El pasado 25 de noviembre la Junta Directiva de Empresas Varias de Medellín aprobó la venta de los 120 carros recolectores de basuras que posee, y está próxima la licitación para concretar este negocio, al cual no se le ha hecho la debida difusión pese a sus serias implicaciones para el futuro del ente municipal y la prestación de un servicio público tan sensible como es el aseo y la recolección de residuos sólidos.
Denuncian sindicatos del ente municipal
El pasado 25 de noviembre la Junta Directiva de Empresas Varias de Medellín aprobó la venta de los 120 vehículos que conforman su parque automotor recolector de basuras, y está próxima la licitación para concretar este negocio, al cual no se le ha hecho mayor difusión pese a sus serias implicaciones para el futuro del ente municipal y la prestación de un servicio público tan sensible como es el aseo y la recolección de residuos sólidos, es la denuncia de Iván Vanegas y Pedro Peña, presidentes de Sintraempresasvarias y Sintraemas respectivamente, los dos sindicatos de EE.VV.
Ambos dirigentes están empeñados en poner el tema en la discusión pública y en la agenda de los medios de comunicación, porque todo lo relacionado con la salubridad y el medio ambiente tiene un enorme impacto en la comunidad y por tanto debe ser debatido públicamente, sobre todo cuando lo que está en juego es la privatización de un ente público como EE.VV.
De EE.VV no quedará sino el nombre
La venta de los vehículos constituirá un paso de avanzada en el proceso de privatización de la empresa, que hasta el momento se ha preservado 100% de propiedad del Municipio de Medellín, de eso no tienen dudas los directivos sindicales, quienes además llamaron la atención sobre las extrañas características del negocio en sí, toda vez que, según se conoce, la empresa que compre los vehículos se los deberá después alquilar a EE.VV. para que ésta pueda seguir recolectando las 1.500 toneladas de basura que diariamente produce la ciudad.
“No tiene ninguna racionalidad que la empresa venda, para después alquilar, unos vehículos que están en muy buen estado, el 90% modelo 2005 en adelante, y muchos de ellos todavía amparados con póliza de garantía: los 25 que el alcalde Alonso Salazar recibió nuevos hace apenas año y medio. Significa que dejará de ser una empresa prestadora de un servicio público a ser contratista del servicio, y está por verse si eso no implicará un aumento de las tarifas de aseo para los 570 mil usuarios que tiene en Medellín”, señaló Iván Vanegas.
El directivo sindical agregó que de concretarse la venta de los vehículos, de EE.VV. no sobreviviría sino el nombre porque prácticamente se quedará sin nada. Explicaron que todos los activos que no hacen parte de las funciones de aseo y recolección de basuras, esto es: la parte que aún posee en las plazas mayorista y minorista, la plazas de mercado de La América, Campo Valdez y la Placita de Flores, la Feria de Ganados y el Matadero Municipal, entre otros, se tendrán que vender para conformar un fondo destinado a financiar el pasivo pensional de la empresa, según el Acuerdo 15 del Concejo de Medellín de marzo de 2008.
Según dicho acuerdo, EE.VV. deberá también agregarle al fondo $200 mil millones de su patrimonio autónomo y $50 mil millones de su presupuesto. Son sumas altas porque EE.VV. tiene a la fecha 1.800 pensionados a su cargo, o sea jubilados antes de 1993, razón por la cual los dos sindicatos respaldaron la escisión de la empresa y la conformación del fondo pensional. “Así la entidad quedará con su horizonte financiero despejado y podrá seguir siendo pública”, puntualizó Vanegas.
La firma que hoy aparece con más opción para comprar el parque automotor de EE.VV, un negocio que vale unos $17 mil millones, es Renting Colombia, filial del Grupo Empresarial Antioqueño especializada en arrendamiento de parque automotor. Será una de las proponentes en la licitación, pero con la ventaja de tener a su disposición información privilegiada, ya que desde hace un año le presta servicios de asesoría a EE.VV. y conoce a fondo el tema de las rutas y microrutas.
Asimismo, los dirigentes sindicales mostraron su preocupación por lo que pueda pasar con los trabajadores que operan los vehículos. Al ser éstos de propiedad de un tercero, los conductores quedarán en una situación incierta, porque será este tercero el que determine cuáles conductores le sirven y cuáles no, y eso significaría inestabilidad laboral. Como también están preocupados por la actitud de indiferencia que el Concejo Municipal ha tenido frente al tema, y por el silencio que ha guardado la Gerencia de la empresa. “Todo lo están haciendo por debajo de la mesa, no pone el tema en el debate público, no le informa a la ciudad. Se están comportando como si EE.VV fuera una empresa privada”, recalcó Pedro Peña, presidente de Sintraemas.
Ante esta situación, ambos sindicatos vienen haciendo una campaña de denuncias, han realizado mítines, han convocado a las centrales sindicales y a distintas organizaciones sociales para que se pronuncien sobre la situación en EE.VV. Incluso han adelantado acercamientos con los recolectores y barrenderos de calles que prestan servicios a través de cooperativas de trabajo asociado y empresas contratistas, quienes también resultarán damnificados por una eventual privatización de la empresa.
Otras decisiones en la ruta de la privatización
La venta de los vehículos de EE.VV., según los dirigentes sindicales, es apenas el último episodio de la carrera hacia la privatización de la empresa. Otro fue la rebaja de las tarifas de aseo a los usuarios a partir de 2008, del orden del 20%. Medellín fue la ciudad del país donde la rebaja fue mayor, en contraste con lo ocurrido en otras ciudades, donde hay empresas que son totalmente privadas, prestan un servicio menos eficiente y no rebajaron tarifas tan significativamente como acá, dijeron, le ha representado a EE.VV. una disminución de sus ingresos por $27 mil millones.
La decisión de rebajar tarifas se tomó por orden de la Superintendencia de Servicios Públicos, algo que para los dirigentes sindicatos hace parte de una estrategia del gobierno nacional para debilitar financieramente la empresa y justificar así su privatización, ya que los índices de eficiencia y calidad que caracterizan el servicio de EE.VV. han impedido que sea privatizada. A este respecto recordaron que la eficiencia de la empresa también se debe en buena parte a los continuos llamados que los sindicatos les hacen a los trabajadores para que se esfuercen y presten un excelente servicio, pues es el principal argumento contra la privatización de la empresa.
Por otra parte, la rebaja de las tarifas no se compagina con el sobre costo que tiene para la empresa el transporte de las basuras al relleno sanitario La Pradera. Ocurre que este relleno está ubicado a 56 kilómetros de Medellín, y la norma dice que cuando el recorrido es mayor de 25 kilómetros, el tramo excedente se incluye en el monto de la tarifa a pagar por los usuarios. Pero la Comisión de Regulación no autoriza a EE.VV. a cobrar ese excedente porque, en su concepto, debe llevar las basuras al relleno más cercano: El Guacal, ubicado a 20 kilómetros de Medellín en la ruta a Heliconia, que es donde depositan las basuras los municipios del sur del Valle de Aburrá. O sea que la Comisión obliga a EE.VV a depositar las basuras en El Guacal, pero ésta no lo hace en su totalidad por el pésimo estado de la carretera hasta allí, lo cual implica alto desgaste del parque automotor. Prefiere seguirlas llevando a La Pradera, y por esta decisión deja de recibir $700 millones al mes.
Los sindicalistas también cuestionaron el papel de las interventorías externas que contrata la empresa, las cuales, fuera de numerosas e innecesarias, la debilitan financieramente porque son contratos que sobrepasan los $4 mil millones. Las consideran un “cáncer” financiero, por lo que le han solicitado a la gerencia que ponga control en este tema, sobre todo porque la empresa tiene personal que perfectamente puede prestar el servicio de interventoría. “En EE.VV toda la vida han existido jefes de zona que prestan servicio de control del aseo, y sus tareas son las mismas que la de los supervisores contratistas. O sea que se están duplicando las funciones y eso resulta muy caro. En la práctica es una nómina paralela, pura burocracia”, agregó Iván Vanegas.
Toda esta burocracia externa contrasta con la política de tercerización laboral y la reducción del personal vinculado por la vía de no reemplazar a los trabajadores que se jubilan, incumpliendo con ello la cláusula convencional por la cual la empresa se compromete a tener cómo mínimo 500 trabajadores vinculados, y actualmente éstos son apenas 310, incluidos los 80 funcionarios de la parte administrativa.
El avance de la tercerización
Las cifras muestran claramente el avance de la tercerización laboral en EE.VV, la cual le es impuesta por el Gobierno Nacional. En 1993 tenía 1.500 trabajadores vinculados, en el 2001 se habían reducido a 850, y hoy tiene 310, contra 1.700 tercerizados, enganchados a través de más de 20 empresas de outsourcing, entre cooperativas de trabajo asociado y contratistas, que suministran personal para la operación con las basuras, el mantenimiento y barrido de calles. Estos tercerizados padecen unas condiciones laborales muy precarias. La mayoría no tiene derecho a vacaciones ni a otras garantías que sí tienen los trabajadores vinculados, sufren retrasos en el pago de nómina, y ante cualquier intento de reclamación les clausuran el contrato.
Y difícilmente se pueden sindicalizar, pues sus contratos son apenas de 3 meses, para un oficio que, a parte de ingrato y físicamente exigente, ofrece muchos riesgos para la salud. En materia salarial, los tercerizados que se dedican a la recolección de basuras y barrido de calles apenas ganan el mínimo, mientras un trabajador vinculado, por hacer la misma labor, gana $756 mil, más el factor prestacional conquistado por convención colectiva en materia de primas legales y extralegales, auxilios de vivienda, educación, medicamentos, estabilidad laboral, que la empresa, por cierto, les ha querido arrebatar.
“La idea con la tercerización es que toda la contratación que se haga en EE.VV tenga como base el salario mínimo, y que desaparezcan los trabajadores vinculados, la convención colectiva y los sindicatos”, afirmó el presidente de Sintraempresasvarias.
Este es pues, según los sindicatos, el panorama actual en EE.VV, una empresa que día a día precariza más las condiciones de sus trabajadores, y ve reducido su músculo financiero y su capacidad para resistir los embates de la privatización, tema sobre el cual la ciudad no puede permanecer indiferente. Por el contrario, debe concitar un debate público y un consenso entre todos los actores que intervienen en EE.VV. con el fin de lograr preservarla como un ente público que presta, como hasta hoy, un servicio eficiente.
Denuncian sindicatos del ente municipal
El pasado 25 de noviembre la Junta Directiva de Empresas Varias de Medellín aprobó la venta de los 120 vehículos que conforman su parque automotor recolector de basuras, y está próxima la licitación para concretar este negocio, al cual no se le ha hecho mayor difusión pese a sus serias implicaciones para el futuro del ente municipal y la prestación de un servicio público tan sensible como es el aseo y la recolección de residuos sólidos, es la denuncia de Iván Vanegas y Pedro Peña, presidentes de Sintraempresasvarias y Sintraemas respectivamente, los dos sindicatos de EE.VV.
Ambos dirigentes están empeñados en poner el tema en la discusión pública y en la agenda de los medios de comunicación, porque todo lo relacionado con la salubridad y el medio ambiente tiene un enorme impacto en la comunidad y por tanto debe ser debatido públicamente, sobre todo cuando lo que está en juego es la privatización de un ente público como EE.VV.
De EE.VV no quedará sino el nombre
La venta de los vehículos constituirá un paso de avanzada en el proceso de privatización de la empresa, que hasta el momento se ha preservado 100% de propiedad del Municipio de Medellín, de eso no tienen dudas los directivos sindicales, quienes además llamaron la atención sobre las extrañas características del negocio en sí, toda vez que, según se conoce, la empresa que compre los vehículos se los deberá después alquilar a EE.VV. para que ésta pueda seguir recolectando las 1.500 toneladas de basura que diariamente produce la ciudad.
“No tiene ninguna racionalidad que la empresa venda, para después alquilar, unos vehículos que están en muy buen estado, el 90% modelo 2005 en adelante, y muchos de ellos todavía amparados con póliza de garantía: los 25 que el alcalde Alonso Salazar recibió nuevos hace apenas año y medio. Significa que dejará de ser una empresa prestadora de un servicio público a ser contratista del servicio, y está por verse si eso no implicará un aumento de las tarifas de aseo para los 570 mil usuarios que tiene en Medellín”, señaló Iván Vanegas.
El directivo sindical agregó que de concretarse la venta de los vehículos, de EE.VV. no sobreviviría sino el nombre porque prácticamente se quedará sin nada. Explicaron que todos los activos que no hacen parte de las funciones de aseo y recolección de basuras, esto es: la parte que aún posee en las plazas mayorista y minorista, la plazas de mercado de La América, Campo Valdez y la Placita de Flores, la Feria de Ganados y el Matadero Municipal, entre otros, se tendrán que vender para conformar un fondo destinado a financiar el pasivo pensional de la empresa, según el Acuerdo 15 del Concejo de Medellín de marzo de 2008.
Según dicho acuerdo, EE.VV. deberá también agregarle al fondo $200 mil millones de su patrimonio autónomo y $50 mil millones de su presupuesto. Son sumas altas porque EE.VV. tiene a la fecha 1.800 pensionados a su cargo, o sea jubilados antes de 1993, razón por la cual los dos sindicatos respaldaron la escisión de la empresa y la conformación del fondo pensional. “Así la entidad quedará con su horizonte financiero despejado y podrá seguir siendo pública”, puntualizó Vanegas.
La firma que hoy aparece con más opción para comprar el parque automotor de EE.VV, un negocio que vale unos $17 mil millones, es Renting Colombia, filial del Grupo Empresarial Antioqueño especializada en arrendamiento de parque automotor. Será una de las proponentes en la licitación, pero con la ventaja de tener a su disposición información privilegiada, ya que desde hace un año le presta servicios de asesoría a EE.VV. y conoce a fondo el tema de las rutas y microrutas.
Asimismo, los dirigentes sindicales mostraron su preocupación por lo que pueda pasar con los trabajadores que operan los vehículos. Al ser éstos de propiedad de un tercero, los conductores quedarán en una situación incierta, porque será este tercero el que determine cuáles conductores le sirven y cuáles no, y eso significaría inestabilidad laboral. Como también están preocupados por la actitud de indiferencia que el Concejo Municipal ha tenido frente al tema, y por el silencio que ha guardado la Gerencia de la empresa. “Todo lo están haciendo por debajo de la mesa, no pone el tema en el debate público, no le informa a la ciudad. Se están comportando como si EE.VV fuera una empresa privada”, recalcó Pedro Peña, presidente de Sintraemas.
Ante esta situación, ambos sindicatos vienen haciendo una campaña de denuncias, han realizado mítines, han convocado a las centrales sindicales y a distintas organizaciones sociales para que se pronuncien sobre la situación en EE.VV. Incluso han adelantado acercamientos con los recolectores y barrenderos de calles que prestan servicios a través de cooperativas de trabajo asociado y empresas contratistas, quienes también resultarán damnificados por una eventual privatización de la empresa.
Otras decisiones en la ruta de la privatización
La venta de los vehículos de EE.VV., según los dirigentes sindicales, es apenas el último episodio de la carrera hacia la privatización de la empresa. Otro fue la rebaja de las tarifas de aseo a los usuarios a partir de 2008, del orden del 20%. Medellín fue la ciudad del país donde la rebaja fue mayor, en contraste con lo ocurrido en otras ciudades, donde hay empresas que son totalmente privadas, prestan un servicio menos eficiente y no rebajaron tarifas tan significativamente como acá, dijeron, le ha representado a EE.VV. una disminución de sus ingresos por $27 mil millones.
La decisión de rebajar tarifas se tomó por orden de la Superintendencia de Servicios Públicos, algo que para los dirigentes sindicatos hace parte de una estrategia del gobierno nacional para debilitar financieramente la empresa y justificar así su privatización, ya que los índices de eficiencia y calidad que caracterizan el servicio de EE.VV. han impedido que sea privatizada. A este respecto recordaron que la eficiencia de la empresa también se debe en buena parte a los continuos llamados que los sindicatos les hacen a los trabajadores para que se esfuercen y presten un excelente servicio, pues es el principal argumento contra la privatización de la empresa.
Por otra parte, la rebaja de las tarifas no se compagina con el sobre costo que tiene para la empresa el transporte de las basuras al relleno sanitario La Pradera. Ocurre que este relleno está ubicado a 56 kilómetros de Medellín, y la norma dice que cuando el recorrido es mayor de 25 kilómetros, el tramo excedente se incluye en el monto de la tarifa a pagar por los usuarios. Pero la Comisión de Regulación no autoriza a EE.VV. a cobrar ese excedente porque, en su concepto, debe llevar las basuras al relleno más cercano: El Guacal, ubicado a 20 kilómetros de Medellín en la ruta a Heliconia, que es donde depositan las basuras los municipios del sur del Valle de Aburrá. O sea que la Comisión obliga a EE.VV a depositar las basuras en El Guacal, pero ésta no lo hace en su totalidad por el pésimo estado de la carretera hasta allí, lo cual implica alto desgaste del parque automotor. Prefiere seguirlas llevando a La Pradera, y por esta decisión deja de recibir $700 millones al mes.
Los sindicalistas también cuestionaron el papel de las interventorías externas que contrata la empresa, las cuales, fuera de numerosas e innecesarias, la debilitan financieramente porque son contratos que sobrepasan los $4 mil millones. Las consideran un “cáncer” financiero, por lo que le han solicitado a la gerencia que ponga control en este tema, sobre todo porque la empresa tiene personal que perfectamente puede prestar el servicio de interventoría. “En EE.VV toda la vida han existido jefes de zona que prestan servicio de control del aseo, y sus tareas son las mismas que la de los supervisores contratistas. O sea que se están duplicando las funciones y eso resulta muy caro. En la práctica es una nómina paralela, pura burocracia”, agregó Iván Vanegas.
Toda esta burocracia externa contrasta con la política de tercerización laboral y la reducción del personal vinculado por la vía de no reemplazar a los trabajadores que se jubilan, incumpliendo con ello la cláusula convencional por la cual la empresa se compromete a tener cómo mínimo 500 trabajadores vinculados, y actualmente éstos son apenas 310, incluidos los 80 funcionarios de la parte administrativa.
El avance de la tercerización
Las cifras muestran claramente el avance de la tercerización laboral en EE.VV, la cual le es impuesta por el Gobierno Nacional. En 1993 tenía 1.500 trabajadores vinculados, en el 2001 se habían reducido a 850, y hoy tiene 310, contra 1.700 tercerizados, enganchados a través de más de 20 empresas de outsourcing, entre cooperativas de trabajo asociado y contratistas, que suministran personal para la operación con las basuras, el mantenimiento y barrido de calles. Estos tercerizados padecen unas condiciones laborales muy precarias. La mayoría no tiene derecho a vacaciones ni a otras garantías que sí tienen los trabajadores vinculados, sufren retrasos en el pago de nómina, y ante cualquier intento de reclamación les clausuran el contrato.
Y difícilmente se pueden sindicalizar, pues sus contratos son apenas de 3 meses, para un oficio que, a parte de ingrato y físicamente exigente, ofrece muchos riesgos para la salud. En materia salarial, los tercerizados que se dedican a la recolección de basuras y barrido de calles apenas ganan el mínimo, mientras un trabajador vinculado, por hacer la misma labor, gana $756 mil, más el factor prestacional conquistado por convención colectiva en materia de primas legales y extralegales, auxilios de vivienda, educación, medicamentos, estabilidad laboral, que la empresa, por cierto, les ha querido arrebatar.
“La idea con la tercerización es que toda la contratación que se haga en EE.VV tenga como base el salario mínimo, y que desaparezcan los trabajadores vinculados, la convención colectiva y los sindicatos”, afirmó el presidente de Sintraempresasvarias.
Este es pues, según los sindicatos, el panorama actual en EE.VV, una empresa que día a día precariza más las condiciones de sus trabajadores, y ve reducido su músculo financiero y su capacidad para resistir los embates de la privatización, tema sobre el cual la ciudad no puede permanecer indiferente. Por el contrario, debe concitar un debate público y un consenso entre todos los actores que intervienen en EE.VV. con el fin de lograr preservarla como un ente público que presta, como hasta hoy, un servicio eficiente.
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