuadro 2 es clarísimo: el coeficiente de Gini –la principal medida de desigualdad en la distribución del ingreso– apenas bajaría de 56,6 a 54,5 por ciento. Esta leve caída expresa bien la poca importancia que el Plan atribuye al tema distributivo. El crecimiento pro-pobre, es decir el crecimiento con distribución está ausente. No existe.
Como la distribución no es importante para el gobierno, la trampa de pobreza continuará: si se cumplen los propósitos del Plan, se lograría la meta y, entonces, el 41,5 por ciento de los colombianos continuaría en la pobreza. ¡Es un mensaje triste! La falta de ambición del Plan es indignante.
“Se estima que en los próximos cuatro años, las cinco locomotoras incrementarán el crecimiento económico del país en 1,7 puntos porcentuales por año, reducirán la po-breza durante el cuatrienio en cerca 1,2 por ciento y la indigencia en cerca de 1,0 por ciento, y adicionalmente disminuirán la tasa de desempleo en 26 puntos básicos por año” (DNP 2010, pp. 55-56).
No hay redistribución sin impuestos
Durante las dos administraciones Uribe se agudizó la concentración de la tierra. De acuerdo con las estimaciones preliminares del Informe de Desarrollo Humano, el 51,6 por ciento de los municipios del país tienen un Gini de propietarios superior al 0,7. Esta situación es-candalosa tiene impactos negativos en el desarrollo de la agricultura y obstaculiza la con-solidación del mercado doméstico.
El gobierno Santos pospone la tarea distributiva. No se vislumbra ningún cambio sustantivo en la tributación, aunque es positivo que en el articulado del Plan se proponga un aumento del predial con criterios progresivos. Esta medida es necesaria y ojalá que el Congreso no la eche para atrás. Pero no es suficiente.
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central, como porcentaje del PIB, fueron 13,1 en el 2009 y 12,4 en el 2010. Estas tasas de tributación son bajísimas.
En Europa son superiores al 45 por ciento. Con los niveles de tributación que existen en Colombia resulta imposible construir una nación incluyente. Giddens, Blair y los teóricos de la llamada tercera vía insisten en que el Estado debe jugar un papel activo en perseguir la justicia social.
Y si los impuestos progresivos son el mecanismo privilegiado para lograr este propósito, es incomprensible que el gobierno no avance en esta dirección. Esta semana nos dijo Tony Blair que Santos sí se preparó para un buen gobierno. Entonces, habría que preguntarle al presidente: ¿cómo hacer un buen gobierno sin impuestos progresivos?
Metas modestas de empleo
El Plan reconoce que el empleo es la mejor solución que puede darse a la pobreza. Pero, de nuevo, la meta es modesta. El espíritu del Plan podría caracterizarse como un keynesianismo vergonzante. Aunque los grandes proyectos de infraestructura que propone el gobierno son la mejor expresión de una visión keynesiana, en las recomendaciones para generar empleo se deja de lado el estímulo a la demanda y se regresa a la lógica de los gobiernos de Uribe I y II, que centraron toda la estrategia de lucha contra el empleo en la reducción de los costos laborales y no en el fortalecimiento de la demanda agregada.
En el diagnóstico de lo que ha sucedido con el empleo, el Plan es claramente anti-uribista: muestra que la tasa de desempleo de Colombia ha sido una de las más altas de América La-tina (gráfica 1). Durante las administraciones Uribe el desempleo en Colombia fue mayor que el de Brasil, Argentina, Chile y México. Si la lucha contra el desempleo ha fracasado, no tiene sentido mantener las mismas políticas de Uribe.
El Plan plantea tres estrategias para mejorar el empleo: la reducción de los costos laborales, la formalización del mercado laboral y el fortalecimiento de la educación. No se habla de la demanda, no se menciona a Keynes. La reducción de los costos laborales no es un camino apropiado para disminuir el desempleo. Y en el corto plazo, el efecto de la educación en el empleo es muy modesto.
De acuerdo con las Bases, la tasa promedio de desempleo entre el 2011 y el 2014 sería 9,8 por ciento, con las locomotoras funcionando bien. Es decir, si todo funciona, seguiríamos con un nivel de desempleo superior al de los principales países de América Latina. Mientras que Colombia aspira al 9,8 por ciento, Brasil y México ya están por debajo del 6 por ciento.
Sí se puede
La estrategia de empleo tiene que cambiar de manera significativa. Están dadas las condi-ciones. Por el lado de los recursos, el ahorro financiero es abundante: los fondos de pensio-nes tienen más $80 billones, se anuncian bonanzas, el Banco de la República tiene exceso de reservas.
Esta abundancia de recursos coincide con el reconocimiento de la pésima infraestructura del país, y con la necesidad de mejorar la oferta de los servicios públicos. Todo está dado para la política económica sea keynesiana sin vergüenza.
Y desde esta perspectiva se podrá reducir la tasa de desempleo a niveles similares a los de nuestros vecinos de América Latina. La tecnocracia colombiana todavía es reacia a procla-mar la actualidad de Keynes.
Giddens, Blair y Schröder no le han temido a Keynes, pese a sus dudas sobre el grado de intervención. La socialdemocracia inspirada en Keynes es condición básica para el buen gobierno. Sería bueno que por estos días el equipo económico del Gobierno releyera a Keynes de la mano de Tony Blair
Notas:
[1] Ver el proyecto de ley 179 de 2011, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Haga clic aquí
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En vez de la política expansiva que aconsejan la teoría económica, la magnitud del reto y las posibilidades objetivas del país, la Ley del Plan se contenta con retoques que, según sus propias cifras, no reducen sustancialmente el desempleo, no mejoran la distribución del ingreso y en efecto no ayudan a derrotar la trampa de la pobreza.
Los remedios no empatan con el diagnóstico
Es una lástima que los artículos de la Ley del Plan [1] que el gobierno acaba de presentar al Congreso no reflejen los énfasis y las prioridades definidas en las Bases del Plan de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos. Más Empleo, Menos Pobreza y Más Seguridad (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2010).
El articulado de la ley castra la riqueza analítica de las Bases. Aunque las Bases hagan parte de la Ley del Plan[1] (artículo 2), es inaceptable que los artículos no tengan consistencia entre ellos y, sobre todo, que no correspondan realmente al diagnóstico que se propuso en las Bases.
En las Bases se utilizan tres nociones de equidad: la intergeneracional, la social y la regional. La primera se aplica, sobre todo, a la minería. La lucha contra la pobreza hace parte de la equidad social. Y la equidad regional tiene que ver con la convergencia entre regiones.
La equidad regional es la gran novedad del Plan, porque obliga a pensar en la articulación del territorio y en la necesidad de buscar convergencia entre las regiones en sus niveles de vida e ingreso). Los comentarios siguientes tienen que ver con la equidad social.
La pobreza bajo Uribe
El Plan acepta una de las conclusiones de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP): la incidencia de la pobreza se ha reducido en el campo y la ciudad, pero la brecha se ha ampliado.
La diferencia de la pobreza entre el campo y la ciudad se observa claramente en el cuadro 1. Entre el 2002 y el 2009 la incidencia de la pobreza bajó: a nivel nacional pasó de 53,7 por ciento a 45,5 por ciento.
Pero los gobiernos Uribe I y II no pueden cantar victoria, porque estos resultados deben ser matizados. No hay duda de que la reducción de la pobreza es positiva, pero debe tenerse presente que la disminución fue inferior a la del promedio de la región, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, Panorama Social de América Latina 2009).
El uribismo tampoco puede estar satisfecho con la ampliación de la brecha urbano/rural. Es clara la diferencia creciente entre la incidencia de la pobreza de las trece áreas metropo-litanas y el resto del país. En el 2009 la brecha fue de 33,7 puntos. En el 2002 era de 29 puntos. Una de las consecuencias de la equidad regional sería el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.
La incidencia de 45,5 por ciento corresponde a una situación de trampa de pobreza por dos razones. En primer lugar, porque cuando el PIB crece mucho, la incidencia de la pobreza no baja en la misma proporción. Y en segundo lugar porque el número absoluto de pobres con-tinúa siendo muy alto. El 45,5 por ciento equivale a 20 millones de personas pobres.
Pobreza: un plan demasiado tímido
El cuadro 2 describe las metas que la administración Santos lograría en pobreza y distribu-ción. En promedio, entre el 2011 y el 2014 la pobreza se reduciría a 41,5 por ciento. En el cuadro se explicita el impacto que tendría cada una de las locomotoras. Aunque las preten-siones del Plan son excesivamente modestas, son consecuentes con el énfasis que se pone a la competitividad y a la productividad.
En otras palabras, los avances en crecimiento, productividad y competitividad no alcanzan para romper la trampa de pobreza. Y la trampa no se rompe porque el gobierno ha dejado de lado cualquier consideración distributiva. En las Bases no se dice nada sobre la concentración de la propiedad y de la riqueza en el país - y mucho menos en el articulado del proyecto de ley. En más de 600 páginas de las Bases no menciona ni una vez la concentración de la tierra.
La agenda distributiva no es importante para el gobierno. Y el cuadro 2 es clarísimo: el coeficiente de Gini –la principal medida de desigualdad en la distribución del ingreso– apenas bajaría de 56,6 a 54,5 por ciento. Esta leve caída expresa bien la poca importancia que el Plan atribuye al tema distributivo. El crecimiento pro-pobre, es decir el crecimiento con distribución está ausente. No existe.
Como la distribución no es importante para el gobierno, la trampa de pobreza continuará: si se cumplen los propósitos del Plan, se lograría la meta y, entonces, el 41,5 por ciento de los colombianos continuaría en la pobreza. ¡Es un mensaje triste! La falta de ambición del Plan es indignante.
“Se estima que en los próximos cuatro años, las cinco locomotoras incrementarán el crecimiento económico del país en 1,7 puntos porcentuales por año, reducirán la po-breza durante el cuatrienio en cerca 1,2 por ciento y la indigencia en cerca de 1,0 por ciento, y adicionalmente disminuirán la tasa de desempleo en 26 puntos básicos por año” (DNP 2010, pp. 55-56).
No hay redistribución sin impuestos
Durante las dos administraciones Uribe se agudizó la concentración de la tierra. De acuerdo con las estimaciones preliminares del Informe de Desarrollo Humano, el 51,6 por ciento de los municipios del país tienen un Gini de propietarios superior al 0,7. Esta situación es-candalosa tiene impactos negativos en el desarrollo de la agricultura y obstaculiza la con-solidación del mercado doméstico.El gobierno Santos pospone la tarea distributiva. No se vislumbra ningún cambio sustantivo en la tributación, aunque es positivo que en el articulado del Plan se proponga un aumento del predial con criterios progresivos. Esta medida es necesaria y ojalá que el Congreso no la eche para atrás. Pero no es suficiente.
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central, como porcentaje del PIB, fueron 13,1 en el 2009 y 12,4 en el 2010. Estas tasas de tributación son bajísimas.
En Europa son superiores al 45 por ciento. Con los niveles de tributación que existen en Colombia resulta imposible construir una nación incluyente. Giddens, Blair y los teóricos de la llamada tercera vía insisten en que el Estado debe jugar un papel activo en perseguir la justicia social.
Y si los impuestos progresivos son el mecanismo privilegiado para lograr este propósito, es incomprensible que el gobierno no avance en esta dirección. Esta semana nos dijo Tony Blair que Santos sí se preparó para un buen gobierno. Entonces, habría que preguntarle al presidente: ¿cómo hacer un buen gobierno sin impuestos progresivos?
Metas modestas de empleo
El Plan reconoce que el empleo es la mejor solución que puede darse a la pobreza. Pero, de nuevo, la meta es modesta. El espíritu del Plan podría caracterizarse como un keynesianismo vergonzante. Aunque los grandes proyectos de infraestructura que propone el gobierno son la mejor expresión de una visión keynesiana, en las recomendaciones para generar empleo se deja de lado el estímulo a la demanda y se regresa a la lógica de los gobiernos de Uribe I y II, que centraron toda la estrategia de lucha contra el empleo en la reducción de los costos laborales y no en el fortalecimiento de la demanda agregada.
En el diagnóstico de lo que ha sucedido con el empleo, el Plan es claramente anti-uribista: muestra que la tasa de desempleo de Colombia ha sido una de las más altas de América La-tina (gráfica 1). Durante las administraciones Uribe el desempleo en Colombia fue mayor que el de Brasil, Argentina, Chile y México. Si la lucha contra el desempleo ha fracasado, no tiene sentido mantener las mismas políticas de Uribe.
El Plan plantea tres estrategias para mejorar el empleo: la reducción de los costos laborales, la formalización del mercado laboral y el fortalecimiento de la educación. No se habla de la demanda, no se menciona a Keynes. La reducción de los costos laborales no es un camino apropiado para disminuir el desempleo. Y en el corto plazo, el efecto de la educación en el empleo es muy modesto.
De acuerdo con las Bases, la tasa promedio de desempleo entre el 2011 y el 2014 sería 9,8 por ciento, con las locomotoras funcionando bien. Es decir, si todo funciona, seguiríamos con un nivel de desempleo superior al de los principales países de América Latina. Mientras que Colombia aspira al 9,8 por ciento, Brasil y México ya están por debajo del 6 por ciento.
Sí se puede
La estrategia de empleo tiene que cambiar de manera significativa. Están dadas las condi-ciones. Por el lado de los recursos, el ahorro financiero es abundante: los fondos de pensio-nes tienen más $80 billones, se anuncian bonanzas, el Banco de la República tiene exceso de reservas.
Esta abundancia de recursos coincide con el reconocimiento de la pésima infraestructura del país, y con la necesidad de mejorar la oferta de los servicios públicos. Todo está dado para la política económica sea keynesiana sin vergüenza.
Y desde esta perspectiva se podrá reducir la tasa de desempleo a niveles similares a los de nuestros vecinos de América Latina. La tecnocracia colombiana todavía es reacia a procla-mar la actualidad de Keynes.
Giddens, Blair y Schröder no le han temido a Keynes, pese a sus dudas sobre el grado de intervención. La socialdemocracia inspirada en Keynes es condición básica para el buen gobierno. Sería bueno que por estos días el equipo económico del Gobierno releyera a Keynes de la mano de Tony Blair
Notas:
[1] Ver el proyecto de ley 179 de 2011, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Haga clic aquí
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